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Villarruel repudió la violencia y rechazó que la marcha haya querido desestabilizar

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La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a diferenciarse este jueves del Gobierno. Desde San Nicolás, donde se desarrolla la Expoagro, tomó distancia de la acusación que realizó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre que la marcha de jubilados junto a diversas agrupaciones haya buscado desestabilizar al Gobierno de Javier Milei con “una especie de golpe de Estado”.

“Como abogada, siempre considero que, ante cualquier hecho como el de ayer a las puertas del Congreso de la Nación y la zona aledaña tiene que expedirse la Justicia. Me solidarizo con todos los heridos, sean quienes fueron a manifestar como, principalmente, las fuerzas federales, que ponen el cuerpo en situaciones de mucha violencia. A todos los heridos, mi apoyo”, dijo Villarruel durante una recorrida en la megamuestra del campo.

Y cuando la prensa le consultó si la violencia de ayer buscaba atacar al Gobierno, señaló: “No, creo que es el ejercicio de la democracia, pero la violencia no es una herramienta para manifestarse ni para defender ninguna causa”.

De esta manera, la titular del Senado de la Nación se diferenció de Francos, que sugirió que la protesta fue “una especie de golpe de Estado”.

Villarruel, que está distanciada del presidente Javier Milei, evitó referirse a otros temas, como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se limitó a hablar de la muestra agroindustrial que se montó en San Nicolás.  “El campo argentino es el mejor del mundo”, expresó, y se solidarizó con las víctimas del temporal en Bahía Blanca.

Consultada acerca del reclamo del campo centrado en la presión impositiva y las retenciones, la vicepresidenta advirtió: “Todo ese tipo de definiciones las tiene que dar el Presidente, por supuesto, junto con el Ministro de Economía. En mi caso, simplemente vengo a darle al campo el apoyo que el campo merece”. (DIB)

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A la espera de la prisión domiciliaria, Cristina Kirchner agota la última instancia judicial internacional

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El equipo de abogados de la ex presidenta Cristina Kirchner ultimaba detalles de los próximos pasos de la estrategia judicial de la ex mandataria luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso en queja de su defensa y dejara firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El abogado Carlos Beraldi, que representa a la ex jefa de Estado, ya elevó al Tribunal Oral Federal N°2 de Comodoro Py, presidido por Jorge Gorini, la solicitud de arresto domiciliario, por lo que se aguardaba la definición del cuerpo magistrado ante ese requerimiento.

En la presentación, Beraldi pidió que Fernández de Kirchner haga efectiva la pena en el inmueble ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde actualmente se encuentra la ex presidenta y desde donde suele saludar desde el balcón a la militancia que acude a respaldarla.

Otro de los pasos que deberá acatar la también presidenta del PJ es el cumplimiento del calendario que impone la Justicia, ya que tiene tiempo hasta el próximo miércoles para presentarse en los tribunales federales de Retiro, hecho que su equipo de asesores legales dio por consumado.

Ante la prensa, Beraldi se mostró optimista por la eventual aceptación del pedido de prisión domiciliaria y dijo que “tiene 72 años, es ex presidenta de la Nación, tiene una custodia específica; para eso está la prisión domiciliaria. El Tribunal decidirá”, añadió, al agregar además que no tendrá limitado el régimen de visitas.

En tanto, Gorini, que es el encargado de certificar el cumplimiento de la pena, elevó un oficia al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, en la que le solicita una dependencia del ámbito federal para los detenidos en esta causa.

En otra línea, el magistrado notificó a la Cámara Nacional Electoral (CNE) por la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre la ex mandataria.

También Gorini ordenó a Migraciones reforzar los controles y evitar que la ex mandataria intentara salir de la Argentina y radicarse en algún país que no tenga tratado de extradición.

El último caso de esas características fue el de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, acusado de operador judicial durante el macrismo y quien se afincó en Uruguay, de donde no regresó hasta que fue fue sobreseído.

La apelación ante la Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, fue la última instancia que tuvo Fernández de Kirchner para intentar que la Justicia revise la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta.

Es por eso que otro abogado del equipo de la ex mandataria presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) a principios de esta semana por “persecución política, mediática y judicial”: se trata del letrado Gregorio Dalbón, quien acudió a la Oficina del Fiscal de ese tribunal.

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Senadores buscan donar el nuevo aumento en las dietas al Garrahan

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El bloque de senadores nucleados en Las Provincia Unidas presentaron un proyecto para el aumento en las dietas puedan ser donados al Hospital Garrahan.

Así lo hizo público la senadora Lucila Crexell (Neuquén), que escribió en su cuenta de X: “En este contexto, es fundamental acompañar a una institución clave en el cuidado de la salud pública”.

El martes, la vicepresidenta Victoria Villarruel se desmarcó del nuevo aumento en el sueldo de los senadores y dictó un decreto que invita a los representantes provinciales a “adecuar o no, total o parcialmente sus respectivas dietas”.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los senadores tienen tiempo hasta mañana viernes 13 de junio para elevar la nota a la Presidencia del Senado.

La acción de Villarruel se activó tras el cierre de una nueva paritaria de los trabajadores del Congreso que eleva la dieta de los legisladores a poco más de 9,5 millones de pesos, tras el descongelamiento del 31 de marzo pasado.

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Diputados K acusan a la Justicia de atentar contra la democracia al “cercenar derecho” de elegir a Cristina

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El bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) expresó hoy “su mas profundo repudio a la la proscripción política” de la ex presidenta Cristina Kirchner y manifestó su “máxima preocupación por el atentado contra la democracia ejercido por miembros del Poder Judicial al cercenar el derecho de la ciudadanía de elegir libremente a sus representantes”.

A través de un proyecto de resolución, la bancada de UxP, que preside Germán Martínez, se pronunció sobre el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena del Tribunal TOF 2 contra la ex mandataria a seis años  de prisión y la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.

En el documento, que firmaron 86 de los 98 legisladores , se señaló que  esa sentencia del máximo tribunal “significa a todas luces un atentado contra la forma representativa de gobierno, al cercenar el derecho de la ciudadanía a elegir a sus representantes, y contra la forma republicana, al implicar una intromisión flagrante de sectores del Poder Judicial de la Nación en el proceso electoral argentino”.

Se trata sin más de un atentado contra nuestra joven democracia argentina, y como representantes electos por nuestro pueblo, no podemos ser indiferentes”, agregó la bancada de UxP.

Y sostuvo que “la actual Corte es una expresión cabal de la degradación institucional de la Argentina. Compuesta de sólo tres miembros, cuando debe tener cinco; incluye dos jueces que aceptaron ser nombrados por decreto por el entonces Presidente Mauricio Macri”, puntualizó.

Destacó que “la sentencia confirmada por la Corte es producto de un proceso judicial arbitrario y amañado como pocas veces se ha visto en la Argentina, que manifiestan la clara intención persecutoria contra la líder más importante de la oposición al actual gobierno nacional”.

Señaló que en el proceso judicial se “vulneró la garantía de ser juzgado por jueces imparciales e independientes y el principio acusatorio porque los jueces incorporaron pruebas que no había planteado la fiscalía”.

Precisó que “se condenó a la ex-presidenta por una conducta por la cual no fue indagada ni procesada en el supuesto plan limpiar todo en la que se incluyó material proveniente de otra causa”.

Destacó que también “se vulneró el derecho a la defensa a negarse a realizar pericias exhaustivas solicitadas sobre la totalidad de las obras en base a las cuales se fundó la condena”

Y subrayó que “la decisión de rechazar el recurso extraordinario y confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N°4 de seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos sucede apenas siete días después de que la líder opositora confirmara su candidatura a diputada provincial en las próximas elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, a celebrarse el 7 de septiembre de este año”.

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