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Senado: Peronismo pone pie en el acelerador y pide sesión para anular las designaciones Garcia Mansilla y Lijo

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El interbloque peronista del Senado pidió una sesión especial para el jueves a fin de anular los pliegos de Manuel García-Mansilla y de Ariel Lijo para la Corte Suprema, al advertir que fueron designados por decreto sin el aval de la Cámara alta.

La sesión fue solicitada por los senadores José Mayans, Anabel Fernandez Sagasti, Silvia Sapaz, Juliano Di Tullio y Fernando Salino.

La decisión del peronismo de pedir una sesión especial fue anunciada por el titular del interbloque kirchnerista, José Mayans, después de que se hubiera obtenido en la Comisión de Acuerdos el dictamen sobre el pliego de García-Mansilla.

El Senado ya tenía dictamen a favor sobre sobre el pliego de Lijo para asumir como ministro de la Corte Suprema, pero el kirchnerismo decidió que lo rechazará debido a que fue designado por decreto.

El peronismo también impulso un despacho a favor sobre la postulación de Garcia Mansilla, que lo hicieron así por una cuestión técnica ya que reglamentariamente para poder llevar el tema al recinto, pero aclaran que al hacerlo en “disidencia total es un rechazo”.

De esta manera, los dos propuestas pueden ser rechazadas con 25 votos en la sesión que pedirá el peronismo para el próximo jueves, al no poder el oficialismo y aliados reunir los dos tercios para designarlos como ministros de la Corte Suprema.

Una de las dudas es qué pasará con García-Mansilla, que ya juró como juez de la Corte y fue nombrado hasta que el Senado se pronuncie sobre esta propuesta.

El debate sobre el pliego de García-Mansilla se discutió hoy en la reunión de la Comisión de Acuerdos, donde fue ratificada Guadalupe Tagliaferro (PRO) como presidenta y la kirchnerista camporista Anabel Fernández Sagasti como vicepresidente.

Al abrir la reunión, Tagliaferri dijo al rechazar la designación por decreto de los jueces de la Corte: “Estoy convencida que esta Comisión de Acuerdos y el Senado en conjunto son los que tienen que decidir los jueces de la Corte Suprema, algo que establece la ley y la Constitución Nacional”.

Tagliaferri firmó, junto al radical Martín Lousteau, un dictamen propio,, mientras que el kirchnerismo juntó siete firmas en su despacho.

En ese contexto, Mayans anunció que el kirchnerismo pedirá una sesión para el próximo jueves para tratar los pliegos para la Corte propuestos por el Gobierno, en rechazo a que se hayan dispuesto esas designaciones por decreto.

Señaló que la decisión del presidente Javier Milei de designar jueces por decreto “viola la Constitución Nacional”, por lo que pidió “poner un límite”.

Destacó que el nombramiento de García-Mansilla es “de nulidad absoluta” y por eso se busca llevar al recinto la semana próxima un dictamen para rechazar los pliegos a la Corte Suprema.

Advirtió que si el Gobierno nombra jueces por decreto para la Corte “mañana puede nombrar miembros de tribunales inferiores, fiscales o defensores”.  “Hoy tenemos una persona que usurpa el Poder Judicial”, dijo sobre la decisión del catedrático García-Mansilla de aceptar ser nombrado por decreto.

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Milei daría a conocer el veto a la ley de emergencia pediátrica

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Javier Milei

El presidente Javier Milei daría a conocer este jueves el veto total a la emergencia en salud pediátrica, luego de haber tomado idéntica decisión con respecto a la ley de financiamiento universitario.

Fuentes oficiales revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que la medida sería confirmada a través del Boletín Oficial, con el número 27.796; en tanto, la medida fue anunciada a los funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) más cercanos al mandatario.

La ley de emergencia pediátrica hubiese habilitado más fondos para el Hospital Garrahan, cuyos profesionales vienen reclamando mejoras salariales desde hace unos meses, en medio de la polémica por esta decisión del gobierno, de recortar gastos en un área tan sensible.

Asimismo, en las próximas horas se haría oficial el rechazo a la ley de reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, que al igual que las otras dos (financiamiento universitario y emergencia pediátrica) habían sido aprobadas en el Congreso.

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Javier Milei también rechazó la Emergencia en el Garrahan

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El Gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad la Ley de Emergencia Pediátrica El Gobierno de Javier Milei profundizó su postura de ajuste fiscal al vetar por completo la Ley de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan, una decisión que se suma al rechazo total de la Ley de Financiamiento Universitario. Ambas medidas, publicadas en el Boletín Oficial, se argumentan en la necesidad de preservar el “equilibrio fiscal” y evitar lo que la administración libertaria considera un “aumento desmedido e irresponsable del gasto público”.

La Casa Rosada, sin embargo, estiró la definición sobre la Ley de Redistribución Automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una normativa clave para los gobernadores, cuya suerte se conocerá a última hora de este viernes. Esta dilación se da en un contexto de reorganización de la estrategia política oficialista tras la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y la búsqueda de un nuevo diálogo con las provincias. Según supo Noticias Argentinas, el veto al Garrahan y la incertidumbre por los ATN generaron preocupación en los mandatarios provinciales.

Los argumentos del veto a la Emergencia en el Garrahan

El Decreto que veta la Ley de Emergencia Pediátrica en el Garrahan lleva la firma del Presidente y de todo el gabinete nacional. Sus fundamentos son contundentes:

  • Impacto Fiscal Directo: El Gobierno estimó un “impacto fiscal directo” de $115.030.000.000 por la recomposición salarial prevista en la ley.
  • Desfinanciación de otros programas: Aduce que este gasto debería financiarse con “reasignaciones dentro del presupuesto del Ministerio de Salud y con reservas destinadas a contingencias sanitarias”, lo que “inevitablemente conduciría a la desfinanciación de programas sanitarios vigentes y a la erosión de los recursos destinados para prestar asistencia en emergencias”.
  • Comparaciones alarmantes: Para ejemplificar el impacto, el Gobierno comparó el monto con “un tercio del calendario total de vacunas, tres veces el crédito destinado para políticas de cobertura en VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales o al financiamiento de un año y medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC)”.
  • “Aumento desmedido e irresponsable”: El decreto sostiene que el proyecto “carece de un financiamiento genuino”, tiene una “redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad”, “profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las provincias”.

“Nuevamente, el Congreso pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal”, concluyen los fundamentos.

Tensión con gobernadores y estrategia política

Los vetos a la Ley Universitaria y la Ley del Garrahan se producen en un momento delicado para el Gobierno. Tras los 13 puntos de diferencia que le sacó Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, la Casa Rosada busca reorganizar su estrategia política:

  • Mesa de diálogo con Francos: Se decidió que Guillermo Francos encabece una nueva mesa de diálogo con los gobernadores aliados.
  • Lisandro Catalán en Interior: La designación de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior es vista como una señal para las provincias.

Sin embargo, los gobernadores, que esperan gestos “en serio” y “negociación”, se sienten “fuertes” con su alianza de Provincias Unidas. La posibilidad de que Milei vete también la ley de ATN genera incertidumbre y dificulta un encuentro fructífero. El Presidente busca evitar nuevos fracasos en el Congreso, pero mantiene su intransigencia frente a iniciativas con costo fiscal, una postura que genera “ruidos internos” en la gestión sobre la necesidad de mostrar mayor flexibilidad. “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico: equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y, en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando”, reafirmó Milei en X.

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Javier Milei vetó por completo la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición Salarial Docente

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El Gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad el Proyecto de Ley Nº 27.795, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes. La medida fue formalizada a través del Decreto 647/2025, publicado este miércoles 10 de septiembre, y representa un fuerte rechazo a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.

La decisión del Poder Ejecutivo, que se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y las universidades por recortes presupuestarios, fue confirmada por fuentes oficiales. Según supo Noticias Argentinas, el veto generará una nueva escalada en el conflicto con el sector educativo y con la oposición parlamentaria, que había impulsado la norma.

Los puntos clave del Proyecto de Ley vetado:

El Proyecto de Ley de “Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente” Nº 27.795 buscaba:

La norma planteaba medidas claras para consolidar el financiamiento de la Universidad Pública en todo el país. A continuación, se resumen los puntos centrales:

  • Garantizar el financiamiento: Establecía como objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA”.
  • Partidas presupuestarias específicas: Determinaba que el Poder Ejecutivo Nacional debía definir partidas presupuestarias destinadas al programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” para:
    • Afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado.
    • Garantizar la formación continua.
    • Asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes.
    • Incrementar recursos para tecnología digital.
    • Impulsar la formación y fortalecimiento del personal.
    • Ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias.
    • Promover la función de extensión universitaria.
    • Desarrollar la función de investigación.
    • Prever la provisión y mantenimiento de infraestructura y equipamiento.
    • Impulsar la internacionalización inclusiva de la enseñanza, investigación y extensión.
    • Asegurar y profundizar programas de bienestar estudiantil e incrementar la inversión en becas.
  • Actualización por IPC: Encomendaba al Poder Ejecutivo Nacional actualizar al 1 de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.

La objeción total al proyecto de ley se fundamenta en la visión del Gobierno de mantener el control sobre el gasto público y evitar lo que considera intromisiones en las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos del Estado. Sin embargo, la medida abre un nuevo frente de conflicto con un sector que reclama mayores fondos para garantizar la calidad y accesibilidad de la educación superior.

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