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Cómo votó cada bloque el decreto que avala el acuerdo de Milei con el FMI

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Luego de una sesión acalorada en la Cámara de Diputados, que no estuvo exenta de fuertes cruces en el recinto, el Gobierno consiguió su cometido de aprobar el decreto 179 que autoriza a cerrar el acuerdo de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional.

En la columna de 129 votos a favor, el pelotón del oficialismo sumó al PRO, a la UCR (con la excepción que Martín Tetaz, que se abstuvo), seis de los 15 diputados de Encuentro Federal, cuatro de los 12 integrantes de Democracia para Siempre, los ocho de Innovación Federal y los seis de la Coalición Cívica.

También contribuyeron a engrosar la cuenta de apoyos los tres diputados tucumanos del bloque Independencia, los tres del MID y los dos de Producción y Trabajo.

A su vez, aportaron con votos a favor José Luis Garrido (Por Santa Cruz), y los monobloquistas Paula Omodeo (CREO), Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos) y Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino).

Declinaron el decreto 108 diputados nacionales: el grueso de los votos negativos correspondió a Unión por la Patria, con 92 de los 98 rechazos (los restantes seis estuvieron ausentes, entre ellos los tres catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil).

También cosechó el rechazo de los cinco miembros del Frente de Izquierda, cuatro de los 15 de Encuentro Federal, siete de los 12 de Democracia para Siempre y Sergio Acevedo (Por Santa Cruz). 

Por otra parte, hubo seis abstenciones: el mencionado Tetaz (UCR), los diputados de Encuentro Federal Florencio Randazzo, Nicolás Massot, Emilio Monzó y Oscar Agost Carreño y la monobloquista mendocina Lourdes Arrieta.

Los bloques que más sintieron la fractura interna a la hora de la votación fueron Encuentro Federal y Democracia para Siempre.

En el bloque que comanda Miguel Pichetto, fueron seis los votos a favor del Gobierno: además del jefe de la bancada, se sumaron el chubutense Jorge “Loma” Ávila, el entrerriano Francisco Morchio y los cordobeses Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres.

En contra votaron la también cordobesa Natalia de la Sota, la bonaerense Margarita Stolbizer y los socialistas santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein.

Finalmente, se abstuvieron los mencionados Randazzo, Massot, Monzó y Agost Carreño; en tanto que estuvo ausente el cordobés Juan Brügge.

El otro bloque que se dividió a la hora de votar fue Democracia para Siempre, si bien una mayoría de siete integrantes votó en contra (su jefe de bancada, Pablo Juliano, y Facundo Manes, Fernando Carbajal, Carla Carrizo, Mariela Coletta, Marcela Coli, Danya Tavela).

En contrapartida, ayudaron al Gobierno la entrerriana Marcela Antola, la santafesina Melina Giorgi, el chaqueño Juan Carlos Polini y el jujeño Jorge Rizzoti; mientras que el correntino Manuel Aguirre estuvo ausente.

Los 13 ausentes fueron seis de Unión por la Patria, María Fernanda Araujo (La Libertad Avanza), Héctor Baldassi (PRO), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe) y los mencionados Brügge (Encuentro Federal) y Aguirre (Democracia para Siempre).

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El acuerdo bonaerense tensa la Ciudad: Macri advirtió que LLA busca un dominio total en las listas

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Tras sellar la alianza en Provincia, Mauricio Macri cuestionó el reparto de candidaturas en CABA. “Quieren una posición totalmente dominante”, dijo sobre los libertarios

La alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO en la provincia de Buenos Aires, anunciada hace apenas un mes con fotos de unidad y promesas de “un enemigo más fuerte contra el kirchnerismo”, ahora contrasta con el clima de tensión creciente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, las negociaciones se empantanaron, y el propio Mauricio Macri reconoció este lunes que los libertarios “quieren tomar una posición totalmente dominante” en el armado de listas.

“Eso está fuera de discusión”, sostuvo el ex presidente al llegar a la sede partidaria de la calle Balcarce, donde encabeza desde las 11 una reunión clave del PRO para definir su estrategia electoral en CABA. La discusión gira en torno al reparto de lugares en las boletas y al riesgo de quedar subordinados a la estructura que lideran Karina y Javier Milei.

Macri insistió en que el PRO “siempre buscó ayudar a generar gobernabilidad”, pero reconoció que el resultado no fue el esperado. “No fue el nivel de gobernabilidad que necesitaba el país, por eso tenemos este nivel de riesgo país”, señaló.

El trasfondo de esta disputa se remonta a la diferencia de criterios entre los dos principales referentes del partido: mientras Mauricio Macri promueve una alianza nacional con Milei, su primo Jorge —jefe de Gobierno porteño— se inclina por reconstruir un armado opositor propio con radicales, la Coalición Cívica y referentes del Frente Federal que integran seis gobernadores.

En el PRO pesa también el recuerdo de las legislativas de mayo, donde la lista encabezada por Silvia Lospennato obtuvo apenas el 16% de los votos y terminó tercera, detrás de los libertarios y el peronismo. En octubre se renuevan 13 bancas de diputados nacionales por la Ciudad y 2 bancas en el Senado, lo que vuelve clave el armado de listas para los espacios que aspiran a conservar volumen político.

Según fuentes del partido, La Libertad Avanza ofrece al PRO dos lugares para diputados nacionales, siempre y cuando el espacio saque más del 12% de los votos. A cambio, exige encabezar la lista y no cede ninguno de los dos cargos en la Cámara alta. Mauricio Macri insiste en obtener al menos tres lugares en Diputados y un puesto en el Senado, pero Karina Milei mantiene firme su propuesta. Esa negativa —sumada a la falta de interlocución directa con el Presidente— acentuó el malestar dentro del PRO y reforzó las voces que impulsan competir por fuera, con un armado opositor más amplio, como el que se ensayó bajo el sello de Juntos por el Cambio.

“No es como en Provincia, donde el PRO jugando solo puede complicar a Kicillof. Acá Milei gana sin transpirar”, deslizó un dirigente libertario cercano a la negociación. Desde ese sector plantean que incluir al PRO solo engordaría innecesariamente la lista de LLA en la Ciudad, donde Patricia Bullrich liderará la boleta de senadores.

En paralelo, Jorge Macri se mantiene al margen de las tratativas con los libertarios. En el entorno del jefe de Gobierno recuerdan que el Presidente ni siquiera lo saludó en el Tedeum del 25 de mayo ni en la inauguración de La Rural. A eso se suma el antecedente de Antoni Gutiérrez-Rubí, el asesor catalán que trabajó para su campaña y que había sido apuntado por Milei como operador en su contra durante la elección presidencial de 2023.

Mientras tanto, en la Provincia de Buenos Aires, la unidad ya está cerrada. El 9 de julio, Karina Milei, Sebastián Pareja y Martín Menem encabezaron un acto junto a Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro para anunciar el nuevo frente electoral. “Nos sentimos cómodos yendo juntos”, dijo Ritondo, al confirmar que el PRO y LLA compartirían boleta para las legislativas bonaerenses.

Aunque desde ambos espacios intentan mostrar orden en público, el contraste entre las negociaciones es cada vez más evidente. Y en el medio, dos Macri enfrentan estrategias divergentes bajo una misma marca.

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Alonso cruzó a Bullrich por encubrir a policías ligados a LLA: “La denuncia no es menor y la justicia avanza”

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El ministro bonaerense acusó a Bullrich de mentir sobre una causa que involucra a policías en actividad que habrían militado para La Libertad Avanza desde la fuerza

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, salió al cruce de las declaraciones de Patricia Bullrich, quien había calificado como “menor” la denuncia contra un grupo de policías bonaerenses supuestamente ligados a La Libertad Avanza (LLA). “No podemos naturalizar que el gobierno insulte todo el tiempo ni que mienta”, advirtió en Radio 10. “La ministra no puede mentir. La justicia dictó medidas y el sumario administrativo avanza en Asuntos Internos”, afirmó.

Según explicó, la investigación apunta a policías en actividad y retirados que habrían realizado tareas políticas partidarias para LLA, algo prohibido expresamente por la Ley de la Policía Bonaerense. “Mientras un policía está en actividad no puede ejercer la política partidaria. Esto viene desde el inicio del siglo XX para evitar que la aplicación de la ley quede sometida a intereses políticos”, sostuvo Alonso.

La denuncia, presentada de forma anónima, aportó capturas de pantalla, audios y documentos donde se habla de difusión de información confidencial, ofrecimientos de financiamiento de campaña a cambio de controlar el Ministerio de Seguridad en caso de un triunfo libertario en 2027, y la planificación de una “purga” dentro de la fuerza.

En computadoras revisadas por Asuntos Internos se hallaron notas con membretes de LLA dirigidas a intendentes y solicitudes de información de seguridad que luego eran derivadas a referentes políticos. “No se trata de algo menor. Esto ya pasó en los 90 con los ‘policías sin gorra’ y terminó en tragedias como el crimen de José Luis Cabezas”, recordó el ministro.

Bullrich había declarado que la justicia había desestimado la causa. Alonso lo desmintió de forma tajante: “Es mentira. La justicia bonaerense avanza y nosotros no perseguimos a nadie: la ley es clara, un policía en actividad no puede militar políticamente”. Agregó que hay intendentes y funcionarios que fueron parte de la fuerza pero se retiraron legalmente para competir electoralmente.

El ministro acusó al entorno libertario de intentar usar información sensible con fines de desestabilización. “La denuncia es muy fuerte y buena parte ya se corroboró. Cuando se revisa el material, las pruebas coinciden con lo denunciado”.

También se refirió al desempeño en materia de seguridad durante la gestión de Axel Kicillof. “Tenemos el nivel más bajo de homicidios dolosos en 25 años y 12.000 presos más. Así como ellos usan estadísticas para decir que bajó la inflación, nosotros tenemos derecho a mostrar que bajó el crimen. No se puede decir que somos el país más seguro y al mismo tiempo hablar de un baño de sangre”, sostuvo. Y apuntó directamente contra la ministra: “Bullrich tiene que dejar de mentir y de insultar al gobernador que eligieron los bonaerenses”.

Seguridad y futbol: el regreso de los visitantes

En otro tramo de la entrevista, Alonso se refirió al regreso del público visitante en el fútbol de la Provincia, acordado con la AFA. Destacó que el objetivo es “desplazar a los grupos violentos y criminales que se apoyaban en el paravalanchas para legitimarse”.

“Queremos que el fútbol sea una fiesta para la familia. Hemos desarticulado barras y narcotraficantes. Las canchas donde hubo incidentes fueron sancionadas y los violentos identificados ya no podrán entrar nunca más”, indicó. Y aclaró que la medida requiere un compromiso firme de los clubes y que ya hay casos de estadios donde, tras los incidentes, no se permitirá público en las fechas siguientes.

“El camino es claro y el compromiso también: no queremos más paravalanchas dominados por el delito”, concluyó.

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Espionaje político y deuda millonaria: la Provincia analiza denunciar al Gobierno nacional

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Carlos Bianco anticipó que evalúan denunciar penalmente a la SIDE por tareas ilegales de inteligencia y reclamó a Nación una deuda total de 12,1 billones de pesos

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó este lunes que la provincia de Buenos Aires analiza presentar una denuncia penal contra la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) por presuntas tareas de espionaje ilegal sobre dirigentes opositores, gremios y agrupaciones sociales. “Estamos analizando realizar una denuncia penal por las tareas de espionaje ilegal”, señaló el funcionario.

Según explicó, la decisión se evalúa tras la publicación de un informe periodístico firmado por Hugo Alconada Mon, que reveló maniobras de inteligencia sobre figuras del peronismo como Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, y también sobre referentes de Juntos por el Cambio como Facundo Manes y Néstor Grindetti.

Bianco consideró que los hechos denunciados configuran “una violación flagrante” del artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), que prohíbe expresamente a los organismos de inteligencia desarrollar funciones policiales, represivas o de investigación criminal, así como almacenar datos sobre funcionarios, militantes o ciudadanos por “su opinión política, por adhesión partidaria o social y por la actividad lícita que desarrollen”.

En paralelo, el ministro se refirió a la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires. La dividió en tres bloques: deuda directa con el distrito, saldos impagos de obras públicas interrumpidas, y programas nacionales discontinuados o demorados. “En total, el Gobierno Nacional está debiendo 12,1 billones de pesos”, aseguró.

Bianco adelantó además que este martes, la fiscalía de Estado bonaerense presentará un nuevo reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el pago de los fondos previsionales adeudados, que ascienden a 1,6 billones de pesos. “Puntualmente, se solicitará que se expida la Corte Suprema y que fije una audiencia de partes como lo hizo, en su momento, con las provincias de Córdoba y Santa Fe”, indicó.

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