La intendenta de Quilmes y candidata a diputada bonaerense por la Tercera Sección Electoral, Mayra Mendoza, se diferenció este sábado de los funcionarios provinciales que respaldan las candidaturas testimoniales, al ratificar que asumirá su banca si es electa y asegurar que “la política se defiende representando y asumiendo las responsabilidades” frente al electorado.

Mendoza evitó cuestionar en forma directa a la vicegobernadora Verónica Magario, también candidata a diputada provincial, pero planteó una posición distinta: “Más que a mí, habría que preguntarle a ella de qué modo cree que esto sirve o aporta. Yo creo que hay otro modo”, sostuvo la jefa comunal en declaraciones radiales al hacer referencia a la testimonial de Magario.

“Todos damos pasos pensando en el bien común. Desde su perspectiva debe entender que esto está bien. Yo creo que nosotros debemos defender la política representando y asumiendo las responsabilidades que les ofrecemos a nuestros electores. Por eso, una va a asumir la diputación”, remarcó.

Sus declaraciones se dan en medio del debate por las candidaturas testimoniales, y contrastan con lo expresado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y de Infraestructura, Gabriel Katopodis, quienes defendieron la estrategia de los dirigentes políticos cercanos al gobernador Axel Kicillof. (DIB)

El presidente Javier Milei oficializó el veto a las leyes de aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, basando su rechazo en tres argumentos centrales: el costo fiscal “exorbitante”, la falta de fuentes de financiamiento genuinas y graves vicios en el procedimiento de sanción en el Senado.

Según supo Noticias Argentinas a partir de los considerandos del decreto 534/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno calificó las iniciativas como un riesgo para la sostenibilidad de las cuentas públicas y un atentado contra el equilibrio fiscal.

El argumento central: un costo fiscal “inviable”

El principal motivo del veto es el impacto que las leyes tendrían en el presupuesto. Según el texto oficial, los tres proyectos en conjunto implicarían:

• Un gasto adicional de más de $7 billones para el año 2025.
• Un gasto adicional de cerca de $17 billones para el año 2026.

Estas cifras, según el Gobierno, equivalen al 0,90% del PBI para este año y al 1,68% para el próximo, lo que “dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales” y pondría en riesgo el objetivo del superávit.

Falta de financiamiento y fallas técnicas

El decreto remarca que los proyectos incumplen el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige que toda ley que autorice gastos especifique su fuente de financiamiento.

• El Gobierno sostiene que las fuentes propuestas en el caso de la ley de jubilaciones son “manifiestamente insuficientes”, ya que cubren menos del 4% del gasto total que se generaría.
• En el caso de la moratoria previsional y la ley de discapacidad, el decreto afirma que “siquiera contemplan previsión alguna” sobre cómo se financiarán las medidas.

“Graves nulidades”: las irregularidades en el Senado

El Poder Ejecutivo también argumentó que el proceso legislativo en el Senado estuvo “viciado por graves nulidades”. Según el decreto:

• La sesión del 10 de julio se habría llevado a cabo sin la citación previa correspondiente a los senadores.
• El tratamiento de los proyectos se habría habilitado con una mayoría simple, cuando, según el Gobierno, se requerían dos tercios de los votos.
• Se habrían otorgado carácter de dictamen a documentos que carecían de los requisitos formales, según advirtió la propia Secretaría Parlamentaria del Senado.

El Gobierno concluyó que estas irregularidades constituyeron un “atentado directo contra nuestra Constitución Nacional” y que, por lo tanto, no debía promulgar leyes “sancionadas ilegítimamente”.

El presidente Javier Milei oficializó este lunes a través del Boletín Oficial el veto total a los tres proyectos de ley de carácter social que había sancionado el Congreso: el de aumento a las jubilaciones, el que reinstauraba la moratoria previsional y el que declaraba la emergencia en discapacidad.

Según supo Noticias Argentinas, en los considerandos del decreto 534/2025, el Poder Ejecutivo argumentó que las iniciativas eran fiscalmente irresponsables y que incumplían la Ley de Administración Financiera al no especificar fuentes de financiamiento genuinas.

Los argumentos del veto

El Gobierno fue contundente en su rechazo, basándose en dos ejes principales:

• Costo fiscal “exorbitante”: El decreto afirma que los tres proyectos en conjunto implicarían un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones de pesos en 2026. Sostienen que esto equivale a casi el 1% del PBI para este año y al 1,68% para el próximo, lo que “dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales” y pondría en riesgo el equilibrio fiscal, al que califican como “innegociable”.
• Vicios en el procedimiento legislativo: El Ejecutivo también argumentó que el proceso de aprobación en el Senado estuvo “viciado por graves nulidades”. Señalan que la sesión del 10 de julio se realizó sin la citación previa correspondiente y que el tratamiento de los proyectos se habilitó con una mayoría simple cuando se requerían dos tercios, debido a una “ilegítima interpretación del Reglamento”.

El detalle de las leyes vetadas

• Jubilaciones: Proponía un aumento de emergencia del 7,2%, creaba un bono permanente de $110.000 (actualizable) y establecía transferencias a las cajas previsionales provinciales no transferidas.
• Moratoria: Reinstalaba por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional, permitiendo el acceso a la jubilación sin los 30 años de aportes efectivos, y flexibilizaba las condiciones para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
• Discapacidad: Declaraba la emergencia nacional en la materia hasta 2026, creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad y establecía una compensación económica de emergencia para los prestadores del sistema, entre otras medidas.

Tras el veto, la discusión volverá ahora al Congreso, donde la oposición necesitará una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para poder insistir y convertir en ley los proyectos rechazados por el Presidente.