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Jubilados: opositores votan un emplazamiento para tratar la extensión la moratoria previsional

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La Cámara de Diputados aprobó un emplazamiento para que un plenario de comisiones emita dictamen el 6 de Mayo sobre la extensión de la moratoria por dos años, que finalizó el pasado 23 de Marzo y cuya extensión es rechazada por el oficialismo y sus aliados.

El plenario por 125 votos a favor77 en contra y 9 abstenciones emplazó a la comisión de Presupuesto y Hacienda para que se debata un conjunto de iniciativas para la clase pasiva, dado que su presidente José Luis Espert rechaza debatir estas propuestas contrarias al Poder Ejecutivo.

De esta manera, mañana sesionará desde las 12 el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social, para abrir el debate sobre los proyectos de moratoria y otro para establecer un sistema proporcional para acceder a la jubilación.

A propuesta del diputado de Unión por la PatriaRicardo Herrera, se aprobó una moción para emplazar al plenario de las comisiones para abrir mañana el plenario, y realizar dos reuniones informativas el 23 a las 14, y 29 abril a las 13 y emitir dictamen el 6 de Mayo a las 13.

El emplazamiento fue aprobado por diputados de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, la izquierda, diputados de Encuentro FederalDemocracia para Siempre, y la diputada radical Natalia Sarapura.

Sobre la extensión de la moratoria que venció el pasado 23 de marzo hay iniciativas propuestas por los diputados K, Leopoldo MoreauBrenda Bargas Matyl, y Andrea Freitas, de la legisladora de la izquierda Vanina Biasi para extender por dos años el Plan de Pago de la Deuda Previsional.

También hay una iniciativa de la legisladora de Unión por la Patria Gisela Marziotta para extender la moratoria por diez años, pero el único consenso si logran convencer a otros bloques es poder ampliarla a dos años.

Ese plan consistía que las mujeres que tienen 60 años y 65 los hombres, podrían inscribirse en ese plan para pagar su deuda en cuota hasta completar las 120 cuotas.

Ahora solo pueden acceder pero para ellos tanto hombres y mujeres tienen que tener 65 años a la Prestación Universal para el Adulto Mayor que equivale al 80 por ciento de la jubilación mínima.

También hay un proyecto de la diputada de Encuentro FederalAlejandra Torres y de InnovaciónAgustín Domingo, para establecer una jubilación proporcional de acuerdo a la cantidad de aportes, que podría tener el respaldo del radicalismo que siempre planteó esa posibilidad en lugar de la extensión de la moratoria.

De acuerdo a esa propuesta, el haber mensual de la prestación compensatoria (PC) y de la Prestación Anual por Permanencia (PAP) se determinará de acuerdo al 1,5 por ciento por cada año de servicio, o fracción mayor a seis meses hasta un máximo de 35 años.

Por otra parte, el plenario legislativo aprobó por 126 a 76 votos y 15 abstenciones el emplazamiento para poder avanzar en el dictamen de un proyecto que declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2027 en materia de discapacidad.

La iniciativa tiene dictamen de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, que preside Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (UxP), y de Discapacidad-que encabeza el diputado de UP Daniel Arroyo– pero falta la comisión de Presupuesto.

De acuerdo a la propuesta formulada por Arroyo la comisión de Presupuesto deberá reunirse el miércoles 23 de Abril a las 12 para emitir el respectivo dictamen.

El proyecto declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive.

Establece que la emergencia tiene por objeto efectivizar “el cumplimiento de la obligación del Estado Nacional” asumida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de jerarquía constitucional otorgada por la Ley 27.044.

También fija que la ley es “de orden público y rige en todo el territorio nacional”.

El proyecto establece que el Gobierno deberá tomar las medidas para la protección y promoción de derechos de las personas con discapacidad.

También dispone el financiamiento adecuado y sostenible de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social.

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“Menos de un caramelo”: la irrisoria multa por no votar en Provincia y hasta cuándo hay tiempo de pagarla

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Los electores de la provincia de Buenos Aires deberán asistir a las urnas este domingo 7 de septiembre para las elecciones legislativas provinciales, en una jornada donde la sanción por ausencia vuelve a ser noticia por su monto irrisorio: arranca en solo $50.

Según consta en la Ley Electoral Provincial N° 5109, los ciudadanos de entre 18 y 70 años que no emitan su voto enfrentarán una multa de $50 a $500. Si bien el dinero se destina al fomento de la educación, el monto, que como relevó Noticias Argentinas no se actualiza, es calificado como “menos que un caramelo”.

El punto clave para quienes no asistan es la justificación: los electores tienen un plazo de 60 días (contados desde la elección) para acreditar el motivo de la ausencia ante la Junta Electoral. La fecha límite, por lo tanto, es el próximo 6 de noviembre. Solo se aceptan tres justificativos comprobables: estar a más de 500 km del lugar de votación, un problema de salud certificado o un motivo de “fuerza mayor”. Quienes no justifiquen ni paguen la multa quedarán registrados en el Registro de Infractores.

Elecciones en PBA: qué se vota y por qué no se usa la Boleta Única

En los comicios de este domingo, los bonaerenses elegirán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, junto con 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Además, se definirán concejales y consejeros escolares en los distritos.

El Ministerio de Gobierno bonaerense aclaró que, a diferencia de las elecciones nacionales de octubre, en estos comicios provinciales no se implementará la Boleta Única de Papel (BUP). La votación se realizará mediante el sistema tradicional de “boletas partidarias”, que según la cartera “conserva plena vigencia” y es valorado por el electorado. La veda electoral rige desde este viernes a las 8:00.

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Peritos determinaron que el uso del fentanilo contaminado elevó en 52% el riesgo de muerte

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El escándalo por el fentanilo contaminado sumó un dato estremecedor. Según un informe del Cuerpo Médico Forense, el uso del lote 31.202 de ampollas de fentanilo —fabricado por el laboratorio HLB Pharma Group S.A.— incrementó en un 52% la probabilidad de muerte de los pacientes en los 30 días posteriores a su administración.

El documento, publicado po Infobae, fue incorporado a la causa judicial que investiga la responsabilidad del laboratorio de Ariel García Furfaro. Los especialistas analizaron 40 historias clínicas de pacientes fallecidos y detectaron que, en al menos 24 casos, hubo un “nexo concausal” entre la infección desarrollada y el uso del medicamento.

Bacterias detectadas

Los peritos identificaron dos bacterias —Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae— tanto en hemocultivos de los pacientes como en las ampollas del lote contaminado. Los análisis confirmaron su identidad fenotípica, molecular y genómica, lo que refuerza la relación directa entre la contaminación y el agravamiento de los cuadros clínicos.

Un factor agravante

Si bien el informe no concluye que las bacterias hayan sido la causa exclusiva de muerte, sí advierte que actuaron como un factor agravante en pacientes que ya atravesaban situaciones críticas de salud. “La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal”, indicaron los peritos.

La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal

La investigación judicial avanza sobre la cadena de producción y distribución del fentanilo, mientras la OMS exigió retirar del mercado seis lotes contaminados por representar un riesgo global para la salud. Hasta ahora, se registraron casi un centenar de muertes vinculadas al medicamento en hospitales argentinos.

El caso puso en evidencia fallas graves en los controles sanitarios y derivó en imputaciones contra más de veinte personas, entre ellas directivos del laboratorio.

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Elisa Carrió presentó un pedido de juicio político contra el juez que prohibió difundir audios de Karina Milei

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Elisa Carrió avanzó con un pedido de juicio político contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, el magistrado que dictó la medida cautelar que impidió la difusión de audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada y el Congreso, en un caso que generó críticas porque puede configurar censura previa.

Carrió firmó el pedido contra Maraniello junto con la diputada nacional Marcela Campagnoli y su par porteño Hernán Reyas, según comunicó este último en sus redes sociales.

“Con @elisacarrio y @M_Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Maríanello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado”, escribió Reyes en X.

En la publicación, el candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica aseguró que “un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables”. Agregó que “las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”, cerró el legislador de la Ciudad.

Un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiable

Los denunciantes acusan al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por haber dispuesto la medida cautelar que para la oposición, juristas y colegios de abogados supone una flagrante violación de un derecho humano como es la libertad de expresión, en el marco del escándalo de presunta corrupción por cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En el trámite abierto ante el Consejo de la Magistratura se solicita la apertura del procedimiento de acusación, suspensión en el cargo y requerimiento de destitución.

Para la Coalición Cívica, la prohibición de la difusión de chats, fotos, audios y videos de Karina Milei en cualquier medio o red social representa “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública ”.

Por otra parte, los tres dirigentes opositores señalan una posible relación de connivencia con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura y la justicia federal, lo que de confirmarse perpetraría una violación de la independencia judicial y de la división de poderes.

Por si fuera poco, Carrió, Campagnoli y Reyes denuncian que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), una institución que “resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación”.

Resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación

“A tal punto, que cuenta con importantes ‘auspiciantes’ incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios HLB Pharma” y “Ramallo“, indicaron en la denuncia.

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