Axel Kicillof está dispuesto a apretar el acelerador a partir de febrero. Ese será el punto de partida concreto para su proyecto presidencial 2027. El momento en que su armado político active, con mayor velocidad, un trabajo estratégico para construir alianzas en todos los rincones del país.

El objetivo es claro. Debe ampliar las fronteras de la provincia de Buenos Aires y federalizar el proyecto político para poder darle sustento, volumen y adhesiones. Tiene que contener a los ajenos, consolidar a los propios y convivir con los que nunca lo acompañarán. Y, sobre todo, tiene que tratar de esquivar las balas perdidas de la interna peronista.

“Queremos que florezcan mil MDF”, aseguró uno de los ministros más cercanos al gobernador bonaerense. El objetivo trazado tiene que ver con construir referencias territoriales en cada provincia para poder desembarcar con el proyecto kicillofista en forma ordenada y en búsqueda de nuevos aliados.

La idea que tienen en el espacio político es construir un esquema provincial que esté referenciado en Kicillof y que sea lo más amplio posible. Entienden que deben contener a distintos sectores sindicales, sociales y a distintos partidos políticos. Desde el radicalismo hasta la izquierda. Todos adentro para armar un esquema bajo la consigna “Axel 2027″. Es una tarea difícil y que lleva tiempo, pero en La Plata están dispuestos a llevarla adelante como un parte de un plan de acción ordenado.

Kicillof no quiere que el 2026 sea un álbum de fotos suyas con otros gobernadores y dirigentes políticos. Pero, al mismo tiempo, está convencido que, apenas arranque el año, debe expandir su proyecto político para que gane volumen y se consolide con el tiempo. Es un candidato puesto y no puede dejar que las horas se diluyan.

“En la mayoría de las provincias el peronismo es un quilombo. Internas, divisiones, enfrentamientos. Axel tiene que ser cuidadoso de no poner un pie ahí y quedar entrampado en los conflictos internos”, analizó uno de los funcionarios con más llegada al Gobernador.

Los primeros contactos con los dirigentes de base de cada provincia quedarán en manos de los principales dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi, Andrés “Cuervo” Larroque, Mario Secco, Cristina Álvarez Rodríguez, Fernando Espinoza y Walter Correa son algunos de los nombres del kicillofismo que tienen capacidad, contactos y diálogo abierto con dirigentes influyentes de distintas provincias.

No hay una mesa política. No hay articuladores asignados. Todos tienen luz verde para empezar a construir lazos con las distintas provincias y generar las condiciones para que el proyecto presidencial desembarque en el territorio nacional. Esa es la misión que empezará a tomar un ritmo más veloz a partir de febrero. Kicillof se encontrará con algunos gobernadores durante el año, pero evitará quedar prisionero de cualquier interna provincial. Momentos precisos y calculados para no dar pasos en falso.

El mandatario bonaerense cree que hay que trabajar en contener dentro de un mismo proyecto político a los oficialismos provinciales, como es el caso de Gustavo Sáenz en Salta, Hugo Passalaqua en Misiones, Ignacio Torres en Chubut, Martín Llaryora en Córdoba y Alberto Weretilneck en Río Negro. Tiene en claro que no alcanza con el peronismo solo. Las fuerzas locales son imprescindibles para forjar una alianza que tenga chances reales de competir y ganarle a La Libertad Avanza (LLA).

Una de las hipótesis que se trabajan en La Plata tiene que ver con la necesidad de lograr que los que no se adhieran al proyecto político, al menos no jueguen junto a los libertarios. Que sean prescindentes en el momento que llegue la elección nacional. Si no colaboran con la causa, por lo menos que no la entorpezcan. En definitiva, de un lado de la grieta estarán todos los que jueguen en contra de Milei. “Hay que armar un espacio que tenga la suficiente amplitud para poder ganar un balotaje”, remarcaron en la gobernación.

Después de dejar los conflictos electorales atrás y haber logrado que la Legislatura le apruebe el Presupuesto, el endeudamiento y la ley fiscal impositiva, Kicillof está liberado de un sinfín de conflictos que lo atormentaron durante todo el 2025. Sin esas cargas políticas, tiene la oportunidad de, además de gestionar, empezar a mirar hacia adelante y darle forma a su plan para ser presidente de la Nación en el 2027.

En ese camino quiere evitar quedar en la primera línea de las confrontaciones permanentes que tiene el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Por eso fue claro con sus intendentes y desistió de la posibilidad de pelear por la presidencia del PJ Bonaerense. “Tenemos que federalizar el camino de Axel, en vez de encerrarnos en la provincia”, aseguró uno de los funcionarios a los que más escucha el Gobernador.

En La Plata ven a Verónica Magario como la mejor posicionada para representar los intereses de Kicillof en la jefatura del partido. Tienen varios motivos. Es la vicegobernadora, tiene la confianza de su compañero de fórmula, representa a La Matanza, con el valor político y electoral que eso conlleva, y tiene buena relación con los intendentes, que fueron pares de ella durante su etapa al mando del municipio matancero.

Los jefes comunales del MDF quieren que la presidencia del PJ Bonaerense responda a Kicillof. Creen que hay ganarle a La Cámpora en todos los lugares de la cancha. Es parte de la consolidación del liderazgo del Gobernador en la provincia. Hay que dar todas las peleas para mantener a flote el proyecto político. Todas es todas.

La construcción nacional de Kicillof no tendrá como eje el PJ Nacional. Liderado por Cristina Kirchner, el partido no tiene en su esquema de dirigentes a ningún nombre propio vinculado al gobernador bonaerense. Es, inevitablemente, una forma de desmarcarse de la ex presidenta, a la que Kicillof también quiere contener. No quiere cumplir sus órdenes, ni las de Máximo Kirchner, pero sí que todos estén adentro.

El 2026 será el año en que Axel Kicillof intente convertir su liderazgo provincial en un liderazgo nacional. Hay otros nombres que empezarán a acoplarse a la carrera presidencial. No es el único, pero es el primero que levantó la mano y que está dispuesto a edificar un proyecto político nuevo a partir del próximo año.

Tras un inicio trastabillado en el Senado, el Gobierno libertario continúa con su afán de avanzar como sea con la reforma laboral. El ambicioso plan incluye, siempre según la perspectiva del oficialismo -no todo, ya que hay divergencias-, en hacer tres plenarios de comisiones, ver si se agrega a la agenda el Presupuesto 2026 y sesionar antes que termine el período extraordinario, el 30 de diciembre: con pocas ventanas para el recinto, la idea de la Casa Rosada es apurar un encuentro para el sábado 27 o, en todo caso, el lunes 29.

Antes que ocurra eso, varios pasos deben ser consumados. Una primera posta -clave- ya está anclada para el martes, cuando los jefes de bloque se presenten en la reunión de Labor Parlamentaria, desde las 11, con el objetivo de sellar la integración de las comisiones que intervendrán. Sólo se arman las que involucren proyectos que el Ejecutivo incorporó al temario. Para la reforma laboral, se decidió -a pesar de lo que pretendía la Casa Rosada- por las de Trabajo -cabecera-; y de Presupuesto y Hacienda.

El oficialismo, envalentonado con su volumen, no debe olvidar que, si se considera a los 21 propios, aún le faltarán 16 para el quorum. Para empezar. Antes, tendrá que contentar a todos los que pueda con la repartija de comisiones. Entre algunos libertarios nuevos que quieren pisotear a quienes ya forman parte para ganar algo de fama en sus provincias, aliados violáceos que reclaman abrazos y compensatorios, y bloques menores a los que sí o sí habrá que regalar guiños, la bola de nieve crece. El enojo suele ser moneda común en el Senado, con un par de calotas poco cargadas de materia gris. También hay intentos frustrados -aunque voluntariosos- de barrabravas que, en vez de aportar, empeoran todo. Ni siquiera son legisladores.

Sorteado el obstáculo del martes, La Libertad Avanza (LLA) pretende llamar miércoles, jueves y -casi seguro- el viernes para analizar el proyecto laboral y, al final, dictaminar. “Se eliminan leyes, se modifican tributos. En fin, me parece bastante acelerado”, sentenció a Infobae un libertario que conoce el hilado fino del asunto. Una eventual sesión el sábado 27 o el lunes 29 tiene un motivo: el kirchnerismo no prestará la habilitación con dos tercios -para una discusión sobre tablas- y habrá que esperar los siete días que impone el reglamento. Un par apostaba a un entendimiento con el peronismo para el lunes 22 y cerrar el año de manera anticipada. Imposible.

No es la primera vez -ni será la última- que se da este tipo de panoramas. La pregunta a hacerse es el costo político -de mínima, sin contemplar jugueteos y picardías- de todo el paquete. El kirchnerismo mostró sin cesar en el Congreso que, con número, todo es viable. O se inventa. Recién ahora se preocupa por las reglas. Pero los libertarios, por más que hayan acumulado volumen, aún no “disfrutan” de ello. ¿Valdrá la pena empujar a 10 radicales, a un PRO rotísimo y con fugas, y a silvestres provinciales mantecosos a acompañar como sea y en modo “Flash” al Gobierno? En febrero, las extraordinarias continuarían. El 1 de marzo, el Presidente abrirá un nuevo período ordinario. La alta sensibilidad para sentir “desgaste” que mostraron dialoguistas en la primera mitad de la gestión de Javier Milei no genera el mejor augurio.

A todo este embrollo se le añadiría el Presupuesto 2026. Diputados vislumbra una sesión el miércoles de la semana que viene. Si tiene éxito, Martín Menem pasaría de forma ágil la ley de gastos para que la Cámara alta lo ataque. Todo, en medio de la puja por lo laboral. Es lo que la Casa Rosada promocionó durante semanas. Ahora, la realidad golpea la puerta. Bullrich abraza todo y se tiene fe. Otros, dudan. Y queda un reducido grupo de marginales muy dolidos por el resultado electoral de octubre pasado. Son minúsculos fantasmas con sed de venganza, una receta que suele terminar mal. Desean un sendero peor y que el Gobierno posponga la reforma a febrero o, si es mejor, para marzo. Cuando vaya Milei.

El proyecto de reforma laboral que envió al Senado el presidente Javier Milei apenas regresó del viaje a Oslo encontró una sorpresiva y pública resistencia, por fuera de la previsible oposición del sindicalismo, el peronismo y la izquierda. La principal agrupación de jueces emitió una declaración de rechazo a un artículo que propuso la “progresiva disolución” de la Justicia Nacional del Trabajo.

El extenso proyecto de 196 artículos que moderniza la legislación y las relaciones de trabajo en la Argentina ingresó el jueves al Senado y tendrá a partir del lunes una intensa actividad, con la conformación de comisiones para iniciar el debate. El objetivo del Gobierno es que la Cámara alta lo pueda discutir y dar media sanción antes de fin de año.

Pero la inclusión de dos artículos sumó un actor a la compleja negociación que se avecina: el de los jueces. La polémica -que tuvo el rechazo explícito de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional- se basa en los artículos 90, que limitan la discrecionalidad de los fallos, y 91, que propone la eliminación futura de la Justicia Nacional Laboral. El propio presidente Milei apuntó en varias oportunidades contra esos jueces en los dos primeros años de gestión.

¿Qué dicen esos dos ítems?

“ARTÍCULO 90.- Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones.

ARTÍCULO 91.- Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de traspaso de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Una vez formalizado dicho acuerdo se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos“.

Este último párrafo fue el que generó el rechazo de los jueces. “La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechaza de manera categórica las pretendidas modificaciones que contiene el proyecto de Ley de Modernización Laboral (…) tendientes a la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo.

“Resulta inadmisible la redacción de los arts. 90 y 91 y de todos aquellos allí propuestos que impliquen atentar contra la vida del fuero nacional citado. Por tanto, instamos una vez más a que cualquier modificación que se pretenda introducir lo sea dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales”, continuó.

Y concluyó el comunicado firmado por el presidente de la asociación, el juez Andrés Fabián Basso: “Mantenemos el estado de alerta permanente mientras avanzamos en el estudio minucioso de las acciones a adoptar y la comunicación fluida con los miembros de nuestra Institución”.

La industria del juicio y el traspaso a CABA

El objetivo del Gobierno, según explicaron en la Casa Rosada, es acelerar el proceso de transferencia de esos juzgados, donde detectaron una serie de fallos polémicos que complican la sustentabilidad económica de las pequeñas y medianas empresas. En el Ejecutivo pusieron el caso del restorán al que le impusieron una indemnización de 250 millones de pesos por un mozo que se consideró despedido, como ejemplo de fallos antiempresas.

Los jueces del fuero laboral nacional enfrentan un escenario complicado, tanto por los cuestionamientos a sentencias abusivas, como por un proceso de transferencia que viene encarando la ciudad de Buenos Aires y que tiene previsto absorber de manera total.

Ese proceso tuvo reparos de la propia Justicia Nacional, que ordenó paralizar todos los preparativos. Con el proyecto, la Casa Rosada espera que el Congreso Nacional apruebe la ley para reforzar el traspaso.

Sin embargo, se expone a que, como ocurrió con el capítulo laboral de la Ley Bases, la Justicia declare inconstitucional su contenido y complique su aplicación. Por eso, la declaración de la Asociación de Magistrados fue observada con preocupación en el oficialismo. ¿Es un anticipo de otro fallo similar que hará impracticable su aplicación?

De todos modos, la inclusión de esos artículos fue recibida de manera positiva por el Gobierno y la Justicia de la Ciudad, que vienen avanzando desde el año pasado con la conformación de un nuevo fuero laboral, que reemplazará la mayoría de los juzgados nacionales. De hecho, ya está en marcha el concurso para seleccionar 10 jueces, dos camaristas y fiscales, tras la aprobación de un Código de Procedimientos para regir en la Capital Federal.

Una calificada fuente de la administración de Jorge Macri, en diálogo con Infobae, calificó como “muy auspicioso el artículo” que respalda el proceso de transferencia de la Justicia Laboral de Nación a Ciudad. “No hace más que reflejar el compromiso de cumplir con la letra de la Constitución en torno a consolidar la autonomía porteña y terminar de transferir aquellas competencias aún pendientes, entre ellas las judiciales”, afirmó en diálogo con este medio.

Además, recordó que “desde principio de año estamos transitando una comisión de transferencias de competencias judiciales integrada por Nación y Ciudad donde estamos escuchando a todos los actores, tanto la Justicia ordinaria nacional y porteña, como también las diversas asociaciones, con el fin de avanzar en convenios de transferencias de competencias judiciales”.

“La Ciudad de Buenos Aires, en lo laboral, ya está preparada para recibir esas competencias. En diciembre del año pasado pusimos en funcionamiento el fuero local para conflictos individuales con prestación efectiva del trabajo en la CABA, sancionamos el Código de Procedimientos Laboral y avanzamos con los concursos, que hoy en etapa de revisión de exámenes”, abundaron las fuentes.

Más allá del compromiso del gobierno de Milei de avanzar con la reforma laboral y desarticular ese tribunal -donde muchos de los jueces fueron ubicados a propuesta de sectores ligados a la CGT- el debate quedará en manos del Congreso, donde La Libertad Avanza deberá conseguir el apoyo de al menos 15 senadores más de los 21 propios y de 25 diputados a los más de 110 que orbitan cercanos al oficialismo.