La Cámara de Diputados emitió dictamen favorable al proyecto para declarar la emergencia por un año en el hospital pediátrico Garrahan, que la oposición busca sancionar en el recinto de sesiones entre la próxima semana o los primeros días de agosto.

La iniciativa se analizó por espacio  por mas de horas horas de un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, Familia, Niñez y Juventudes, y Presupuesto y Hacienda, con el fin de firmar el despacho que habilitará el debate en el recinto de sesiones.

El dictamen de mayoría cosechó 65 sobre 109 legisladores presentes, mientras que la Libertad Avanza presentó otro de rechazo que junto 10 firmas, según informo el libertario José Luis Espert.

Por su parte, la UCR junto a la macrista, Ana Clara Romero, y de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, presentó un dictamen de minoría de diez firmas, y la izquierda otro con las firmas de Cristian Castillo y Vilma Ripoll.

Uno de los temas que mas dividieron a la oposición es la inclusión de un artículo para derogar la resolución del ministro Mario Lugones, sobre las residencias médicas, por lo cual la UCR decidió presentar su propio despacho.

La mayoría del PRO decidió no firmar ningún despacho aunque es probable que muchos voten junto con el oficialismo y otros se abstengan.

En el inicio de la reunión se provocó un debate sobre quien debía presidir el plenario debido a que no pudo llegar el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin,  por lo cual quedó a cargo de la presidencia el legislador libertario José Luis Espert.

La reunión se realiza con la presencia de médicos, y trabajadores del hospital Garrahan.

El dictamen fija que las autoridades deberán garantizar el “el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes”

.Otro punto clave que se exhorta al Ministerio de Salud a efectuar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”.

En todos los casos, se dispone que “la recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”.

Fuente: Noticias Argentinas.

Pese a los esfuerzos por destrabar el conflicto, la reunión entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), celebrada este martes en la Secretaría de Trabajo, finalizó sin avances concretos.

Como consecuencia, el gremio mantiene firme el cronograma de diez jornadas de medidas de fuerza anunciadas por el gremio que agrupa a los controladores aéreos, que comenzará este viernes 11 de julio, en plena temporada alta por el receso invernal.

No obstante, ambas partes volverán a sentarse a negociar el próximo jueves, un día antes del inicio de la primera medida de fuerza que afectará la operación de los vuelos en todo el país, con especial impacto en los despegues.

El plan de lucha contempla paros los días: 11, 12, 13, 15, 18, 20, 24, 25, 27 y 30 de julio, con interrupciones de actividades a partir del mediodía en cada jornada. Las acciones se realizarán de manera alternada, lo que aumenta la incertidumbre en la programación de vuelos y logística de transporte aéreo.

El conflicto entre Atepsa y EANA se da en un momento especialmente sensible: las vacaciones de invierno, un período clave para el turismo interno y las medidas coinciden con el receso escolar en distintas jurisdicciones, lo que intensifica la preocupación de aerolíneas, operadores turísticos y sectores ligados a la actividad.

Las fechas de vacaciones varían según la provincia. Del 7 al 18 de julio descansan los alumnos de Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán. Del 14 al 25 será el receso en Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Finalmente, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero tendrán vacaciones entre el 21 de julio y el 1 de agosto.

Durante los paros, no se autorizarán movimientos en pista ni operaciones de aeronaves. Tampoco se recibirán ni transmitirán planes de vuelo, lo que genera un alto riesgo de cancelaciones, demoras prolongadas y reprogramaciones masivas.

Las fuentes señalaron que, si bien hay expectativas de poder llegar a un acuerdo el jueves y lograr que se levante el paro, en EANA ya se están analizando variables a los fines de asegurar la mayor prestación de servicios posible.

Hoy la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (Jurca), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) emitieron un comunicado conjunto en el que adviertieron sobre el fuerte impacto de las medidas, señalando que, por la alta demanda, será prácticamente imposible reacomodar a todos los pasajeros afectados o reprogramar vuelos en tiempo y forma.

Las entidades criticaron la elección del calendario de protestas por considerarla “innecesariamente oportunista”, dado que se superpone con el período de mayor circulación de pasajeros. Además, alertaron sobre perjuicios millonarios no solo para las aerolíneas, sino también para el turismo, el comercio y la economía en general.

Desde el sector turístico también se encendieron las alarmas. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de la Ciudad de Buenos Aires (AHRCC) expresó su “profunda preocupación” por el impacto directo de los paros en la llegada de visitantes a la capital durante el receso invernal.

En el mismo sentido se expresaron operadores teatrales, organizadores de eventos y empresarios del entretenimiento, quienes habían proyectado un repunte en la actividad durante las vacaciones. Ahora, ese escenario quedó bajo amenaza.

El encuentro previsto para este jueves será clave para definir si el conflicto escala o si se logra una salida negociada. Desde la Secretaría de Trabajo buscan actuar como mediadores para evitar un colapso en el sistema aerocomercial justo en una de las pocas oportunidades del año en que se reactiva el consumo turístico a nivel nacional.

Mientras tanto, las aerolíneas recomiendan a los pasajeros consultar de forma anticipada el estado de sus vuelos y mantenerse atentos a los canales oficiales de cada compañía ante posibles modificaciones en los cronogramas.

Fuente: Noticias Argentinas.

Al cumplirse cuatro meses del trágico temporal, el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió extender la situación de emergencia por 30 días más. La medida alcanza a Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino, Puán, Coronel Suárez, Adolfo Alsina y Guaminí. Buscan seguir acelerando el proceso de reconstrucción.

La decisión quedó oficializada en el Boletín Oficial de este martes con el Decreto 1568/25. En rigor, es la segunda vez que se prorroga la declaración del estado de emergencia para los distritos del sudoeste bonaerense que sufrieron la tormenta de principios de marzo. En esta oportunidad, las autoridades explicaron que “existen varios procedimientos que se encuentran en curso” vinculados a morigerar los daños y a mitigar las consecuencias del temporal.

Vale recordar que los municipios del sudoeste bonaerense sufrieron cortes de camino, daños en infraestructura esencial como hospitales, escuelas y rutas e interrupciones en las vías de comunicación, entre otras consecuencias. Ante esto, la Provincia junto con las autoridades locales planificaron una serie de obras vinculadas a reparar los daños. Esos son los procedimientos que aún hoy se encuentran avanzando.

Esta prórroga se dio unos días después de que Javier Milei vetara la ley nacional que declaró la emergencia en Bahía Blanca y la zona por el mismo temporal. Esa norma, presentada, tratada y aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Nación, estipulaba un fondo de emergencia de 200 mil millones de pesos para asistir directamente a los afectados.

Según estimaciones del intendente bahiense, Federico Susbielles, solo su ciudad necesita de unos $400 mil millones para recuperar toda su infraestructura dañada. Esto sugiere que el Gobierno Nacional, con el veto, se negó a aportar la mitad de esos fondos.

Fuente: Infocielo.