El Gobierno nacional oficializó este martes la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas, en el marco del proceso para reducir la estructura estatal y el gasto público. La decisión, publicada en el Boletín Oficial N° 35.702, afecta a dependencias vinculadas a salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial, entre otras. Según supo Noticias Argentinas, las competencias esenciales de los entes eliminados serán reasignadas a los ministerios y secretarías correspondientes, y el personal conservará sus cargos hasta que se dicten las nuevas estructuras.
Organismos disueltos
Entre los organismos disueltos se encuentran la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el fideicomiso FONDEP, las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas, entre otros. En algunos casos, como el del Instituto Nacional de Medicina Tropical, se justificó la eliminación por superposición de funciones y falta de resultados concretos.
Transformaciones y fusiones
Otros organismos fueron transformados en unidades organizativas dependientes de ministerios, como el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La CNRT se transformó en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y la Junta de Seguridad en el Transporte se reconvirtió en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con competencias limitadas a la investigación aeronáutica.
También se dispuso la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de los hospitales nacionales Posadas, Sommer, Carrillo, el INAREPS y el hospital de salud mental Bonaparte, con el objetivo de optimizar recursos y fortalecer capacidades asistenciales.
Criterios y reasignaciones
Según los considerandos, las medidas se tomaron tras un diagnóstico que detectó un incremento desproporcionado de estructuras y personal en los organismos descentralizados, que pasaron de 35.481 agentes en 2010 a 88.095 en 2024. En algunos casos se identificaron irregularidades administrativas, falta de control interno o duplicación de funciones. Las funciones esenciales y las plantillas de personal serán absorbidas por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, la ANMAT o las secretarías de Agricultura, Industria y Transporte, según cada caso.
Además, los bienes inmuebles y vehículos sin uso serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su reasignación o venta, y las sumas líquidas disponibles pasarán al Tesoro Nacional.
El Ejecutivo instruyó a los ministerios a elevar en las próximas semanas las propuestas para adecuar las estructuras organizativas que asuman las competencias reasignadas y garantizar la continuidad de los servicios públicos.
Organismos disueltos y su destino
Organismo
Destino de funciones
Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial
Subsecretaría de Transporte Automotor
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
Secretaría de Transporte / Gendarmería Nacional
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
Ministerio de Economía y Agencia de Control de Concesiones
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR)
Ministerio de Economía
Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP)
Ministerio de Economía
Delegaciones Sanitarias Federales
Ministerio de Salud
Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal (ARICCAME)
ANMAT / Ministerio de Economía
Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI)
Secretaría de Agricultura
Instituto Nacional de Semillas (INASE)
Secretaría de Agricultura
Comisión Nacional de Semillas
Secretaría de Agricultura
Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET)
ANLIS-Malbrán
Instituto Nacional de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares
Ministerio de Salud
SAMIC (Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad)
Ministerio de Salud
Organismos transformados y fusionados
Antes
Ahora / Nuevo destino
CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte)
Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte
Junta de Seguridad en el Transporte
Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación
Instituto Nacional del Cáncer
Unidad organizativa dentro del Ministerio de Salud
Hospitales Nacionales e INAREPS
Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES)
Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)
Unidad organizativa dentro de Secretaría de Agricultura
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
Unidad organizativa dentro de Secretaría de Industria
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Organismo desconcentrado dependiente de Secretaría de Agricultura
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)
Organismo desconcentrado dependiente de Secretaría de Industria
El Senado convirtió en ley este jueves el proyecto que otorga y actualiza los fondos correspondientes a las universidades nacionales. La votación, que representa un revés para el Gobierno nacional que rechaza la iniciativa, obtuvo 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones.
El proyecto, votado a favor por los legisladores de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), parte del PRO y bloques provinciales, fue redactado por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y eleva el presupuesto al 1% del PBI.
A la decena de rechazos, además de los seis libertarios, se plegaron dos senadores del PRO, Alfredo de Angeli (Entre Ríos) y Martín Goerling (Misiones), la senadora de la UCR Carolina Losada (Santa Fe) y formoseño Francisco Paoltroni (Formosa). Dos de las abstenciones también las aportó el partido amarillo con Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) y el salteño Juan Carlos Romero (Salta).
También otorga una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes. El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.
Compensación salarial
Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria.
Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno, saldará las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1º de diciembre de 2023 a la fecha de sanción de la ley y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del Índice de Precios al Consumidor.
Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.
El debate
El debate por el proyecto comenzó alrededor de las 18 y se votó a las 21, luego de que el cuerpo legislativo rechazara decretos delegados y un decreto de necesidad y urgencia dictados por Milei y los dejara sin efecto, ya que corrieron la misma suerte en la Cámara de Diputados.
Para la senadora Alejandra Vigo la universidad pública “argentina es parte” de la “propia identidad nacional y defenderla es una decisión de futuro”. “Acompañamos este proyecto como parte de una estrategia mayor y garantizando que nunca más se discuta la educación en términos de ajuste”, destacó.
El radical Martín Lousteau afirmó que no “hay nada que te pueda dar el Estado que transforme tanto la “vida” de una familia “como la educación universitaria”. “Hoy, los docentes buscan otra actividad para complementar, dejan la docencia o se van a universidades privadas”, agregó.
A pesar de votar a favor, el senador Juan Carlos Romero, de buen vínculo con el oficialismo, dijo que el proyecto “está sesgado, en medio de una campaña electoral” y consideró que fue un “problema que se podría resolver o con un presupuesto o con una paritaria”.
Maximiliano Abad, de la UCR, subrayó: “Es un error monumental creer que la Argentina crecerá sola gracias al campo, Vaca Muerta o la minería. El desarrollo integral de una nación descansa en el nivel de calificación de su sociedad”.
El senador del kirchnerismo Daniel Bensusán expresó: “De qué manera se va a desarrollar un país si no hay profesionales que a través de su actividad desarrollen las economías regionales, el comercio, la industria, la ciencia y la tecnología. Las universidades tienen un rol trascendental”. (DIB con información de Noticias Argentinas)
El gobernadorAxel Kicillof lanzó un paquete de medidas para mejorar la ecuación económica de las PyMES, afectadas por las subas de tasas de interés dispuesta por el Banco Central- centradas en el alivio de la carga fiscal y la simplificación de trámites, sobre todos lo que se realizan en la Agencia de Recaudación (ARBA).
Kicillof realizó el anunció en una visita a La Matanza con tono de campaña: estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, candidata a diputada por la tercera sección electoral y el intendente de ese distrito, Fernando Espinoza, que encabezará como postulante testimonial la boleta local en ese distrito.
Como primera medida, el gobernador anunció que se destinará $1 billón, con un descuento de tasa de 5% para pymes en los créditos para empresas productivas. Es la medida que más nítidamente contrasta con la estrategia de Luis Caputo para contener el dólar -y la inflación con la suba de tasas a los bancos, que a su vez encarecen el crédito a las empresas.
Por otra parte, la provincia lanzará créditos a tasa 0% para pequeños emprendedores agroalimentarios y para productores de economías regionales (tamberos, de ovinos, de porcinos, apícolas, y para pasturas para los productores de bovinos en el sudoeste), adelantaron.
Además, habrá subsidio de tasa en créditos para pymes agroalimentarias y para inversión productiva, con bonificación del 35% de la tasa vigente, contaron fuentes la provincia a este medio.
Medidas de la Agencia de Recaudación
También habrá medidas tributarias impulsadas por ARBA, que actualmente lidera Cristian Girard. En principio, se suspenderán los embargos en juicios por deudas impositivas hasta fin de año.
También se pondrá en práctica un régimen que permitirá a pymes y micropymes evitar la acumulación de Saldos a Favor (SAF), mediante un ajuste de las alícuotas para que las retenciones y percepciones no excedan el impuesto a pagar por cada empresa. En los casos en que igualmente se genere un SAF, se aplicará de oficio una reducción automática de alícuotas.
El monto máximo para acceder al trámite automático se eleva de $1 millón a $3,5 millones, lo que representa un incremento del 250%.
La medida abarca a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotores, y se devuelven en un plazo de hasta 72 horas hábiles, que se en la cuenta bancaria declarada por CBU.
El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, advirtió sobre la grave situación que atraviesan las universidades públicas argentinas y reclamó la urgente aprobación de un marco legal que garantice su financiamiento.
“El tiempo perdido y las oportunidades desperdiciadas son un clásico argentino de las últimas décadas. Hoy volvemos a retroceder en lugar de avanzar”, señaló Abad, durante su intervención en el debate llevado a cabo en la Cámara alta.
El legislador cuestionó la falta de un Presupuesto aprobado y aseguró que “gobernar sin Presupuesto es como navegar sin brújula ni GPS: se avanza a la deriva, sin rumbo claro”.
En ese sentido, subrayó que la sanción de un Presupuesto es trascendental para la estabilidad institucional, el equilibrio fiscal y el financiamiento de prioridades esenciales, como la educación. “Es un error monumental creer que la Argentina crecerá sola gracias al campo, Vaca Muerta o la minería. El desarrollo integral de una nación descansa en el nivel de calificación de su sociedad”, afirmó.
Abad recordó que la inversión en universidades cayó un 22% en 2024 y que se proyecta una baja adicional del 8,8% para 2025. Además, alertó sobre la paralización de las obras de infraestructura.
Cuestiones ineludibles
Entre los puntos centrales del proyecto, destacó:
• Recomposición de los gastos de funcionamiento y de los salarios universitarios desde diciembre de 2023.
• Convocatoria a paritarias nacionales, para que los sueldos docentes no sigan perdiendo contra la inflación.
• Actualización de becas y partidas para investigación y extensión universitaria.
“El aumento del 7,5% y los bonos anunciados por el Gobierno Nacional para la segunda parte del año son, a todas luces, insuficientes. Los salarios subieron 111% en el último año y medio, mientras la inflación superó el 146%”, advirtió. Finalmente, Abad hizo un llamado a elevar el debate parlamentario: “Este es el Senado de la Nación. Representamos a las provincias argentinas. Dejemos de lado las chicanas y hablemos claro. La sociedad nos está reclamando más de lo que hoy estamos dando. No la defraudemos otra vez”. (DIB)
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