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Menos paros, más movilizaciones: la conflictividad laboral mutó en un año

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La conflictividad laboral con paro se desplomó un 10% en un año: es la cifra más baja del año, impulsada por la fuerte caída en el sector privado.

Un informe de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, reveló una significativa disminución en los conflictos laborales que incluyeron cese de actividades entre 2024 y 2025, consolidando una tendencia a la baja que, según el Gobierno, responde a un “camino de maduración e institucionalidad” en las relaciones laborales.

Junio de 2025 cerró con apenas 46 conflictos laborales con paro, lo que representa la cifra más baja del año. Este número implica una caída del 10% respecto a junio de 2024 y un descenso aún más pronunciado del 22% en comparación con el mes anterior, mayo de 2025.

La reducción no solo se observa en la cantidad de conflictos, sino también en el volumen de trabajadores involucrados y en las jornadas no trabajadas.

Descenso generalizado

Los datos difundidos por la Secretaría de Trabajo son contundentes y reflejan una disminución en todos los indicadores clave de conflictividad con paro:

–Cantidad de huelguistas: Alcanzó los 249.709, lo que supone un descenso del 34% interanual y una caída del 61% respecto a mayo de 2025.

–Jornadas individuales no trabajadas: El total fue de 338.721, registrando una baja del 28% frente a junio de 2024 y del 57% en relación a mayo de 2025.

Estas cifras evidencian una marcada disparidad entre los sectores público y privado, que explican la dinámica general de la conflictividad.

El sector privado lidera la baja, el público concentra la conflictividad restante

El análisis sectorial del informe oficial subraya una diferencia crucial en el comportamiento de los conflictos:

–Sector privado: Experimentó una disminución mucho más pronunciada en todos los indicadores. La cantidad de huelguistas en empresas privadas se redujo en un impresionante 94%, las jornadas no trabajadas bajaron un 73%, y los conflictos con paro retrocedieron un 44%.

–Sector público: En contraste, mostró una dinámica menos pronunciada. Si bien hubo un descenso moderado en la cantidad de huelguistas (-1%) y jornadas no trabajadas (-15%), se produjo un crecimiento del 6% en la cantidad de conflictos con paro entre junio de 2024 y junio de 2025.

Esta disparidad es la que explica el aumento de la participación del ámbito estatal en el total de conflictos, que pasó del 67% en junio de 2024 al 78% en junio de 2025. La drástica reducción de conflictos en el sector privado amplificó el peso relativo del sector público en la estadística general.

La visión del Gobierno

Desde el entorno del secretario de Trabajo, Julio Cordero, atribuyen la baja de la conflictividad laboral a “un camino de maduración e institucionalidad” por parte del sindicalismo, el empresariado y los funcionarios.

Se destaca que en el Ministerio de Capital Humano se prioriza el “diálogo tripartito”, donde el Estado actúa como un componedor para facilitar acuerdos entre las partes.

Según la Secretaría de Trabajo, lo que se observa es una “caída de la conflictividad laboral con paro como un proceso no coyuntural, sino como una tendencia que se viene profundizando con esta gestión”.
Además, se señala un cambio en el enfoque de los sindicatos, que antes se centraban casi exclusivamente en aumentos salariales, y hoy también consideran la estabilidad laboral y la realidad particular de cada actividad.

Causas y sectores más afectados

En cuanto a los motivos de los paros en junio de 2025, los reclamos por mejoras salariales fueron la principal causa, explicando 27 de los 46 conflictos. Le siguieron las demandas por pagos adeudados, con 6 conflictos.

Es notable la disminución de los conflictos vinculados a despidos, que pasaron de 9 en junio de 2024 a solo 3 en junio de 2025, representando el 7% del total.

El informe también detalla los sectores de actividad con mayor conflictividad:

–El 89% de los conflictos con paro se registraron en la administración pública (13 casos), la enseñanza (13 casos), la salud (10 casos) y la industria manufacturera (6 casos).

–Aunque su participación absoluta y relativa descendió (del 39% al 28%), la administración pública sigue siendo el sector con mayor nivel de conflictividad.

–Se observa un aumento de la conflictividad en las ramas de la enseñanza y la salud, que registraron el 28% y 21% del total de conflictos respectivamente en junio de 2025.

–En contraste, el sector de transporte y almacenamiento mostró un fuerte descenso, pasando de representar el 20% de los conflictos en mayo de 2024 a solo el 4% en junio de 2025.

Geográficamente, la mayor cantidad de conflictos durante junio de 2025 se produjeron en las provincias de Buenos Aires (10), Entre Ríos (4), Jujuy (4) y Santa Cruz (4).

Se destaca el crecimiento de conflictos en Buenos Aires y Entre Ríos, que se duplicaron respecto a junio de 2024, mientras que provincias como Catamarca, Corrientes, Chaco, San Juan, Tucumán y Tierra del Fuego no registraron conflictos.

Movilizaciones sin paro en aumento

El informe también brindó datos sobre la conflictividad laboral sin paro, que registró un aumento del 48% respecto a junio de 2024, con un total de 117 conflictos en junio de 2025.

Las acciones más frecuentes fueron las concentraciones (43), movilizaciones (23) y declaraciones organizativas (21). Las concentraciones se mantuvieron como la acción más común, y se observó un crecimiento sostenido de las movilizaciones y las ocupaciones.

Los principales motivos de estos conflictos sin paro fueron las mejoras salariales (45), seguidos por despidos o no renovación contractual (23), pagos adeudados (19) y otros reclamos, incluyendo el rechazo a políticas gubernamentales (17).

La mayoría de estos conflictos se canalizaron a través de medidas de acción directa, como concentraciones y movilizaciones.

En síntesis, los datos de la Secretaría de Trabajo muestran un panorama de reducción sustancial en la conflictividad laboral con paros, especialmente marcada en el sector privado, y una reconfiguración de la dinámica de los conflictos hacia el sector público y hacia formas de protesta que no implican el cese total de actividades.

Fuente: La Nueva.

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La UCA advierte que la baja de la pobreza está “sobrerrepresentada” y cuestiona la medición del Indec

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El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA cuestionó el último informe de pobreza del Indec, advirtiendo que, si bien la mejora es real, la magnitud de la caída está “sobrerrepresentada”. El organismo oficial había informado una drástica reducción de la pobreza del 52,9% al 31,6% en el último año, una noticia que ahora es puesta en tela de juicio por la prestigiosa institución académica.

En un comunicado, la UCA reconoció que la baja de la inflación y la estabilización macroeconómica generaron un “alivio social” verificable. Sin embargo, señaló que existen dos factores técnicos clave que exageran la magnitud de la mejora en las estadísticas oficiales.

Las dos razones del “sesgo” estadístico

Según el análisis del ODSA, la cifra del Indec está inflada por dos motivos principales que afectan la comparabilidad y la precisión de la medición:

  1. Mejor captación de ingresos: La encuesta del Indec (EPH) mejoró su capacidad para registrar los ingresos de los hogares. Si bien es un avance metodológico, rompe la comparabilidad con las series históricas, haciendo que los ingresos actuales parezcan más altos en comparación con mediciones anteriores.
  2. Canastas de consumo desactualizadas: La medición de la línea de pobreza todavía utiliza canastas básicas construidas con patrones de consumo de 2004-2005. Según supo Noticias Argentinas, este punto es crítico, ya que no refleja el impacto real de la fuerte suba de tarifas y precios regulados de 2024 en el presupuesto de los hogares.

El pedido de la UCA al Indec

Ante este escenario, el observatorio de la UCA instó al Indec a “acelerar la actualización de las canastas de referencia” y a “transparentar” el efecto de los cambios en la captación de ingresos sobre las series históricas.

El objetivo, concluye el comunicado, es contar con indicadores más consistentes que reflejen los logros, pero que también muestren “la persistencia de problemas estructurales de inclusión económica, laboral y social en la Argentina”.

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Senado: Maximiliano Abad reclama al Gobierno cubrir las 337 vacantes judiciales

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El legislador Maximiliano Abad acompañó en el Senado un proyecto de comunicación que reclama al Poder Ejecutivo el envío urgente de los pliegos para cubrir las 337 vacantes judiciales que hoy afectan al servicio de justicia.

“Estas vacantes generan consecuencias muy negativas para el servicio de justicia, por eso es fundamental avanzar en su regularización. Tenemos que dejar de lado los cálculos políticos y resolver de una vez esta situación crítica”, señaló Abad.

En su intervención, advirtió también sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal.

“Se trata de una herramienta que, si se aplica correctamente, representará un gran avance. Pero hoy el Gobierno no va en esa dirección porque no fortalece a las fiscalías ni destina los fondos necesarios para producir los cambios que el nuevo sistema requiere”, explicó.

El senador Abad insistió en que el Ejecutivo debe cumplir con su responsabilidad institucional: “Es indispensable que se envíen los pliegos y que esta Comisión pueda trabajar en la normalización del sistema judicial. Regularizar y fortalecer la Justicia no puede seguir esperando”.

Informe sobre las vacantes en el Poder Judicial

Según un informe presentado por la consejera y jueza Alejandra Provítola, actualmente el 33,6% de los cargos de la Justicia Nacional y Federal no están cubiertos. Hay 337 vacantes sobre un total de 1.002 cargos.

Ese informe complementario fue elevado a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, en el que advirtió la gravedad de la situación respecto a las vacantes en la Justicia.

De acuerdo con los datos relevados al 26 de agosto de 2025, “la Justicia Nacional y Federal cuenta con un total de 1.002 cargos, de los cuales 596 corresponden al fuero federal (59,49%) y 406 al fuero nacional (40,51%). Estos cargos se distribuyen en 470 juzgados, 56 salas de segunda instancia y 81 tribunales orales. Del total, 337 cargos se encuentran vacantes -entre aquellos pendientes de cobertura por el Poder Ejecutivo y los que se hallan en trámite ante el Consejo de la Magistratura de la Nación-, lo que equivale al 33.6% del total”.

El documento remarca que de esas 337 vacantes, 176 corresponden a la Justicia Nacional, 112 a la Federal del Interior y 49 a la Federal de CABA, lo que evidencia -según la consejera- una situación especialmente delicada en la Justicia Nacional. Allí, “la concentración de vacantes evidencia una situación crítica, especialmente en juzgados de primera instancia, tribunales orales y cámaras nacionales”.

Si bien el año pasado la Comisión de Selección, encabezada por la consejera Fernanda Vázquez, logró la aprobación de muchas ternas que el Gobierno nacional no envió aún al Senado para efectuar las designaciones, Provítola recordó que en 2023 se había planteado “la necesidad de avanzar rápidamente con los concursos vinculados con la Justicia Nacional”. “A la fecha alcanzan los 23 concursos ante este Consejo, que implica 136 vacantes que representa el 43,38% de las vacantes cuyo trámite nos ocupa”, precisó.

El informe detalla -además- el número de concursos y cargos en juego en distintas jurisdicciones del país. Por ejemplo, en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta se contabilizan cinco concursos para seis vacantes; en la de Resistencia, cuatro para cinco vacantes; en la de Rosario, siete para 18; y en la de Córdoba, seis para ocho vacantes.

La consejera sostuvo que esta situación “pone de manifiesto la imperiosa necesidad de agilizar la sustanciación de los concursos, ya que la falta de cobertura de cargos vacantes no solo compromete el normal desenvolvimiento de los tribunales y la adecuada distribución de tareas entre los magistrados y funcionarios, sino que, además, impacta directamente en la ciudadanía, al prolongar la resolución de conflictos y menoscabar el acceso a la justicia”.

Finalmente, pidió que el Consejo avance de manera urgente: “Entendemos la necesidad de pronunciarnos en torno al pronto avance y resolución de los procesos de Selección de Magistrados en trámite ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para la cobertura de vacantes de los Fueros Nacionales y Federales del país”.

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Vialidad: la Justicia cerró la demanda civil contra Cristina Fernández

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La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no deberá pagar al Estado un resarcimiento millonario por la causa Vialidad, debido a que la Dirección de Vialidad Nacional no impulsó en el plazo de seis meses el expediente iniciado en 2008. Así lo decidió la Cámara Civil y Comercial Federal.

El fallo de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, compuesta por Juan Perozziello Vizier, Eduardo Daniel Gottardi y Florencia Nallar (votó en disidencia), confirmó la decisión de agosto que había dictado el juez de primera instancia Marcelo Bruno Dos Santos. El beneficio, que también alcanza a los demás condenados en la causa Vialidad, evita que abonen al Estado un resarcimiento de 22.300 millones de pesos.

Ante el pedido formulado por la defensa de la expresidenta, el magistrado analizó si en la causa ocurrió una inactividad procesal útil de seis meses que habilite la declaración de caducidad de la instancia, que implica la caída del proceso judicial, pero no decide sobre la cuestión ni produce la extinción del derecho a realizar un nuevo reclamo.

Frente a esto, el Gobierno nacional apeló esa decisión y argumentó que esa sentencia es arbitraria porque soslayó actos procesales anteriores a la notificación de la suspensión del proceso que son relevantes. Sin embargo, los camaristas, por mayoría, le dieron la razón al juez de primera instancia. (DIB)

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