El presidente Javier Milei daría a conocer este jueves el veto total a la emergencia en salud pediátrica, luego de haber tomado idéntica decisión con respecto a la ley de financiamiento universitario.

Fuentes oficiales revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que la medida sería confirmada a través del Boletín Oficial, con el número 27.796; en tanto, la medida fue anunciada a los funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) más cercanos al mandatario.

La ley de emergencia pediátrica hubiese habilitado más fondos para el Hospital Garrahan, cuyos profesionales vienen reclamando mejoras salariales desde hace unos meses, en medio de la polémica por esta decisión del gobierno, de recortar gastos en un área tan sensible.

Asimismo, en las próximas horas se haría oficial el rechazo a la ley de reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, que al igual que las otras dos (financiamiento universitario y emergencia pediátrica) habían sido aprobadas en el Congreso.

El Gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad la Ley de Emergencia Pediátrica El Gobierno de Javier Milei profundizó su postura de ajuste fiscal al vetar por completo la Ley de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan, una decisión que se suma al rechazo total de la Ley de Financiamiento Universitario. Ambas medidas, publicadas en el Boletín Oficial, se argumentan en la necesidad de preservar el “equilibrio fiscal” y evitar lo que la administración libertaria considera un “aumento desmedido e irresponsable del gasto público”.

La Casa Rosada, sin embargo, estiró la definición sobre la Ley de Redistribución Automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una normativa clave para los gobernadores, cuya suerte se conocerá a última hora de este viernes. Esta dilación se da en un contexto de reorganización de la estrategia política oficialista tras la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y la búsqueda de un nuevo diálogo con las provincias. Según supo Noticias Argentinas, el veto al Garrahan y la incertidumbre por los ATN generaron preocupación en los mandatarios provinciales.

Los argumentos del veto a la Emergencia en el Garrahan

El Decreto que veta la Ley de Emergencia Pediátrica en el Garrahan lleva la firma del Presidente y de todo el gabinete nacional. Sus fundamentos son contundentes:

• Impacto Fiscal Directo: El Gobierno estimó un “impacto fiscal directo” de $115.030.000.000 por la recomposición salarial prevista en la ley.
• Desfinanciación de otros programas: Aduce que este gasto debería financiarse con “reasignaciones dentro del presupuesto del Ministerio de Salud y con reservas destinadas a contingencias sanitarias”, lo que “inevitablemente conduciría a la desfinanciación de programas sanitarios vigentes y a la erosión de los recursos destinados para prestar asistencia en emergencias”.
• Comparaciones alarmantes: Para ejemplificar el impacto, el Gobierno comparó el monto con “un tercio del calendario total de vacunas, tres veces el crédito destinado para políticas de cobertura en VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales o al financiamiento de un año y medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC)”.
• “Aumento desmedido e irresponsable”: El decreto sostiene que el proyecto “carece de un financiamiento genuino”, tiene una “redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad”, “profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las provincias”.

“Nuevamente, el Congreso pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal”, concluyen los fundamentos.

Tensión con gobernadores y estrategia política

Los vetos a la Ley Universitaria y la Ley del Garrahan se producen en un momento delicado para el Gobierno. Tras los 13 puntos de diferencia que le sacó Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, la Casa Rosada busca reorganizar su estrategia política:

• Mesa de diálogo con Francos: Se decidió que Guillermo Francos encabece una nueva mesa de diálogo con los gobernadores aliados.
• Lisandro Catalán en Interior: La designación de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior es vista como una señal para las provincias.

Sin embargo, los gobernadores, que esperan gestos “en serio” y “negociación”, se sienten “fuertes” con su alianza de Provincias Unidas. La posibilidad de que Milei vete también la ley de ATN genera incertidumbre y dificulta un encuentro fructífero. El Presidente busca evitar nuevos fracasos en el Congreso, pero mantiene su intransigencia frente a iniciativas con costo fiscal, una postura que genera “ruidos internos” en la gestión sobre la necesidad de mostrar mayor flexibilidad. “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico: equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y, en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando”, reafirmó Milei en X.

El Gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad el Proyecto de Ley Nº 27.795, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes. La medida fue formalizada a través del Decreto 647/2025, publicado este miércoles 10 de septiembre, y representa un fuerte rechazo a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.

La decisión del Poder Ejecutivo, que se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y las universidades por recortes presupuestarios, fue confirmada por fuentes oficiales. Según supo Noticias Argentinas, el veto generará una nueva escalada en el conflicto con el sector educativo y con la oposición parlamentaria, que había impulsado la norma.

Los puntos clave del Proyecto de Ley vetado:

El Proyecto de Ley de “Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente” Nº 27.795 buscaba:

La norma planteaba medidas claras para consolidar el financiamiento de la Universidad Pública en todo el país. A continuación, se resumen los puntos centrales:

• Garantizar el financiamiento: Establecía como objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA”.
• Partidas presupuestarias específicas: Determinaba que el Poder Ejecutivo Nacional debía definir partidas presupuestarias destinadas al programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” para:
  • Afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado.
  • Garantizar la formación continua.
  • Asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes.
  • Incrementar recursos para tecnología digital.
  • Impulsar la formación y fortalecimiento del personal.
  • Ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias.
  • Promover la función de extensión universitaria.
  • Desarrollar la función de investigación.
  • Prever la provisión y mantenimiento de infraestructura y equipamiento.
  • Impulsar la internacionalización inclusiva de la enseñanza, investigación y extensión.
  • Asegurar y profundizar programas de bienestar estudiantil e incrementar la inversión en becas.
• Actualización por IPC: Encomendaba al Poder Ejecutivo Nacional actualizar al 1 de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.

La objeción total al proyecto de ley se fundamenta en la visión del Gobierno de mantener el control sobre el gasto público y evitar lo que considera intromisiones en las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos del Estado. Sin embargo, la medida abre un nuevo frente de conflicto con un sector que reclama mayores fondos para garantizar la calidad y accesibilidad de la educación superior.