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Axel Kicillof cuestiona la exclusión de la reunión de gobernadores: “No es una buena señal”

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dirigió una extensa y crítica carta al presidente Javier Milei este sábado, manifestando su descontento por haber sido excluido de la convocatoria de gobernadores en la Casa Rosada, un encuentro centrado en los firmantes del Pacto de Mayo.

El mandatario bonaerense calificó la decisión del Presidente como un “gesto antidemocrático” “contrario al espíritu federal”.

En la misiva, Kicillof enfatizó la representatividad de las provincias no convocadas, señalando que “las provincias que usted decidió no convocar representan a más del 40% de la población argentina. Y los gobernadores que las conducimos fuimos elegidos democráticamente, al igual que usted, para defender los intereses de nuestros pueblos”, apuntó el gobernador.

El foco de la crítica de Kicillof se centró en la selectividad del diálogo propuesto por el Gobierno Nacional, indicando que “si realmente desea abrir un diálogo con quienes piensan distinto y priorizan los intereses de todos los argentinos, le digo con total claridad: no es buena señal excluir a los gobernadores que considera ‘enemigos’”, arremetió Kicillof.

La carta se interpreta como un claro posicionamiento del gobernador bonaerense ante la estrategia de diálogo político implementada por el Gobierno Nacional, que priorizó a las provincias que acompañan el Pacto de Mayo.

Texto completo de la carta

Carta al Presidente Javier Milei

Señor Presidente:

Los resultados de las elecciones nacionales del 26 de octubre fueron favorables para su fuerza política. Sin embargo, las calamidades que su modelo económico provoca en nuestra sociedad siguen su curso. Jubilados, trabajadores, comerciantes, industriales, estudiantes, sectores vulnerables y sectores medios continúan siendo golpeados por un ajuste que se traduce en recesión, feroz caída del consumo y las ventas, pérdida de empleo y, sobre todo, angustia y desesperación.

Valoro que haya decidido dejar de insultar a quienes piensan distinto. Pero su tarea, señor Presidente, es mucho más que eso: se trata de gobernar para todos los argentinos, dentro de la Constitución, respetando el federalismo y defendiendo el interés nacional. Será el pueblo, dentro de dos años, quien decida si cumplió o no con esa tarea.

En esta nueva etapa de su gobierno, usted modificó su tono y su estilo, pero aún le falta lo más importante: enfrentar la realidad. Su plan económico, basado en mantener un dólar bajo y una recesión prolongada para contener los precios, fracasó. Los dólares de Scott Bessent pueden haber sido eficaces para calmar a los mercados financieros, pero de ninguna manera resuelven los problemas de la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos. Cabe recordar que usted tuvo que recurrir a este nuevo “salvataje” luego de que su propio plan económico pusiera a la economía y a la sociedad argentina al borde del abismo. Esa realidad debería invitarlo a tener mayor humildad y menos triunfalismo.

A partir de entonces, el presidente Trump asumió un rol inédito en la política nacional. Sus declaraciones, amenazando a los argentinos con “no ser generoso” si su candidato perdía, constituyen un episodio vergonzoso para nuestra democracia. No se registra en la historia argentina una intromisión económica y política de semejante magnitud y tan explícita. Luego, el supuesto emisario de Estados Unidos, Barry Bennet, vino al país a “ordenar” su campaña y su gobierno. Si bien esta intervención puede haber calmado los mercados y contribuido a su resultado electoral, lo hizo al precio de una pérdida de soberanía y dignidad nacional. Y a cambio de compromisos que no se dieron a conocer porque, claramente, no se trata de una sociedad de beneficencia.

Le recuerdo, señor Presidente, que el respaldo del extranjero no reemplaza el respaldo del pueblo argentino. A usted le gusta recordar que “2 + 2 es 4”. Debo señalarle, al respecto, que la suma de quienes no votaron por su fuerza política y los millones de argentinos que no fueron a votar –seguramente desalentados luego de sucesivas frustraciones económicas y decepciones políticas– constituyen una mayoría social que no lo está aplaudiendo precisamente.

Ahora bien, si realmente desea abrir un diálogo con quienes piensan distinto y priorizan los intereses de todos los argentinos, le digo con total claridad: no es buena señal excluir a los gobernadores que considera “enemigos”. Las provincias que usted decidió no convocar representan a más del 40% de la población argentina. Y los gobernadores que las conducimos fuimos elegidos democráticamente, al igual que usted, para defender los intereses de nuestros pueblos. La exclusión de nuestras provincias es un gesto antidemocrático y contrario al espíritu federal.

Por eso lo convoco, una vez más, a reunirnos para articular políticas públicas. No espere de mí insultos ni agresiones; pero tampoco espere que ceda en la defensa de los intereses de mi provincia o en la defensa de las convicciones de mi fuerza política. Resulta innegable que la provincia de Buenos Aires —donde vive casi el 40% de los argentinos, los que lo votaron y los que no— ha sido duramente castigada por su administración. En seguridad, sufrimos recortes arbitrarios; en transporte, la quita de subsidios afecta a millones de bonaerenses; en infraestructura, se paralizaron obras esenciales. A eso se suma la caída de la recaudación producto de la recesión y el aumento de la demanda social.

La situación es de emergencia, y el Gobierno Nacional que usted lidera no puede borrarse ni desertar de sus responsabilidades. El ajuste fiscal al que usted llama “superávit” se construyó en gran medida sobre la quita ilegal de fondos a las provincias. En el caso de Buenos Aires, se eliminaron el Fondo de Seguridad, el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo Compensador para los Jubilados, se paralizaron 1.000 obras y 16.000 viviendas, entre otros. Nos debe a los bonaerenses más de doce millones de millones de pesos. Ese supuesto ahorro nacional está hecho con recursos que le pertenecen al pueblo de mi Provincia y de las demás. La Provincia de Buenos Aires es la más poblada del país, la que más produce y la que menos recursos recibe: aporta el 40% de la recaudación nacional y recibe apenas el 7%. Eso no es austeridad: es injusticia estructural.

Además de las deudas que tiene su Gobierno con las Provincias –planteadas con firmeza por mis colegas en la reunión a la que decidió excluirme– usted propone discutir una agenda de reformas. Las reformas que Argentina necesita deben estar orientadas a promover un desarrollo federal con justicia social, a fortalecer los intereses nacionales en un mundo caótico, y a favorecer un Estado eficaz, capaz de corregir las desigualdades que fracturan a nuestro país. Aún no se conoce el contenido preciso de sus propuestas para esta nueva etapa, pero las declaraciones –de sus funcionarios y de los nuevos accionistas extranjeros de su gobierno– insinúan una dirección que agravará las desigualdades de nuestra sociedad. Las reformas prometidas no contienen soluciones para una economía paralizada, para una industria nacional quebrada ni para un pueblo que la está pasando mal. Como dirigente de la fuerza política ratificada el domingo como principal fuerza de la oposición, le aseguro que se equivoca si cree que, por participar de fotos o reuniones, el peronismo va a acompañar reformas que quiten derechos, destruyan la producción y ahoguen aún más a una sociedad golpeada, endeudada y sin horizonte de progreso.

Una vez más le propongo discutir estas cuestiones —y las que usted quiera agregar— con seriedad. Así como lo hice la noche del 7 de septiembre después de que nuestra fuerza política obtuviera un triunfo contundente en las elecciones provinciales, en las cuales se ratificó el rumbo de nuestra gestión, vuelvo a hacerlo ahora que nos tocó perder por un escaso margen en la elección nacional en la Provincia. No todo se trata de consignas e insultos; la campaña ya terminó. En virtud de nuestras responsabilidades, estamos obligados a coordinar para proteger a los que más sufren, reactivar la producción, fortalecer el federalismo y garantizar que las provincias reciban lo que les corresponde.

Su gobierno desertó de sus obligaciones en materia de salud, educación, infraestructura, protección del trabajo, alimentación; quitó remedios y asistencia a los jubilados, pacientes oncológicos y personas con discapacidad. En nuestra provincia, muchísimos bonaerenses tienen crecientes dificultades para afrontar el alquiler, los servicios, los remedios y hasta la comida. Desde el gobierno provincial y los municipios intentamos dar respuestas a una demanda cada vez mayor. Para que tenga una idea, sólo en los comedores escolares y comunitarios reciben alimento más de 4 millones de bonaerenses y la necesidad crece. Se necesita al Estado para afrontar esta emergencia y usted no puede permanecer indiferente. Imagínese si tuviéramos todos esa actitud.

Presidente Milei: los argentinos la están pasando mal. Las familias están endeudadas, los comercios vacíos, la industria paralizada, los salarios pulverizados. Los municipios y las provincias sostienen con esfuerzo lo que el Estado nacional abandona. Su política económica está destruyendo el tejido social y productivo de la Argentina. Por eso le pido que escuche, que corrija, que dialogue. No con los mercados, sino con la gente. No con los poderosos de afuera, sino con los trabajadores, los empresarios y los gobernadores de su propio país. El futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento, sino con respeto, cooperación y amor a la Patria.

Atentamente,

Axel Kicillof

Gobernador de la Provincia de Buenos Aires

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El bloque PRO rechazó la designación de autoridades en la Auditoría General de la Nación

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La reciente sesión en la que el oficialismo avanzó con la designación de autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN) generó una fuerte reacción desde el Bloque de Diputados PRO, que denunció una “grave violación a la Constitución Nacional”. Por este motivo, la bancada se retiró del recinto junto a la UCR, la Coalición Cívica Provincias Unidas en reclamo por la medida.

El núcleo de la controversia radicó en que, según los legisladores opositores, la decisión se tomó “fuera del temario de sesiones extraordinarias”. Por medio de un comunicado publicado en redes sociales, apuntaron que “esta objeción fue primeramente advertida al oficialismo de manera informal, luego en el recinto y finalmente lo expresamos cuando se intentó consumar esta violación constitucional”.

De hecho, el primero en intentar ponerle un freno al nombramiento fue el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, quien cuestionó la constitucionalidad del acto en plena sesión. “En qué lugar dice que en extraordinarias se puede tratar un tema que no es de competencia de esta Cámara”, apuntó.

“La designación de miembros de AGN (Auditoría General de la Nación) no se encuadra en ninguna de estas categorías, ya que integra un órgano de control externo que excede el funcionamiento del Congreso”, argumentó. Antes de retirarse del recinto, concluyó que “la falta de códigos, de respeto por los compromisos asumidos, corre por cuenta de La Libertad Avanza”.

Para fundamentar su posición, citaron el artículo 63 de la Constitución Nacional, que establece que “durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos incluidos en la convocatoria del Poder Ejecutivo”. En este sentido, remarcaron que “la designación de autoridades de la AGN no fue incluida en dicho temario”.

“No fue el PRO el que quiso discutir cargos, fue el oficialismo junto al kirchnerismo”, señalaron los legisladores, a modo de marcar distancia de la maniobra parlamentaria. Además, enfatizaron la importancia del rol institucional de la Auditoría General de la Nación en el sistema democrático.

“La AGN es un órgano constitucional de control, no se ocupa de cuestiones meramente administrativas ni internas del Congreso. Tiene una tarea más compleja e importante”, sostuvieron, y advirtieron que avanza con este accionar “no fortalece el control del Estado, lo deslegitima”.

La postura del bloque fue tajante respecto a la validez de la designación, tras reiterar su rechazo a las designaciones. “Vamos a iniciar las acciones judiciales correspondientes para que se restablezcan la legalidad y el respeto por las reglas institucionales”, anticiparon.

Más allá del aspecto jurídico, los diputados del PRO manifestaron su desconcierto ante la actitud del oficialismo. “También nos resulta extraña esta conducta contra nuestro bloque. Del kirchnerismo no nos sorprende nada, dicen una cosa de día y hacen otra de noche, pero sí del oficialismo”, expresaron.

Asimismo, recordaron el acompañamiento brindado al gobierno en momentos críticos: “Nuestro bloque se ha dedicado a acompañar al gobierno no solo en sus aciertos, sino especialmente en sus momentos más difíciles, porque creemos que la Argentina necesita un cambio profundo”. En ese sentido, lamentaron que “las mezquindades de ciertas personas” puedan obstaculizar la tarea del presidente Milei.

“Las instituciones no pueden funcionar por la fuerza de una mayoría circunstancial en sesiones convocadas al margen de la Constitución, menos aún deshonrando la fe de millones de argentinos que quieren ver a la Argentina ponerse de pie finalmente”, reclamaron.

Por último, reafirmaron que “el cambio profundo que queremos millones de argentinos es con la Constitución en la mano y trabajando en equipo entre quienes compartimos una visión común de una Argentina próspera”.

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La CGT busca una demostración de fuerza en la Plaza de Mayo para rechazar la reforma laboral de Milei

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Jugada a todo o nada contra la reforma laboral del Gobierno, la CGT realizará este jueves una movilización hacia la Plaza de Mayo que busca ser una demostración de fuerza para bloquear el proyecto en el Congreso.

La concentración, que será la cuarta impulsada por la central obrera desde que Javier Milei asumió la Presidencia y se hará en todas las provincias, contará con la participación de las dos CTA, los movimientos sociales, sectores políticos como La Cámpora y agrupaciones de izquierda. Además, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación de Aceiteros harán un paro de 24 horas en apoyo del reclamo de la CGT.

El Gobierno hizo algunas concesiones a la CGT al eliminar varios artículos de la versión definitiva de la reforma laboral, pero la CGT mantiene su rechazo al proyecto oficial, elaborado durante semanas en el Consejo de Mayo, porque incluye una regulación muy estricta del derecho de huelga, la prelación de los convenios por empresa y restricciones a la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, entre otros puntos.

Las columnas de los distintos sindicatos se concentrarán al mediodía en varios puntos de la zona céntrica porteña y luego marcharán hacia la Plaza de Mayo, donde a las 15 se leerá un documento muy crítico del Gobierno y habrá breves discursos de los 3 cotitulares de la CGT, Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

Los integrantes del triunvirato cegetista concurrieron este miércoles a la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, presidida por Patricia Bullrich, para brindar su opinión sobre el proyecto oficial: lo calificaron de “regresivo” y de “inconstitucional”.

Los líderes cegetistas, además, reforzaron su operativo de seguridad ante el temor de que haya incidentes generados por infiltrados para perjudicar a la CGT.

Por eso la CGT difundió un comunicado de prensa en el que expresa su “preocupación” por declaraciones de funcionarios libertarios a las que calificó como “provocaciones innecesarias hacia los trabajadores”.

Al mismo tiempo, exigió al Gobierno que “garantice la integridad física y la libertad de quienes participen en la movilización” en rechazo del proyecto oficial, mientras reclamó que “se abstenga de promover discursos estigmatizantes o intimidatorios, ya que profundizan la confrontación y ponen en riesgo la paz social”.

Además del rechazo a la reforma laboral, la CGT también protestará contra el “desfinanciamiento” propuesto en el Presupuesto 2026, que “elimina garantías legales de inversión en educación, ciencia y tecnología”.

“Como central sindical sostenemos que la inversión en estos sectores es fundamental para el desarrollo nacional, la justicia social y el futuro de la Argentina”, dijo la CGT en sintonía con su secretario de Políticas Educativas, Sergio Romero, quien lidera la Unión Docentes Argentinos (UDA).

Según la CGT, el artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026 propone derogar la Ley Nº 26.206, que establece un piso del 6% del presupuesto para educación e ignora la Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo, que organiza la inversión y define el rol de los estados nacional y provinciales. Además, deroga los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614, que fijan un incremento progresivo de la inversión en ciencia y tecnología hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. Y elimina el artículo 52 de la Ley Nº 26.058, que garantiza un fondo no inferior al 0,2% de los ingresos corrientes para educación técnico profesional.

Por eso la CGT reclamó a los legisladores el retiro inmediato del artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026 y advirtió que el alejamiento del Estado de su obligación constitucional “sólo puede resultar en la destrucción del sistema educativo”.

De todas formas, los vínculos entre el Gobierno y la CGT no se rompieron y se mantienen vigentes algunos canales informales de diálogo a través del asesor presidencial Santiago Caputo y los Menem (Martín y Lule).

En la vereda de enfrente, el ala dura de la Casa Rosada, integrada por el ministro Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich, flamante senadora nacional, apunta a una reforma laboral que ponga en jaque al poder sindical.

Desde que asumió Milei, la CGT hizo el 27 de diciembre de 2023 una movilización hacia Tribunales contra el DNU 70; dos paros generales de 24 horas, el 24 de enero de 2024 y el 9 de marzo de ese año; un paro de 24 horas con movilización el 9 y 10 de abril de 2025; una movilización callejera por el Día del Trabajador, el 30 de abril de este año, y una marcha por San Cayetano, el 7 de julio.

¿Qué efecto concreto tendrá la nueva protesta de la CGT? El Gobierno está seguro de contar con los votos necesarios para aprobar la reforma laboral en el Congreso, pero el sindicalismo comenzó un “plan de resistencia”, como lo llama, para que no se sancione la ley. Las próximas semanas serán decisivas para saber quién se quedará con el rédito de haber impuesto fuertes cambios laborales o de haberlos frenado.

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Designaron a tres auditores sin el apoyo del PRO, la UCR y demás bloques que abandonaron el recinto en Diputados

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Después de que el Gobierno nacional obtuviera la media sanción en los proyectos de Presupuesto 2026 y de Inocencia Fiscal, el Congreso aprobó la designación de tres auditores generales de la Nación. El tema no estaba en el plenario, como tampoco en la convocatoria a sesiones extraordinarias realizada por el Ejecutivo, y provocó que varios legisladores de los bloques se retiraran del recinto a modo de reclamo.

Todo comenzó con un pedido de moción presentado por el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA)Gabriel Bornoroni, para poder ocupar los cargos vacantes. “La propuesta concreta es que esta Cámara designe como auditores generales de la Nación a las siguientes personas: Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti”.

“Propongo que se vote la terna completa y que se autorice a la Presidencia de la Cámara a darle forma de resolución a lo aquí establecido”, completó el diputado cordobés. Acto seguido, el recinto se tiñó de quejas, que cuestionaron la solicitud.

Frente a esto, el presidente de la banca del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, cuestionó: “Esta es la violación al artículo 65 de la Constitución Nacional”. Por esto, subrayó que “la práctica reglamentaria y la doctrina reconocen como única excepción al límite del temario cuestiones de privilegio y asuntos estrictamente internos de cada Cámara”.

Tras manifestar su desaprobación con la jura de los auditores, anticipó que se presentaría una denuncia en la Justicia por tratarse de una medida inconstitucional. “En qué lugar dice que en extraordinarias se puede tratar un tema que no es de competencia de esta Cámara”, reprochó.

“La designación de miembros de AGN (Auditoría General de la Nación) no se encuadra en ninguna de estas categorías, ya que integra un órgano de control externo que excede el funcionamiento del Congreso”, argumentó. Al remarcar que “no se puede tratar, es anticonstitucional”, aseguró que “la falta de códigos, de respeto por los compromisos asumidos, corre por cuenta de La Libertad Avanza”.

A su reclamo, se sumó Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, por lo que su bloque optó por retirarse del recinto junto a las bancadas del PRO, la UCR, y Provincias Unidas.

A pesar de esto, la votación siguió su curso, se aprobaron los nombramientos e, incluso, se tomó juramento a dos de los auditores designados. En el caso de Calletti, asumió el cargo minutos más tarde, debido a que todavía no había llegado al Congreso.

“No sabemos quiénes son”, dijo a TN la diputada Karina Banfi, de la UCR, al recalcar que el tema no se había tratado en comisión previamente.

Previo a esto, se creía que la Auditoría General de la Nación iniciaría el 2026 paralizada, por la cantidad de vacantes existentes. Hasta esta madrugada, el organismo solo se encontraba compuesto por su titular, Jesús Rodríguez Olmos, debido a que ninguna de las Cámaras había designado a sus auditores. La Comisión Mixta Revisora de Cuentas, compuesta por Miguel Ángel Pichetto, y el legislador kirchnerista Juan Manuel Olmos, trabajó para sostener el plan de auditoría.

Así, la comisión bicameral logró en los últimos meses un avance significativo respecto a gestiones anteriores, agilizando el tratamiento de más de 550 expedientes y definiendo las Cuentas de Inversión correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 y 2020, que abarcan tanto la administración de Mauricio Macri como la de Alberto Fernández.

En la discusión sobre el Programa de Acción Anual (PAA) 2026, se planteó que, según la tradición parlamentaria, tras la aprobación de la bicameral y con las firmas de los presidentes de las comisiones de Presupuesto de Diputados y del Senado —los libertarios Alberto Benegas Lynch y Ezequiel Atauche—, el plan podría considerarse cerrado y validado.

No obstante, con la integración de los auditores nombrados por Diputados, aún quedaría pendiente la definición de los representantes del Senado en la AGN. Previo a esto, el bloque kirchnerista presionó al radicalismo para conformar una mayoría que les permita designar dos miembros propios y uno del partido centenario, con el objetivo de excluir a LLA de la conducción del organismo. Sin embargo, se trató de una estrategia que no dio los frutos esperados para la oposición.

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