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Qué dice el duro informe de la CGT sobre el efecto perjudicial de la reforma laboral en las obras sociales

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La CGT equiparó la reforma laboral que impulsa el Gobierno con un “ataque” contra las obras sociales sindicales porque busca su “desfinanciamiento no como un efecto colateral sino como un objetivo político que apunta a desarticular uno de los principales soportes materiales de la organización sindical y del derecho a la salud”.

Según un informe del secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), el proyecto oficial “no constituye una simple actualización normativa ni una modernización del mundo del trabajo sino que se trata, por el contrario, de una transformación estructural regresiva que impacta de manera directa y profunda sobre uno de los pilares históricos del modelo sindical argentino: el sistema de obras sociales sindicales”.

“Las obras sociales sindicales no son un privilegio corporativo ni un beneficio accesorio sino que son parte integrante del sistema de seguridad social y cumplen una función esencial de redistribución del ingreso y de garantía del derecho a la salud de millones de trabajadores y sus familias”. Y agrega que “su lógica es solidaria: quienes más aportan sostienen a quienes más necesitan, y su financiamiento está indisolublemente ligado al empleo formal, a la negociación colectiva y a la obligatoriedad de los aportes y contribuciones”.

“La reforma laboral avanza de manera explícita contra este sistema”, advierte el informe de la CGT, tras lo cual detalla: “El artículo 161 reduce la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales del 6% al 5%. Esta modificación, presentada como un alivio para los empleadores, implica en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral. Las estimaciones oficiales indican que esta rebaja representa una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalentes a aproximadamente el 0,1% del PBI”.

Para la CGT, “no se trata de un dato menor ni de un ajuste técnico: es una transferencia directa de recursos desde el trabajo hacia el capital, que se traduce en menos prestaciones, menor capacidad de cobertura y un deterioro progresivo de la calidad del sistema de salud para las personas trabajadoras; mientras se reducen los costos empresariales, se pone en riesgo un derecho humano fundamental”.

“Este ataque directo se complementa con mecanismos indirectos, pero no menos graves -asegura el informe cegetista-. La reforma elimina la ultraactividad de las cláusulas obligacionales de los convenios colectivos de trabajo. Entre ellas se encuentran los aportes y contribuciones con destino sindical y a las obras sociales. Al disponer que estas cláusulas cesan automáticamente al vencimiento del convenio, salvo acuerdo expreso, se introduce una inestabilidad estructural en el financiamiento del sistema, fortaleciendo la posición de los empleadores y debilitando la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales”.

Asimismo, añade la central obrera, “la voluntarización de aportes y la eliminación de los mecanismos de retención automática fragmentan la recaudación y erosionan el carácter solidario del sistema. Las obras sociales sindicales dejan de contar con flujos previsibles y estables de recursos, quedando expuestas a un desfinanciamiento progresivo que afecta especialmente a aquellas que cubren a los sectores más vulnerables del mundo del trabajo”.

Según la CGT, “el impacto de la reforma se agrava si se lo analiza en conjunto con el resto de las medidas impulsadas: la expansión del monotributo; la exclusión de los trabajadores de plataformas del régimen laboral; la tercerización y la caída sostenida del empleo registrado reducen la base de aportantes al sistema”. Y enfatiza que “menos trabajadores formales implica menos recursos, pero también mayor presión sobre un sistema de salud que debe atender a una población cada vez más precarizada”.

“Nada de esto es casual -prosigue el informe-. La reforma laboral forma parte de una estrategia integral de debilitamiento del sindicalismo, de la negociación colectiva y de los mecanismos de protección social construidos a lo largo de décadas de lucha. El desfinanciamiento de las obras sociales sindicales no es un efecto colateral: es un objetivo político que apunta a desarticular uno de los principales soportes materiales de la organización sindical y del derecho a la salud”.

En el documento de la CGT se precisa cómo funciona en nuestro país el sistema de salud en general y las obras sociales sindicales en particular. “Mucho se ha dicho sobre las obras sociales sindicales, que se constituyen en columna vertebral de un sistema de salud colapsado”, asegura, luego de lo cual detalla que “en nuestro país la salud se aborda de tres maneras: 1) A través de un sistema privado de empresas prepagas (donde las personas se introducen como clientes y abonan una cuota en función de la cantidad de carga de familia que tienen); 2) Un sistema de salud pública constituido por los Hospitales públicos, nacionales, provinciales, municipales completamente desfinanciados; y 3) El sistema de las obras sociales sindicales que se sostiene con un aporte establecido y fijado en función del salario de la persona trabajadora (más allá de cuántas personas comprendan su grupo familiar; o sea, el porcentaje es el mismo ya sea una sola persona o una familia numerosa). Ese porcentaje es de un 3 por ciento a cargo del trabajador y un 6 por ciento a cargo del empleador. El 3 por ciento se deriva a las obras sociales sindicales (quienes tienen auditorías periódicas; controles y no pueden gastar más de un mínimo porcentaje en gastos administrativos; el aporte deben utilizarlo para brindar servicios a sus asociados) y un 6 por ciento que se deriva a un Fondo Solidario de Redistribución que se encarga de cubrir los gastos derivados de las enfermedades más graves y costosas y de la discapacidad (donde, de los 55 millones del Fondo, 50 se los lleva solamente la discapacidad)”.

En el informe se puntualiza que “las obras sociales sindicales además deben integrar entre el 15 y el 20 por ciento (según su naturaleza) a este fondo solidario; tienen a su cargo la obligatoriedad del PMO (Programa Médico Obligatorio) y están obligadas a recibir, a su cargo, monotributistas y personas jubiladas, cosa que las empresas prepagas no, por lo menos hasta el momento (con la desregulación que propuso el Gobierno pueden inscribirse para competir con las obras sociales); hoy, muchos sindicatos están derivando fondos propios a las obras sociales para poder mantener y preservar los servicios”.

“El sistema de salud en general está en crisis, sufre una situación crítica derivada de su desfinanciamiento -sostiene-. De no mediar cambios conducirán a la quiebra. Como bien lo difundieron los medios de comunicación, esta realidad se hizo evidente cuando las empresas de medicina prepaga intentaron duplicar sus tarifas. En ese momento, la sociedad en su conjunto, se preguntó por la gravedad de la situación. Si las prepagas manifiestan que entrarán en quiebra, ¿qué queda para las obras sociales que tienen ingresos que dependen directamente de un porcentaje del salario?”.

“Porque además sumémosle los despidos, la licuación de los salarios, tanto por la pérdida de su poder adquisitivo como por el aumento de los pagos no remunerativos, sin aportes, que golpeó duramente a las obras sociales sindicales. Estas últimas perciben un porcentaje sobre los sueldos devaluados y deben enfrentar gastos bajo la lógica del mercado, donde los medicamentos han triplicado su valor. Los salarios se han convertido en la nueva variable de ajuste, afectando no sólo a las obras sociales, sino también a la capacidad financiera de los sindicatos, la principal ayuda económica”.

Para finalizar, el informe destaca: “Desde el movimiento sindical sostenemos con claridad que no hay modernización posible si se construye sobre la pérdida de derechos. Defender las obras sociales sindicales es defender el derecho a la salud, la solidaridad y la dignidad de quienes viven de su trabajo. La reforma laboral, tal como está planteada, avanza en sentido contrario y profundiza las desigualdades sociales, transfiriendo recursos desde quienes trabajan hacia quienes concentran el poder económico”.

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El PJ bonaerense acelera la renovación de autoridades y ya tiene la fecha para la presentación de candidatos

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El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires se encuentra en plena etapa de definiciones rumbo a la elección interna prevista para el domingo 15 de marzo de 2026, fecha en la que se renovará la conducción del principal partido de oposición en el distrito más grande del país. Días atrás se terminó de definir el cronograma electoral; en donde establece plazos para la presentación de avales, impugnaciones y listas de candidatos. En este contexto, el espacio del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se encuentra por estas horas cargando afiliaciones. El 8 de febrero es la fecha límite en la que se sabrá si el PJ va a una interna o llega a la renovación de autoridades en unidad.

La discusión interna enfrenta a figuras de peso como Máximo Kirchner, actual titular del PJ bonaerense, quien representa a La Cámpora y cuenta con el respaldo de intendentes e integrantes del espacio kirchnerista. En paralelo, Kicillof impulsa su propio armado y aunque busca tomar distancia de esa negociación, sus ministros e intendentes que se enrolan en el Movimiento Derecho al Futuro se mantienen activos en la búsqueda de avales y algunos de ellos suenan como posibles nombres para disputar la conducción partidaria si es que, efectivamente, hay internas.

Así, la fecha límite para la presentación de candidaturas, fijada para el domingo 8 de febrero de 2026, será un punto de inflexión. A ese día llegarán con las negociaciones agotadas por la interna. Antes de esa instancia se exhibirán los padrones. Será desde el jueves 22/1/26 al martes 27/1/26; mientras que las impugnaciones podrán presentarse hasta el 15 de febrero. Este viernes habrá una reunión de la junta electoral del partido en la sede del PJ en Matheu.

Hay distintos escenarios. En la última reunión del Consejo del Partido, que se llevó adelante el 19 de diciembre en el distrito de Malvinas Argentinas, se consensuó que la fecha para renovar autoridades será el 15 de marzo del 2026 y en el marco de la negociación el MDF logró incluir dos nombres propios al grupo de apoderados del partido. Son Ana Laura Ramos, referenciada en el intendente platense Julio Alak, y María Sol Berriel, subsecretaria de Legal y Técnica de la provincia, que responde directamente a Vila. Los aspirantes originales, la Secretaria General de Gobierno, Agustina Vila, y el jefe de gabinete de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, presidida por Verónica MagarioMariano Díaz Ordoñezno pudieron ser apoderados porque no reunían la condición de afiliados al partido.

El cronograma, difundido por el Consejo Provincial PJ, detalla que la aprobación formal de las boletas ocurrirá el miércoles 4 de marzo de 2026; la elección el 15 y el inicio del escrutinio está previsto para el lunes 16 de marzo. “Estamos cargando afiliaciones sin parar”, reconoció un funcionario provincial esta semana. Del encuentro en Malvinas Argentinas, el sector de Kicillof también logró el acceso a “las claves”, del sistema interno para la carga digital de afiliaciones. La carrera es a contrarreloj.

Kirchner podría ir por un nuevo mandato al frente del PJ bonaerense. En el kirchnerismo aseguran que esa era la idea acordada con Kicillof al momento del cierre de listas de las elecciones de este año, pero que luego del mandatario provincial no “respetó” el acuerdo.

Los últimos episodios que exhibió la interna del peronismo fueron más allá de cruces discursivos. Los incidentes en Quilmes y en Lanús que tuvieron a la conducción de La Cámpora en PBA como actores principales —puntualmente la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza y Julián Álvarez por Lanús— de una situación casi inédita. Movimientos sociales reconocidos en el peronismo como la UTEP o el Movimiento Evita, reclamando ante intendencias cuya terminal política final es Cristina Kirchner. En el medio, desde el cristinismo sospechan que el gobierno de Kicillof “está detrás” o tiene cierta influencia en los incidentes desatados en las dos comunas camporistas. La desconfianza es total y en este contexto arribar a un esquema de unidad en el peronismo bonaerense parece complejo.

Además de una posible continuidad de Kirchner, otros dirigentes que asoman para pelear la conducción del PJ provincial del lado del MDF son la vicegobernadora, Verónica Magario; el intendente de La Plata, Julio Alak —que responde directamente a Kicillof y estuvo muy activo en el ordenamiento de fechas internas— o en su momento empezó a circular el nombre del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Más en el medio, asoma el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. El intendente de uno de los distritos de peso de la Tercera sección electoral busca intermediar entre ambas partes; a veces lo logra con mayor o menor eficacia. Su estrategia de conciliador no sería descartada —sobre todo— por el kirchnerismo. En la previa a la reunión del PJ gestionó algunos acercamientos gestuales entre ambos sectores. De no ser Kirchner, el cristinismo podría respaldar la figura de algún “tapado o tapada”.

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El Gobierno busca dar “señales claras” y se juega a cerrar el año con una victoria en el Congreso

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Tras varias idas y vueltas, finalmente la Cámara de Senadores se encamina a tratar el Presupuesto 2026 que envió el Gobierno Nacional y que, si bien en un primer momento no integraba el listado de prioridades, pasó a configurar el único objetivo legislativo de un diciembre que nació ambicioso, pero que debió reajustarse por errores propios y la falta de consensos. Pasada la Navidad y en las vísperas de un nuevo año, en Casa Rosada creen que están los votos necesarios para la aprobación de la previsión presupuestaria que varios dolores de cabeza le produjo a la mesa chica que rodea al presidente Javier Milei.

De concretarlo, el Poder Ejecutivo, que se vio obligado a adaptar el discurso luego de plantear el rechazo de la oposición al capítulo XI como una derrota, anotaría su primer logro legislativo del segundo tramo de la gestión durante las sesiones extraordinarias que podrían extenderse del 27 de enero para concluir en febrero con un temario complejo.

En el ideal libertario, el Presupuesto 2026 debería aprobarse sin modificaciones, lo que evitaría que el proyecto retorne a la Cámara de Diputados en una dilatación de los tiempos. “Se va a aprobar, con un número importante para general, pero también con los necesarios para el particular. Hay muchas individualidades que no tienen pertenencias ni lazos con sus gobernadores”, vaticinaba un funcionario ante Infobae respecto a la convalidación del articulado.

En otras oficinas de Balcarce 50 se animaban a pronosticar un triunfo con al menos un piso de 41 acompañamientos a favor, con la garantía de haber receptado que las modificaciones pensadas no fueron bien recibidas por la oposición, pero hay resquemores por la votación del articulado. “Hay un solo artículo con menos apoyo, pero está ordenado. Hay consensos para que salga así”, garantizaba a este medio una importante voz con acceso al despacho presidencial a este medio.

Luego de una danza de posibilidades, desde vetar el presupuesto, a contraofertar modificaciones para aplicar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, finalmente la administración libertaria cerró filas en la defensa del proyecto tal cual fue aprobado en Diputados. Sin embargo, a contramano de los buenos pronósticos, maduran un plan B: si finalmente incluye modificaciones, podrían extenderse una semana más las extraordinarias durante los primeros días de enero. “Vamos a esperar a ver el resultado para definir”, confesaron a este medio.

El Gobierno necesita establecer una hoja de ruta de gastos y recursos como señal a los mercados y a los organismos internacionales. “El Presupuesto logrado significaría todo. Venimos hablando de la importancia de tener el Presupuesto sin déficit, sería una señal clara e importante”, destacó un alfil al tanto de las negociaciones legislativas.

Lo cierto es que el Ejecutivo sabe que para poder dar lugar al tratamiento de la Reforma Laboral, que contempla algunos componentes tributarios deben tener la hoja de cálculo para el año entrante definida. Para eso, apuestan a la cintura de la flamante jefa de bloque de la Cámara Alta, Patricia Bullrich, de basta experiencia en la materia para evitar la incorporación de modificaciones y la conquista de la aprobación de la Ley de Leyes, pero también del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal este viernes. “Inocencia Fiscal para nosotros es crucial. Lo vamos a explicar mejor más adelante, pero es la ley más importante de nuestro Gobierno”, subrayó una fuente inobjetable de la gestión.

Este viernes, se espera la presencia en las sombras del ministro del Interior, Diego Santilli, quien podría seguir la sesión en las oficinas del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto al armador del interior, Eduardo “Lule” Menem. Podría incluso darse una vuelta por los pasillos del Congreso el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Después de cuatro reuniones seguidas de la mesa política, algunas encabezadas por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, otras por el ministro coordinador, la estrategia definida fue cerrar filas detrás de la defensa de la media sanción del Presupuesto en Diputados y cerrar diciembre con la aprobación definitiva.

Bajo ese mandato, en la última semana se intensificaron los contactos con la idea de consolidar las negociaciones en la previa a la sesión y evitar los sobresaltos que sorprendieron hasta al propio Martín Menem cuando detectó el pasado miércoles que varios legisladores que responden a gobernadores aliados votaron en contra o se ausentaron.

La mesa política en su conjunto activó terminales, para potenciar la labor de Bullrich. De esta forma, el asesor Santiago Caputo recibió al senador de la provincia de Santa Cruz José María Carambia, quien mantiene resquemores con la exministra e integra un bloque de dos que no responde al mandatario provincial Claudio Vidal. Junto a la senadora Natalia Gadano acompañarán la voluntad del Ejecutivo.

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, fue otro de los que circuló esta semana por Casa Rosada y los contactos con otros representantes de las provincias como el mendocino Alfredo Cornejo también abundaron.

Una vez alineado el discurso oficialista, la Unión Cívica Radical (UCR) y varios peronistas aliados expresaron cuestionamientos a los artículos 30 y 12 referido al financiamiento docente y de la ciencia y a los fondos para universidades nacionales. Como contó este medio, en las filas libertarias aseguran que no habrá margen para introducir cambios y afirman que la redacción es la misma que obtuvo dictamen días atrás. “Firmaron el dictamen. O no lo leyeron o solo intentan hacer olas”, argumentaron ante este medio.

Pese a las críticas, en Balcarce 50 se jactan de llegar a este viernes con la garantía del acompañamiento de los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). No hay tanto optimismo con el bloque Convicción Federal y el Frente Cívico que comanda Gerardo Zamora, quienes avisaron que están dispuestos a votar a favor en general y en contra en la discusión por artículos.

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El Senado define hoy el destino del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal

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El pleno del Senado realizará este viernes una sesión con la que espera finalizar su año y, sobre todo, sancionar dos leyes que quiere mostrarle el Gobierno libertario al mercado: el Presupuesto 2026 y la inocencia fiscal. La principal lupa estará en el primer proyecto, ya que presenta un puñado de artículos que generan tensión con la oposición dialoguista, de cara a votaciones en particular con numerología más fina.

La reunión en el recinto de la Cámara alta está citada para las 12 y forma parte del período extraordinario que convocó Javier Milei hasta el martes 30 de diciembre. Para el convite de hoy se previsualizan otros dos momentos que concentrarán atención. En primer término, el oficialista libertario Enzo Fullone tendrá que jurar en reemplazo de Lorena Villaverde, que nunca pudo sentarse en su banca por su historial judicial.

Además, durante el inicio de la sesión habría fuertes quejas del renovado interbloque kirchnerista, que ahora se llama “Popular”, por el reparto de comisiones acordado por el oficialismo y la oposición dialoguista. De hecho, la Libertad Avanza aguarda esa instancia con todos los antecedentes realizados durante largos años por el cristinismo en el Senado. Algunos son muy recordados y, en comparación, la protesta que concretaría el justicialismo se convertiría en un canapé, en caso de querer exponer todo en el recinto.

Una vez consumados los rounds “Fullone” y “comisiones” -quizá algún homenaje y cuestiones de privilegio extra por cualquier cosa, menos lo que dicta el reglamento-, se podrá ingresar a la discusión de las iniciativas. El plan de gastos e ingresos para 2026 prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno (PBI); inflación anual de 10,1%; y un dólar que rondará, en diciembre del año que viene, $1.423. Según la Casa Rosada, el superávit primario será de 1,5% del PBI; el financiero, de 0,2%. Además, se estiman que las exportaciones se incrementarán 10,6%.

En los últimos días -como contó Infobae-, el debate más jugoso pasó por qué ocurrirá con el artículo 30, que elimina pisos sobre el financiamiento de los sistemas Educativo y de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa. De hecho, este medio informó, semanas atrás, las quejas que aterrizaban al Congreso desde el interior del país.

Otro artículo es el 12, que establece: “Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación -que comanda Carlos Torrendell– del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en casos de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”.

La cuenta de la que parte el oficialismo para la jornada de hoy implica: 21 legisladores de La Libertad Avanza -Fullone adentro-; 10, de la UCR; tres del PRO, y el resto de silvestres provinciales. En total, 44. Y no todos dispuestos a acompañar a libro cerrado. Entonces, a priori, algunas bajas no frenarían el plan del Gobierno. Más aún, con el refuerzo que vendría de algunos peronistas por orden de sus gobernadores. No obstante, en el terreno de la verdad es donde tendrá que estar con todos sus sentidos prendidos la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

Detrás de todo esto corre el deseo del mercado de ver a un Ejecutivo libertario en control del Congreso, más allá de haber pospuesto la reforma laboral -de mínima, aunque se prevé más- a febrero próximo, si es que la Casa Rosada vuelve a convocar a sesiones extraordinarias. Si no, quedará para marzo. Lo que se juega hoy es conocido por los bloques, gobernadores y actores centrales del círculo rojo. Es decir: las trampas y picardías de último minuto emergerán rápido a la superficie, ya sea para mostrar leyes sancionadas o un clima de conflicto eterno que, en el fondo, ya nadie sabe a quién le conviene.

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