La junta electoral del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires mantuvo un encuentro en la antesala de lo que será la renovación de autoridades fijada para el 15 de marzo próximo. El encuentro, de carácter procedimental, sirvió para seguir trabajando el ordenamiento del proceso que implica una elección interna. Sin garantías de que el proceso electoral se lleve adelante, en el PJ intentan allanar el camino para que —en caso de que haya elecciones— sea lo más transparente posible.

Por estas horas, la atención pasa por las afiliaciones con las que cuenta el PJ y la conformación del padrón electoral a presentar ante la Justicia Electoral, que es quien debe validar en última instancia por la legalidad de la elección. “Una cosa es que los compañeros estén afiliados y otra que estén incluidos en el padrón electoral”, describió uno de los integrantes de la junta partidaria a Infobae. El mismo dirigente adelantó que “se está trabajando para que el Juzgado —Federal 1, con competencia electoral y a cargo de Alejo Ramos Padilla— incluya a todos los afiliados que tengan por lo menos 180 días de antigüedad en el padrón”.

Por un lado, esto quiere decir que quienes tengan menos de 180 días de afiliados al día de la elección no podrán votar. De realizarse una interna, sería el 15 de marzo. Así, las afiliaciones generadas a partir del 17 de septiembre del año pasado no podrán participar de la elección interna.

Los padrones se exhibirán entre el 22 y el 27 de enero, según el cronograma fijado. Es una carrera a contrarreloj y con cierta complejidad; toda vez que la justicia electoral se encuentra en feria judicial.

En lo que aún no se adentró demasiado es cómo se renovarán las autoridades. Si será mediante internas o finalmente se alcanzará una instancia de unidad con una sola lista proclamada.

La definición está atada a la discusión y tensiones con las que convive el peronismo. Hay varios intereses cruzados y con proyección hacia 2027 dentro del principal partido de oposición al gobierno de Javier Milei en la provincia de mayor peso del país.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, intenta que la discusión del PJ provincial no influya en su plan político para este año que inicia; que básicamente será de una construcción más federal hacia 2027, momento en el que se llevarán adelante las elecciones nacionales. Antes de llegar a esa instancia, el mandatario bonaerense intenta tener “ordenado” el escenario político en la provincia que gobierna.

Un sector de intendentes y dirigentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) ven en la renovación de autoridades fijadas para el PJ la posibilidad de imponerse ante el kirchnerismo y las figuras de La Cámpora. Sin embargo, en el cristinismo reina la cautela y aguardarán hasta última instancia para negociar.

Por lo pronto, el 8 de febrero vence el plazo para la presentación de candidatos. Ese día —que cae domingo— se sabrá si el peronismo bonaerense irá a una interna o llegará a la unidad. Una instancia electoral será toda una novedad. Cerca de Kicillof admiten que ningún sector quiere pagar el costo político y económico de encabezar una elección interna.

Sin embargo, el Movimiento Derecho al Futuro, tiene dos nombres que llevan algunos cuerpos de ventaja como posibles postulantes. La vicegobernadora, Verónica Magario, por un lado, y el intendente de La Plata, Julio Alak, por el otro.

Magario es la apuesta de Kicillof y de un grupo de intendentes si es que efectivamente se realiza la interna. A fin de año, en un acto junto a Kicillof y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, la dirigente blanqueó que iban a ir “por la herramienta del PJ”.

El caso de Alak, aparece como figura más componedora y en la que Kicillof y su círculo más íntimo de colaboradores confían. El nombre de Alak podría reunir, incluso, algunos consensos del kirchnerismo para esquivar una elección interna. Ministro y funcionario durante las presidencias de Cristina Kirchner, estuvo activo en los últimos movimientos dentro de la vida interna del PJ bonaerense, como fue la reunión del Consejo partidario, celebrada en Malvinas Argentinas. Allí, negoció la ampliación del grupo de apoderados del PJ para que el MDF tenga su representación. De los dos nombres que se incluyeron, uno fue a propuesta suya.

La junta partidaria del PJ bonaerense se reunirá nuevamente el 20 de enero.

El Partido Justicialista bonaerense, que preside el diputado nacional, Máximo Kirchner, sigue delineado el proceso de renovación de autoridades fechado para el próximo 15 de marzo. En este marco, este viernes se reunirá nuevamente la junta electoral partidaria. Es el segundo encuentro de estas características desde que se acordó el mes de marzo como instancia para actualizar la integración del consejo partidario.

La reunión será modalidad mixta y atada a cuestiones procedimentales. El pasado 26 de diciembre, la junta partidaria —que está presidida por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini— acordó el reglamento en caso de que se lleve adelante la elección interna. Entre otros puntos, allí se estableció que las candidaturas deberán respetar la Ley de Paridad de Género y estar acompañadas por avales de afiliados, que también tendrán un procedimiento específico y un tope en la cantidad de listas que pueden acompañar.

También, se asegurará que todas las listas presentadas serán exhibidas y, en caso de impugnaciones, la Junta resolverá de manera rápida. Si solo una lista se presenta, los afiliados tendrán 48 horas para impugnarla si encuentran irregularidades. Además, en caso de que se lleve adelante el acto eleccionario, el sistema asegura que no solo la lista más votada tenga representación. Si una segunda lista consigue al menos el 25% de los votos, se le asignará el 25% de los cargos, en cumplimiento también con la Ley de Paridad de Género.

Además de Nardini, al momento de su constitución en 2021, la junta electoral quedó integrada también por la vicegobernadora, Verónica Magario; la Jefa de Asesores de ministros, Cristina Álvarez Rodríguez; la presidenta del Instituto de Previsión Social, Marina Moretti; los diputados provinciales, Mariano Cascallares, Avelino Zurro, Juan Pablo De Jesús, el senador Adrián Santarelli; el ex intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta; la concejal de Olavarría, Liliana Schwindt; la secretaria de Desarrollo Humano y Social de Monte Hermoso, Rosana Sotelo —alineada con el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Alejandro Dichiara; Carolina Correge del espacio de Florencia Saintout.

En la última reunión del consejo del partido que se llevó adelante el 19 de diciembre en el distrito de Malvinas Argentinas, Kirchner anunció que habrá internas o renovación de autoridades partidarias el 15 de marzo. Aunque sugiere toda una novedad, son pocos —o al menos los interesados— en vaticinar que efectivamente habrá una elección interna entre dos o más opciones.

Como dio cuenta Infobae, hay muchos nombres dando vueltas, tanto si hay un esquema de unidad o si efectivamente se llevan adelante los comicios. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, busca tener un partido que lo respalde plenamente en lo que será su carrera hacia el 2027. Por eso, este 2026 será clave para ordenar al peronismo en la provincia que gobierna.

En La Plata hay algunos nombres para proponer. La vicegobernadora, Verónica Magario, es una de las más activas en esta discusión. También sumó un rol importante en las últimas negociaciones el intendente de La Plata, Julio Alak; otro kicillofista.

Si bien es del espacio político del mandatario provincial, también tiene diálogo con otros sectores del peronismo y su figura podría presentar cierto consenso. En la reunión del consejo partidario en Malvinas Argentinas, el jefe comunal de la capital bonaerense formó parte de la comitiva que negoció la ampliación de los apoderados del partido, dándole así participación al Movimiento Derecho al Futuro. Una de las nuevas apoderadas -Ana Laura Ramos- está en el alakismo.

También hay intendentes de distritos de peso en la danza de nombres. El propio Nardini; el jefe comunal de Lomas de Zamora, Federico Otermín; de Moreno, Mariel Fernández, son algunos de ellos. Fernández fue explícita. En tanto que el lomense es otra figura que podría reunir cierto consenso. Si bien en el entorno de Kicillof reconocen el diálogo con Otermín, también le endilgan que en última instancia su terminal política es Cristina Kirchner.

En los últimos días, otros dos nombres que también empezaron a repetirse cercanos al gobernador, pero con puentes hacia el kirchnerismo, son el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, que actualmente es consejero por la Primera sección electoral.

El Gobierno tiene previsto continuar este año con su política de reducción de la dotación en diversas áreas de la Administración Pública Nacional (APN). Se trata de una de las tantas variables de ajuste que el presidente Javier Milei considera precisas para avanzar con el objetivo de desescalar el tamaño del Estado, así como el gasto público.
Se trata de un pedido que fue realizado en una de las últimas reuniones de Gabinete realizadas en Casa Rosada por el mes de diciembre. Con la venia de Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, instruyó a los nueve ministros y secretarios presidenciales a continuar con reducciones significativas en sus respectivas dotaciones.

“Deberíamos poder avanzar con el 10% en el cortísimo plazo”, habría sido la tarea solicitada, según indicó a Infobae un importante miembro del Gabinete. La evaluación de objetivos sería hacia finales del primer trimestre de este 2026.
El último informe del INDEC sobre dotación estatal dio que, hasta noviembre de 2025, la cantidad de empleados públicos era de 281.785. El objetivo de la reducción más urgente del 10% no cabría directamente sobre esa cifra total, la cual se puede desmembrar de la siguiente manera:

Administración Pública Nacional: 192.219 empleados
Empresas y sociedades: 89.566 empleados
Miembros del Gabinete consideran que el 10% podrá ser concretado con mayor facilitad en la denominada administración centralizada, que tiene 39.011 empleados directamente empleados por la Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete y los nueve ministerios.
El resto forman parte de organismos descentralizados (tienen presupuesto y autonomía), desconcentrados (son una extensión más de los ministerios) y otras entidades. Estas tres últimas también tendrían la tarea de reducirse, así como las empresas y sociedades. Pero el procedimiento debería ser menos automático que con los ministerios.
Adorni le solicitó a sus seis secretarios que debían reducir su dotación de personal en un 20%. Por caso, tal y como lo contó Infobae un mes atrás, Adorni le solicitó a sus seis secretarios (Coordinación Legal, Asuntos Estratégicos, Ejecutiva, Innovación, Comunicación y Turismo y Ambiente) que debían reducir su dotación de personal en un 20%. Es muy probable que no se consiga ese número final porque hay algunos de ellos que lo consideran difícil en términos de supervivencia operativa. Pero prevén que se supere el 10% antes de terminar el primer trimestre.

El mes pasado se publicó el decreto que oficializó el organigrama de la estructura superior de la órbita de Adorni. Es decir, qué Secretarías y Subsecretarías existen a partir de la separación de la Jefatura de Gabinete con el Ministerio del Interior. Todavía queda publicarse el decreto que determine la estructura inferior: aseguran que habrá un proceso de “simplificación” y de “recortes” de direcciones y coordinaciones.

Así como sucedió esta esfera, en la cúpula del Gobierno afirman que esperan una réplica de aquello en los ministerios y secretarías presidenciales. “Sabemos que cada ministerio después va a hacer su propio criterio. Qué subsecretarías, direcciones o áreas estamos con capacidad de reducir o eliminar”, indica una figura del gabinete ministerial.

Milei asumió en diciembre del 2023 con 341.473 empleados. 231.305 de ellos corresponden a la administración pública, de los cuales 54.791 son de la administración centralizada; y 110.168 de empresas y sociedades del Estado. Para llevar a cabo los desplazamientos se realizaron desde despidos directos, pases a disponibilidad hasta retiros voluntarios.
Las carteras que más cantidad de empleados tienen en la actualidad son el Ministerio de Economía (8.348), el Ministerio de Capital Humano (8.231) y el Ministerio de Salud (5.954). Las de menores dimensiones son Desregulación y Transformación del Estado (384), Interior (953) y Defensa (983). Los dos organismos más grandes son el CONICET (25.686) y el ARCA (18.939).

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había alertado el mes pasado de un intento de recorte del 10% de la planta estatal en organismos descentralizados como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), entre otros.

“Quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza. Tienen que convocar a paritarias y otorgar una recomposición salarial de manera inmediata”, señaló el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, durante la convocatoria al Paro Nacional realizado en diciembre.

El ajuste fiscal emprendido por el mileismo supuso una reducción real del 27% en el gasto público nacional entre 2023 y 2025, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Esa disminución, que equivale a $50 billones a precios de noviembre de 2025 (unos USD 38.000 millones), se ha concretado, en buena medida, a través de recortes enfocados en jubilaciones, programas sociales y salarios públicos.

Asimismo, los salarios de los fondos destinados a empleados públicos nacionales experimentaron una retracción real del 25,8%, es decir, 6,3 billones de pesos menos, por efecto tanto de la disminución de la planta laboral como de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.