El equipo de abogados de la ex presidenta Cristina Kirchner ultimaba detalles de los próximos pasos de la estrategia judicial de la ex mandataria luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso en queja de su defensa y dejara firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El abogado Carlos Beraldi, que representa a la ex jefa de Estado, ya elevó al Tribunal Oral Federal N°2 de Comodoro Py, presidido por Jorge Gorini, la solicitud de arresto domiciliario, por lo que se aguardaba la definición del cuerpo magistrado ante ese requerimiento.
En la presentación, Beraldi pidió que Fernández de Kirchner haga efectiva la pena en el inmueble ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde actualmente se encuentra la ex presidenta y desde donde suele saludar desde el balcón a la militancia que acude a respaldarla.
Otro de los pasos que deberá acatar la también presidenta del PJ es el cumplimiento del calendario que impone la Justicia, ya que tiene tiempo hasta el próximo miércoles para presentarse en los tribunales federales de Retiro, hecho que su equipo de asesores legales dio por consumado.
Ante la prensa, Beraldi se mostró optimista por la eventual aceptación del pedido de prisión domiciliaria y dijo que “tiene 72 años, es ex presidenta de la Nación, tiene una custodia específica; para eso está la prisión domiciliaria. El Tribunal decidirá”, añadió, al agregar además que no tendrá limitado el régimen de visitas.
En tanto, Gorini, que es el encargado de certificar el cumplimiento de la pena, elevó un oficia al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, en la que le solicita una dependencia del ámbito federal para los detenidos en esta causa.
En otra línea, el magistrado notificó a la Cámara Nacional Electoral (CNE) por la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre la ex mandataria.
También Gorini ordenó a Migraciones reforzar los controles y evitar que la ex mandataria intentara salir de la Argentina y radicarse en algún país que no tenga tratado de extradición.
El último caso de esas características fue el de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, acusado de operador judicial durante el macrismo y quien se afincó en Uruguay, de donde no regresó hasta que fue fue sobreseído.
La apelación ante la Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, fue la última instancia que tuvo Fernández de Kirchner para intentar que la Justicia revise la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta.
Es por eso que otro abogado del equipo de la ex mandataria presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) a principios de esta semana por “persecución política, mediática y judicial”: se trata del letrado Gregorio Dalbón, quien acudió a la Oficina del Fiscal de ese tribunal.
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