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A menos de una semana del cierre de alianzas en la Ciudad, el PRO y LLA no lograron encarrilar una sociedad

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El próximo miércoles 19 de marzo vence el plazo del cierre de alianzas electorales para los
comicios legislativos en la ciudad de Buenos Aires, donde el PRO como partido gobernante y La Libertad Alianza (LLA) no lograron encarrilar una alianza.

Los comicios porteños serán el 18 de mayo a partir de la decisión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, de desdoblar las elecciones del calendario electoral nacional.

Según señala el artículo 75 del Código Electoral capitalino, la semana próxima los partidos políticos deberán presentar el nombre de la alianza con la que competirán, entre otras cuestiones reglamentarias. 

La elección en la Ciudad asoma con una gran lucha de pesos pesados por la latente disputa entre el PRO, que gobierna desde el 2007, y LLA.

Se trata de dos socios a nivel nacional, principalmente en el  Congreso, pero que en la Legislatura no pudieron poner en práctica esa misma reciprocidad: LLA le presentó serias dificultades al PRO, que tiene como dueño y titular del partido al ex presidente Mauricio Macri.

Al poco tiempo de haberse robustecido en la Ciudad, la bancada libertaria se quebró luego de que Pilar Ramírez, referenciada en Karina Milei, le arrebatara la conducción a uno de los fundadores
histórico de ese partido, Ramiro Marra, alejado hasta del propio presidente Javier Milei.

Tanto fue así que LLA, bajo la conducción de Ramírez, ni siquiera acompañó el Presupuesto de Jorge Macri, lo que complejizó la convivencia entre el PRO y LLA en suelo porteño y los alejó
completamente de una eventual alianza.

En la Legislatura se pondrán en juego la mitad de las bancas: 30 sobre un total de 60. El PRO conserva su alianza con la Coalición Cívica y Vamos por Más, aunque en esta oportunidad irán por separado. Tienen 12 miembros y pondrán en juego la mitad, seis.

Por su parte, la primera minoría, que es Unión por la Patria (UxP), tiene 18 escaños y debe renovar ocho. Por su parte, LLA, que está dividida, renueva seis de sus ocho escaños. Mientras que la UCR-Evolución pone en juego tres de sus ocho bancas.

Más atrás viene Confianza Pública, que plebiscita una de sus tres bancas. Y en sus dos ramas, La Izquierda Socialista y Frente de Izquierda ponen en juego una banca por cada espacio; lo mismo
se replica en el socialismo y Republicanos Unidos.

Danza de nombres

Con el calendario apretado y la novedad del desdoblamiento, la danza de eventuales candidatos comenzó desde hace varias semanas. Muchos de ellos ya tienen historia en la Ciudad y otros buscan utilizar la elección para potenciar sus imágenes en la gran vidriera porteña.

El PRO podría impulsar la candidatura Waldo Wolff, quien fue ministro de Seguridad porteño hasta hace poco menos de un mes. Si bien salió en medio del ruido interno por las reiteradas fugas de presos, otras versiones lo ubicaban como eventual candidato.

Siempre está en el tintero el ministro de Salud, Fernán Quirós, quien el 2023 fue una de las opciones que barajó el espacio amarillo para suceder a Horacio Rodríguez Larreta en el Palacio Municipal.

Lo mismo ocurre con Laura Alonso, que levantó el perfil como vocera de Jorge Macri. Estuvo varios años alejada de los reflectores pero tiene un alto nivel de conocimiento en la Ciudad y tuvo roles importantes en la historia de la administración macrista.

Rodríguez Larreta está anotado en la lista. Se trata del dos veces jefe de Gobierno y que tiene un alto nivel de conocimiento, aunque no aclaró si competirá en suelo porteño o a nivel nacional. Desde el 2023 está alejado del PRO y lanzó su propio espacio, MAD.

LLA, de Ramírez y Karina Milei, no tiene demasiadas caras para exhibir si no recurre a algún peso pesado. Esa cara bien podría ser la del vocero presidencial, Manuel Adorni. No obstante, no hay mayores precisiones. No se descartan la irrupción de algún outsider.

En peronismo las figuras no faltan, pero tampoco las internas. Leandro Santoro emerge como el principal exponente. Fue el candidato a la Jefatura de Gobierno en 2023 y no estuvo tan lejos de arrebatarle la Ciudad a los Macri.

La dispersión y debilidad del PRO, socavada por los libertarios, podría ser una gran oportunidad para el peronismo de dar el batacazo. Otra figura que se posiciona contra Santoro es Juan Manuel Abal Medina, amparado en movimiento sociales clásicos del justicialismo.

El senador camporista Mariano Recalde también puja en la interna entre estos. El jefe del peronismo porteño es Juan Manuel Olmos, quien deberá equilibrar los deseos e impulsos de estos tres candidatos.

La Coalición Cívica ya anunció que su candidata a la Legislatura será Paula Oliveto, actual diputada nacional y abogada; una de las espadas principales de Elisa Carrió en su bloque legislativo.

Mientras que la Unión Cívica Radical (UCR) también irá con nombres propios. Su figura fuerte en la Ciudad es el senador Martín Lousteau. Es el presidente del centenario partido a nivel nacional y se posiciona como una de las figuras a competir. Este año culmina su mandato en el Senado.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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