*Por Hugo Alconada Mon

En los países que se rigen por un sistema presidencialista suele ser sencillo saber cuándo son las elecciones: la fecha siempre es la misma o se determina con muchos meses de anticipación. En Estados Unidos, incluso, los ciudadanos saben que votarán por presidente el martes posterior al primer lunes de noviembre. Pero en Argentina, las urnas dependen de la discrecionalidad y la inestabilidad política. Y eso es mucho decir en estos días, cuando la esperanza del gobierno de Alberto Fernández se centra en una pelota de fútbol.

Desde la teoría, falta un año para que los argentinos acudamos a las urnas para participar en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (llamadas PASO), que deberían ser el domingo 13 de agosto de 2023. Ahí definiríamos a nuestros candidatas y candidatos a la presidencia, que en octubre competirían en la primera vuelta. Pero Argentina y la teoría no se suelen llevar bien: el país está tan revuelto que no sabemos quiénes podrían probarse el traje de candidato; cuáles serían las coaliciones y partidos que competirían; si esa será, en efecto, la fecha para las primarias; y ni siquiera si el presidente Fernández terminará su mandato.

Resulta incómodo plantearlo, pero hasta figuras del oficialismo lo hacen. El último en verbalizarlo fue el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. “Si seguimos con este descalabro no llega nadie a 2023, ni oficialismo ni oposición”, dijo, para luego invitar al resto de la coalición gobernante a mirarse al espejo. “No tenemos que ser ciegos ni culpar a los demás; el Frente de Todos es responsable de algunas cuestiones que han pasado y han afectado a la economía”.

Las encuestas también son elocuentes. Algunas les preguntan a los argentinos si cree que el presidente no logrará llegar hasta diciembre de 2023 (42.4% lo cree “muy o bastante probable). Otras, como la de D’alessio Irol, reflejan que la gestión de Fernández registra su índice más alto de desaprobación desde que asumió, en diciembre de 2019, al punto que ocho de cada 10 argentinos lo evalúan de manera negativa. Esa visión crítica la comparten cuatro de cada diez de sus propios votantes. Y encima, las expectativas sobre el año próximo son igual de negativas.

El panorama actual tampoco ayuda al optimismo. El país se sacude al ritmo de una inflación galopante que cada mes se revisa al alza. Hasta unas semanas se estimaba que podría superar 75% anual, pero ahora se calcula que llegará a 90% anual, mientras que el Banco Central y el dólar se llevan fatal. Tanto, que es cosa de todos los días hablar de cuántas reservas quedan en esa entidad o sobre el dólar oficial, del dólar “blue” —el informal que se compra y vende en las calles—, del dólar “soja” —para los agricultores que exportan—, del dólar “turista” —para los visitantes extranjeros— y una larga lista de más variantes. ¿Por qué? Porque nadie quiere los pesos argentinos.

Sin embargo, la coalición gobernante se mueve entre una esperanza que los incomoda y una pelota de fútbol. Está ilusionada con que el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, pueda enderezar la gestión y evitar el naufragio del gobierno, aunque para lograrlo deba arriar algunas banderas históricas del kirchnerismo. Entre otras, impulsar una reducción del gasto público, endeudarse donde y como sea posible, negociar con el Fondo Monetario Internacional y, acaso, devaluar el peso.

En semejante contexto, el objetivo de muchos funcionarios y referentes del kirchnerismo es llegar al 17 de noviembre, cuando comenzará el Mundial de Fútbol en Qatar. Con Lionel Messi en la cancha, se ilusionan con que los argentinos se olvidarán por unas semanas de sus desgracias. Lo suficiente, al menos, como para quedar a un tris de las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, e iniciar las vacaciones veraniegas de enero. ¿Y luego? Pues luego se verá.

Todo esto explica por qué una pregunta que resultaría menor o anecdótica en otros países que se rigen por el sistema presidencialista, como cuándo se elige al nuevo jefe de Estado, resulta un misterio en Argentina, donde algunos políticos se preguntan si es posible adelantar las elecciones, otros lo dan por seguro, unos más aclaran que ellos no lo han solicitado y casi todas las provincias prevén adelantar sus elecciones para despegarse de las presidenciales y del gobierno nacional.

Que Argentina no pueda responder con certeza cuál es su cronograma electoral dice mucho sobre su descalabro institucional, que a su vez se retroalimenta con su desbarajuste económico, político y social. Resulta otra muestra sencilla, pero contundente, de la distancia que separa a nuestro país de otros donde “largo plazo” implica pensar y planificar a 20 o 30 años. Aquí para el presidente —y por extensión, para todos los argentinos— largo plazo es llegar a diciembre de 2023.

(WashingtonPost)