Mientras el Gobierno activa el protocolo antipiquetes y resta importancia al “poder de movilización” de los movimientos sociales, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) encabezará este martes 9 de diciembre, desde las 10 de la mañana, una Jornada Nacional de Lucha contra el Hambre, por Salario Digno y Trabajo con Derechos, con acciones simultáneas en el AMBA y más de 30 ciudades del país. Entre esos centros de protesta figura el Congreso de la Nación. Las protestas incluyen ollas populares, cortes, asambleas y movilizaciones territoriales que conforman el inicio de lo que diversas organizaciones describen como “un diciembre caliente”.

La medida se da en un escenario social “crítico, atravesado por el congelamiento del Salario Social Complementario (SSC) —fijado en 78 mil pesos desde diciembre de 2023—, la pérdida de ingresos informales, la paralización de la obra pública en barrios populares y la tensión creciente por la reforma laboral que impulsa el Gobierno de La Libertad Avanza“, describen los organizadores.

“Estamos frente a un plan sistemático de miseria planificada”, señalan desde la UTEP, que articula la convocatoria junto al Movimiento Evita, Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la CCC y el Frente Nacional Piquetero y Territorios en Lucha, entre otras organizaciones del campo popular.

No estarán solos. Los sindicatos combativos participarán de la protesta. La Asociación Trabajadores del Estado, por ejemplo, definió la fecha del Paro Nacional para el 9 de diciembre y se movilizará al Congreso de la Nación para rechazar la reforma laboral regresiva del Gobierno, exigir la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y en rechazo al intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales. Hasta ese mismo punto también llegarán las principales columnas de la UTEP, cuyo secretario general es Alejandro “Peluca” Gramajo, también dirigente del Movimiento Evita.

“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“Cuando fue la crisis económica global de 2009/10, legislaciones similares se implementaron en varios países del mundo y en todos los casos fracasaron. Si analizamos la historia más reciente, el periodo de mayor creación de empleo y registro de trabajadores fue desde 2002 al 2011/12, cuando existía la doble indemnización. Y aún con doble indemnización igual se registraban trabajadores. Eso prueba que la única manera de superar la crisis que hoy vive el mundo del trabajo es poniendo en valor las convenciones colectivas”, opinó el dirigente estatal.

El jueves pasado, una masiva asamblea en Plaza Belgrano, en La Plata, impulsada por la UTEP, funcionó como puntapié del plan de lucha.

Gremios estatales, movimientos territoriales y las dos CTA coincidieron en el diagnóstico: el Gobierno busca una flexibilización “al servicio del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los grandes grupos empresarios”, que precariza aún más un mercado laboral que ya refleja índices de indigencia sin precedentes, sostuvieron en un comunicado en conjunto.

El Partido Justicialista acompañó con un comunicado titulado “Sí al trabajo, no a la precarización laboral del FMI”, donde advirtió sobre el deterioro acelerado de los ingresos y la ofensiva sobre los convenios colectivos.

El secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, planteó una lectura dura y directa sobre la reforma laboral: “No existe reforma en el mundo que por sí sola genere trabajo con derechos. Cuando el Gobierno dice que quiere terminar con la informalidad, nos están vendiendo gato por liebre. Y los argentinos no queremos comer gatos, como pasó en 2001, cuando la gente cagada de hambre terminó saqueando supermercados”.

Gramajo describió una situación social límite: endeudamiento familiar, pagos con tarjetas y billeteras virtuales, y la irrupción de los prestamistas narcos como última instancia financiera en los barrios populares. Y agregó: “Necesitamos un modelo económico nacional con centro en el trabajo y la producción, que deje de importar esclavitud. Hoy existe un trabajo real en la Argentina que es el de la economía popular, que cientos de miles de personas inventan para vivir. Falta reconocimiento y faltan derechos. Por eso es urgente crear un Estatuto del Trabajador y Trabajadora de la Economía Popular”.

La CTA Autónoma, que también se sumará a las marchas, participó del plenario sindical: “La reforma laboral que planea el gobierno”, instancia para debatir y analizar el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno.

Su secretario general, Hugo “Cachorro” Godoy, llamó a fortalecer la organización en los lugares de trabajo y en los territorios para enfrentar el avance del gobierno de La Libertad Avanza que en las últimas elecciones se vio fortalecida parlamentariamente. “Tenemos que poner en estado de movilización a nuestro pueblo para que la reacción sea masiva y contundente, y que el paro necesario sea también un paro comunitario”, expresó Godoy.

Según las organizaciones sociales agrupadas en la UTEP, la situación se agravó con la suspensión de la obra pública en más de 5 mil barrios populares, el impacto de las importaciones en la producción textil, la caída del precio del cartón que afecta a las familias cartoneras y la crisis de la agricultura familiar. A eso se suma la desfinanciación de espacios comunitarios y la violencia institucional “que estigmatiza y persigue a los trabajadores del espacio público”.

Las acciones no se limitan al AMBA. Durante los últimos días hubo movilizaciones en Plaza Congreso, Bahía Blanca, Mendoza, Salta, Rosario, Ushuaia y Jujuy, en rechazo a la intención oficial de modificar la Ley de Glaciares. Organizaciones socioambientales, colectivos indígenas y movimientos territoriales confluyeron en un mismo reclamo: frenar lo que definen como un proyecto de ajuste estructural.

En paralelo, ATE, las dos CTA, Libres del Sur y movimientos piqueteros acordaron un esquema de protestas que incluye paros escalonados, movilizaciones conjuntas y una contrapropuesta técnica a la reforma laboral.

Las centrales sindicales remarcaron que los puntos más regresivos del DNU 70/23, titulado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, ya fueron declarados inconstitucionales por la Justicia Laboral y denunciaron un intento del Gobierno por “fragmentar al movimiento obrero bajo la excusa de la modernización”.

La crisis alimentaria, la falta de trabajo y la reforma laboral son los ejes que atraviesan los reclamos. Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP, dijo al ser consultado por Infobae: “El debate sobre el Estatuto de Trabajador y Trabajadora de la Economía Popular es fundamental para poder blanquear el trabajo sin derechos que tiene la mitad de la población económica mexicana. El aumento del salario social complementario, que tiene que ser la mitad del salario mínimo vital y móvil, por supuesto que eso tiene que ir acompañado de un salario mínimo vital y móvil que cubra la canasta básica. Y para todo esto, por supuesto es necesaria una jornada de lucha como esta, pero este es recién el comienzo de un proceso de lucha que se va a ir incrementando, que se va a ir acelerando”.

Por estas razones, para el referente social: “Estamos convencidos de que nuestro pueblo va a pasar una Navidad muy triste y necesitamos poder discutir esto con el pueblo, con el pueblo que le está pasando mal. Por lo tanto, se van a acelerar las actividades como las asambleas en los barrios, no tengo duda de que también se van a hacer asambleas en barrios de clase media-baja, empezar un proceso asambleario, porque el eje central es el problema principal que hoy tiene nuestro pueblo, que es el problema que está vinculado al trabajo. El gobierno con este plan económico no tiene manera de garantizar una reforma laboral que no genere mayor exclusión que la que está generando”.

Las organizaciones exigen:

• Actualización inmediata del Salario Social Complementario.
• Reindexación automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
• Bono de fin de año para trabajadores informales.
• Reactivación de obras en barrios populares.

La UTEP recordó que más de 8,8 millones de personas integran la economía popular. La reforma laboral del Gobierno —advierten— profundizará la exclusión si no incorpora al sector con un régimen propio que formalice y proteja a quienes trabajan fuera del empleo registrado.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Alejandra Monteoliva, confirmaron que se aplicará el protocolo antipiquetes sin excepciones. Solo se permitirá la “circulación ordenada de columnas” y se impedirán acampes y cortes prolongados. En la Casa Rosada descreen de la capacidad de movilización de estos sectores y relativizan el impacto político de las protestas.

El 11 de diciembre, en tanto, las organizaciones acompañarán la marcha de los organismos de derechos humanos a Plaza de Mayo por el Día Internacional de los Derechos Humanos, en una jornada que buscará unificar luchas y dar volumen político a las marchas de diciembre que ya se votaron y son puestas en acción.

El Gobierno oficializó una profunda reestructuración de la Administración Pública Nacional mediante el Decreto 866/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida, impulsada por el presidente Javier Milei y refrendada por altos funcionarios, introduce cambios sustanciales en la organización y los objetivos de varios ministerios y secretarías, con el propósito declarado de “optimizar la gestión”.

El decreto, que modifica el esquema establecido por el Decreto 50/2019 y sus sucesivas actualizaciones, elimina, fusiona y redefine áreas clave de la estructura estatal.

Entre las decisiones más destacadas figura se encuentra la reconfiguración integral de la Jefatura de Gabinete de Ministros. De esta manera, el nuevo organigrama incorpora áreas como la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Turismo y Ambiente y la Secretaría de Comunicación y Prensa. Cada una de estas dependencias se subdivide en subsecretarías especializadas, como la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos de Gobierno, la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Subsecretaría de Prensa, entre otras.

El Ministerio del Interior también recibe una nueva estructura, que incluye la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Interior —con áreas dedicadas a asuntos políticos, deportes, enlace legislativo y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)— y la Secretaría de Provincias y Municipios. Esta última se subdivide en las Subsecretarías de Relaciones con las Provincias y Relaciones con los Municipios.

En el caso del Ministerio de Economía, el decreto redefine su composición interna, estableciendo nuevas secretarías y subsecretarías. Entre ellas se encuentran la Secretaría Legal y Administrativa, la Secretaría de Política Económica, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, la Secretaría de Coordinación de Producción, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, la Secretaría de Industria y Comercio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Asuntos Nucleares. Cada una de estas áreas cuenta con subsecretarías orientadas a funciones específicas, como la Subsecretaría de Programación Macroeconómica, la Subsecretaría de Energía Eléctrica y la Subsecretaría de Políticas Nucleares.

La estructura del Ministerio de Salud también se reorganizó, pasando a estar compuesto Secretaría de Gestión Administrativa, la Secretaría de Gestión Sanitaria y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. Estas secretarías se dividen en subsecretarías responsables de la coordinación administrativa, la planificación sanitaria, la vigilancia epidemiológica y la atención en materia de drogas.

El decreto no solo modifica la estructura, sino que también redefine los objetivos de varias áreas. Por ejemplo, se establece que la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales debe “asistir a la Secretaría General en lo relativo a ceremonial y protocolo, en coordinación con las áreas con competencia en la materia”.

En el ámbito económico, la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial tiene como función “asistir a las unidades ejecutoras de las distintas categorías programáticas, correspondientes a los Servicios Administrativos Financieros asignados a su órbita, efectuando los trámites administrativos necesarios para la obtención de los recursos humanos, materiales, equipamientos tecnológicos y los insumos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas previstos” para las secretarías bajo su dependencia.

En materia de control y supervisión, el decreto otorga a la Secretaría de Transporte la responsabilidad de “ejercer el control tutelar de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y de la Junta de Seguridad en el Transporte”.

De igual modo, la Secretaría de Obras Públicas asume el control tutelar del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Instituto Nacional del Agua (INA).

El decreto también dispone la transferencia de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes —excepto la Subsecretaría de Deportes— desde el Ministerio del Interior a la Jefatura de Gabinete de Ministros, junto con sus unidades organizativas, bienes, personal y créditos presupuestarios.

Además, se aclara que, hasta que se complete la reestructuración de las áreas afectadas, “se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría, las que transitoriamente mantendrán las acciones, dotaciones y personal con sus respectivos cargos, niveles, situación de revista y suplementos vigentes a la fecha”.

En cuanto a la vigencia, la norma establece que “la presente medida entrará en vigencia el día de su dictado”, es decir, el 6 de diciembre de 2025.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó hoy la convocatoria del paro nacional de este martes en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza, que se desarrollará con una movilización en el Congreso, busca frenar cambios que la conducción sindical considera un “combo explosivo” para los derechos laborales. “Vamos a estar en la calle resistiendo”, expresó Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, en una entrevista con radio Splendid.

La dirigencia de ATE alertó sobre el impacto del proyecto, tanto en la estabilidad del empleo público como en la protección de los convenios colectivos. “Es muy poco lo que se sabe”, dijo Catalano en referencia a la falta de precisiones sobre el texto definitivo que debatirán los legisladores.

De acuerdo a su evaluación, el borrador establecido por el Poder Ejecutivo implicaría “una intención muy grande de que desaparezca la organización sindical, los convenios colectivos y los acuerdos de estabilidad laboral, y que no haya más indemnizaciones”.

Planteó que, aunque en otras circunstancias se podría debatir sobre una eventual “modernización laboral” pensando en ampliar derechos, hoy el escenario es distinto.

El secretario general de ATE Capital agregó que existe el temor de que en algunos sectores se obligue a los trabajadores a “renunciar para volver a contratarte”, evidenciando un escenario de precarización.

Catalano mencionó que “ayer salió un comunicado oficial” confirmando que el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. Según el dirigente, el plan oficial abarca no solo la reforma laboral, sino también una reforma penal.

Al respecto, manifestó preocupación sobre versiones que indican que “podrían ahora procesar a los médicos que lleven adelante un aborto”.

Consultado sobre las negociaciones entre sindicatos, Catalano sostuvo que el sindicalismo de Hugo Yasky y Hugo Godoy “ya hablaron con el triunvirato para que podamos llevar adelante medidas en conjunto”. No obstante, aclaró que, “independientemente de que se puedan o no con la CGT, ya las CTA plantearon que el día del tratamiento va a haber una par de movilizaciones, así que vamos a estar ese día en la calle junto a los compañeros resistiendo”.

El paro de ATE responde a tres ejes principales: el rechazo a la reforma laboral presentada por el oficialismo, la exigencia de reapertura de paritarias con una recomposición salarial urgente en el sector público y la oposición al plan del Poder Ejecutivo para recortar un 10% del personal en organismos del Estado.

Por su parte, el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, profundizó las críticas al proyecto en sus redes sociales y señaló en un mensaje en X: “La única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”.

Según Aguiar, los cambios propuestos por La Libertad Avanza (LLA) en la Ley de Contrato de Trabajo no pretenden “mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía”, sino que buscan “quitar derechos”.

Asimismo, sostuvo: “Quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza”.

En el marco de la convocatoria oficial, el gremio denunció que la reforma avanzaría “en un contexto de fuerte recesión, con trabajadoras y trabajadores precarizados, marcado desempleo, subempleo y multi empleo para cubrir las necesidades básicas”.

El comunicado advirtió que las propuestas del Ejecutivo favorecerían a “grandes empresas y multinacionales”, al “permitir despedir sin indemnización, ampliar la jornada laboral y limitar la negociación colectiva”.

En el pliego de reivindicaciones, ATE planteó, además, un aumento de emergencia para estatales y jubilados, el pase a planta permanente de los empleados precarizados, la reincorporación de los despedidos y la restitución de fondos adeudados a las provincias.

También rechazó las privatizaciones de empresas públicas, la venta de inmuebles del Estado y la armonización de las cajas previsionales provinciales, exigiendo la restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES.

El documento fue firmado por Aguiar y otros directivos nacionales, como Eduardo Gustavo Cuentres, Mirta Inés Matheos y Mercedes Cabezas.

Entre los organismos que podrían verse afectados por la reducción de trabajadores, ATE incluyó la Oficina Anticorrupción, INDEC, CONICET, CONEAU, ARCA, Archivo General de la Nación, ANSES, CONADIS, ENARGAS, ENRE, INTA, INTI y ENACOM.

Recordemos que el mes pasado, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación denunciaron penalmente a Aguiar por presuntas amenazas de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática, tras declaraciones vinculadas a la resistencia sindical al plan oficial.

El 28 de noviembre, autoridades nacionales mantuvieron una reunión virtual con representantes de los gremios estatales, pero el encuentro finalizó sin propuestas concretas de mejora salarial.

Finalmente, Aguiar subrayó que “experiencias similares aplicadas durante la crisis global de 2009-2010 fracasaron en todos los países donde se implementaron” y recordó que el mayor crecimiento del empleo registrado en Argentina ocurrió entre 2002 y 2011/12, en épocas de doble indemnización obligatorio.

La postura de la CGT, en tanto, fue de rechazo a diferentes aspectos filtrados del borrador impulsado por La Casa Rosada, que cuenta con respaldo del sector empresarial y prevé modificar las condiciones de trabajo en el régimen indemnizatorio, vacaciones y sistema de banco de horas para la extensión de jornada.