El gobierno sufrió hoy una fuerte derrota en la Cámara de Diputados donde una oposición unida logró sancionar aumentos para Universidades Nacionales, la declaración de emergencia del hospital Garrahan, y la derogación de decretos claves para el Gobierno vinculados con Vialidad, el INTI, el INTA, y los institutos culturales.
El oficialismo viene perdiendo la iniciativa desde principios de marzo cuando logró aprobar el acuerdo con el FMI, pero hoy tuvo su principal golpe ya que la oposición no solo logró dar media sanción a los proyectos de aumentos a las Universidades y para el Garrahan, sino que además anuló decretos sobre los cambios instrumentado en organismos claves del ministerio de Economía.
A lo largo de las doce horas de sesión fracasó en su intento de dejar la sesión sin quórum con lo cual no pudo evitar que se deroguen los decretos que utilizó en base a las facultades delegadas que consiguió en la ley Bases, donde disolvía Vialidad, y quería hacer una profunda transformación en el INTI e INTA, para que pierdan su autonomía.
Ahora la decisión de la Cámara de Diputados deberá ser confirmado por el Senado para que quede firme la derogación de los decretos delegados y el DNU sobre la Marina Mercante.
La sesión comenzó a las 12.20 con la presencia de 131 legisladores aportados por los bloques que impulsaron la sesión, Unión por la Patria, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, a la que sumaron la izquierda y siete radicales.
Los dos proyectos más importantes aprobados por la oposición fueron:
- –Financiamiento Universitario: con 158 votos a favor, 75 en contra y cinco abstenciones, se aprobó el proyecto que busca garantizar los recursos para las universidades nacionales, recomponer salarios y estabilizar el presupuesto.
- Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan): con 159 votos afirmativos y 67 negativos, se dio media sanción a la ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas, disponiendo la reasignación de fondos y la recomposición salarial para el personal de salud.
Avance contra los DNU y la Comisión $LIBRA
La oposición también logró forzar el debate sobre medidas clave del Gobierno:
- Comisión Investigadora $LIBRA: con 135 votos a favor y 70 en contra, se emplazó a las comisiones para que aseguren el funcionamiento de la comisión que investiga la presunta estafa con la criptomoneda. El oficialista Nicolás Mayoraz se había opuesto, afirmando que el testigo que llevaron “hizo un papelón”.
- DNU de disolución de organismos: aunque no se votó la derogación, se emplazó a las comisiones de Ciencia y Presupuesto para que el miércoles 13 de agosto traten los decretos que disolvieron organismos como el INTA, el INTI y Vialidad Nacional.
Proyecto de impuestos
La Cámara de Diputados votó un emplazamiento a las comisiones para que emitan dictamen sobre los proyectos de reforma de los impuestos de combustibles y la coparticipación de la partida de los ATN impulsados por los gobernadores y sancionados por el Senado, y que son rechazados por el Gobierno con el argumento de que afecta la política de equilibrio fiscal.
Los bloques parlamentarios decidieron votar el emplazamiento pese a que la Libertad Avanza (LLA) había decidido citar a la Comisión de Presupuesto para el miércoles 13 al mediodía para debatir el proyecto de coparticipación de la partida de los ATN y para las 16:00 a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Energía, que presiden los libertarios José Luis Espert y Lorena Villaverde, respectivamente, para debatir la propuesta sobre distribución del impuesto a los combustibles.
La idea es aprobar las dos iniciativas en una sesión a celebrarse el 20 de agosto luego del cierre de candidatos de diputados y senadores de cara a las elecciones del 26 de octubre y sumar en esa fecha, si logran los dos tercios, el rechazo a los vetos de las leyes de aumento de jubilaciones y emergencia en Discapacidad.
El proyecto que propone reformar la distribución del impuesto a los combustibles aspira repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.
De acuerdo a esa iniciativa, los fondos de las provincias se repartirán un 25% entre las jurisdicciones y el 75% de la acuerdo a los índices de coparticipación.
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