Más de 250 jóvenes se graduaron en el Centro Universitario de la Innovación (CUDI) en La Matanza, en un acto encabezado por el intendente Fernando Espinoza y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quienes destacaron la continuidad del apoyo a la educación pública frente al ajuste del Gobierno nacional.

El evento, realizado en González Catán, contó también con la presencia de la vicegobernadora Verónica Magario; la secretaria de Políticas Educativas local, Silvina Gvirtz; y el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni.

“Hoy es un día de festejo para los 2 millones y medio de vecinos de La Matanza, porque este Centro Universitario que era un sueño, hoy es una realidad con más de 250 nuevos graduados”, remarcó Espinoza.

El CUDI ofrece carreras enfocadas en innovación tecnológica, biotecnología, programación, videojuegos, diseño industrial, alimentos y también en salud, con formación en enfermería y obstetricia. Además, se dictan diplomaturas en Desarrollo Web, Inteligencia Artificial y Diseño e Impresión 3D.

“Muchos de estos chicos antes tenían que viajar más de 30 kilómetros para ir a la universidad. Ahora pueden estudiar cerca de su casa en un edificio con todas las comodidades”, subrayó el jefe comunal.

Por su parte, Kicillof valoró el esfuerzo provincial para sostener el centro: “Donde antes había un descampado, ahora hay un espacio de desarrollo, de más dignidad y mejores trabajos. El CUDI representa el futuro”.

Espinoza informó que actualmente hay 77 mil estudiantes universitarios en el distrito, de los cuales 12 mil cursan en el CUDI. “Gracias a una decisión política con Axel y Verónica, a través del programa Puentes, salvamos este Centro cuando el Gobierno de Milei le quitó el financiamiento”, advirtió.

“La educación transforma vidas. No es lo mismo un país con pocos graduados que uno con muchos. Esto cambia La Matanza, cambia la provincia y cambia la Argentina”, concluyó.

El Gobierno nacional anunció la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), así como la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), ambos organismos descentralizados dependientes de la Secretaría de transporte del Ministerio de Economía.

En tanto, tal como se venía anunciando, ordenó la creación de un nuevo organismo, que pasará a denominarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte” y será la Autoridad de Aplicación a que refieren todas las normas y actos administrativos que se relacionen con la fiscalización de las concesiones viales.

Según indicó el Ejecutivo, la finalidad de esta resolución es mejorar el funcionamiento del Estado Nacional y reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Entre las funciones previstas para el nuevo esquema, se cuentan:

• Fiscalizar el cumplimiento de los contratos de concesión, acuerdos de operación y permisos de explotación de los servicios públicos de transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, en lo que respecta a las obligaciones contractuales, técnicas y operativas, pudiendo realizar inspecciones in situ y solicitar a los operadores y concesionarios la información y documentación necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

• También fiscalizar los contratos de concesión vial, controlando su ejecución, en coordinación con el organismo competente en materia de procesos licitatorios, con el fin de asegurar la separación de funciones entre la fiscalización de los contratos y la administración de procesos licitatorios.

• A su vez fiscalizar y controlar los servicios públicos de transporte terrestre de jurisdicción nacional, y sus permisos de explotación, asegurando condiciones técnicas y de prestación adecuadas, a fin de garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de las personas transportadas.
• Aplicar las sanciones previstas en las normas legales relacionadas con los servicios públicos de transporte automotor urbano y suburbano, las concesiones ferroviarias y viales, así como las penalidades fijadas en los contratos de concesión, en caso de incumplimiento de las condiciones allí establecidas.
• Promover, ante los tribunales competentes, las acciones civiles o penales relativas al ámbito de su competencia y asistir a la Secretaría de Transporte, a su requerimiento, en todas las materias de su competencia.
• Velar por la protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos de transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario de cargas y pasajeros que se desarrollen en jurisdicción nacional, mediante la recepción, gestión y seguimiento de quejas, reclamos y denuncias.
• Conducir o encomendar investigaciones técnicas, emitir los informes correspondientes e impulsar acciones o instrucciones de mejora en materia de calidad, eficiencia y seguridad operacional de los servicios de transporte de su ámbito de competencia, en coordinación con los entes públicos intervinientes.
• Percibir y fiscalizar el cobro de las tasas, derechos y aranceles por control o fiscalización en el marco de sus competencias. La determinación de las tasas deberá realizarse previa intervención de la Secretaría de Hacienda.
• Propiciar, cuando corresponda, la suspensión y caducidad de los permisos y licencias otorgados, para su posterior resolución por parte de la Secretaría de Transporte.
• Entender en la investigación de los accidentes ferroviarios que por su significación, gravedad o particularidades requieran su directa participación en el análisis y determinación de hechos, causas y consecuencias, e intervenir en los sucesos ocurridos en los cruces a nivel entre vías férreas y calles o caminos.
• Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones. Resolver los conflictos que se susciten por la implementación de la modalidad de acceso abierto, en el marco de las concesiones ferroviarias. n. Fiscalizar la ejecución de los programas de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y del material rodante en el ámbito de su competencia.Entre los fundamentos de la medida se menciona que el Poder Ejecutivo Nacional, puede adoptar medidas como la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; y la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos. (DIB) ACR

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó hoy formalmente un pedido de remoción del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, a quien acusan de mantener ese órgano paralizado para que no se traten los proyectos de la oposición.

“Desde su designación, Espert se negó a convocar la comisión. No habilitó ni una sola reunión. No permitió el tratamiento de expedientes que cuentan con giro legítimo, firmados por diputadas y diputados de distintos bloques. Eso no es una posición política. Es abandono”, cuestionó Victoria Tolosa Paz, la primera firma del pedido de remoción que cuenta con otras 42 rúbricas de la bancada presidida por Germán Martínez.

Según sostiene la bonaerense, “la inacción deliberada también es una forma de bloqueo institucional”, por lo que propone accionar la remoción del diputado libertario conforme los mecanismos establecidos en el artículo 107 del reglamento de la Cámara baja.

“La Comisión de Presupuesto y Hacienda es el corazón del trabajo legislativo. Por ahí pasan leyes clave: presupuesto, financiamiento universitario, promoción industrial, sistema previsional, distribución de recursos y más. Sin su funcionamiento, el Congreso se paraliza”, enfatizó.

En este sentido, la legisladora peronista afirmó que “no se puede presidir una comisión con poder de veto absoluto por omisión”. 

“Esa pasividad es un uso abusivo y discrecional de un cargo clave, y una clara obstrucción a las funciones del Congreso. No hay democracia sin deliberación”, consideró.

Tolosa Paz señaló que a la parálisis de la comisión de Presupuesto que impone Espert se suma “el grave incumplimiento del Poder Ejecutivo, que no envió el presupuesto 2024 ni el de 2025”.

A su entender, “el oficialismo impone una administración financiera opaca y sin control, prorrogando presupuestos sin debate, sin rendición de cuentas y sin transparencia”.

“El Congreso no puede naturalizar este nivel de parálisis institucional. No puede funcionar a fuerza de sesiones especiales, ni depender de emplazamientos forzados para que las leyes avancen. Esto es una falta de respeto a la ciudadanía y al régimen democrático”, insistió.

Y remarcó que “este Parlamento no puede seguir funcionando sin reactivar el corazón del proceso legislativo en materia presupuestaria, ni puede tolerar que las decisiones estratégicas sean invisibilizadas por la pasividad de quien tiene la responsabilidad de conducirlas”.

“Por eso pedimos la remoción de Espert. Porque el pueblo necesita una Comisión de Presupuesto que funcione. Porque hay proyectos urgentes que no pueden seguir esperando”, concluyó Tolosa Paz.