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Ahorro energético: el gobierno lo decidió para los edificios públicos

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En una idea que surgió desde la Casa Rosada, el Gobierno ordenó la reducción del consumo de electricidad en todos los edificios públicos. La medida fue dispuesta por la secretaría de Energía, a través de la resolución 148 publicada en el Boletín Oficial, y tiene como objetivo cumplir con los “criterios de ahorro económico y eficiencia energética”. Además, la disposición exige a la Administración Pública Nacional que asuma una “función ejemplificadora” frente a los ciudadanos.

La cartera a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo estableció que las empresas distribuidoras de energía “deberán modificar la potencia eléctrica contratada por los Organismos Públicos a fin de reducirla a la máxima potencia demandada en el mes inmediato anterior”. La resolución explicó que “la eficiencia energética en edificios públicos permitirá el mantenimiento de los servicios energéticos a un menor costo, protegiendo el medio ambiente y fomentando la sostenibilidad”.

“En caso de que hubiere variación de potencia eléctrica estacional, la potencia eléctrica contratada deberá adecuarse al período de alta demanda, y posteriormente reducirse, de modo de permitir una adecuada capacidad de suministro y funcionamiento de las instalaciones y equipos consumidores instalados en las dependencias de los organismos de la Administración Pública Nacional”, señalaron en Energía.

Por su parte, el Gobierno determinó que todos las dependencias públicas deberán implementar el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Prouree)”, destinado a contribuir y mejorar la eficiencia energética de los distintos sectores y en edificios públicos del Poder Ejecutivo. Además, este plan busca capacitar al personal en buenas prácticas de uso eficiente de la energía. También solicitaron confeccionar un inventario detallado y actualizado de todas las instalaciones de energía eléctrica y gas.

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Pese al rechazo de la oferta, el Gobierno impondrá el aumento a los docentes universitarios por decreto

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Los gremios universitarios volvieron a rechazar el aumento del 6,8 por ciento para el personal docente y no docente que ofreció el Gobierno, que finalmente impondrá ese incremento por decreto, luego de que fracasara la reunión realizada entre funcionarios del Ministerio de Capital Humano vinculados a la educación y representantes de esos sindicatos para acercar esta nueva propuesta.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Al finalizar la reunión, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) publicó un comunicado titulado “Sin acuerdo en la Reunión de la mesa técnica salarial”, en el que manifestaron que seguirán insistiendo en la necesidad de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Los gremios remarcaron que lo que exigen “no es un incremento salarial, sino converger los salarios y la inflación para no seguir perdiendo más poder adquisitivo”.

“Como ya lo hemos dicho reiteradas veces, tenemos el salario en dólares más bajo de América Latina y el salario en pesos más bajo desde el retorno de la democracia”, precisaron.

Por lo tanto, exigirán a los diputados que “sean coherentes con su mandato popular” y rechacen el veto del presidente Javier Milei para que se convierta en ley.

Tras la reunión, el Gobierno emitió un comunicado en el que ratificó un incremento salarial para los docentes de un 6,8 por ciento.

“El Ministerio de Capital Humano ofrecerá un aumento del 5,8% adicional al 1% establecido para personal docente y no docente de las Universidades Nacionales para el mes de octubre. Pese al rechazo gremial, se otorgará el mayor aumento acumulado a este mes dentro del Estado Nacional en consonancia con el compromiso asumido de priorizar el salario y no las disputas políticas”, remarcó la cartera que encabeza Sandra Pettovello.

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Presupuesto nacional 2025: las obras de El Cholo y la Ruta 35, adentro

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El intendente Federico Susbielles confirmó que se reanudarán las obras previstas para la zona de El Cholo y la Ruta 35, ya que ambas fueron incluidas dentro de las proyecciones económicas del Presupuesto 2025, con una inversión cercana a los 27 mil millones de pesos.

A través de una serie de mensajes en su cuenta de la red X, el jefe comunal sostuvo que “desde la ciudad tenemos claro que debemos acompañar el desarrollo del sector agropecuario, impulsando herramientas legislativas y con gestión para concretar obras que mejoren el sistema de transportes y logística”.

“En esta línea, venimos trabajando en silencio hace varios meses con Vialidad Nacional para lograr la reactivación de la obra del Cholo y Ruta 35. En primer término logramos que esas obras sean consideradas como obras prioritarias por el gobierno nacional”, aseguró.

“Ayer en la Rural anunciamos un nuevo paso adelante, la inclusión de las mismas en el proyecto de Presupuesto Nacional 2025, con una previsión presupuestaria de 27325 M de pesos. Vamos a seguir traccionando con fuerza hasta que esas obras tan importantes sean una realidad”, continuó Susbielles.

Y concluyó que “sin dudas el sector agropecuario, con obras y condiciones de largo plazo acordes, será un gran motor de recuperación y crecimiento de la ciudad, la región y el país. Seguiremos gestionando siempre en defensa de los intereses de Bahía Blanca y su comunidad. ¡Estamos en marcha!”.

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El proyecto ambiental más grande de Buenos Aires en jaque por el ajuste económico

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El objetivo del presidente Javier Milei de reducir al mínimo, y eventualmente eliminar, las partidas destinadas a obra pública ya comienzan a dejar sus efectos. Uno de los primeros impactos se ve en la obra del “Sistema Riachuelo”, un proyecto ambiental de gran envergadura llevado adelante por AySA que, una vez operativo, podría mejorar la calidad de vida de alrededor de 1,5 millones de habitantes del conurbano bonaerense, con beneficios indirectos para otros 4,5 millones de usuarios.

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