Por los efectos de la pandemia del coronavirus en la actividad económica y en los ingresos -especialmente de los sectores independientes o cuentapropistas-, el Gobierno dispuso varias medidas que modificaron las reglas habituales para el pago de servicios públicos, dirigida a los sectores más vulnerables. Pero también se acepta más flexibilidad en los contratos privados. Los principales cambios:

• Servicios públicos y privados

A través de un decreto, el Gobierno determinó que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable no podrán disponer por 6 meses la suspensión o el corte de sus servicios en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas con vencimientos desde el 1° de marzo (incluyendo a los usuarios con aviso de corte en curso).

Este medida es solo para personas de los sectores más vulnerables. Entre otros, los que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo; inscriptos en el Monotributo Social; jubilados, pensionados y trabajadores que perciban menos de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles ($33.750). También incluye a las micro, pequeñas y medianas Empresas (Mipymes) y cooperativas de trabajo.

• Bancos

Por la emergencia, se determinó que las entidades bancarias no podrán cobrarle cargos a sus clientes por depósitos, extracciones, consulta de saldos o cualquier otra operación, sin importar el tipo de cuenta de que se trate, la cantidad de operaciones hechas en el mes, ni distinguir entre clientes o no clientes.

Por la norma vigente hasta hoy, la extracción de dinero de cajeros automáticos es gratuita para los titulares de cuentas salario (o para el cobro de jubilaciones o beneficios sociales), hasta el límite de esos haberes. Pero los bancos pueden aplicar comisiones a quienes extraen por encima de esos montos o en los casos en que sean cajas comunes.

Por otra parte, se decidió suspender hasta el 30 de abril la obligación de las entidades financieras de proceder al cierre de cuentas bancarias y a la inhabilitación a los clientes que no puedan cumplir con sus compromisos con el pago de cheques por falta de fondos.

Tampoco estarán obligados a pedir a los empleadores, en forma previa al otorgamiento de crédito, una constancia de que no adeudan aportes o contribuciones.

• Alquileres

A través de un decreto publicado este domingo en el Boletín Oficial, el Gobierno determinó que se congelarán los precios de los alquileres hasta el 30 de septiembre. Además, se prorrgarán los contratos que venzan durante ese período y se suspenderán los desalojos por falta de pago.

También se dispuso que los propietarios deberán ofrecer una alternativa para que los inquilinos puedan pagar por transferencia bancaria o a través de depósitos por cajero automático.

Las medidas contempladas en el decreto no se aplicarán en el caso de que el propietario pueda demostrar que depende del cobro de ese alquiler para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar.

• Celulares prepagos o Internet

La Defensoría del Pueblo bonaerenese le solicitó a las compañías telefónicas que liberen los datos móviles para que los usuarios de telefonía celular puedan realizar sin costos sus trabajos, estudios o trámites sin moverse de sus casas.

El reclamo -aún no tuvo respuesta- es para que las personas puedan ingresar a plataformas educativas y laborales y permitir que los sectores más vulnerables puedan solicitar ante los organismos públicos los beneficios previstos por el Estado.

• Servicios ofrecidos por profesionales o empresas privadas

Donde aún no hubo definiciones es en el pago de los servicios privados contratados durante marzo y que no pudieron ser ofrecidos a los usuarios por las medidas de aislamiento. Ejemplos: cursos, gimnasios, servicios profesionales o cocheras. En esos casos, los organismos de Defensa del Consumidor señalaron que como se trata de una situación extraordinaria y de fuerza mayor, debería haber un “esfuerzo compartido entre ambas partes”.

Cabe destacar que algunos establecimientos decidieron ofrecer alguna alternativa de prestación de sus servicios a través de modalidades virtuales o a distancia.