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Ante la falta de consenso, mandan a un cajón la ley de hidrocarburos

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La ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas fue presentada en sociedad por Darío Martínez, Martín Guzmán y Alberto Fernández, inmediatamente después de la derrota en las PASO. En ese momento, Guzmán aprovechó el escenario para responderle a Cristina Kirchner sus críticas al manejo económico. Luego se desató las catarata de renuncias de todos los funcionarios kirchneristas, excepto el secretario de Energía, Darío Martínez.

“Martínez llegó al cargo con el respaldo de Cristina, pero luego tomó distancia y esa tensión se trasladó al peronismo de Neuquén. Esta ley esta hecha a medida de intereses que no nos representan”, afirmó a LPO una fuente del kirchnerismo al tanto de la situación.

“Alberto desconoce el tema petrolero y lo dejaron expuesto. En cambio Cristina es petrolera, conoce cabalmente la cuestión, la considera prioridad absoluta y la sigue muy de cerca. De hecho, hubo que escribir dos veces el proyecto porque la primer versión fue rechazada por ella”, agregó la fuente.

Lo cierto es que la vicepresidenta trabajó como convencional constituyente en la redacción de la Constitución de ’94, donde se le concedió a las provincias el dominio y la jurisdicción de los recursos del subsuelo -entre ellos los hidrocarburos- que según entienden los gobernadores patagónicos, este nuevo proyecto pone en jaque.

“La ley es un impuesto nacional sobre un recurso no renovable de pertenencia de las provincias y encima no coparticipable, y por el cual no cobramos ingresos brutos. ¿Saben lo que significaría cobrar ingresos brutos sobre la exportación de crudo y gas?”, afirmó el neuquino Omar Gutiérrez, presidente de la liga de provincias petroleras (Ofephi) y uno de los críticos más frontales de la norma. Críticas similares expresó el líder histórico del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Jorge Sapag.

La lectura de los gobernadores de las provincias petroleras es que el artículo 90 del proyecto que indica que la autoridad de aplicación respecto a los permisos de exploración, las concesiones de explotación y las concesiones de transporte y almacenamiento subterráneo en las áreas hidrocarburíferas competen a la Secretaría de Energía de la Nación, avasalla los derechos de las provincias otorgado precisamente por la Constitución del ’94.

“La ley le otorga a la Nación una participación y reconocimiento sobre las reservas que hasta el momento no tiene. Es evidente que al MPN le molesta que entre la Nación porque aparece un actor más con quién dividir la torta”, reconoció a LPO una fuente del Gobierno.

Sapag fue taxativo: “Considero que el art 90 es un error de redacción, un desliz, que hay que corregirlo”. Según una fuente del gobierno neuquino consultada por LPO, “Sapag es una figura muy relevante ante esta problemática ya que fue quien diseñó Vaca Muerta junto a Cristina”.

Gutiérrez expresa al conjunto de la Ofephi porque la disputa que se refleja en esta ley es por Vaca Muerta. Es por eso que otras de las críticas del gobernador deviene en como se estipula la línea de base que mide la producción incremental sobre la cual se definen los cupos exportables. Este cuestionamiento es compartido por las empresas del sector que resultan perjudicadas, como reveló LPO.

“Las empresas que garantizamos el abastecimiento interno, solo queremos exportar cuando cumplamos esa demanda. Petrona, Shell y Vista invirtieron en lo peor de la pandemia, su producción creció y ahora es lógico que pidan exportar. Invertimos cuando todos estaban parados. Lo que pedimos con cambiar la base, es que nos reconozcan esa inversión” afirmaron a LPO fuentes del mercado, que agregaron que el gobierno nacional defiende la actual línea base, por una presión del ministro Martín Guzmán, que está mirando un tema fiscal.

El kirchnerismo también cuestiona otro aspecto clave de la norma. Afirman que la estabilidad fiscal por 20 años que promete, barre con los derechos de exportación como herramienta de la política económica. “Como no las podes tocar, quedás pegado al precio internacional. Se dolariza tu recurso, y como vos no generas dólares, viene la inflación y la devaluación. Lo mismo pasa con la ley del Consejo Agroindustrial. Acá hay dos modelos en pugna, por un lado la salida exportadora de Guzmán y la opuesta que se traduce energía y alimentos baratos, justamente lo que propone Cristina”, analizaron ante LPO.

El legislador del kirchnerismo neuquino Mariano Mansilla, sostuvo a LPO que “la disputa por la orientación de la política energética en nuestro país tiene muchos capítulos donde sucedieron tensiones entre las grandes corporaciones de las potencias occidentales contra militares nacionalistas y luego, desarrollistas convencidos por la fuerza del lobby de los trust del Petróleo. Como integrantes del Frente de Todos, y para sostener una de las principales banderas de la plataforma de gobierno que impulsamos para Alberto y Cristina, entendemos que debe ajustarse la mirada para pensar el régimen de esta ley”.

Desde el sector de los trabajadores cobra vigor la resistencia. “A Pereyra lo tenían cerrado y se les está dando vuelta. Ya no banca de pleno al proyecto”, agregó una fuente del sindicato petrolero.

En declaraciones a la prensa el secretario General del gremio afirmó: “Las provincias están pidiendo un cambio en algunos artículos, principalmente en el artículo 90, donde los gobernadores manifiestan que avasalla la titularidad que tienen las provincias por la ley corta, por la Constitución del ’94”.

Mientras que Marcelo Rucci consideró que la puja entre de Neuquén y el Gobierno nacional “debe resolverse rápidamente. El artículo 90 de la medida es el que está en discusión, el cual habla de la autonomía de la provincias. Desde el Sindicato estamos a favor que eso no se pierda, que no pierdan las provincias”.

Lo cierto es que ante la falta de consenso, la ley no avanza. No hay agenda prevista para actividad parlamentaria y desde el bloque oficialista afirman que por ahora está cajoneada.

(LPO)

 

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Decretaron asueto por Navidad y Año Nuevo para los empleados públicos: cómo funcionará el Estado durante las Fiestas

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El Gobierno dispuso, a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni, el otorgamiento de asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025.

La medida, publicada este lunes a la madrugada en el Boletín Oficial, busca facilitar los preparativos y desplazamientos familiares en vísperas de las festividades de Navidad y Año Nuevo, fechas que la legislación argentina reconoce como feriados nacionales inamovibles.

El decreto se fundamenta en la Ley N° 27.399, que establece el 25 de diciembre y el 1° de enero como feriados nacionales, y en el carácter social y familiar de estas celebraciones.

Según el Decreto 883/2025, “tales fechas poseen un arraigado significado cultural, social y familiar para la población argentina y para quienes habitan en el territorio de la República Argentina, constituyendo tradicionalmente motivo de reunión, celebración y acercamiento entre familiares y seres queridos”.

El Gobierno consideró que las vísperas, es decir, los días 24 y 31 de diciembre, suelen destinarse a los preparativos y traslados necesarios para posibilitar el encuentro familiar, por lo que resulta “oportuno facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades, permitiendo que las personas puedan disponer de un tiempo razonable para concretar los preparativos, desplazamientos y actividades vinculadas a dichas conmemoraciones”.

El decreto también señala que la medida tendrá un impacto positivo en el sector turístico, al favorecer los desplazamientos internos y el aprovechamiento de los días no laborables para actividades recreativas. Además, aclara que el asueto no implica ningún gasto adicional para el Estado nacional y que “garantizará que todos los argentinos puedan disfrutar de las fiestas en un marco de libertad”.

En cuanto al alcance de la disposición, el artículo 1° establece que el asueto será para el personal de la Administración Pública Nacional, mientras que el artículo 2° instruye a los distintos organismos a implementar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de los servicios esenciales. El artículo 3° especifica que la medida no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras, por lo que estos sectores deberán funcionar con normalidad durante las fechas mencionadas.

Siendo asueto los días 24 y 31 de diciembre, los empleados no cumplirán sus funciones durante dos días seguidos, dado que el 25 de diciembre y el 1 de enero, son feriados inamovibles, por lo que el personal que deba trabajar en esas fechas cobrará el doble.

En el caso del ámbito privado, el panorama será diferente dado que allí cada empleador podrá decidir si concede el día libre a sus trabajadores. En tal caso, si la empresa decide que no se trabaje, ese día no será un feriado, de modo que no se generará un pago adicional. De acuerdo con la normativa vigente, el 24 y el 31 de diciembre son días laborables comunes, por lo que quienes trabajen recibirán un pago estándar, salvo que su empresa disponga lo contrario.

La decisión se adoptó en ejercicio de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional.

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El Gobierno llamó a licitación para concesionar Tecnópolis y otorgar la gestión del predio a inversores privados

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Javier Milei

En el marco del plan para privatizar algunos organismos públicos y así reducir el tamaño del Estado, el Gobierno lanzó este lunes una licitación para concesionar Tecnópolis, el parque temático ubicado en el partido bonaerense de Villa Martelli.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes oficiales, el contrato le permitirá al que resulte elegido ejercer el “uso y explotación del predio” de más de 500 mil metros cuadrados, ”por 300 meses (25 años), prorrogables por 12 meses”.

El proceso, como es habitual, se llevará adelante a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que es la que posee el terreno.

“El Gobierno Nacional lanzará mañana la licitación que dará paso a la concesión de Tecnópolis. El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos. Fin”, había anticipado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X.

A las pocas horas de este mensaje, el Gobierno lo oficializó con la publicación de la Resolución 98/2025 en el Boletín Oficial.

Actualmente, el inmueble es administrado por la Secretaría de Cultura de la Nación, que se encarga de mantenerlo y organizar las actividades que se desarrollan allí.

Las autoridades nacionales aseguran que Tecnópolis “presentaba una situación histórica de gastos extraordinarios, baja utilización y deterioro generalizado“, acumulando, por ejemplo, una deuda superior a los $4.813 millones.

“Contaba con equipamiento faltante por $554 millones —con denuncia judicial en trámite— y requería mantenimiento permanente financiado exclusivamente por el Estado”, señaló el Gobierno.

El predio tiene una superficie total de 509.759,79 m² y desde el comienzo de la gestión libertaria, comenzó con un plan de reducción de personal, bajando la planta en más de un 30% (de 333 a 198 empleados).

Según el Poder Ejecutivo, todas estas medidas y el sistema de administración pública-privada que se intenta implementar, le permitió al país recaudar $600 millones durante 2024 y $2.429 millones en 2025, con proyección de llegar a $2.749 millones al cierre del año.

Para la licitación, el Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones, junto con un seguro contra incendio de $60.000 millones, con el objetivo de garantizar el patrimonio estatal.

“La medida permitirá que el Estado deje de financiar uno de los activos más deficitarios de la administración, garantizando funcionamiento, inversión privada y uso del predio”, sostuvieron las autoridades nacionales.

Por otra parte; el pliego prevé que el predio mantenga su uso para “actividades recreativas, culturales, de esparcimiento, talleres, deportes no competitivos, integración comunitaria y propuestas educativas, incorporando inversiones privadas para su desarrollo y funcionamiento anual“.

Asimismo, establece que el privado deberá asumir el control del lugar “a partir del 1 de julio de 2026“ y que tendrá que mantener “los acuerdos público-privados de programación comprometidos para el resto del año”.

En cuanto al procedimiento licitatorio, el Gobierno aclaró que se realizará íntegramente a través del sistema electrónico COMPR.AR, que es el que se utiliza para otras contrataciones.

“Con esta medida, el Gobierno Nacional consolida un cambio cultural: un Estado más eficiente que deja de financiar estructuras deficitarias y fomenta la inversión privada para mejorar la oferta recreativa y cultural, garantizando a la vez la preservación y el uso público del predio”, sostuvo el Ejecutivo en un comunicado.

La decisión fue celebrada por Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, partido al cual pertenece Villa Martelli: “Apoyamos al gobierno nacional en esta medida”, sostuvo la mandataria local en su cuenta de X.

Tecnópolis fue inaugurado en el 2011, durante la presidencia de Cristina Kirchner, y desde entonces fue objeto de cuestionamiento por su presunta utilización política.

Durante la administración de Mauricio Macri, el establecimiento permaneció cerrado durante poco más de un año y luego reabrió con otra agenda, aunque todavía con entrada libre y gratuita.

Con la llegada de Javier Milei, continuó funcionando normalmente, con actividades privadas, espectáculo musicales y también eventos públicos.

Más recientemente, el parque fue noticia por la suspención de los shows que allí iba a dar la cantante Tini Stoessele, algunos de los cuales se cancelaron por las fuertes lluvias en esta zona del Conurbano, muestras que otros postergaron la entrada del público por cuestiones de seguridad.

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Kicillof comenzará en febrero a llevar su espacio a todo el país: la clave de los oficialismos provinciales

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Axel Kicillof está dispuesto a apretar el acelerador a partir de febrero. Ese será el punto de partida concreto para su proyecto presidencial 2027. El momento en que su armado político active, con mayor velocidad, un trabajo estratégico para construir alianzas en todos los rincones del país.

El objetivo es claro. Debe ampliar las fronteras de la provincia de Buenos Aires y federalizar el proyecto político para poder darle sustento, volumen y adhesiones. Tiene que contener a los ajenos, consolidar a los propios y convivir con los que nunca lo acompañarán. Y, sobre todo, tiene que tratar de esquivar las balas perdidas de la interna peronista.

“Queremos que florezcan mil MDF”, aseguró uno de los ministros más cercanos al gobernador bonaerense. El objetivo trazado tiene que ver con construir referencias territoriales en cada provincia para poder desembarcar con el proyecto kicillofista en forma ordenada y en búsqueda de nuevos aliados.

La idea que tienen en el espacio político es construir un esquema provincial que esté referenciado en Kicillof y que sea lo más amplio posible. Entienden que deben contener a distintos sectores sindicales, sociales y a distintos partidos políticos. Desde el radicalismo hasta la izquierda. Todos adentro para armar un esquema bajo la consigna “Axel 2027″. Es una tarea difícil y que lleva tiempo, pero en La Plata están dispuestos a llevarla adelante como un parte de un plan de acción ordenado.

Kicillof no quiere que el 2026 sea un álbum de fotos suyas con otros gobernadores y dirigentes políticos. Pero, al mismo tiempo, está convencido que, apenas arranque el año, debe expandir su proyecto político para que gane volumen y se consolide con el tiempo. Es un candidato puesto y no puede dejar que las horas se diluyan.

“En la mayoría de las provincias el peronismo es un quilombo. Internas, divisiones, enfrentamientos. Axel tiene que ser cuidadoso de no poner un pie ahí y quedar entrampado en los conflictos internos”, analizó uno de los funcionarios con más llegada al Gobernador.

Los primeros contactos con los dirigentes de base de cada provincia quedarán en manos de los principales dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi, Andrés “Cuervo” Larroque, Mario Secco, Cristina Álvarez Rodríguez, Fernando Espinoza y Walter Correa son algunos de los nombres del kicillofismo que tienen capacidad, contactos y diálogo abierto con dirigentes influyentes de distintas provincias.

No hay una mesa política. No hay articuladores asignados. Todos tienen luz verde para empezar a construir lazos con las distintas provincias y generar las condiciones para que el proyecto presidencial desembarque en el territorio nacional. Esa es la misión que empezará a tomar un ritmo más veloz a partir de febrero. Kicillof se encontrará con algunos gobernadores durante el año, pero evitará quedar prisionero de cualquier interna provincial. Momentos precisos y calculados para no dar pasos en falso.

El mandatario bonaerense cree que hay que trabajar en contener dentro de un mismo proyecto político a los oficialismos provinciales, como es el caso de Gustavo Sáenz en Salta, Hugo Passalaqua en Misiones, Ignacio Torres en Chubut, Martín Llaryora en Córdoba y Alberto Weretilneck en Río Negro. Tiene en claro que no alcanza con el peronismo solo. Las fuerzas locales son imprescindibles para forjar una alianza que tenga chances reales de competir y ganarle a La Libertad Avanza (LLA).

Una de las hipótesis que se trabajan en La Plata tiene que ver con la necesidad de lograr que los que no se adhieran al proyecto político, al menos no jueguen junto a los libertarios. Que sean prescindentes en el momento que llegue la elección nacional. Si no colaboran con la causa, por lo menos que no la entorpezcan. En definitiva, de un lado de la grieta estarán todos los que jueguen en contra de Milei. “Hay que armar un espacio que tenga la suficiente amplitud para poder ganar un balotaje”, remarcaron en la gobernación.

Después de dejar los conflictos electorales atrás y haber logrado que la Legislatura le apruebe el Presupuesto, el endeudamiento y la ley fiscal impositiva, Kicillof está liberado de un sinfín de conflictos que lo atormentaron durante todo el 2025. Sin esas cargas políticas, tiene la oportunidad de, además de gestionar, empezar a mirar hacia adelante y darle forma a su plan para ser presidente de la Nación en el 2027.

En ese camino quiere evitar quedar en la primera línea de las confrontaciones permanentes que tiene el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Por eso fue claro con sus intendentes y desistió de la posibilidad de pelear por la presidencia del PJ Bonaerense. “Tenemos que federalizar el camino de Axel, en vez de encerrarnos en la provincia”, aseguró uno de los funcionarios a los que más escucha el Gobernador.

En La Plata ven a Verónica Magario como la mejor posicionada para representar los intereses de Kicillof en la jefatura del partido. Tienen varios motivos. Es la vicegobernadora, tiene la confianza de su compañero de fórmula, representa a La Matanza, con el valor político y electoral que eso conlleva, y tiene buena relación con los intendentes, que fueron pares de ella durante su etapa al mando del municipio matancero.

Los jefes comunales del MDF quieren que la presidencia del PJ Bonaerense responda a Kicillof. Creen que hay ganarle a La Cámpora en todos los lugares de la cancha. Es parte de la consolidación del liderazgo del Gobernador en la provincia. Hay que dar todas las peleas para mantener a flote el proyecto político. Todas es todas.

La construcción nacional de Kicillof no tendrá como eje el PJ Nacional. Liderado por Cristina Kirchner, el partido no tiene en su esquema de dirigentes a ningún nombre propio vinculado al gobernador bonaerense. Es, inevitablemente, una forma de desmarcarse de la ex presidenta, a la que Kicillof también quiere contener. No quiere cumplir sus órdenes, ni las de Máximo Kirchner, pero sí que todos estén adentro.

El 2026 será el año en que Axel Kicillof intente convertir su liderazgo provincial en un liderazgo nacional. Hay otros nombres que empezarán a acoplarse a la carrera presidencial. No es el único, pero es el primero que levantó la mano y que está dispuesto a edificar un proyecto político nuevo a partir del próximo año.

 

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