El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, volvió a referirse a las vacantes sin ocupar en el máximo tribunal y a la necesidad de que el Estado resuelva esta situación. A su vez, insistió en que se deberían tratar solo aquellos temas “en los que hay una cuestión estrictamente constitucional”.

Respecto a su postura sobre la conformación ideal, señaló que cinco jueces es el número adecuado, ya que en esa integración cada expediente es debatido por todos los miembros y favorece una deliberación sustancial sobre cada fallo. “Cinco es el número ideal, para mí, que es el número histórico de la Corte”, analizó; y en ese sentido explicó: “Cada tema tiene que dar toda la vuelta por los ministros. Nos llega un expediente, entonces, si usted hace una Corte de cinco, la mayoría es tres y todos intervienen. Es decir, que aunque los tres primeros, siendo cinco, estén de acuerdo, si el cuarto está en desacuerdo, vuelve el expediente, porque alguno de los primeros tres puede cambiar su criterio”.

Por otro lado, distinguió este modelo de los de siete o nueve integrantes, donde, a su criterio, el circuito para el análisis de los casos se vuelve excesivamente extenso y podría dificultar la construcción de consensos. “Si usted hace una Corte de siete, la mayoría es cuatro, la vuelta es más larga, es como un planeta que gira una órbita más extensa”, planteó y remarcó que el tribunal debería intervenir solo en aquellos temas “en los que hay una cuestión estrictamente constitucional”.

Para explicar el funcionamiento actual del organismo, Rosatti acudió a un ejemplo. “Estamos jugando un partido de fútbol de once jugadores con siete, para que se tome noción. Se nos complica irnos de vacaciones porque tenemos que hacer malabares”, detalló en diálogo con Carlos Pagni al aire de LN+. Según Rosatti, las actividades que llevan a cabo requieren una organización que, ante la cantidad de gente disponible, puedan sacar el trabajo.

“Todas las semanas tenemos acuerdo, inexorablemente. En el acuerdo discutimos las sentencias que queremos sacar en las semanas subsiguientes, quiere decir que es un debate anticipado sobre lo que vamos a hacer en las semanas o meses subsiguientes”, relató, y continuó: “Previamente, nos reunimos entre nosotros, con nuestros letrados, con los secretarios, y vamos tratando de ponernos de acuerdo”. “Ponerse de acuerdo, yo diría el noventa y ocho por ciento de las sentencias, es unanimidad, en este caso, tres firmas. Si no se llama a un conjuez”, añadió en referencia a la modalidad adoptada debido al número reducido de magistrados.

De igual forma, Rosatti señaló que la dotación de letrados en la Corte es considerablemente inferior a la de algunos estudios jurídicos privados de Buenos Aires. Mientras en ciertos despachos de la ciudad trabajan hasta trescientos abogados, en el máximo tribunal la cantidad es mucho menor. Sobre la posibilidad de implementar herramientas tecnológicas, el presidente del tribunal expresó: “Esta es la única forma de trabajar sin inteligencia artificial por ahora, porque este reparto, a lo mejor, algún día podría hacerse por inteligencia artificial, pero a veces delira y podemos tener ahí problemas”.

“Este año va a ser el récord histórico desde la fundación de la Corte Suprema de Justicia en 1863 de cantidad de sentencias. Nunca antes, como hoy”, dijo Rosatti quien indicó que se van a firmar “más de trece mil” sentencias, teniendo en cuenta que aún no terminó el año.

De esta manera, reiteró la importancia de que existan más plenarios o instancias de casación en todos los fueros, de modo de unificar criterios antes de llegar al máximo tribunal. “Nos hemos convertido casi en un tribunal de tercera instancia”, analizó. Aunque, por otro lado, destacó: “El trabajo de estos últimos años se ha organizado muy bien, pero hay que decir que estamos al límite, por supuesto”.

El presidente Javier Milei espera que el acuerdo comercial con los Estados Unidos esté listo para antes de fin de año y planea viajar a Washington D.C. para firmarlo personalmente, aunque las autoridades argentinas todavía están trabajando en el texto.

De acuerdo con lo que precisaron varias fuentes oficiales a Infobae, el Gobierno busca que el tratado sea rubricado en las próximas semanas para que pueda entrar en vigencia lo antes posible, pero para eso están ultimando detalles con la contraparte norteamericana.

A mediados de noviembre pasado, la Casa Blanca publicó un comunicado en el que confirmó que ya se había alcanzado un convenio marco con la gestión libertaria para avanzar hacia un programa de “comercio e inversión recíprocos”.

A partir de ese momento, comenzó una etapa para la administración de Milei en la que funcionarios de diferentes áreas empezaron a trabajar para adecuar la legislación local y así cumplir con las pautas que acordaron las partes.

El embajador argentino en los Estados Unidos, Alejandro “Alec” Oxenford, regresó a Buenos Aires y este lunes por la tarde mantuvo un encuentro en la Casa Rosada con el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El diplomático estuvo reunido un tiempo largo con el consultor político, a quien le comentó, entre otras cuestiones, cómo se encuentran las negociaciones para la redacción final del texto.

Aunque hay una expectativa fuerte de que la medida se concrete antes de que termine diciembre, en el Poder Ejecutivo se muestran cautos: “Está todo muy avanzado, pero no se van a dar fechas. Se anunciará oficialmente”, sostuvo a Infobae una de las personas involucradas en el proyecto.

Una vez que el tratado de libre comercio esté listo, Milei tiene pensado viajar al país del norte para firmarlo personalmente, probablemente en un acto que encabezará con su par estadounidense, Donald Trump.

De hecho, en el Poder Ejecutivo se había planteado días atrás la posibilidad de que esto ocurriera el 5 de diciembre, fecha en la que el libertario tenía agendado visitar Washington para asistir al sorteo del Mundial de fútbol.

Sin embargo, sucedieron dos episodios que imposibilitaron esto: en primer lugar, cuando se estaba acercando el evento, las propias autoridades nacionales ya reconocían que no iban a poder terminar con la tarea.

En el asunto está involucrado, principalmente, el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que lidera Federico Sturzenegger y que participó de los encuentros con los representantes norteamericanos previos al anuncio del convenio marco.

También están trabajando en varios aspectos el Ministerio de Economía, encabezado por Luis “Toto” Caputo, y la Cancillería, que quedó en manos de Pablo Quirno.

El embajador enviado por Trump a Buenos Aires, Peter Lamelas, recibió a finales del mes pasado al funcionario y, tras el encuentro, destacó que “las reformas que impulsa Milei tienen el potencial de dinamizar la economía argentina”.

“Hablamos sobre cómo la desregulación puede impulsar la innovación, atraer inversiones, generar empleo, y aumentar el comercio. EE.UU. apoya estos esfuerzos orientados a un entorno más competitivo y abierto”, destacó.

El acuerdo comercial, según se anticipó en el convenio macro, contempla el acceso mutuo a mercados para productos clave, particularmente en recursos naturales, acero, aluminio y carne de res.

Siguiendo con el comunicado que sacó en aquella oportunidad la Casa Blanca, uno de los ejes principales del tratado es la apertura recíproca de la economía mediante la reducción o eliminación de aranceles.

Entre otros puntos, la Argentina se comprometió a brindar acceso preferencial a exportaciones estadounidenses que incluyen medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y un conjunto de productos agropecuarios.

Recientemente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de la Argentina, firmaron un convenio de cooperación para facilitar determinados trámites.

Tal como anticipó este medio, las autoridades locales deben adaptar la legislación vigente para poder cumplir con estas medidas y, en algunos casos, se prevé que las modificaciones tendrán que pasar por el Congreso.

Por ejemplo, las autoridades nacionales tendrán que intensificar el control sobre productos apócrifos y pirateados, incluyendo el ámbito digital, y también modernizar el régimen de propiedad intelectual siguiendo estándares internacionales.

No obstante, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, los referentes del oficialismo no recibieron aún instrucciones de defender el acuerdo en el recinto y están concentrados en la aprobación de las reformas que se están tratando en sesiones extraordinarias.

La Cámara de Diputados convocó a la primera discusión en el recinto de las sesiones extraordinarias para el próximo miércoles 17 de diciembre. El debate iniciará a las 14 y tendrá como objeto tratar tres de los principales proyectos que el Gobierno envió al Congreso de la Nación para discutir en el periodo legislativo.

La convocatoria para la sesión especial se conoció este lunes en el marco de las primeras reuniones en comisiones en la cámara Baja para comenzar con el debate. En ese sentido, el primer proyecto a tratar es el de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026.

Además, ingresaron otras dos iniciativas. Por un lado, la reforma en el Régimen Penal Tributario, conocido también como Inocencia Fiscal. Mientras que, por otro, la ley de compromiso para la estabilidad fiscal y monetaria, que establece la obligación de que el presupuesto proyecte un resultado equilibrado o superavitario, prohibiendo déficits financieros.

En ese marco, la ley de gastos es una de las que más chances de ser aprobada tiene dentro de todo el temario que envió el Ejecutivo para tratar en el periodo legislativa extendido. La Libertad Avanza (LLA)creció mucho en volumen legislativo tras las elecciones de octubre pasado, pero sin quorum ni mayoría pura en Diputados y el Senado. Tampoco cuenta con un mandatario provincial violeta. No es menor

Según informó Infobae, el titular de Diputado, Martín Menem, blindó la ingeniería de repartija en comisiones que intervendrán en el actual período extraordinario. Justamente, el oficialismo logró avanzar hoy con la constitución de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal. Así, durante este martes intentarán obtener el dictamen para comenzar a tratar esta iniciativa.

Las presidencias de ambas comisiones quedaron en manos de dos libertarios, quienes ratificaron el cargo: Alberto Benegas Lynch, en Presupuesto; y Laura Rodríguez Machado, en Legislación Penal. En ambos casos, el kirchnerismo eligió dejar stand by sus cargos.

Para las 10 del martes, la cordobesa ya convocó para comenzar con el análisis del proyecto de inocencia fiscal y se prevé un plenario, junto a Presupuesto y Hacienda, para las 15.

Así las cosas, el Ejecutivo buscará aprobar lo antes posible el proyecto para girarlo a la Cámara de Senadores, donde el debate también podría extenderse. El objetivo: dictaminar el viernes y dejarlo a la vera de su sanción definitiva el sábado 27 o lunes 29.

Mientras aguarda dicho articulado, la Cámara alta concretará mañana, a partir de las 11, su reunión de Labor Parlamentaria para que los jefes de bloque definan la trayectoria de la reforma laboral. Primero, se debatirá el reparto de butacas en las comisiones de Trabajo; y de Presupuesto y Hacienda. Tras esto, la titular de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, apunta a conseguir un dictamen el viernes del proyecto de Modernización Laboral y debatirlo en conjunto con el Presupuesto.

Cuáles son los proyectos que se debatirán en las sesiones extraordinarias

El Poder Ejecutivo dispuso que el Congreso de la Nación continúe en funciones desde el 10 hasta el 30 de diciembre de 2025. Así, además de los proyectos que ya empiezan a correr en el recinto, se espera que se debatan:

• En materia judicial, el temario extraordinario incorpora la propuesta de Reforma del Código Penal, que prevé ajustar definiciones y penas para diversos delitos conforme a los estándares contemporáneos reclamados por el Poder Ejecutivo.
• El paquete de temas incluye además el Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que revisa la Ley 26.639 vigente. Las autoridades ambientales advirtieron sobre el impacto potencial de estas modificaciones en la protección de los ecosistemas de alta montaña.