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Ante la falta de consenso, mandan a un cajón la ley de hidrocarburos

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La ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas fue presentada en sociedad por Darío Martínez, Martín Guzmán y Alberto Fernández, inmediatamente después de la derrota en las PASO. En ese momento, Guzmán aprovechó el escenario para responderle a Cristina Kirchner sus críticas al manejo económico. Luego se desató las catarata de renuncias de todos los funcionarios kirchneristas, excepto el secretario de Energía, Darío Martínez.

“Martínez llegó al cargo con el respaldo de Cristina, pero luego tomó distancia y esa tensión se trasladó al peronismo de Neuquén. Esta ley esta hecha a medida de intereses que no nos representan”, afirmó a LPO una fuente del kirchnerismo al tanto de la situación.

“Alberto desconoce el tema petrolero y lo dejaron expuesto. En cambio Cristina es petrolera, conoce cabalmente la cuestión, la considera prioridad absoluta y la sigue muy de cerca. De hecho, hubo que escribir dos veces el proyecto porque la primer versión fue rechazada por ella”, agregó la fuente.

Lo cierto es que la vicepresidenta trabajó como convencional constituyente en la redacción de la Constitución de ’94, donde se le concedió a las provincias el dominio y la jurisdicción de los recursos del subsuelo -entre ellos los hidrocarburos- que según entienden los gobernadores patagónicos, este nuevo proyecto pone en jaque.

“La ley es un impuesto nacional sobre un recurso no renovable de pertenencia de las provincias y encima no coparticipable, y por el cual no cobramos ingresos brutos. ¿Saben lo que significaría cobrar ingresos brutos sobre la exportación de crudo y gas?”, afirmó el neuquino Omar Gutiérrez, presidente de la liga de provincias petroleras (Ofephi) y uno de los críticos más frontales de la norma. Críticas similares expresó el líder histórico del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Jorge Sapag.

La lectura de los gobernadores de las provincias petroleras es que el artículo 90 del proyecto que indica que la autoridad de aplicación respecto a los permisos de exploración, las concesiones de explotación y las concesiones de transporte y almacenamiento subterráneo en las áreas hidrocarburíferas competen a la Secretaría de Energía de la Nación, avasalla los derechos de las provincias otorgado precisamente por la Constitución del ’94.

“La ley le otorga a la Nación una participación y reconocimiento sobre las reservas que hasta el momento no tiene. Es evidente que al MPN le molesta que entre la Nación porque aparece un actor más con quién dividir la torta”, reconoció a LPO una fuente del Gobierno.

Sapag fue taxativo: “Considero que el art 90 es un error de redacción, un desliz, que hay que corregirlo”. Según una fuente del gobierno neuquino consultada por LPO, “Sapag es una figura muy relevante ante esta problemática ya que fue quien diseñó Vaca Muerta junto a Cristina”.

Gutiérrez expresa al conjunto de la Ofephi porque la disputa que se refleja en esta ley es por Vaca Muerta. Es por eso que otras de las críticas del gobernador deviene en como se estipula la línea de base que mide la producción incremental sobre la cual se definen los cupos exportables. Este cuestionamiento es compartido por las empresas del sector que resultan perjudicadas, como reveló LPO.

“Las empresas que garantizamos el abastecimiento interno, solo queremos exportar cuando cumplamos esa demanda. Petrona, Shell y Vista invirtieron en lo peor de la pandemia, su producción creció y ahora es lógico que pidan exportar. Invertimos cuando todos estaban parados. Lo que pedimos con cambiar la base, es que nos reconozcan esa inversión” afirmaron a LPO fuentes del mercado, que agregaron que el gobierno nacional defiende la actual línea base, por una presión del ministro Martín Guzmán, que está mirando un tema fiscal.

El kirchnerismo también cuestiona otro aspecto clave de la norma. Afirman que la estabilidad fiscal por 20 años que promete, barre con los derechos de exportación como herramienta de la política económica. “Como no las podes tocar, quedás pegado al precio internacional. Se dolariza tu recurso, y como vos no generas dólares, viene la inflación y la devaluación. Lo mismo pasa con la ley del Consejo Agroindustrial. Acá hay dos modelos en pugna, por un lado la salida exportadora de Guzmán y la opuesta que se traduce energía y alimentos baratos, justamente lo que propone Cristina”, analizaron ante LPO.

El legislador del kirchnerismo neuquino Mariano Mansilla, sostuvo a LPO que “la disputa por la orientación de la política energética en nuestro país tiene muchos capítulos donde sucedieron tensiones entre las grandes corporaciones de las potencias occidentales contra militares nacionalistas y luego, desarrollistas convencidos por la fuerza del lobby de los trust del Petróleo. Como integrantes del Frente de Todos, y para sostener una de las principales banderas de la plataforma de gobierno que impulsamos para Alberto y Cristina, entendemos que debe ajustarse la mirada para pensar el régimen de esta ley”.

Desde el sector de los trabajadores cobra vigor la resistencia. “A Pereyra lo tenían cerrado y se les está dando vuelta. Ya no banca de pleno al proyecto”, agregó una fuente del sindicato petrolero.

En declaraciones a la prensa el secretario General del gremio afirmó: “Las provincias están pidiendo un cambio en algunos artículos, principalmente en el artículo 90, donde los gobernadores manifiestan que avasalla la titularidad que tienen las provincias por la ley corta, por la Constitución del ’94”.

Mientras que Marcelo Rucci consideró que la puja entre de Neuquén y el Gobierno nacional “debe resolverse rápidamente. El artículo 90 de la medida es el que está en discusión, el cual habla de la autonomía de la provincias. Desde el Sindicato estamos a favor que eso no se pierda, que no pierdan las provincias”.

Lo cierto es que ante la falta de consenso, la ley no avanza. No hay agenda prevista para actividad parlamentaria y desde el bloque oficialista afirman que por ahora está cajoneada.

(LPO)

 

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La provincia de Buenos Aires fue elegida Capital Mundial de la Salud Mental hasta 2029

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La provincia de Buenos Aires fue designada Capital Mundial de la Salud Mental para el período 2026-2029 por la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH), en reconocimiento a las políticas implementadas para transformar el sistema público de atención, ampliar el acceso a los tratamientos y fortalecer los dispositivos comunitarios destinados a personas con padecimientos mentales y consumos problemáticos.

La distinción internacional surgió de la evaluación de la postulación y del Plan de Acción presentado por el Gobierno bonaerense, que puso el foco en los avances alcanzados durante los últimos años, especialmente en la incorporación de servicios de salud mental a los hospitales generales, la reducción de las internaciones prolongadas y el desarrollo de estrategias de prevención.

La Federación Mundial de Salud Mental es una organización fundada en 1948 que mantiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuenta con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).

Referencia internacional

Desde el Ministerio de Salud provincial destacaron que el reconocimiento ubica a Buenos Aires como una experiencia de referencia internacional en la transformación de los sistemas públicos de atención, mediante un modelo que busca reemplazar progresivamente el aislamiento y las internaciones prolongadas por cuidados integrales dentro de las comunidades.

Uno de los principales avances señalados por la Provincia es la ampliación de la capacidad de atención en hospitales generales. Al comienzo de la actual gestión, solamente 11 establecimientos provinciales estaban preparados para atender urgencias e internaciones vinculadas con la salud mental y los consumos problemáticos. Actualmente, esa capacidad se extendió a los 100 hospitales generales de la red bonaerense.

Para alcanzar ese objetivo, se incrementó un 69,8% la cantidad de camas destinadas a internaciones por motivos de salud mental y se incorporaron más de 1.000 trabajadores especializados en esos establecimientos. Además, se impulsó la conformación de mesas de salud mental en los 135 municipios bonaerenses.

“La salud mental tiene que estar integrada al sistema de salud y no separada de él”, sostuvo el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, al destacar los resultados de las políticas desarrolladas.

Del encierro a la atención comunitaria

Otro de los ejes centrales de la transformación fue el proceso de desinstitucionalización, orientado a garantizar que las personas con padecimientos mentales puedan recibir atención y desarrollar sus proyectos de vida dentro de sus comunidades.

En ese marco, la Provincia pasó de contar con 74 viviendas con apoyo en 2020 a disponer de 227 en 2026. Actualmente, 743 personas reciben acompañamiento en casas integradas a la comunidad, como alternativa a las internaciones prolongadas en instituciones especializadas.

Según los datos oficiales, por primera vez la cantidad de personas externadas e integradas a la comunidad supera a quienes permanecen internadas en sectores crónicos de los hospitales neuropsiquiátricos provinciales.

El proceso permitió reducir un 70% las internaciones en sectores de larga estadía y avanzar en el cierre definitivo de 28 de los 35 pabellones destinados a ese tipo de atención. Parte de esos espacios fueron reconvertidos en polos educativos y culturales abiertos a la comunidad.

La transformación también estuvo acompañada por un incremento del 37,5% en los recursos humanos destinados a tareas de atención, prevención, cuidado y acompañamiento.

En paralelo, se desarrolló una red territorial que actualmente cuenta con más de 200 dispositivos de salud mental y consumos problemáticos, a los que se suman 33 nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental y Consumos Problemáticos.

La expansión de estos servicios implicó la incorporación de más de 2.000 trabajadores a la red, con el propósito de acercar la atención a los lugares donde viven las personas y evitar que los tratamientos dependan exclusivamente de instituciones especializadas.

Prevención y acompañamiento de los jóvenes

Las políticas de promoción y prevención también ocuparon un lugar destacado en la evaluación internacional, particularmente aquellas destinadas a las infancias y juventudes.

A través del programa “La Salud Mental es entre todas y todos”, el Gobierno bonaerense desarrolló actividades en 3.580 escuelas de los 135 municipios, que alcanzaron a 635.000 estudiantes.

La iniciativa incluyó más de 79.000 encuentros con 26.000 grupos y, según los relevamientos provinciales, el 94% de los estudiantes encuestados manifestó que recomendaría los talleres.

Las actividades buscan generar espacios de escucha, fortalecer los vínculos entre pares, prevenir situaciones de sufrimiento y promover el acompañamiento temprano, evitando la estigmatización de los problemas de salud mental.

En esa misma línea, durante 2026 se creó el Consejo Joven de Participación e Incidencia en Políticas Públicas de Salud Mental, integrado por representantes de centros de estudiantes, organizaciones juveniles, universidades, escuelas secundarias y programas como Envión.

El objetivo es incorporar las experiencias y propuestas de los propios jóvenes al diseño de las políticas públicas destinadas a ese sector de la población.

La prevención del suicidio, entre las prioridades

Frente al crecimiento de la demanda de atención, la Provincia también fortaleció las estrategias de prevención del suicidio, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Más de 4.500 trabajadores del sector público participaron de instancias de formación sobre prevención y abordaje de esta problemática, mientras que se elaboraron herramientas destinadas a equipos de salud y gobiernos municipales.

Entre las medidas se encuentran una nueva guía clínica para servicios de urgencias, hospitales generales y centros de atención primaria, además de recomendaciones dirigidas a los medios de comunicación para promover un tratamiento responsable de la problemática.

Desde la cartera sanitaria señalaron que estas iniciativas forman parte de una estrategia destinada a detectar tempranamente situaciones de riesgo y fortalecer las redes de acompañamiento comunitario.

Un reconocimiento y nuevos desafíos

La designación como Capital Mundial de la Salud Mental permitirá a Buenos Aires ampliar los intercambios internacionales, desarrollar instancias de formación y cooperación y compartir experiencias de gestión con otros gobiernos e instituciones.

Sin embargo, las autoridades provinciales remarcaron que el reconocimiento no implica que la transformación del sistema haya concluido, sino que representa un respaldo al camino recorrido y un compromiso para sostener los cambios.

“Este reconocimiento es una validación a un camino que venimos construyendo y, sobre todo, una responsabilidad para profundizarlo”, afirmó Kreplak.

En ese sentido, la Provincia buscará consolidar los avances mediante el segundo Plan Provincial Integral de Salud Mental 2026-2031, que establece como prioridades continuar con la desinstitucionalización, fortalecer la red pública de cuidados y ampliar las respuestas frente al suicidio y los consumos problemáticos.

El programa también contempla una mayor participación de usuarios, familiares y organizaciones sociales en la construcción de políticas sanitarias.

Fuente: Agencia DIB

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El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI de un parque eólico en Olavarría

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El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Parque Eólico La Rinconada, que se desarrollará a unos 40 kilómetros de Olavarría. La iniciativa, a cargo de la empresa Vientos La Rinconada S.A.U., contempla una inversión total de US$ 230,7 millones y una potencia instalada de 94,5 megavatios (MW).

Según establece la resolución, el parque tendrá como objetivo principal abastecer el proceso productivo de la siderúrgica Siderca S.A.I.C., ubicada en Campana. Para ello, se conectará al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI) a través de la nueva Estación Transformadora La China, de Transba, situada en un predio lindero al Parque Eólico Viento de Olavarría.

Del monto total declarado, US$ 218,2 millones corresponden a inversiones en activos computables, cifra que supera el mínimo exigido por el RIGI para los proyectos del sector energético. La empresa también informó que destinará US$ 110,6 millones a esas inversiones durante el primer año y otros US$ 1,4 millones en el segundo.

La iniciativa cuenta con una prioridad de despacho de 91,5 MW adjudicada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Además, el organismo elaboró un informe sobre el impacto que tendrá el proyecto en la sustitución de importaciones de energía y combustibles para el Mercado Eléctrico Mayorista.

La resolución también establece que la firma deberá acreditar, durante el primer y segundo año desde la notificación de la medida, inversiones en activos computables equivalentes al menos al 40% del monto mínimo requerido para el sector energético. En tanto, fijó el 31 de marzo de 2027 como fecha límite para alcanzar el monto mínimo de inversión comprometido.

La empresa, por otra parte, no solicitó el beneficio de libre disponibilidad de las divisas provenientes de cobros de exportaciones, dado que el proyecto está destinado al abastecimiento energético de Siderca y no prevé exportaciones.

Fuente: Agencia DIB

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Cae la proporción de alcoholemias positivas en las rutas bonaerenses

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La proporción de alcoholemias positivas en los controles viales de la provincia de Buenos Aires bajó del 5% al 1,24%, según el balance difundido por el Ministerio de Transporte. Entre el inicio de 2025 y el 31 de octubre de 2026 se realizaron 622.834 testeos en 5.075 operativos, que permitieron detectar 7.745 conductores con alcohol en sangre.

Los datos fueron difundidos por el Ministerio de Transporte bonaerense en el marco del Día Mundial sin Alcohol, como parte del balance de las políticas de prevención y seguridad vial implementadas en rutas, autopistas, accesos y centros urbanos de la provincia.

De acuerdo con el informe oficial, uno de los principales indicadores de la gestión de Martín Marinucci fue la reducción de la positividad en los controles de alcoholemia. El porcentaje pasó de aproximadamente el 5% a ubicarse en torno al 1,2%, desde que asumió ese funcionario a principios de 2025 hasta fines de octubre de este año.

Cabe recordar que desde principios de 2023 rige en la provincia de Buenos Aires la ley N° 15.402 de Alcohol Cero, que establece la tolerancia cero de alcohol en sangre para los conductores de todo tipo de vehículos que circulen en todo el distrito. En la actualizad, la multa por conducir alcoholizado puede costar entre $702.000 y $2.340.000.

El despliegue del Ministerio de Transporte

Como parte del despliegue territorial, el Ministerio entregó alcoholímetros a 120 municipios bonaerenses para ampliar la capacidad de fiscalización local y fortalecer los controles en coordinación con los gobiernos comunales.

También incorporó cámaras digitales y puestos de monitoreo vial en corredores estratégicos, destinados a detectar infracciones y conductas de riesgo, como el uso del teléfono celular durante la conducción y la falta de utilización del cinturón de seguridad.

El esquema se complementa con operativos dinámicos en distintos puntos del territorio, jornadas de concientización en establecimientos educativos y capacitaciones para agentes municipales.

En ese contexto, Marinucci sostuvo que la política de Alcohol Cerobusca modificar los hábitos de conducción y destacó la importancia de mantener los controles en las rutas bonaerenses. Según señaló, la prevención no depende únicamente de las fiscalizaciones, sino también de la educación vial y de la articulación con los gobiernos locales.

Fuente: Agencia DIB

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