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Ante la falta de consenso, mandan a un cajón la ley de hidrocarburos

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La ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas fue presentada en sociedad por Darío Martínez, Martín Guzmán y Alberto Fernández, inmediatamente después de la derrota en las PASO. En ese momento, Guzmán aprovechó el escenario para responderle a Cristina Kirchner sus críticas al manejo económico. Luego se desató las catarata de renuncias de todos los funcionarios kirchneristas, excepto el secretario de Energía, Darío Martínez.

“Martínez llegó al cargo con el respaldo de Cristina, pero luego tomó distancia y esa tensión se trasladó al peronismo de Neuquén. Esta ley esta hecha a medida de intereses que no nos representan”, afirmó a LPO una fuente del kirchnerismo al tanto de la situación.

“Alberto desconoce el tema petrolero y lo dejaron expuesto. En cambio Cristina es petrolera, conoce cabalmente la cuestión, la considera prioridad absoluta y la sigue muy de cerca. De hecho, hubo que escribir dos veces el proyecto porque la primer versión fue rechazada por ella”, agregó la fuente.

Lo cierto es que la vicepresidenta trabajó como convencional constituyente en la redacción de la Constitución de ’94, donde se le concedió a las provincias el dominio y la jurisdicción de los recursos del subsuelo -entre ellos los hidrocarburos- que según entienden los gobernadores patagónicos, este nuevo proyecto pone en jaque.

“La ley es un impuesto nacional sobre un recurso no renovable de pertenencia de las provincias y encima no coparticipable, y por el cual no cobramos ingresos brutos. ¿Saben lo que significaría cobrar ingresos brutos sobre la exportación de crudo y gas?”, afirmó el neuquino Omar Gutiérrez, presidente de la liga de provincias petroleras (Ofephi) y uno de los críticos más frontales de la norma. Críticas similares expresó el líder histórico del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Jorge Sapag.

La lectura de los gobernadores de las provincias petroleras es que el artículo 90 del proyecto que indica que la autoridad de aplicación respecto a los permisos de exploración, las concesiones de explotación y las concesiones de transporte y almacenamiento subterráneo en las áreas hidrocarburíferas competen a la Secretaría de Energía de la Nación, avasalla los derechos de las provincias otorgado precisamente por la Constitución del ’94.

“La ley le otorga a la Nación una participación y reconocimiento sobre las reservas que hasta el momento no tiene. Es evidente que al MPN le molesta que entre la Nación porque aparece un actor más con quién dividir la torta”, reconoció a LPO una fuente del Gobierno.

Sapag fue taxativo: “Considero que el art 90 es un error de redacción, un desliz, que hay que corregirlo”. Según una fuente del gobierno neuquino consultada por LPO, “Sapag es una figura muy relevante ante esta problemática ya que fue quien diseñó Vaca Muerta junto a Cristina”.

Gutiérrez expresa al conjunto de la Ofephi porque la disputa que se refleja en esta ley es por Vaca Muerta. Es por eso que otras de las críticas del gobernador deviene en como se estipula la línea de base que mide la producción incremental sobre la cual se definen los cupos exportables. Este cuestionamiento es compartido por las empresas del sector que resultan perjudicadas, como reveló LPO.

“Las empresas que garantizamos el abastecimiento interno, solo queremos exportar cuando cumplamos esa demanda. Petrona, Shell y Vista invirtieron en lo peor de la pandemia, su producción creció y ahora es lógico que pidan exportar. Invertimos cuando todos estaban parados. Lo que pedimos con cambiar la base, es que nos reconozcan esa inversión” afirmaron a LPO fuentes del mercado, que agregaron que el gobierno nacional defiende la actual línea base, por una presión del ministro Martín Guzmán, que está mirando un tema fiscal.

El kirchnerismo también cuestiona otro aspecto clave de la norma. Afirman que la estabilidad fiscal por 20 años que promete, barre con los derechos de exportación como herramienta de la política económica. “Como no las podes tocar, quedás pegado al precio internacional. Se dolariza tu recurso, y como vos no generas dólares, viene la inflación y la devaluación. Lo mismo pasa con la ley del Consejo Agroindustrial. Acá hay dos modelos en pugna, por un lado la salida exportadora de Guzmán y la opuesta que se traduce energía y alimentos baratos, justamente lo que propone Cristina”, analizaron ante LPO.

El legislador del kirchnerismo neuquino Mariano Mansilla, sostuvo a LPO que “la disputa por la orientación de la política energética en nuestro país tiene muchos capítulos donde sucedieron tensiones entre las grandes corporaciones de las potencias occidentales contra militares nacionalistas y luego, desarrollistas convencidos por la fuerza del lobby de los trust del Petróleo. Como integrantes del Frente de Todos, y para sostener una de las principales banderas de la plataforma de gobierno que impulsamos para Alberto y Cristina, entendemos que debe ajustarse la mirada para pensar el régimen de esta ley”.

Desde el sector de los trabajadores cobra vigor la resistencia. “A Pereyra lo tenían cerrado y se les está dando vuelta. Ya no banca de pleno al proyecto”, agregó una fuente del sindicato petrolero.

En declaraciones a la prensa el secretario General del gremio afirmó: “Las provincias están pidiendo un cambio en algunos artículos, principalmente en el artículo 90, donde los gobernadores manifiestan que avasalla la titularidad que tienen las provincias por la ley corta, por la Constitución del ’94”.

Mientras que Marcelo Rucci consideró que la puja entre de Neuquén y el Gobierno nacional “debe resolverse rápidamente. El artículo 90 de la medida es el que está en discusión, el cual habla de la autonomía de la provincias. Desde el Sindicato estamos a favor que eso no se pierda, que no pierdan las provincias”.

Lo cierto es que ante la falta de consenso, la ley no avanza. No hay agenda prevista para actividad parlamentaria y desde el bloque oficialista afirman que por ahora está cajoneada.

(LPO)

 

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Kicillof lanzó su centro de estudios y apuntó a Milei: “Nos tocó el presidente más ignorante que nos podía tocar”

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF); su propia usina de ideas desde la que buscará confrontar con la gestión de Javier Milei, con una perspectiva hacia 2027. Fue este martes en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Al cierre de su exposición, los presentes corearon “Axel presidente…”. Solo estuvieron presentes los representantes del Movimiento Derecho al Futuro, pero el mandatario provincial planteó que “lo que se nos pide es que podamos pensar un proyecto para un desarrollo federal y con justicia social para la Argentina” y que “ese proyecto, del que no declamamos exclusividad, tiene un nuevo instrumento para construir el futuro de la Argentina entre todos”.

Para su presentación, el CEDAF —que estará a cargo de la exministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec; el exministro de Infraestructura, Agustín Simone y el gerente general de Aubasa, Pablo Ceriani— elaboró un documento en el que rebaten “Las diez mentiras de Milei y una zoncera”. Los referentes del CEDAF son parte del equipo de colaboradores de Kicillof desde hace tiempo. Hasta el tradicional teatro platense llegaron intendentes y legisladores enrolados en el MDF, además de los ministros que también tienen base política en este esquema que buscará empezar a proyectarse por fuera del territorio bonaerense. Los funcionarios provinciales que reconocen a Cristina Kirchner como su conducción no estuvieron presentes en el lanzamiento.

El programa que Milei está aplicando es absolutamente anacrónico. Yo dije el otro día y me parece que a algunos les gustó: es un corso a contramano”, dijo Kicillof durante su alocución, que se extendió por más de una hora. Antes habían hablado Ruiz Malec y el intendente de La Plata, Julio Alak, quien volvió a promover al gobernador bonaerense como el candidato presidencial del peronismo: “Dejemos de tener un gobierno que recite lenguas extrañas y que venga un candidato a presidente para que lleve lenguas criollas a toda la Argentina y ese candidato a presidente se llama Axel Kicillof”. El recinto aplaudió, pero gestualmente, el gobernador pidió serenidad.

El mandatario bonaerense ya despliega un discurso federal. “Estamos pensando en la Argentina que viene”, dijo uno de sus ministros al ingresar al acto. Este martes no fue la excepción. La confrontación con Milei será constante. “No hay país del mundo, del planeta, más allá del grado de desarrollo y la geografía; que no esté pensando en cómo crear trabajo nacional, trabajo propio, cómo sostener la industria propia, la producción nacional, cómo ubicarse estratégicamente dentro de un mundo que cambia, dónde ir, con quién asociarse. Todo el mundo lo está discutiendo, pero a nosotros nos tocó el presidente más ignorante que nos podía tocar y el más sometido”, dijo en uno de los puntos más altos de la confrontación con Milei.

“Esta batería de políticas ya las conocemos. El único matiz novedoso que tiene este modelo es que, además del daño que provoca, responsabiliza a las víctimas: la culpa no es del trabajador que perdió el empleo, ni de la pyme que tuvo que cerrar, el único responsable se llama Javier Milei”, consideró.

También se refirió a la situación política y judicial de Cristina Kirchner que este martes volvió a ganar la centralidad de la agenda al prestar declaración indagatoria de manera presencial en los tribunales de Comodoro Py en la causa Cuadernos. Kicillof, que mantiene distancia política con la expresidenta y no habla con ella desde el cierre de listas del año pasado, dijo este martes que el gobierno “con mentiras y estafas persigue a Cristina”.

“Hoy han ido a montar otro show judicial para distraer de estas cosas que están pasando, que son evidentes, que están a cielo abierto —en referencia a las decisiones que toma Milei con su política económica-. Entonces, no puedo dejar de decirlo porque la palabra mentira en este marco alude al comportamiento general de este gobierno y del Presidente de la Nación”, se explayó.

“Los que piensan que Milei vino con ideas nuevas, de pronto, se encuentran con las mismas explicaciones y latiguillos cuando la economia no arranca. Igual que en el gobierno de Mauricio Macri, cuando empezaban con la luz al final del túnel, el segundo semestre y los brotes verdes”, planteó en otro tramo de su discurso.

El acto contó con la presencia de algunos referentes sindicales como Héctor DaerRoberto BaradelHugo Yasky, Hugo “Cachorro” GodoyFabiola Mosquera, Oscar De Isasi, entre otros. También los intendentes axelistas repartidos entre los que gobiernan algunos distritos del conurbano y los del interior bonaerense. Jorge Ferraresi (Avellaneda), Andrés Watson (Florencio Varela), Fabián Cagliardi (Berisso), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Mauro Poletti (Ramallo), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), David Angueira (Punta Indio), Gustavo Cocconi (Tapalqué), entre otros.

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Qué paritarias peligran por la amenaza oficial de no homologar aumentos salariales por encima de la inflación

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El Gobierno advirtió que no homologará los aumentos salariales que superen la inflación y los sindicatos reaccionan de manera dispar: algunos renegocian las cifras para adaptarlas a la pauta establecida por el Ministerio de Economía y otros resistirán la decisión oficial tratando de que las empresas paguen igual las mejoras pactadas aun sin convalidación oficial.

Como anticipó Infobae, la Casa Rosada busca mantener los nuevos aumentos salariales por debajo de la inflación, es decir, con cifras menores al 2%, mientras el nivel de los últimos Indices de Precios al Consumidor mostró una tendencia a la suba, por lo que la pauta oficial para las paritarias 2026 presagia un horizonte de crecimiento de la conflictividad sindical.

El primer test en este rubro fue la paritaria cerrada este viernes por el Sindicato de Camioneros. Antes de firmarse, Hugo Moyano había pateado el tablero al exigir un aumento del 8% para recuperar lo perdido ante la inflación y la negativa a aceptar mejoras con vigencia superior a la trimestral para evitar nuevos desfases.

Pero finalmente firmó con las cámaras empresariales un acuerdo que sintoniza con la política que fijó el Ministerio de Economía, ya que tendrá una vigencia semestral y las cifras pactadas están por debajo de la inflación.

El convenio incluye un aumento del 10,1% en el semestre marzo-agosto, que se pagará así: incrementos del 2%, 1,8%, 1,7%,1,6%, 1,5% y 1,5% para cada uno de los meses entre marzo y agosto, más una suma no remunerativa de 53.000 pesos en marzo.

Además, se fijó un premio mensual por presentismo y puntualidad de $60 mil sólo para las ramas Clearing y Carga Postal y Operaciones Logísticas, a abonarse a partir de abril, absorbiendo lo que paguen las empresas, y una mejora de la contribución empresarial para la obra social del Sindicato de Camioneros, que pasó de $22 mil a $25 mil mensuales por trabajador.

De esta forma, la paritaria de Camioneros se convirtió en el modelo ideal de aumentos salariales que el Gobierno intentará replicar en otras actividades que en en estos días están negociando los incrementos para 2026.

La pauta oficial ya dejó al borde de la no homologación por parte de la Secretaría de Trabajo a la paritaria de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), que lidera Carlos Bonjour: consiste en un aumento del 9,5% para el trimestre febrero-abril, a pagarse en tres cuotas de 3%, 3% y 3,5%. Es decir, cifras por encima de la inflación actual y la prevista.

En la última paritaria de los estatales, el Gobierno accedió a otorgar unos puntos por encima de la inflación, aunque los funcionarios aclararon que se trata de una excepción porque el sector estaba rezagado frente a la inflación: consiste en un 9,9% para el período enero-mayo 2026, que se pagará de esta forma: 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo, más un bono no remunerativo de $40 mil en mayo.

Como viene sucediendo ante cada aumento, la mejora fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que lidera Andrés Rodríguez, que señaló que el total acumulativo de la paritaria entre junio 2025 y mayo 2026 alcanza el 20,97%, sumado a un acumulado de bonos por un valor de $225.000 en ese período. El incremento fue rechazado nuevamente por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dirigida por Rodolfo Aguiar, de postura ultraopositora contra el Gobierno.

Otro aumento que sería objetado por Economía es el que pactó la semana pasada el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), que fue del 9,67% desde abril sobre los sueldos de diciembre de 2025, más una suma fija no remunerativa de $100 mil para la categoría inicial, por única vez, que ascenderá a $150 mil en las categorías más altas.

El pago, según se informó, se efectivizará antes del 24 de marzo y se incorporó una cláusula de revisión para monitorear la evolución del poder adquisitivo.

Como rige por cuatro meses, el aumento mensual será de 2,4%, pero ya se prendieron las luces de alerta en el sindicato ante la posibilidad cierta de que Trabajo cuestione el porcentaje mensual más el impacto que producirá en los sueldos la suma fija tan elevada.

El líder del STIA, Sergio Escalante, dijo: “La situación está muy dura y no hay plata que alcance con precios que suben sin parar, pero en un contexto de industricidio, cierre de fábricas, reforma laboral esclavista y ajuste, este acuerdo nos muestra que con decisión, coraje y organización los trabajadores podemos triunfar”.

La Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que conduce Héctor Daer, acaba de firmar la paritaria para el sector asistencial y lo hizo dentro de los parámetros aceptados por Economía: consiste en un incremento del 5,1% en los básicos para el trimestre febrero-abril, a pagarse en tres tramos de 1,8%, 1,7% y 1,6%, además de una asignación no remunerativa de $80 mil en febrero, $85 mil en marzo y $90 mil en abril.

Otro caso conflictivo es el de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), que lidera Luis Barrionuevo: firmó un aumento consistente en una suma fija no remunerativa de $78 mil por mes para la rama de comedores de establecimientos fabriles, empresas y hospitales, pero fue objetado por la Secretaría de Trabajo porque su efecto en los sueldos superaría el tope impuesto por Economía.

Ahora, el gremio está renegociando el acuerdo para limitarlo al trimestre marzo-mayo y se prepara para comenzar este viernes las tratativas para las ramas más numerosas de restaurantes, confiterías y hoteles, aunque adaptándose a las cifras aceptadas por el Gobierno.

Dentro del sector público, otro sindicato que pudo firmar una paritaria que compensa la inflación es la Unión Ferroviaria, que conduce Sergio Sasia, que a fines de febrero acordó con las empresas ferroviarias del Estado un aumento sobre todas las grillas salariales del 8,25% a partir de marzo, aplicable a todos los conceptos, incluidos viáticos, bonificaciones y antigüedad.

Asimismo, se estableció una recomposición remunerativa por única vez del 13,2% sobre todos los conceptos y el pago de un bono extraordinario de $50 mil, todo a percibir en el mes de marzo, más un bono por el Día de los Trabajadores Ferroviarios de $217.962, que se abonará en dos tramos: el 50% con los haberes de abril y el 50% restante con los salarios de mayo.

Este acuerdo salarial, que también firmaron los otros gremios ferroviarios, incluso La Fraternidad, parece superar la pauta con ese 8,25%, más el 13,2% por única vez y el bono de $50 mil, pero en el Gobierno aclaran que rige por cuatro meses, entre diciembre y marzo de 2026, por lo que la mejora mensual apenas supera el 2%.

Ahora, la expectativa está puesta en el inminente inicio de las negociaciones salariales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri. Además de que se trata del sindicato más importante, con 1.200.000 afiliados, sus salarios se convirtieron en un punto de referencia para otras actividades.

El desafío para el gremio será cómo compensar la inflación sin superar los límites que fijó el Gobierno, ya que la homologación es clave en este sector que tiene una gran cantidad de pymes que, sin ese trámite, no tendrán obligación legal de pagar la mejora acordada.

El sindicato de Cavalieri viene de pactar en diciembre pasado una revisión salarial a través de una suma fija no remunerativa de $60 mil, a pagarse entre diciembre y marzo, que se incorporará al básico en abril, y la extensión hasta este mes de una suma fija no remunerativa de $40.000 que había sido acordada por empresarios y gremialistas el 26 de junio de 2025.

Aún resuenan en Comercio la traumática situación que se registró a mediados de 2025, cuando el sindicato firmó un aumento del 5,4%, distribuido en tres tramos (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio), que se ubicó por encima de la pauta salarial que era del 1%, y por eso el Gobierno se negó a homologar el acuerdo.

La paritaria mercantil recién se pudo homologar en agosto pasado luego de que Cavalieri y las cámaras empresariales rubricaron un acuerdo para el segundo semestre de 2025 con una asignación remunerativa del 6% en forma escalonada: se aplicó un incremento del 1% mensual, entre julio y diciembre inclusive, más sumas no remunerativas mensuales de $40 mil.

En el entorno de Cavalieri aseguraron a Infobae que esta semana, cuando arranquen las tratativas salariales de 2026, tendrán en cuenta la experiencia del año pasado y buscarán una fórmula que combine la recuperación del salario con la aceptación de los topes del Gobierno.

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El Gobierno convocó a una audiencia pública para debatir la designación del nuevo presidente de la UIF

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Luego de que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, postulara al fiscal federal Matías Gabriel Álvarez para que asumiera la Presidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Gobierno convocó a una audiencia pública para debatir su candidatura.

Por medio de la publicación de la Resolución N° 129/2026 en el Boletín Oficial, Mahiques dispuso la convocatoria bajo los requisitos planteados en el inciso e) del artículo 9° de la Ley N° 25.246, que establece las normas de funcionamiento del organismo.

“Resulta pertinente que la Unidad Gabinete de Asesores dependiente de este Ministerio, efectúe la convocatoria a la Audiencia Pública”, destacaron las autoridades, tras determinar que esta área estará a cargo de brindar las condiciones para que se pueda llevar a cabo el debate. No obstante, se confirmó que la sesión estará a cargo del titular de Justicia.

De esta manera, informaron que la cita está prevista para el próximo 22 de abril a las 10:00 horas en el Ministerio de Justicia, cuya sede está ubicada en la calle Sarmiento 329, piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Para las personas que estén interesadas en participar de la audiencia, establecieron que la inscripción comenzará el 1° de abril, siendo el último día hábil el 20 de abril. Además, indicaron que la presentación de la documentación requerida deberá entregarse en la sede ministerial de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Por último, informaron que las autoridades tendrán hasta 7 días posteriores a la reunión para publicar el informe final. Asimismo, señalaron que este deberá ser publicado tanto en el Boletín Oficial, como en dos diarios de circulación nacional y en la página del Ministerio de Justicia (www.jus.gob.ar).

Quién es Matías Álvarez, el candidato a asumir la presidencia de la UIF

En medio de la profunda reorganización institucional impulsada por el ministro de Justicia, el fiscal federal Matías Gabriel Álvarez fue el candidato propuesto para dirigir la Unidad de Información Financiera, el organismo nacional responsable de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Así, buscarían reforzar la lucha contra los circuitos financieros asociados al narcotráfico.

De acuerdo con la información obtenida por Infobae, Álvarez forjó su carrera en la investigación de delitos complejos vinculados al crimen organizado. Actualmente, ejercía como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), una unidad especializada en el tráfico de drogas y las maniobras de lavado asociadas.

La selección de este fiscal implicaría un cambio significativo respecto a la orientación previa bajo la gestión de Ernesto Gaspari, el titular que había asumido el rol tras la renuncia de Paul Starc a mediados de enero de este año. Así, el foco en el análisis de los flujos económicos del delito constituye una apuesta por optimizar la prevención y detección de operaciones que afecten al sistema financiero.

El candidato inició su carrera en 2015 como secretario de Fiscalía y, tras pasar por distintos cargos en el Ministerio Público Fiscal, se integró a la PROCUNAR. Entre 2019 y 2023, desempeñó funciones como auxiliar fiscal, lo que lo llevó a profundizar en la investigación de redes criminales y en el seguimiento de los métodos empleados para disimular el origen ilícito de ganancias obtenidas por estas organizaciones.

Con anterioridad a su desempeño en el Ministerio Público, Álvarez integró el equipo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 de la Ciudad de Buenos Aires, acumulando experiencia en el análisis judicial de redes delictivas. Esta trayectoria lo distingue de otras postulaciones por su contacto directo con investigaciones sobre el terreno y por el enfoque en los factores económicos que sostienen al crimen organizado.

Además, es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde recibió el Diploma de Honor con especialización en Derecho Penal y actualmente cursa una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes.

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