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Ante la falta de consenso, mandan a un cajón la ley de hidrocarburos

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La ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas fue presentada en sociedad por Darío Martínez, Martín Guzmán y Alberto Fernández, inmediatamente después de la derrota en las PASO. En ese momento, Guzmán aprovechó el escenario para responderle a Cristina Kirchner sus críticas al manejo económico. Luego se desató las catarata de renuncias de todos los funcionarios kirchneristas, excepto el secretario de Energía, Darío Martínez.

“Martínez llegó al cargo con el respaldo de Cristina, pero luego tomó distancia y esa tensión se trasladó al peronismo de Neuquén. Esta ley esta hecha a medida de intereses que no nos representan”, afirmó a LPO una fuente del kirchnerismo al tanto de la situación.

“Alberto desconoce el tema petrolero y lo dejaron expuesto. En cambio Cristina es petrolera, conoce cabalmente la cuestión, la considera prioridad absoluta y la sigue muy de cerca. De hecho, hubo que escribir dos veces el proyecto porque la primer versión fue rechazada por ella”, agregó la fuente.

Lo cierto es que la vicepresidenta trabajó como convencional constituyente en la redacción de la Constitución de ’94, donde se le concedió a las provincias el dominio y la jurisdicción de los recursos del subsuelo -entre ellos los hidrocarburos- que según entienden los gobernadores patagónicos, este nuevo proyecto pone en jaque.

“La ley es un impuesto nacional sobre un recurso no renovable de pertenencia de las provincias y encima no coparticipable, y por el cual no cobramos ingresos brutos. ¿Saben lo que significaría cobrar ingresos brutos sobre la exportación de crudo y gas?”, afirmó el neuquino Omar Gutiérrez, presidente de la liga de provincias petroleras (Ofephi) y uno de los críticos más frontales de la norma. Críticas similares expresó el líder histórico del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Jorge Sapag.

La lectura de los gobernadores de las provincias petroleras es que el artículo 90 del proyecto que indica que la autoridad de aplicación respecto a los permisos de exploración, las concesiones de explotación y las concesiones de transporte y almacenamiento subterráneo en las áreas hidrocarburíferas competen a la Secretaría de Energía de la Nación, avasalla los derechos de las provincias otorgado precisamente por la Constitución del ’94.

“La ley le otorga a la Nación una participación y reconocimiento sobre las reservas que hasta el momento no tiene. Es evidente que al MPN le molesta que entre la Nación porque aparece un actor más con quién dividir la torta”, reconoció a LPO una fuente del Gobierno.

Sapag fue taxativo: “Considero que el art 90 es un error de redacción, un desliz, que hay que corregirlo”. Según una fuente del gobierno neuquino consultada por LPO, “Sapag es una figura muy relevante ante esta problemática ya que fue quien diseñó Vaca Muerta junto a Cristina”.

Gutiérrez expresa al conjunto de la Ofephi porque la disputa que se refleja en esta ley es por Vaca Muerta. Es por eso que otras de las críticas del gobernador deviene en como se estipula la línea de base que mide la producción incremental sobre la cual se definen los cupos exportables. Este cuestionamiento es compartido por las empresas del sector que resultan perjudicadas, como reveló LPO.

“Las empresas que garantizamos el abastecimiento interno, solo queremos exportar cuando cumplamos esa demanda. Petrona, Shell y Vista invirtieron en lo peor de la pandemia, su producción creció y ahora es lógico que pidan exportar. Invertimos cuando todos estaban parados. Lo que pedimos con cambiar la base, es que nos reconozcan esa inversión” afirmaron a LPO fuentes del mercado, que agregaron que el gobierno nacional defiende la actual línea base, por una presión del ministro Martín Guzmán, que está mirando un tema fiscal.

El kirchnerismo también cuestiona otro aspecto clave de la norma. Afirman que la estabilidad fiscal por 20 años que promete, barre con los derechos de exportación como herramienta de la política económica. “Como no las podes tocar, quedás pegado al precio internacional. Se dolariza tu recurso, y como vos no generas dólares, viene la inflación y la devaluación. Lo mismo pasa con la ley del Consejo Agroindustrial. Acá hay dos modelos en pugna, por un lado la salida exportadora de Guzmán y la opuesta que se traduce energía y alimentos baratos, justamente lo que propone Cristina”, analizaron ante LPO.

El legislador del kirchnerismo neuquino Mariano Mansilla, sostuvo a LPO que “la disputa por la orientación de la política energética en nuestro país tiene muchos capítulos donde sucedieron tensiones entre las grandes corporaciones de las potencias occidentales contra militares nacionalistas y luego, desarrollistas convencidos por la fuerza del lobby de los trust del Petróleo. Como integrantes del Frente de Todos, y para sostener una de las principales banderas de la plataforma de gobierno que impulsamos para Alberto y Cristina, entendemos que debe ajustarse la mirada para pensar el régimen de esta ley”.

Desde el sector de los trabajadores cobra vigor la resistencia. “A Pereyra lo tenían cerrado y se les está dando vuelta. Ya no banca de pleno al proyecto”, agregó una fuente del sindicato petrolero.

En declaraciones a la prensa el secretario General del gremio afirmó: “Las provincias están pidiendo un cambio en algunos artículos, principalmente en el artículo 90, donde los gobernadores manifiestan que avasalla la titularidad que tienen las provincias por la ley corta, por la Constitución del ’94”.

Mientras que Marcelo Rucci consideró que la puja entre de Neuquén y el Gobierno nacional “debe resolverse rápidamente. El artículo 90 de la medida es el que está en discusión, el cual habla de la autonomía de la provincias. Desde el Sindicato estamos a favor que eso no se pierda, que no pierdan las provincias”.

Lo cierto es que ante la falta de consenso, la ley no avanza. No hay agenda prevista para actividad parlamentaria y desde el bloque oficialista afirman que por ahora está cajoneada.

(LPO)

 

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Kicillof celebró la victoria de Lula: “Fue un enorme triunfo del pueblo brasileño y una derrota de Trump, Milei y su motosierra”

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, definió la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil como “un enorme triunfo del pueblo brasileño y una derrota de Trump y Milei”, advirtió que el resultado representa un quiebre en la tendencia de avance de la ultraderecha en la región y analizó las consecuencias del triunfo para la Argentina.

El mandatario provincial enfatizó que la victoria del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil fue, también, un golpe directo para el gobierno argentino porque desactivó la narrativa del modelo exportable de políticas de ajuste, recorte de derechos y subordinación a intereses extranjeros.

“Fue un rechazo en el que influyó la motosierra de Milei, que pretende ser, incluso en otros países como España, un elemento de propaganda del sector de la ultraderecha para mostrarles que lo de Argentina es bárbaro, como que hay un éxito en esas políticas”, sostuvo el gobernador bonaerense en diálogo con El Destape.

En la misma línea, Kicillof destacó la capacidad de Lula para remontar una elección que muchos analistas daban por perdida. “Tomó una serie de decisiones, cambios en la campaña, en su propia forma de hablar con la sociedad. La verdad que generaron una movilización impresionante que terminó dando vuelta una elección que parecía imposible”, señaló. Para el gobernador, el triunfo no fue solo mérito de la campaña del líder del Partido de los Trabajadores (PT), sino también una decisión soberana del pueblo brasileño: “No estaban condenados a tener un presidente de ultraderecha”.

Una situación distinta para las elecciones en 2027

En otro momento de la entrevista radial, el mandatario bonaerense fue contundente al analizar el impacto geopolítico del resultado. “Si Brasil se pintaba de ultraderecha, la situación de la Argentina a partir de las elecciones del año que viene era muy distinta. Indudablemente, es un hito importantísimo que representa un quiebre”; para Kicillof, la victoria de Lula frena lo que parecía “una tendencia inexorable” del avance de la ultraderecha en el continente.

Luego, el gobernador subrayó que el resultado también constituye una derrota para la estrategia continental de Estados Unidos. “Hubo un intento de injerencia muy fuerte en la campaña electoral. A través de Milei, pero a través del propio Trump, trataron de manipular, de influir con instrumentos muy poderosos y fracasaron”, enfatizó.

Kicillof amplió sus cuestionamientos al vínculo entre el gobierno argentino y Washington. “La sumisión de Milei a la agenda norteamericana, a los intereses extranjeros, es clarísima, tanto en los votos de la ONU como en cada una de las decisiones que toma”, disparó. Mencionó la firma de acuerdos que, según su lectura, colocan a la Argentina “dentro de la agenda de Estados Unidos, de su doctrina Monroe”, con implicancias en el acceso a recursos naturales y la agenda militar.

El gobernador también recordó episodios recientes de presión externa sobre el proceso político argentino: “Tuvimos al propio Trump hablando de las elecciones, de cómo tenían que votar acá y cuáles eran las consecuencias de votar distinto. Al secretario del Tesoro comprando pesos argentinos desde Estados Unidos en una maniobra que no se vio nunca”.

De cara a las elecciones argentinas del año próximo, Kicillof no ocultó su preocupación: “Indudablemente hay una vocación, una predisposición de influir, de impactar, de incidir a través del apoyo, pero también de amenazas implícitas o hasta explícitas al votante”.

Las lecciones de Lula y el mensaje para Argentina

Consultado sobre las enseñanzas que deja la campaña de Lula para el peronismo, el gobernador destacó la convicción del líder brasileño y su capacidad de conectar con el electorado. “Lo que vimos en Lula es una voluntad arrasadora y una convicción. Un vínculo con su pueblo donde Lula decía: ‘Esto no le puede pasar a Brasil’, y Brasil comprendió que no había motosierra que le sirviera”, aseguró.

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Los motivos por los que Patricia Bullrich decidió no ir a la reunión de Gabinete y el posible conflicto por Brasil que se avecina

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El presidente Javier Milei reunió este lunes por la mañana a su Gabinete y llamó la atención la ausencia de Patricia Bullrich, que horas antes le había anticipado a las autoridades nacionales que no iba a poder asistir por cuestiones personales, aunque la decisión también fue motivada por el malestar que tiene con el resto de la cúpula del oficialismo y que cada vez oculta menos, en un contexto en el que, además, se especula con su futuro político.

Si bien la jefa del bloque de La Libertad Avanza no integra formalmente el grupo de funcionarios que acompañan al mandatario en la gestión diaria, suele participar de estos encuentros en la Casa Rosada, igual que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Sin embargo, en esta oportunidad, y luego de nuevas declaraciones televisivas que hizo en contra de algunas actitudes del líder libertario, la legisladora optó por no presentarse y aumentó el ruido interno.

“La realidad es que los motivos fueron un 50/50. Es cierto que tenía cuestiones personales, pero también estaba muy molesta con algunas actitudes de Milei, principalmente con lo de quemar a los periodistas en la hoguera. Eso no le gustó porque, además, ya había tenido una charla con él al respecto”, reveló a este medio una persona del círculo más íntimo de la dirigente.

La referencia es a las declaraciones que el Presidente realizó durante un evento de la Fundación Faro en el que buscó recaudar fondos para su campaña del año próximo y volvió a cuestionar a determinados comunicadores.

“Como decía Adam Smith, tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos y acá a los buenos les tiene que ir bien, los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”, sostuvo el jefe de Estado en esa oportunidad.

Según el dirigente bullrichista consultado, la senadora ya le había manifestado su desacuerdo con ese tipo de expresiones durante una reunión a solas en la que “le dijo que no puede atacar la prensa así”,

Si bien la fuente consultada negó que se trate de “un punto de quiebre en la relación”, sí reconoció que el episodio “generó mucho enojo” dentro del espacio que conduce la ex ministra de Seguridad.

Según reconstruyó este medio, la senadora no está pensando en romper con La Libertad Avanza, sino que su estrategia continúa siendo la de marcar diferencias puntuales con el Gobierno para posicionarse como una alternativa de cara a las elecciones de 2027, sin descartar tampoco la posibilidad de ser candidata a vicepresidenta si recibe una propuesta formal del Presidente.

En ese sentido, en el entorno de Bullrich señalaron que no descarta integrar una fórmula conjunta con el Presidente, pero insisten con que el eventual acuerdo deberá incluir condiciones claras sobre el rol que ocuparía la senadora dentro de una futura gestión, con injerencia en áreas sensibles como Seguridad y Economía, y bajo un esquema que ella misma describe como necesario para evitar roces constantes con el resto de la administración.

A esa tensión se sumó otra diferencia, esta vez vinculada con la agenda internacional: la ex ministra siguió de cerca el resultado del balotaje presidencial en Brasil, donde Luiz Inácio Lula da Silva se impuso finalmente a Flávio Bolsonaro, y le preocupaba que desde el Gobierno argentino se plantearan dudas sobre la legitimidad del proceso electoral.

“Patricia entiende que hay que asumir que perdió Flávio, que todos los gobiernos democráticos del mundo salieron a reconocerlo con un mensaje y todavía la Argentina no. Aunque, la verdad, es mejor que mantenga el silencio antes que decir que Lula hizo trampa”, señaló la misma fuente de su entorno.

Según había revelado este medio, Milei evitó referirse de manera directa al triunfo de Lula durante la reunión de Gabinete de este lunes y concentró su exposición en la defensa del programa económico, además de cuestionar las medidas que, según la lectura oficial, le permitieron al mandatario brasileño consolidar su victoria.

El único representante libertario que viajó a Brasil para seguir los comicios fue el diputado Damián Arabia, cercano a Bullrich, quien estuvo presente en el búnker de Bolsonaro, donde incluso se fotografió con el candidato derrotado, aunque decidió no exponer esas imágenes en sus redes sociales luego de conocerse el resultado adverso para el espacio de derecha.

En el plano internacional, la senadora también tiene diferencias con el resto de su espacio y considera que está bien apoyar a los sectores más liberales e incluso conservadores, pero no coincide cuando se trata de fuerzas más extremas.

Por caso, valora el vínculo con el Partido Popular español, en sintonía con el encuentro que Milei mantuvo durante su viaje a España con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero no comparte la cercanía con Santiago Abascal, líder de VOX.

Por su parte, la Casa Rosada suele manejar las cuestiones de geopolítica en sintonía con Washington, su priincipal aliado global. En este sentido, recientemente Donald Trump calificó el proceso electoral en Brasil de “fraude” y cuestionó la prórroga de dos horas autorizada por la justicia de ese país.

“Sinceramente, no tomé partido, pero la imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas”, agregó en declaraciones realizadas antes de abordar el avión presidencial Air Force One con destino a Misisipi, donde tenía previsto un mitin.

El faltazo de Bullrich a la reunión de Gabinete se da en medio de un clima de tensión más amplio entre la senadora y la cúpula de La Libertad Avanza, que en las últimas semanas había quedado expuesto por otros gestos de la dirigente, como un video publicado en sus redes sociales que fue interpretado dentro del oficialismo como una señal de sus intenciones electorales de cara a 2027.

Mientras tanto, en la Casa Rosada continúan con la estrategia de no confrontar públicamente con la senadora y le restan magnitud a sus gestos de distanciamiento, a la espera de que la relación entre ambos dirigentes se mantenga estable de cara a la definición electoral del año próximo.

Por lo pronto, a pesar de que hay algunos desafíos importantes para el oficialismo en el COngreso, este martes no habrá reunión de mesa política, en las que la senadora suele verse de frente con el resto de la cúpula libertaria.

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El Gobierno limita las sanciones por Malvinas tras las advertencias de EEUU sobre sus empresas

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Javier Milei

El gobierno de Javier Milei incorporó una serie de modificaciones al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, tras las advertencias de Estados Unidos sobre el impacto que las sanciones originales podían tener sobre sus empresas, y en un intento por conseguir las firmas necesarias para avanzar con un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados. El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto, y Legislación Penal fue convocado para este martes 27 de octubre a las 16, aunque existen versiones de que podría modificarse porque al oficialismo aún le cuesta reunir las firmas necesarias.

La negociación quedó a cargo de la diputada libertaria Silvana Giudici, quien mantuvo conversaciones con los bloques cercanos al oficialismo para acercar posiciones antes del encuentro. “En cada reunión de comisiones, nosotros tenemos la intención de firmar los dictámenes”, señaló una de las autoridades del plenario en declaraciones a un medio nacional. Desde el Congreso y la Casa Rosada sostuvieron que el tratamiento del proyecto sigue activo y que el oficialismo trabaja para consensuar los cambios con los bloques dialoguistas, que ya presentaron sus propias propuestas.

El texto original, que según aseguran fue impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, preveía un esquema de sanciones para empresas y Estados extranjeros que exploten de forma ilegal recursos argentinos en las Islas Malvinas. El viernes previo al plenario, el presidente Milei recibió en la Casa Rosada al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. Durante ese encuentro, la administración estadounidense advirtió sobre las posibles consecuencias que las sanciones del primer capítulo del proyecto podían generar para sus empresas.

Ese apartado apunta contra las compañías vinculadas al proyecto de explotación hidrocarburífera Sea Lion, en la Cuenca Malvinas, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, y alcanza también a firmas asociadas con ellas en otros emprendimientos. En ese contexto, también tuvo un papel relevante el embajador Peter Lamelas.

Como resultado de esas gestiones, el Gobierno aceptó limitar las sanciones a quienes ejecuten negocios ilegales dentro del territorio argentino en carácter de operadoras directas, licenciatarias, proveedores de estas y accionistas directos de los proyectos. De esta forma, quedan eximidos de responsabilidad los fondos de inversión indirectos que tengan algún tipo de participación en las empresas explotadoras. “Había que poner un corte, porque si no el proceso jurídico iba a ser eterno y hasta podía llegar a complicar intereses de empresas nacionales”, justificó un funcionario al tanto de los cambios.

Pese al acotamiento de las sanciones, el proyecto mantiene la creación del Consejo de Seguridad Nacional, el órgano que busca coordinar de manera unificada la estrategia de defensa, inteligencia y seguridad interior, presidido por el jefe de Estado. Ese organismo tendrá la facultad de controlar, aceptar o rechazar las inversiones impulsadas por Estados extranjeros y empresas con capitales del mismo origen en sectores como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.

Para garantizar el respaldo de los bloques aliados, el Ejecutivo aceptó conformar una Comisión Bicameral de Seguimiento dentro del Congreso, facultada para auditar las decisiones y procesos del Consejo, de manera similar a la bicameral que controla a la Secretaría de Inteligencia de Estado. La propuesta había sido impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), para garantizar la participación del Parlamento en el control del nuevo organismo, que estará integrado únicamente por miembros del Poder Ejecutivo. Según el cambio anunciado, el Ejecutivo deberá informar a la bicameral, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el Consejo.

Otro de los puntos modificados es el artículo que sanciona con penas de cinco a doce años de prisión a quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública. La nueva redacción excluye de manera expresa al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.

El cambio respondió a los pedidos de sectores cercanos al Gobierno, como la Unión Cívica Radical (UCR), y a los cuestionamientos de Unión por la Patria, entre ellos los planteados por la diputada bonaerense Agustina Propato. A su vez, se incorporó al Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, como miembro permanente del Consejo de Seguridad Nacional, y se precisaron las competencias de la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo, aunque sin establecer una regla de intervención primaria y subsidiaria entre ambas fuerzas.

Dividir el proyecto

Pese a las concesiones, persiste el reclamo de Unión por la Patria y de legisladores de Provincias Unidas, que vienen pidiendo separar el proyecto en dos tramos: por un lado, las disposiciones vinculadas con Malvinas y la defensa de la soberanía; por otro, las reformas a los sistemas de inteligencia, defensa, seguridad interior, protección de infraestructura crítica y los delitos de desinformación. El oficialismo, en cambio, defiende su tratamiento conjunto bajo el expediente 0010-PE-2026.

El plenario de este martes será la instancia decisiva para determinar si La Libertad Avanza reúne las firmas necesarias para un dictamen de mayoría y avanzar hacia el recinto, o si el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, debe convocar a un nuevo encuentro, lo que implicaría una nueva pérdida de impulso político para la iniciativa.

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