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Ante la falta de consenso, mandan a un cajón la ley de hidrocarburos

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La ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas fue presentada en sociedad por Darío Martínez, Martín Guzmán y Alberto Fernández, inmediatamente después de la derrota en las PASO. En ese momento, Guzmán aprovechó el escenario para responderle a Cristina Kirchner sus críticas al manejo económico. Luego se desató las catarata de renuncias de todos los funcionarios kirchneristas, excepto el secretario de Energía, Darío Martínez.

“Martínez llegó al cargo con el respaldo de Cristina, pero luego tomó distancia y esa tensión se trasladó al peronismo de Neuquén. Esta ley esta hecha a medida de intereses que no nos representan”, afirmó a LPO una fuente del kirchnerismo al tanto de la situación.

“Alberto desconoce el tema petrolero y lo dejaron expuesto. En cambio Cristina es petrolera, conoce cabalmente la cuestión, la considera prioridad absoluta y la sigue muy de cerca. De hecho, hubo que escribir dos veces el proyecto porque la primer versión fue rechazada por ella”, agregó la fuente.

Lo cierto es que la vicepresidenta trabajó como convencional constituyente en la redacción de la Constitución de ’94, donde se le concedió a las provincias el dominio y la jurisdicción de los recursos del subsuelo -entre ellos los hidrocarburos- que según entienden los gobernadores patagónicos, este nuevo proyecto pone en jaque.

“La ley es un impuesto nacional sobre un recurso no renovable de pertenencia de las provincias y encima no coparticipable, y por el cual no cobramos ingresos brutos. ¿Saben lo que significaría cobrar ingresos brutos sobre la exportación de crudo y gas?”, afirmó el neuquino Omar Gutiérrez, presidente de la liga de provincias petroleras (Ofephi) y uno de los críticos más frontales de la norma. Críticas similares expresó el líder histórico del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Jorge Sapag.

La lectura de los gobernadores de las provincias petroleras es que el artículo 90 del proyecto que indica que la autoridad de aplicación respecto a los permisos de exploración, las concesiones de explotación y las concesiones de transporte y almacenamiento subterráneo en las áreas hidrocarburíferas competen a la Secretaría de Energía de la Nación, avasalla los derechos de las provincias otorgado precisamente por la Constitución del ’94.

“La ley le otorga a la Nación una participación y reconocimiento sobre las reservas que hasta el momento no tiene. Es evidente que al MPN le molesta que entre la Nación porque aparece un actor más con quién dividir la torta”, reconoció a LPO una fuente del Gobierno.

Sapag fue taxativo: “Considero que el art 90 es un error de redacción, un desliz, que hay que corregirlo”. Según una fuente del gobierno neuquino consultada por LPO, “Sapag es una figura muy relevante ante esta problemática ya que fue quien diseñó Vaca Muerta junto a Cristina”.

Gutiérrez expresa al conjunto de la Ofephi porque la disputa que se refleja en esta ley es por Vaca Muerta. Es por eso que otras de las críticas del gobernador deviene en como se estipula la línea de base que mide la producción incremental sobre la cual se definen los cupos exportables. Este cuestionamiento es compartido por las empresas del sector que resultan perjudicadas, como reveló LPO.

“Las empresas que garantizamos el abastecimiento interno, solo queremos exportar cuando cumplamos esa demanda. Petrona, Shell y Vista invirtieron en lo peor de la pandemia, su producción creció y ahora es lógico que pidan exportar. Invertimos cuando todos estaban parados. Lo que pedimos con cambiar la base, es que nos reconozcan esa inversión” afirmaron a LPO fuentes del mercado, que agregaron que el gobierno nacional defiende la actual línea base, por una presión del ministro Martín Guzmán, que está mirando un tema fiscal.

El kirchnerismo también cuestiona otro aspecto clave de la norma. Afirman que la estabilidad fiscal por 20 años que promete, barre con los derechos de exportación como herramienta de la política económica. “Como no las podes tocar, quedás pegado al precio internacional. Se dolariza tu recurso, y como vos no generas dólares, viene la inflación y la devaluación. Lo mismo pasa con la ley del Consejo Agroindustrial. Acá hay dos modelos en pugna, por un lado la salida exportadora de Guzmán y la opuesta que se traduce energía y alimentos baratos, justamente lo que propone Cristina”, analizaron ante LPO.

El legislador del kirchnerismo neuquino Mariano Mansilla, sostuvo a LPO que “la disputa por la orientación de la política energética en nuestro país tiene muchos capítulos donde sucedieron tensiones entre las grandes corporaciones de las potencias occidentales contra militares nacionalistas y luego, desarrollistas convencidos por la fuerza del lobby de los trust del Petróleo. Como integrantes del Frente de Todos, y para sostener una de las principales banderas de la plataforma de gobierno que impulsamos para Alberto y Cristina, entendemos que debe ajustarse la mirada para pensar el régimen de esta ley”.

Desde el sector de los trabajadores cobra vigor la resistencia. “A Pereyra lo tenían cerrado y se les está dando vuelta. Ya no banca de pleno al proyecto”, agregó una fuente del sindicato petrolero.

En declaraciones a la prensa el secretario General del gremio afirmó: “Las provincias están pidiendo un cambio en algunos artículos, principalmente en el artículo 90, donde los gobernadores manifiestan que avasalla la titularidad que tienen las provincias por la ley corta, por la Constitución del ’94”.

Mientras que Marcelo Rucci consideró que la puja entre de Neuquén y el Gobierno nacional “debe resolverse rápidamente. El artículo 90 de la medida es el que está en discusión, el cual habla de la autonomía de la provincias. Desde el Sindicato estamos a favor que eso no se pierda, que no pierdan las provincias”.

Lo cierto es que ante la falta de consenso, la ley no avanza. No hay agenda prevista para actividad parlamentaria y desde el bloque oficialista afirman que por ahora está cajoneada.

(LPO)

 

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Kicillof les prometió a los intendentes que va a coparticipar lo que recupere del recorte de fondos nacionales

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reunió a más de 60 intendentes para anunciar una nueva demanda contra el gobierno nacional por el recorte de fondos del Pacto Fiscal del 2017 y su actualización del 2023. Además, también aseguró —y fue lo más atractivo para los intendentes— que coparticipará el 16% de los fondos que lleguen a recuperar de las ocho demandas que Buenos Aires inició desde 2024 a esta parte contra la administración de Javier Milei y que por ahora se encuentran en estudio en la Corte Suprema de Justicia.

La decisión es una respuesta política que planteó el mandatario provincial, acaso como respuesta a la batería de proyectos de ordenanzas que La Libertad Avanza presentó en los distintos concejos para intervenir en el esquema de tasas municipales. Al acto de este jueves fueron invitados los 135 intendentes. Asisiteron 62. Los del PRO -con la excepción de María José Gentile de Nueve de Julio- rechazaron el convite. Tampoco se hicieron presentes en La Plata distintos jefes comunales del peronismo de distritos de peso como Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Achával (Pilar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gastón Granados (Ezeiza), Eva Mieri (Quilmes), Fernando Moreira (San Martín), Gustavo Menéndez (Merlo) y Mariel Fernández (Moreno). Algunos de ellos plantearon problemas de agenda como la quilmeña, Fernández y Menéndez. Los últimos dos transitan momentos de conmoción en sus distritos tras los incendios y explosiones en depósitos.

Sí fue una comitiva de intendentes de la UCR. Por el peronismo, referentes tanto del Frente Renovador como de La Cámpora, además de quienes reportan en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), también se hicieron presentes.

Los intendentes aplaudieron con cierta efusividad cuando Kicillof anunció que iría a coparticipar los fondos que pueda llegar a recuperar y vayan al Fondo de Recupero creado en el Presupuesto bonaerense 2026. Se trata de fondos que no eran coparticipados, pero ahora -de aparecer- una parte irá a las cajas municipales. Sin embargo, todo está atado a la voluntad de la Corte Suprema; que el máximo tribunal falle favorablemente y que luego, efectivamente, la Nación termine por girar los recursos.

Por lo pronto, fuentes del Ejecutivo bonaerense, dejaron trascender que en las últimas horas la Nación habilitó un endeudamiento por $1 billón.

En su discurso, Kicillof volvió a confrontar contra la política económica de Javier Milei y caracterizó: “Las finanzas municipales y provinciales, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, están atravesando una crisis originada por tres situaciones: lo que el Estado nacional ha dejado de hacer; lo que nos ha quitado; y la caída de la recaudación como consecuencia de sus políticas de ajuste. El resultado es concluyente: con menos recursos tenemos que dar respuestas a necesidades que crecen a medida que el Gobierno nacional deserta de sus funciones y la situación económica se deteriora”.

Ahora, en caso de que obtener fallos favorables, los intendentes deberán adherir vía sus concejos deliberantes al Fondo de Recupero establecido en el Presupuesto bonaerense. Así lo anunció el mandatario provincial: “A pesar de que no se trata de recursos originalmente coparticipables, convocamos a los intendentes a adherir a una normativa que nos permita coparticipar lo recaudado en el Fondo de Recupero de las Deudas del Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires. En este momento tenemos siete denuncias en la Corte Suprema, de las cuales solo se excluirá lo que corresponda al FONID, que es un derecho de los trabajadores de la educación”.

En lo procedimental, como contó Infobae, Buenos Aires cree que puede tener un fallo favorable en una de las demandas presentadas ante la Corte. Se trata del reclamo por la deuda previsional que mantiene la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La demanda provincial se articula como el cuestionamiento más fuerte y concreto al recorte dispuesto desde la Casa Rosada a partir del Decreto 280/2024, que derogó los artículos 92, 93 y 94 de la Ley 27.701. Esos artículos garantizaban la transferencia automática de fondos nacionales a las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas al sistema nacional. El impacto presupuestario del recorte fue inmediato en Buenos Aires, que sostiene que la Nación no está cumpliendo con sus obligaciones legales. La gestión de Kicillof busca revertir esa decisión y restablecer el mecanismo, argumentando que el perjuicio “no es solamente fiscalmente para la provincia de Buenos Aires”, sino que compromete la sustentabilidad de su Caja de Jubilaciones.

La semana pasada hubo una audiencia entre las partes y el próximo 21 de abril se volverán a ver las caras los representantes bonaerenses y de la Nación. “Mientras hay un intento deliberado de parte del Gobierno nacional por transferir la crisis a provincias y municipios, quiero agradecer el enorme esfuerzo que hacen los intendentes de todos los partidos políticos para hacer frente a una situación tan compleja. Sabemos lo que estamos enfrentando y estamos convencidos de que hay que seguir por este camino: los municipios y la Provincia no les vamos a dar la espalda a los bonaerenses que sufren necesidades”, planteó Kicillof este miércoles.

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La Libertad Avanza impulsará a Lilia Lemoine como presidenta de la Comisión de Juicio Político

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La Libertad Avanza impulsará a Lilia Lemoine como presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, un movimiento que marca un giro en la estrategia parlamentaria del oficialismo tras más de dos años en los que ese órgano clave permaneció paralizado.

La decisión, que deberá ser convalidada por el pleno de la comisión para completar su constitución formal, fue adoptada en la cúpula del poder libertario, con aval de Karina Milei y el impulso político del presidente de la Cámara baja, Martín Menem. No se trata de un nombramiento administrativo: implica ocupar un espacio institucional que el propio Gobierno había decidido mantener inactivo durante la etapa de mayor debilidad parlamentaria.

Durante los primeros meses de gestión, el kirchnerismo impulsó pedidos de juicio político contra el Presidente. En ese contexto, y con un bloque que no alcanzaba siquiera a un tercio propio, el oficialismo optó por no constituir la comisión. El riesgo era concreto: habilitar su funcionamiento implicaba poner en marcha el ámbito parlamentario por el que debía tramitar cualquier intento de remoción del jefe de Estado, en un escenario donde la oposición lograba construir mayorías circunstanciales.

Ese cálculo político se sostuvo en el tiempo. En esos dos años, La Libertad Avanza acumuló decenas de derrotas en el Congreso y enfrentó dificultades para sostener vetos presidenciales. La comisión, en ese marco, permaneció virtualmente clausurada como mecanismo de autoprotección.

El único intento por activarla terminó en un conflicto interno. La disputa por la presidencia, con la diputada Marcela Pagano como protagonista, derivó en un enfrentamiento abierto con la conducción del oficialismo y con el propio Presidente. Ese episodio no solo frustró la conformación del cuerpo, sino que dejó otra consecuencia política se convirtió en una de las primeras rupturas formales dentro del bloque libertario.

Con el paso del tiempo, esa fractura se profundizó. El episodio más reciente fue el caso de Agostina Páez -la abogada detenida en Brasil por gestos de violencia racial- donde Pagano intervino por fuera de los canales diplomáticos, se presentó como garante en el expediente y articuló gestiones con contactos paralelos, entre ellos los del ex presidente Alberto Fernández. Desde el Gobierno, la respuesta fue inmediata. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó esa intervención, denunció un intento de capitalización política y defendió la actuación del canciller Pablo Quirno y del consulado argentino.

En La Libertad Avanza, además, vinculan esa dinámica opositora a una red más amplia. Señalan a Franco Bindi, pareja de Pagano, como uno de los actores detrás de varios episodios que generaron costos políticos al Gobierno estos dos años. En ese contexto, la disputa dejó de ser un desacuerdo interno para transformarse en una confrontación abierta.

Una comisión clave

La decisión de poner en funciones la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja se da en un escenario nuevo, tras la elección de octubre. Con una base parlamentaria ampliada —más de 110 votos entre legisladores propios y aliados—, el oficialismo ya dejó atrás la etapa de mayor vulnerabilidad. Sin alcanzar mayoría propia, pero con capacidad para bloquear ofensivas, el Gobierno decidió impulsar a Lemoine, una diputada de alineamiento pleno con la conducción del espacio y con un perfil que contrasta con el de figuras de negociación parlamentaria.

En el oficialismo destacan su disposición a sostener posiciones sin concesiones, en un ámbito donde el conflicto institucional puede escalar rápidamente.

La Comisión de Juicio Político, en ese marco, cambia de lugar dentro de la estrategia oficial. Deja de ser un riesgo a evitar para convertirse en un espacio a controlar. La conducción del cuerpo ya no estará orientada a administrar tensiones, sino a garantizar la defensa del Gobierno frente a eventuales iniciativas opositoras.

Ese mismo criterio se replica en otra decisión clave dentro del Congreso. Según pudo confirmar Infobae, el oficialismo impulsará a Sebastián Pareja como presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Se trata del titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y uno de los dirigentes de mayor confianza de Karina Milei dentro del armado partidario.

Su eventual designación implica ubicar a un referente karinista en un ámbito particularmente sensible: el control parlamentario sobre el sistema de inteligencia. En el oficialismo consideran que se trata de un movimiento lógico en una etapa donde buscan consolidar el control político sobre áreas estratégicas.

La decisión fue recibida sin resistencias dentro del núcleo de poder. Fuentes con acceso a ese círculo —que incluye al asesor presidencial Santiago Caputo— señalaron que la designación responde a la necesidad de garantizar conducción política en un espacio clave. “Es un hombre de mucha confianza de La Libertad Avanza para estar en un lugar sensible como ese”, dijeron a Infobae fuentes oficiales.

Repliegue, defensa y contraataque

El ordenamiento del Congreso se produjo en el tramo final de una semana en la que el Gobierno pasó del repliegue a la ofensiva política.

El jefe de Gabinete atravesó dos días consecutivos de respaldo explícito y cerrado de todo el oficialismo. Recibió en su despacho a los ministros Juan Bautista Mahiques, Sandra Pettovello y Diego Santilli; y a la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Según pudo confirmar Infobae, esos encuentros formaron parte de una estrategia definida en la Casa Rosada para remover cualquier especulación sobre su continuidad en el cargo.

El respaldo se había iniciado el día anterior, cuando los otros ministros y Santiago Caputo lo acompañaron en la conferencia de prensa en la que brindó sus primeras explicaciones públicas, donde hubo fuertes cruces con los acreditados en Casa Rosada.

Adorni quedó bajo cuestionamiento tras la revelación de su viaje en avión privado junto a Marcelo Grandío, periodista y dueño de ImHouse, una productora que tenía contratos con la TV Pública, que no fueron renovados tras la irrupción del caso.

Mientras el Gobierno consolidaba su respaldo político, la investigación judicial avanzaba. Declaró el piloto que intervino en la contratación de los vuelos, el juez Ariel Lijo requirió los contratos con la productora y unificó en su juzgado la causa patrimonial que hasta entonces tramitaba María Servini. Anoche, Infobae pudo confirmar que Adorni prevé presentar en su declaración jurada y ante la Justicia, si así lo requiere, la documentación que acredita que la compra del departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, fue realizada mediante una hipoteca.

En ese mismo contexto, el asesor presidencial volvió a mostrar actividad en el núcleo de decisiones. Según pudo saber Infobae, Santiago Caputo estuvo en la Quinta de Olivos la mañana del jueves, donde presumiblemente mantuvo un encuentro con el Presidente, en una jornada en la que Javier Milei concentraba su agenda en recomponer la iniciativa política del Gobierno, sostener la defensa de su jefe de Gabinete y ordenar el frente interno tras el impacto del caso.

La señal política continuará este viernes, cuando el jefe de Gabinete acompañe al Presidente en un acto del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Pettovello. No habrá contacto con la prensa, pero la escena funcionará como una ratificación pública del respaldo presidencial.

Ese esquema de refuerzo del control político, sin embargo, no abarca la totalidad del sistema. Días atrás, según pudo confirmar Infobae, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mantuvo un diálogo reservado con su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, que activó un plan político para regresar al Ejecutivo de la Ciudad. Fue un primer contacto, aún embrionario, atravesado por diferencias sobre la relación del PRO con La Libertad Avanza.

La reactivación del partido, impulsada por Mauricio Macri, abrió una instancia de diálogo, sobre todo, porque ambos sectores comparten un objetivo: evitar que los libertarios conquisten electoralmente la Ciudad de Buenos Aires. Los últimos tropiezos del oficialismo —por ahora reversibles— alentaron a los emisarios.

Mientras tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel también se mueve con agenda propia. El 2 de abril volverá a Río Grande para el acto por Malvinas, en un contexto de creciente hostilidad con el Presidente. El mensaje publicado por Milei en Instagram, en el que aludió a la “traición”, se inscribe en ese marco.

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Con la presencia de Susbielles, se llevó a cabo una nueva edición de la Ronda Multisectorial de Negocios en el Dow Center.

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Con la presencia del intendente Federico Susbielles, se dio inició este jueves a la quinta edición de la denominada Ronda Multisectorial de Negocios, en instalaciones del Dow Center.

Según se informó, participan mas de 460 empresas con más de 2.000 reuniones previstas, en un encuentro que tiene como objetivo consolidar el trabajo conjunto entre Municipio, Provincia, Puerto y sector privado, como motor para la reconstrucción y el desarrollo económico de la ciudad.

Sobre el particular, Federico Susbielles indicó que “llevamos poco más de un año de la trágica inundación que padeció la ciudad, y en un escenario tan complejo, de dolor y angustia, nos propusimos que nuestro sistema productivo y comercial salgan adelante, porque había un gran signo de interrogación en ese momento”.

“Es por eso que como intendente, como bahiense, me siento orgulloso de estos sectores, por cómo han peleado y sostenido una base y por cómo han generado un ámbito de sostenimiento y son un pilar para reconstruir la ciudad y generar un mejor futuro”, agregó.

Susbielles agradeció el apoyo del gobierno de la Provincia de Buenos Aires así como a las distintas bancas privadas y remarcó que “en esta edición tal vez sea la más importante hasta el momento porque se acercaron más empresas, en este encuentro donde se realizarán más de dos mil reuniones, siendo esto una herramienta y una oportunidad más de trabajo”.

“Bahía Blanca saldrá, sin lugar a duda, adelante. Y para salir necesitamos que la provincia de Buenos Aires mantenga este rubo y que la Argentina apueste también por este camino”, cerró el intendente bahiense.

También formaron parte de la apertura el titular del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos; la subsecretaria de Industria y PyMes de la Provincia de Buenos Aires, Mariela Bembi; el subsecretario provincial de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; y el director comunal de la Agencia de Innovación y Desarrollo Productivo, Matías Italiano.

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