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Ante la falta de consenso, mandan a un cajón la ley de hidrocarburos

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La ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas fue presentada en sociedad por Darío Martínez, Martín Guzmán y Alberto Fernández, inmediatamente después de la derrota en las PASO. En ese momento, Guzmán aprovechó el escenario para responderle a Cristina Kirchner sus críticas al manejo económico. Luego se desató las catarata de renuncias de todos los funcionarios kirchneristas, excepto el secretario de Energía, Darío Martínez.

“Martínez llegó al cargo con el respaldo de Cristina, pero luego tomó distancia y esa tensión se trasladó al peronismo de Neuquén. Esta ley esta hecha a medida de intereses que no nos representan”, afirmó a LPO una fuente del kirchnerismo al tanto de la situación.

“Alberto desconoce el tema petrolero y lo dejaron expuesto. En cambio Cristina es petrolera, conoce cabalmente la cuestión, la considera prioridad absoluta y la sigue muy de cerca. De hecho, hubo que escribir dos veces el proyecto porque la primer versión fue rechazada por ella”, agregó la fuente.

Lo cierto es que la vicepresidenta trabajó como convencional constituyente en la redacción de la Constitución de ’94, donde se le concedió a las provincias el dominio y la jurisdicción de los recursos del subsuelo -entre ellos los hidrocarburos- que según entienden los gobernadores patagónicos, este nuevo proyecto pone en jaque.

“La ley es un impuesto nacional sobre un recurso no renovable de pertenencia de las provincias y encima no coparticipable, y por el cual no cobramos ingresos brutos. ¿Saben lo que significaría cobrar ingresos brutos sobre la exportación de crudo y gas?”, afirmó el neuquino Omar Gutiérrez, presidente de la liga de provincias petroleras (Ofephi) y uno de los críticos más frontales de la norma. Críticas similares expresó el líder histórico del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Jorge Sapag.

La lectura de los gobernadores de las provincias petroleras es que el artículo 90 del proyecto que indica que la autoridad de aplicación respecto a los permisos de exploración, las concesiones de explotación y las concesiones de transporte y almacenamiento subterráneo en las áreas hidrocarburíferas competen a la Secretaría de Energía de la Nación, avasalla los derechos de las provincias otorgado precisamente por la Constitución del ’94.

“La ley le otorga a la Nación una participación y reconocimiento sobre las reservas que hasta el momento no tiene. Es evidente que al MPN le molesta que entre la Nación porque aparece un actor más con quién dividir la torta”, reconoció a LPO una fuente del Gobierno.

Sapag fue taxativo: “Considero que el art 90 es un error de redacción, un desliz, que hay que corregirlo”. Según una fuente del gobierno neuquino consultada por LPO, “Sapag es una figura muy relevante ante esta problemática ya que fue quien diseñó Vaca Muerta junto a Cristina”.

Gutiérrez expresa al conjunto de la Ofephi porque la disputa que se refleja en esta ley es por Vaca Muerta. Es por eso que otras de las críticas del gobernador deviene en como se estipula la línea de base que mide la producción incremental sobre la cual se definen los cupos exportables. Este cuestionamiento es compartido por las empresas del sector que resultan perjudicadas, como reveló LPO.

“Las empresas que garantizamos el abastecimiento interno, solo queremos exportar cuando cumplamos esa demanda. Petrona, Shell y Vista invirtieron en lo peor de la pandemia, su producción creció y ahora es lógico que pidan exportar. Invertimos cuando todos estaban parados. Lo que pedimos con cambiar la base, es que nos reconozcan esa inversión” afirmaron a LPO fuentes del mercado, que agregaron que el gobierno nacional defiende la actual línea base, por una presión del ministro Martín Guzmán, que está mirando un tema fiscal.

El kirchnerismo también cuestiona otro aspecto clave de la norma. Afirman que la estabilidad fiscal por 20 años que promete, barre con los derechos de exportación como herramienta de la política económica. “Como no las podes tocar, quedás pegado al precio internacional. Se dolariza tu recurso, y como vos no generas dólares, viene la inflación y la devaluación. Lo mismo pasa con la ley del Consejo Agroindustrial. Acá hay dos modelos en pugna, por un lado la salida exportadora de Guzmán y la opuesta que se traduce energía y alimentos baratos, justamente lo que propone Cristina”, analizaron ante LPO.

El legislador del kirchnerismo neuquino Mariano Mansilla, sostuvo a LPO que “la disputa por la orientación de la política energética en nuestro país tiene muchos capítulos donde sucedieron tensiones entre las grandes corporaciones de las potencias occidentales contra militares nacionalistas y luego, desarrollistas convencidos por la fuerza del lobby de los trust del Petróleo. Como integrantes del Frente de Todos, y para sostener una de las principales banderas de la plataforma de gobierno que impulsamos para Alberto y Cristina, entendemos que debe ajustarse la mirada para pensar el régimen de esta ley”.

Desde el sector de los trabajadores cobra vigor la resistencia. “A Pereyra lo tenían cerrado y se les está dando vuelta. Ya no banca de pleno al proyecto”, agregó una fuente del sindicato petrolero.

En declaraciones a la prensa el secretario General del gremio afirmó: “Las provincias están pidiendo un cambio en algunos artículos, principalmente en el artículo 90, donde los gobernadores manifiestan que avasalla la titularidad que tienen las provincias por la ley corta, por la Constitución del ’94”.

Mientras que Marcelo Rucci consideró que la puja entre de Neuquén y el Gobierno nacional “debe resolverse rápidamente. El artículo 90 de la medida es el que está en discusión, el cual habla de la autonomía de la provincias. Desde el Sindicato estamos a favor que eso no se pierda, que no pierdan las provincias”.

Lo cierto es que ante la falta de consenso, la ley no avanza. No hay agenda prevista para actividad parlamentaria y desde el bloque oficialista afirman que por ahora está cajoneada.

(LPO)

 

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Mar del Plata: se vendió el Parador Ariston y comenzará su restauración

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Después de más de tres décadas de abandono, el histórico Parador Ariston de Mar del Plata fue vendido y comenzará un proceso de restauración integral. El edificio, proyectado en 1947 por el arquitecto húngaro-estadounidense Marcel Breuer, es una de las obras más emblemáticas de la arquitectura moderna en la Argentina y fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2019.

Fue adquirido por la firma Parador Ariston S.A., que anunció el inicio de un proceso integral de restauración. La sociedad, según cuenta La Capital, está integrada por Miguel Martínez Allué, Marcelo Poczinok y Mara Knesevic, empresarios vinculados al grupo gastronómico La Fonte D’Oro.

Ubicado en el kilómetro 12 de la Ruta 11, en el barrio La Serena, el Ariston es reconocible por su estructura elevada sobre cuatro pilares y su planta con forma de trébol.

Durante décadas fue símbolo de vanguardia arquitectónica frente al mar; luego, también se convirtió en una postal del abandono.

Un ícono del Movimiento Moderno

El Ariston fue inaugurado el 11 de febrero de 1948 y diseñado por Breuer -figura clave del Movimiento Moderno y exdocente de la Bauhaus- en colaboración con los arquitectos argentinos Eduardo Catalano y Carlos Coire.

Su diseño incorporaba conceptos revolucionarios para la época: planta libre, fachada independiente, amplias superficies vidriadas y una estructura de hormigón armado elevada sobre pilotis. Desde su salón principal se obtenían vistas panorámicas del mar y del sistema de dunas, integrando paisaje y arquitectura en una propuesta inédita para la costa atlántica.

Durante los años ‘50 y ‘60 funcionó como confitería, restaurante y salón de baile. Así, se convirtió en punto de encuentro social en la Mar del Plata del auge turístico.

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Susbielles habló de incentivar la llegada de empresas de bases tecnológicas a Bahía

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Esta mañana con la presencia del intendente Federico Susbielles, se presentaron los cursos de formación que se brindarán durante 2026 en Bahía Hub.

“Esta nueva propuesta educativa responde claramente a las expectativas que nosotros depositamos al inicio de la gestión en un lugar que se ha renovado, que hace en materia de innovación, de buscar ofertas laborales modernas, orientadas para todas las edades”, expresó el jefe comunal.

Señaló que el año pasado más de 10.000 estudiantes fueron parte de las propuestas de Bahía Hub.

Y comunicó que están trabajando en proyectos “que tienen que ver con facilitar, con incentivar, la llegada de empresas de bases tecnológicas a Bahía Blanca”.

Matías Italiano, director comunal de Agencia de Innovación, Desarrollo Productivo y Urbanismo, aseveró, en tanto, que “Bahía Blanca es una ciudad pujante, ciudad cabecera en la región y obviamente no es la excepción en lo que se refiere a innovación y desde el gobierno municipal se apoya fuertemente a todo lo relacionado con este tema, porque innovación y producción caminan de la mano”.

“Es muy importante para nosotros seguir brindando a la comunidad de Bahía Blanca este tipo de propuestas y que se acerquen a anotarse a la gran cantidad de cursos que tenemos para ellos”, destacó.

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El Gobierno busca coronar su agenda legislativa en 48 horas, pero mezcla apoyos con alineamiento mecánico

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Arrancan este jueves 48 horas intensas en el Senado. Con algún cambio de temario para atender últimos pedidos presidenciales, el oficialismo avanza sobre terreno firme para coronar proyectos destacados de su agenda -reforma laboral y régimen pernal juvenil-, pero no ocurre lo mismo con la modificación de ley de glaciares. Llega con inquietud en este caso y eso altera la difundida idea de un tejido que aseguraría número de sobra para toda iniciativa del Gobierno. Olivos tiene para celebrar, aunque no cuenta con una alianza inalterable que garantice alineamiento mecánico. Los votos se negocian proyecto por proyecto.

El panorama del Congreso termina de exponer así un cuadro que explota el Gobierno, con beneficios y también con costos, y que a la vez puede provocarle algún disgusto. La crisis de partidos -esta semana, con capítulo fuerte del peronismo en el Senado- opera a favor de Olivos, en general. Al mismo tiempo, es un ejercicio costoso de acuerdos -especialmente, con los gobernadores- y cada tanto, por eso mismo, expone una realidad complicada por razones de interés provincial o sectorial, antes que por posicionamiento político/ideológico.

Es el caso del proyecto para modificar la ley de glaciares, que en caso de avanzar este jueves en el Senado integrará la lista de Diputados en sesiones ordinarias. Es probable que la votación esté marcada por fisuras en casi todos los espacios, incluido el interbloque del peronismo/K, golpeado por las últimas deserciones. La posibilidad cierta de sumar un par de votos de esas filas mantiene abierta la expectativa del oficialismo.

Según fuentes de buen olfato, jugarían a favor de la sanción –más allá de su origen o encuadramiento político– representantes de provincias que empujan y consideran favorable a sus economías la modificación de la ley. Corre para todos. El oficialismo apuesta al caso de senadores del San Juan y Catamarca que integran el interbloque peronista. Al revés, por cuestiones de fondo pero también por razones locales, descontaría votos de aliados. Un ejemplo: socios de LLA de provincias como La Pampa, que anota cruces de facturas con Mendoza.

En un tablero marcado por cuestiones de esa naturaleza, el oficialismo registra dificultades serias para contar con apoyo en bloque o al menos mayoritario de la UCR y también del PRO. Suma provinciales diversos y también el finalmente consagrado espacio del peronismo disidente, un logro que anota la operación violeta -y en especial, Patricia Bullrich– y que significó la vicepresidencia de la Cámara para Carolina Moisés.

Esa movida en dos tiempos -la fractura del interbloque del peronismo/kirchnerismo y la consagración de la legisladora jujeña sin atender a la primera minoría- alimentó un estado de celebración, casi de euforia, por los resultados que viene cosechando el oficialismo en esta etapa de sesiones extraordinarias. La votación de autoridades fue contundente. Y la reforma laboral, luego de negociar puntos o dejarlos de lado -lo más reciente, la baja del artículo sobre licencias por enfermedad- se impuso de manera sobrada en Diputados y mañana sería sancionada con comodidad en la otra ala del Congreso.

Esos resultados -también, el régimen penal juvenil- generaron una lectura por encima incluso del impacto político de tales logros legislativos. En el imaginario violeta, algunos anotaron la proyección de una mayoría sólida y garantizada para avanzar con todos los proyectos del Ejecutivo y también, con las ambiciones, entre ellas la ampliación e integración de la Corte Suprema. Desde el circuito próximo a Olivos se hicieron trascender especulaciones en ese sentido.

En lo inmediato, desde el Gobierno ya anticipan algunos títulos de los proyectos para después del 1° de marzo. Y en esa lista por ahora informal se destaca una iniciativa sobre fondos o presupuesto para las universidades públicas y un texto para sobre licencias médicas, algo que en su versión original fue desechado para allanar el camino de la reforma laboral. En los dos casos, parece difícil el trámite legislativo si no es en base a acuerdos con socios y aliados y, en cuanto a los reclamos universitarios, sin un entendimiento con el consejo de rectores.

Son temas singulares. El de las licencias médicas tiene el antecedente mencionado: la poda y, al mismo tiempo, las internas en el propio oficialismo por la letra y la oportunidad del artículo. No parece razonable el sentido casi de revancha que tiñe la versión de algunas fuentes del oficialismo, en base a la lectura sobre el “envalentonamiento” violeta por los últimos éxitos legislativos. Esos avances fueron expresión de negociaciones y las votaciones, notables, sumaron apoyos pero no mayoría al estilo de la “escribanía” K.

El otro ejemplo tiene capítulo previo y tiempos diferentes. El Gobierno necesita resolver en algún momento su respuesta frente a la ley de financiamiento universitario, vigente luego del rechazo legislativo al veto presidencial. El tema está en la Justicia, sin buena perspectiva para el Gobierno más allá de recursos de abogados. Por supuesto, si los negociadores coronan un acuerdo con las universidades, pasaría sin sobresaltos la prueba del recinto.

En un punto, los resultados del Congreso aportan al discurso del oficialismo, que busca fundir avances plenos y hasta logros matizados en un todo triunfal. Acaba de ocurrir con los números del EMAE, que muestran un global desempeño positivo y también renglones preocupantes, como la sostenida baja o frío en actividades como la industria y el comercio. La reacción oficialista frente a tales señalamientos es descalificarlos por K.

La intención de mostrarse avasallante y con un armado uniforme en el Congreso coloca en lugar destacado, como contrapartida, cualquier sobresalto legislativo. El tratamiento de la reforma a la ley de glaciares viene teñido por esa pincelada, que por lo demás relega la discusión de fondo sobre un tema delicado como los presupuestos de protección de glaciares y ambiente periglacial. El último señalamiento sobre los cuidados del caso fue hecho por la Iglesia Católica. No es un tema menor y supera la economía inmediata. Como sea, si se limita al número de votos, aún una aprobación ajustada expondría el mal cálculo -y discurso- que confunde alianzas con mayoría automática.

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