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Ante la falta de consenso, mandan a un cajón la ley de hidrocarburos

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La ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas fue presentada en sociedad por Darío Martínez, Martín Guzmán y Alberto Fernández, inmediatamente después de la derrota en las PASO. En ese momento, Guzmán aprovechó el escenario para responderle a Cristina Kirchner sus críticas al manejo económico. Luego se desató las catarata de renuncias de todos los funcionarios kirchneristas, excepto el secretario de Energía, Darío Martínez.

“Martínez llegó al cargo con el respaldo de Cristina, pero luego tomó distancia y esa tensión se trasladó al peronismo de Neuquén. Esta ley esta hecha a medida de intereses que no nos representan”, afirmó a LPO una fuente del kirchnerismo al tanto de la situación.

“Alberto desconoce el tema petrolero y lo dejaron expuesto. En cambio Cristina es petrolera, conoce cabalmente la cuestión, la considera prioridad absoluta y la sigue muy de cerca. De hecho, hubo que escribir dos veces el proyecto porque la primer versión fue rechazada por ella”, agregó la fuente.

Lo cierto es que la vicepresidenta trabajó como convencional constituyente en la redacción de la Constitución de ’94, donde se le concedió a las provincias el dominio y la jurisdicción de los recursos del subsuelo -entre ellos los hidrocarburos- que según entienden los gobernadores patagónicos, este nuevo proyecto pone en jaque.

“La ley es un impuesto nacional sobre un recurso no renovable de pertenencia de las provincias y encima no coparticipable, y por el cual no cobramos ingresos brutos. ¿Saben lo que significaría cobrar ingresos brutos sobre la exportación de crudo y gas?”, afirmó el neuquino Omar Gutiérrez, presidente de la liga de provincias petroleras (Ofephi) y uno de los críticos más frontales de la norma. Críticas similares expresó el líder histórico del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Jorge Sapag.

La lectura de los gobernadores de las provincias petroleras es que el artículo 90 del proyecto que indica que la autoridad de aplicación respecto a los permisos de exploración, las concesiones de explotación y las concesiones de transporte y almacenamiento subterráneo en las áreas hidrocarburíferas competen a la Secretaría de Energía de la Nación, avasalla los derechos de las provincias otorgado precisamente por la Constitución del ’94.

“La ley le otorga a la Nación una participación y reconocimiento sobre las reservas que hasta el momento no tiene. Es evidente que al MPN le molesta que entre la Nación porque aparece un actor más con quién dividir la torta”, reconoció a LPO una fuente del Gobierno.

Sapag fue taxativo: “Considero que el art 90 es un error de redacción, un desliz, que hay que corregirlo”. Según una fuente del gobierno neuquino consultada por LPO, “Sapag es una figura muy relevante ante esta problemática ya que fue quien diseñó Vaca Muerta junto a Cristina”.

Gutiérrez expresa al conjunto de la Ofephi porque la disputa que se refleja en esta ley es por Vaca Muerta. Es por eso que otras de las críticas del gobernador deviene en como se estipula la línea de base que mide la producción incremental sobre la cual se definen los cupos exportables. Este cuestionamiento es compartido por las empresas del sector que resultan perjudicadas, como reveló LPO.

“Las empresas que garantizamos el abastecimiento interno, solo queremos exportar cuando cumplamos esa demanda. Petrona, Shell y Vista invirtieron en lo peor de la pandemia, su producción creció y ahora es lógico que pidan exportar. Invertimos cuando todos estaban parados. Lo que pedimos con cambiar la base, es que nos reconozcan esa inversión” afirmaron a LPO fuentes del mercado, que agregaron que el gobierno nacional defiende la actual línea base, por una presión del ministro Martín Guzmán, que está mirando un tema fiscal.

El kirchnerismo también cuestiona otro aspecto clave de la norma. Afirman que la estabilidad fiscal por 20 años que promete, barre con los derechos de exportación como herramienta de la política económica. “Como no las podes tocar, quedás pegado al precio internacional. Se dolariza tu recurso, y como vos no generas dólares, viene la inflación y la devaluación. Lo mismo pasa con la ley del Consejo Agroindustrial. Acá hay dos modelos en pugna, por un lado la salida exportadora de Guzmán y la opuesta que se traduce energía y alimentos baratos, justamente lo que propone Cristina”, analizaron ante LPO.

El legislador del kirchnerismo neuquino Mariano Mansilla, sostuvo a LPO que “la disputa por la orientación de la política energética en nuestro país tiene muchos capítulos donde sucedieron tensiones entre las grandes corporaciones de las potencias occidentales contra militares nacionalistas y luego, desarrollistas convencidos por la fuerza del lobby de los trust del Petróleo. Como integrantes del Frente de Todos, y para sostener una de las principales banderas de la plataforma de gobierno que impulsamos para Alberto y Cristina, entendemos que debe ajustarse la mirada para pensar el régimen de esta ley”.

Desde el sector de los trabajadores cobra vigor la resistencia. “A Pereyra lo tenían cerrado y se les está dando vuelta. Ya no banca de pleno al proyecto”, agregó una fuente del sindicato petrolero.

En declaraciones a la prensa el secretario General del gremio afirmó: “Las provincias están pidiendo un cambio en algunos artículos, principalmente en el artículo 90, donde los gobernadores manifiestan que avasalla la titularidad que tienen las provincias por la ley corta, por la Constitución del ’94”.

Mientras que Marcelo Rucci consideró que la puja entre de Neuquén y el Gobierno nacional “debe resolverse rápidamente. El artículo 90 de la medida es el que está en discusión, el cual habla de la autonomía de la provincias. Desde el Sindicato estamos a favor que eso no se pierda, que no pierdan las provincias”.

Lo cierto es que ante la falta de consenso, la ley no avanza. No hay agenda prevista para actividad parlamentaria y desde el bloque oficialista afirman que por ahora está cajoneada.

(LPO)

 

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Se presenta un nuevo esquema de derecha que buscará converger con el PJ en una alternativa a Milei en el 2027

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Este miércoles 10 de junio, a las 17:30, en el hotel Brizo de La Plata, se presentará en sociedad el esquema opositor de centro derecha que tiene como vocación central ser un aglutinador de dirigentes de esa identidad, para converger el año que viene en un gran armado electoral que tenga como columna vertebral al peronismo.

Las caras visibles de ese proyecto son Miguel Ángel PichettoEmilio Monzó (está de viaje y no será de la partida), Carlos Kikuchi (armador de La Libertad Avanza en sus comienzos) y Sergio Vargas. Dos ex Juntos por el Cambio y dos ex libertarios. En diagonal, pero con diálogo abierto, también trabajan cerca de ese armado Nicolás Massot y Diego Bossio. Ninguno de ellos estará presente en el acto.

Todos son figuras de pasado peronista que se está reacomodando en el mapa político actual y que trabajan en la búsqueda de consensos para entrelazar voluntades opositoras. Todos tienen la intención manifiesta de armar una alternativa al proyecto que lidera Javier Milei y de construir una coalición que contenga a las diversas terminales que sobreviven en Unión por la Patria.

El encuentro, que tiene formato de conferencia pero que en los hechos es un lanzamiento de cara a la sociedad, será moderado por Vargas, que es un senador provincial que tiene el sello de “libertario blue” en la rosca política. Expondrán Pichetto, Kikuchi y Eduardo Setti, el ex secretario de Finanzas del gobierno del Frente de Todos. Un economista ligado a Sergio Massa. La presentación llevará en el frente el slogan “Argentina productiva”.

Los integrantes de la nueva iniciativa política destacan el orden macroeconómico logrado por la presidencia de Milei, pero advierten que el Gobierno ha descuidado completamente el impacto de sus políticas en la economía real. Situación que se ve con claridad en las miles de pymes que cerraron y en la enorme cantidad de puestos de trabajo que se perdieron en el último año.

“Nosotros estamos en la derecha y tenemos voluntad de corrernos hacia el centro. Podemos converger en un armado con el peronismo, si los que están en la izquierda se corren hacia el centro, que es el lugar donde todos nos deberíamos encontrar”, se sinceró uno de los principales armadores del espacio político.

Equilibrio y orden fiscal, inflación controlada, diálogo abierto con el sector empresario y una mirada con base en la producción y la industria. Esa es la idea que empujan los dirigentes de la centro derecha. Idea que creen que es compatible con una gran parte del peronismo. Tal es así que los dirigentes del PJ Federal, como Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz o Guillermo Michel, o el precandidato sanjuanino Sergio Uñac tienen coincidencias públicas con esas miradas. Hablan de los mismo, pero cada uno por su lado.

El armado dio su primera señal de participación en la escena política el 18 de marzo, cuando hicieron pública una reunión que mantuvieron en La Plata Pichetto y Monzó con los integrantes del bloque Unión y Libertad en la Legislatura bonaerense. Después hubo otro encuentro el 17 de abril, en Malvinas Argentinas, donde los mismos protagonistas, más Kikuchi, se reunieron con el intendente local Leonardo Nardini, que es parte del sector más afín a Cristina Kirchner.

En todas esas oportunidades la intención fue marcar que estaban dispuestos a entablar relaciones con el peronismo para ser parte de un gran armado. En el PJ saben que nadie sobra de cara a una elección que se avecina compleja, más allá del momento actual que vive el gobierno nacional, plagado de internas y rodeado de la realidad que explicita la economía doméstica. Reuniones cruzadas en las que se tratan de buscar coincidencias sobre el escenario político, económico y social.

En esa dirección fue también la reunión que mantuvieron en la gobernación Axel Kicillof, Emilio Monzó y Nicolás Massot. Para buscar coincidencias hay que alejarse de los extremos. Y eso quedó claro en esa conversación que tuvo lugar en La Plata. La obsesión es el centro, porque un encuentro a mitad de camino permitirá abrazar a más sectores y tejer una convivencia amplia.

En el nuevo esquema de derecha no ven a la izquierda de Miryam Bregman y Nicolás Del Caño trabajando en conjunto con el peronismo. “No es su negocio. No pueden funcionar en un armado tan diverso”, reflexionó uno de los legisladores que está a cargo del nuevo esquema político. Análisis de coyuntura que hoy se hacen en las mesas de café de la oposición. La historia de la construcción opositora aún tiene muchos capítulos por delante.

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La sesión en el Senado desnudó el desorden del Gobierno y la interna sumó un nuevo capítulo

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Después de barrer bajo la alfombra el enojo con Patricia Bullrich, el Gobierno eligió fingir demencia, también, frente al traspié que supuso la aprobación del pliego de la jueza María Verónica MichelliEn la Casa Rosada hicieron caso omiso a la derrota y usaron toda la artillería de comunicación para enfocarse en el lado positivo: la aprobación de 74 pliegos de jueces.

Por lo bajo, en el Ejecutivo masticaban bronca contra la jefa del bloque de Senadores de La Libertad Avanza y admitían el desorden en las directivas producto de las diferencias internas que empantanó la sesión. Pero en público, el Gobierno no hizo una sola mención al tema de Bullrich y Michelli. Tanto durante como después del debate.

“Es una disputa interna de poder constante”, admitió una voz del ecosistema libertario una vez terminada la jornada.

Pese a que, en la reunión de labor parlamentaria del miércoles, se fijaron criterios para encausar la votación, el desenlace fue completamente diferente al acordado. Incluso, incluyó el tratamiento del pliego de Michelli que había quedado postergado para la semana siguente. “Era completamente discrecional que hayan sido 50 y no los 74. Se le ocurrió solo a Patricia (Bullrich)“, justificaron desde el karinismo.

La sesión lo tuvo todo. Desde la disidencia de la jefa del bloque oficialista, que en un abierto desacato a la orden de la Casa Rosada se abstuvo durante la votación, a contramano de su propia bancada, hasta la repentina incorporación de otros 23 pliegos judiciales. Entre ellos, el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el de Yamile Susana Bernan, esposa de Diego Guerendiain, estrecho colaborador del exministro Mariano Cúneo Libarona.

Para distintos sectores del oficialismo, esos movimientos fueron una muestra más de las diferencias que atraviesan al espacio. En las tribus karinistas acusaron al sector que comanda el asesor presidencial Santiago Caputo de haber intentado dejar afuera ambos nombres y de instalar un clima de derrota que buscaron relativizar. “Un sapo entre 74 no está mal. El triunfo por la reconstrucción de la justicia es histórico y es todo de Karina”, minimizaron cerca de la secretaria general, luego de que la oposición lograra aprobar, sobre tablas y por mayoría, el pliego que el Gobierno buscaba frenar.

Ensalzaron, así, a los dos principales alfiles la Secretaria General en el Ministerio de Justicia, número uno y dos de la cartera, Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola.

Es un tribunal no creado. Aún si se la designa no va a ser juez porque tiene que habilitarlo la Corte”, sumaron argumentos en el karinismo, respecto del Tribunal Oral Federal Nº 3 de La Plata.

Sólo de manera solapada dispararon contra Bullrich, que a pesar de su rol de liderazgo en el oficialismo de la Cámara Alta, desobedeció las órdenes del Ejecutivo durante la votación. “Patricia sabía que tenía margen para hacer lo que hizo. Que nadie la iba a echar, porque la necesitan. El error estuvo en no chequear el nombre. Es algo que tenés que saber”, admitió un funcionario ajeno a la puja entre el Triángulo de Hierro.

Horas antes, Karina Milei se había retratado con la senadora, en un intento por amenguar las internas. “Nadie va a romper. La confianza no se pierde. Puede haber diferencias. Es normal, pero el rumbo es claro y común”, intentó calmar las aguas una fuente cercana a la funcionaria.

Metimos 74 pliegos y acuerdo con los Holdouts. No es ni de cerca una derrota”, insistió un integrante de la mesa política de la que, por cierto, también participa la senadora ex PRO, que se pintó de violeta pero tiene juego propio.

En la cúpula del Gobierno deslizaron que el Presidente, muy probablemente, no firmará el pliego para hacer efectivo su nombramiento. “Es un tema menor. Ya está. Fue un buen día para el Gobierno, hace años que no se meten jueces”, dijeron en Balcarce 50. Mientras tanto, Milei tuiteaba lo propio: ”El inicio de la reconstrucción de la justicia: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos”. Poco más de 24 horas antes, el jefe de Estado había defendido la decisión de retirar el pliego, amparándose en la Constitución Nacional.

Si bien Javier y Karina Milei desconocieron el nuevo traspié del espacio, las miradas en la Casa Rosada no eran unánimes, y el sector de Santiago Caputo insistía en que el problema que se generó con Bullrich por la jueza Michelli se podría haber evitado. “Fue mala praxis”, sostuvieron en referencia a la tarea de los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem.

A ello se sumaron los fuertes cuestionamientos de Victoria Villarruel, el tratamiento del pliego de Michelli —hasta entonces postergado— y la celebración de la sesión en redes sociales.

Además, entre acusaciones cruzadas, el oficialismo, en la voz de senador de La Libertad Avanza Agustín Coto solicitó que el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzeneggervolviera a comisión. “Lo tratamos la semana próxima”, prometían desde el oficialismo.

Aunque hubo intentos por presentar la jornada como un éxito, puertas adentro la aprobación del pliego de Michelli volvió a exhibir las dificultades para ordenar a un oficialismo atravesado por disputas de poder. En Balcarce 50 eligieron relativizar el episodio, pero la sesión dejó nuevamente al descubierto las fisuras de una interna que está lejos de resolverse.

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Malestar de Kicillof porque la Legislatura bajó el proyecto de libre disponibilidad de fondos a los intendentes

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Los intendentes de la provincia de Buenos Aires deberán limitar el uso de un fondo proveniente del endeudamiento a conseguir por el gobernador Axel Kicillof y destinar el 30% de esos recursos a obras, programas del Ministerio de Transporte o del Instituto Cultural. Es que finalmente, el plan para que tengan la potestad de usar el 100% de dichos fondos de la manera que consideren más apropiada naugrafó.

Este jueves, y luego de varias idas y vueltas, la Cámara de Diputados prácticamente dio por cerrado el tema cuando volvió a posponer por segundo día consecutivo la reunión de comisión de Presupuesto en la que se iba a abordar el pedido de los jefes comunales.

En el Ejecutivo leen que con estos movimientos se encubre una estrategia de un sector del peronismo en acuerdo con la oposición para intervenir sobre los fondos en cuestión, dado que los proyectos que se imponían le daban a una comisión bicameral la facultad de autorizar los pagos; mientras que desde la UCR y el PRO le achacan al gobierno de Kicillof que nuevamente “no cumple los acuerdos en los que se embarca” y, a la par, se preparan para acorralar al titular de IOMA, Homero Giles con una sesión especial que será el próximo lunes, ante las reiteradas críticas por el funcionamiento de la obra social del Estado provincial.

Finalmente, la comisión de Presupuesto que se iba a reunir este jueves volvió a suspender su encuentro, tal como sucedió el miércoles. Allí había un solo tema a tratar en el orden del día: un proyecto de ley del diputado del bloque UCR+Cambio Federal, Diego Garciarena, que modificaba la ley de endeudamiento aprobada a fin de año en ambas cámaras y le daba a la comisión bicameral, creada en el marco del seguimiento de la deuda, la potestad de intervenir sobre el pago de los fondos a los distritosademás de -lo más crucial para los intendentes- la libre disponibilidad de los mismos. Es decir, que los intendentes puedan usarla para lo que necesiten. Es que la actual normativa establece que el 70% del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal -el creado en el marco de la autorización de deuda- se distribuya de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% restante sea a través de programas provinciales de los Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos y Transporte y del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Modificar este punto es lo que, desde hace algunos meses, los intendentes vienen pidiendo cambiar.

Entonces se fueron presentando proyectos de ley en esa dirección. Además del de Garciarena, el otro bloque del radicalismo también elevó una iniciativa y el presidente del bloque PRO, Alejandro Rabinovich otra. En tanto que en Fuerza Patria, según pudo saber Infobae, también trabajaban sobre un anteproyecto en caso de ser necesario.

La proliferación de iniciativas fue el argumento que caló para que el miércoles la comisión no se reúna. “Tenemos que acordar un proyecto unificado”, planteó un legislador oficialista. Este jueves, donde tampoco hubo reunión de comisión, el argumento que emanó desde autoridades de la comisión es que 113 distritos ya iniciaron el proceso administrativo para destinar ese 30% de fondos -que no son de libre disponibilidad- a la ejecución de obras, mientras que otros dos lo usarán para programas del Instituto Cultural.

La facultad de la comisión bicameral que se planteó en el proyecto de endeudamiento es el foco de conflicto. En la oposición recuerdan que el Ejecutivo “no contemplaba siquiera la creación de una bicameral para controlar la toma de deuda, ni cómo repartir los fondos que le iban a llegar a los municipios”, aportó un diputado PRO ante la consulta de este medio.

El Ejecutivo mira los movimientos legislativos y vuelve a poner la lupa sobre sus socios del peronismo, además de la esperable reacción de la oposición. “Nosotros no tenemos problemas con que los fondos sean de libre disponibilidad, pero lo van a tener que tratar porque los intendentes están a la espera”, plantean cerca de Kicillof ante la consulta de este medio. Este lunes, lo propio había dicho el ministro de Gobierno Carlos Bianco, asegurando que la distribución de los fondos en disputa debería ser toda por CUD.

Entonces, ante este posicionamiento, en la oposición remarcan que “Kicillof no cumple los acuerdos”, porque “esto que estamos debatiendo ahora se había planteado cuando definimos el endeudamiento”, aseguró un integrante de la comisión de Presupuesto por la oposición.

“Acordamos que sea así. En ese momento, por la interna que tiene adentro del peronismo, se definió que el 30% los fondos se usen a través de los ministerios, uno por cada sector. Entonces, si vamos a rediscutir los términos, pongamos a debatir todos los proyectos que hay”, aseguran en el PRO que tiene su propia propuesta, que es que sea de libre disponibilidad, mediante CUD, definiéndose además por los ingresos de los distritos y autorizados por la comisión bicameral. Un diputado de ese espacio remató: “Esto es por culpa del gobernador. Es para dilatar el pago”. Al 31 de agosto se debería ejecutar la segunda transferencia estipulada de hasta $50 mil millones de pesos.

IOMA, próxima parada

En tanto que el próximo lunes se convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados bonaerense pedida por la oposición. El objetivo es discutir los proyectos de ley referidos al funcionamiento de IOMA. Los bloques de La Libertad Avanza, los dos de la UCR, el PRO, Espacio Abierto-Hechos, Coalición Cívica y Unión y Libertad presentaron el 1 de junio un pedido de una sesión especial. Reúnen la cantidad necesaria de firmas y ahora deberán juntar el quórum de la mitad más uno (47 diputados sentados en sus bancas).

Hay un listado de proyectos alusivos al desempeño de la Obra Social del Estado bonaerense. Desde pedidos de informes por las deudas que acarrea con los municipios, un proyecto para crear una comisión bicameral para monitorear el funcionamiento del IOMA hasta el pedido de interpelación a su presidente, Homero Giles, entre varios otros. Incluso la autarquía del IOMA.

El encuentro, de concretarse, será el lunes a las 13 horas. Sin embargo, existe la posibilidad de que dicha sesión especial se caiga. Según supo este medio, hay conversaciones para que Giles asista a una reunión de carácter informativo y más reducida, es decir, con algunos representantes de los bloques, para así hacer caer una sesión donde la oposición juntaría el número para aprobar todos los proyectos de ley que impulsan.

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