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Ante la falta de consenso, mandan a un cajón la ley de hidrocarburos

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La ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas fue presentada en sociedad por Darío Martínez, Martín Guzmán y Alberto Fernández, inmediatamente después de la derrota en las PASO. En ese momento, Guzmán aprovechó el escenario para responderle a Cristina Kirchner sus críticas al manejo económico. Luego se desató las catarata de renuncias de todos los funcionarios kirchneristas, excepto el secretario de Energía, Darío Martínez.

“Martínez llegó al cargo con el respaldo de Cristina, pero luego tomó distancia y esa tensión se trasladó al peronismo de Neuquén. Esta ley esta hecha a medida de intereses que no nos representan”, afirmó a LPO una fuente del kirchnerismo al tanto de la situación.

“Alberto desconoce el tema petrolero y lo dejaron expuesto. En cambio Cristina es petrolera, conoce cabalmente la cuestión, la considera prioridad absoluta y la sigue muy de cerca. De hecho, hubo que escribir dos veces el proyecto porque la primer versión fue rechazada por ella”, agregó la fuente.

Lo cierto es que la vicepresidenta trabajó como convencional constituyente en la redacción de la Constitución de ’94, donde se le concedió a las provincias el dominio y la jurisdicción de los recursos del subsuelo -entre ellos los hidrocarburos- que según entienden los gobernadores patagónicos, este nuevo proyecto pone en jaque.

“La ley es un impuesto nacional sobre un recurso no renovable de pertenencia de las provincias y encima no coparticipable, y por el cual no cobramos ingresos brutos. ¿Saben lo que significaría cobrar ingresos brutos sobre la exportación de crudo y gas?”, afirmó el neuquino Omar Gutiérrez, presidente de la liga de provincias petroleras (Ofephi) y uno de los críticos más frontales de la norma. Críticas similares expresó el líder histórico del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Jorge Sapag.

La lectura de los gobernadores de las provincias petroleras es que el artículo 90 del proyecto que indica que la autoridad de aplicación respecto a los permisos de exploración, las concesiones de explotación y las concesiones de transporte y almacenamiento subterráneo en las áreas hidrocarburíferas competen a la Secretaría de Energía de la Nación, avasalla los derechos de las provincias otorgado precisamente por la Constitución del ’94.

“La ley le otorga a la Nación una participación y reconocimiento sobre las reservas que hasta el momento no tiene. Es evidente que al MPN le molesta que entre la Nación porque aparece un actor más con quién dividir la torta”, reconoció a LPO una fuente del Gobierno.

Sapag fue taxativo: “Considero que el art 90 es un error de redacción, un desliz, que hay que corregirlo”. Según una fuente del gobierno neuquino consultada por LPO, “Sapag es una figura muy relevante ante esta problemática ya que fue quien diseñó Vaca Muerta junto a Cristina”.

Gutiérrez expresa al conjunto de la Ofephi porque la disputa que se refleja en esta ley es por Vaca Muerta. Es por eso que otras de las críticas del gobernador deviene en como se estipula la línea de base que mide la producción incremental sobre la cual se definen los cupos exportables. Este cuestionamiento es compartido por las empresas del sector que resultan perjudicadas, como reveló LPO.

“Las empresas que garantizamos el abastecimiento interno, solo queremos exportar cuando cumplamos esa demanda. Petrona, Shell y Vista invirtieron en lo peor de la pandemia, su producción creció y ahora es lógico que pidan exportar. Invertimos cuando todos estaban parados. Lo que pedimos con cambiar la base, es que nos reconozcan esa inversión” afirmaron a LPO fuentes del mercado, que agregaron que el gobierno nacional defiende la actual línea base, por una presión del ministro Martín Guzmán, que está mirando un tema fiscal.

El kirchnerismo también cuestiona otro aspecto clave de la norma. Afirman que la estabilidad fiscal por 20 años que promete, barre con los derechos de exportación como herramienta de la política económica. “Como no las podes tocar, quedás pegado al precio internacional. Se dolariza tu recurso, y como vos no generas dólares, viene la inflación y la devaluación. Lo mismo pasa con la ley del Consejo Agroindustrial. Acá hay dos modelos en pugna, por un lado la salida exportadora de Guzmán y la opuesta que se traduce energía y alimentos baratos, justamente lo que propone Cristina”, analizaron ante LPO.

El legislador del kirchnerismo neuquino Mariano Mansilla, sostuvo a LPO que “la disputa por la orientación de la política energética en nuestro país tiene muchos capítulos donde sucedieron tensiones entre las grandes corporaciones de las potencias occidentales contra militares nacionalistas y luego, desarrollistas convencidos por la fuerza del lobby de los trust del Petróleo. Como integrantes del Frente de Todos, y para sostener una de las principales banderas de la plataforma de gobierno que impulsamos para Alberto y Cristina, entendemos que debe ajustarse la mirada para pensar el régimen de esta ley”.

Desde el sector de los trabajadores cobra vigor la resistencia. “A Pereyra lo tenían cerrado y se les está dando vuelta. Ya no banca de pleno al proyecto”, agregó una fuente del sindicato petrolero.

En declaraciones a la prensa el secretario General del gremio afirmó: “Las provincias están pidiendo un cambio en algunos artículos, principalmente en el artículo 90, donde los gobernadores manifiestan que avasalla la titularidad que tienen las provincias por la ley corta, por la Constitución del ’94”.

Mientras que Marcelo Rucci consideró que la puja entre de Neuquén y el Gobierno nacional “debe resolverse rápidamente. El artículo 90 de la medida es el que está en discusión, el cual habla de la autonomía de la provincias. Desde el Sindicato estamos a favor que eso no se pierda, que no pierdan las provincias”.

Lo cierto es que ante la falta de consenso, la ley no avanza. No hay agenda prevista para actividad parlamentaria y desde el bloque oficialista afirman que por ahora está cajoneada.

(LPO)

 

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El trimestre clave que mira Javier Milei para la economía y las amenazas internas en el Gobierno

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La consultora 1816 -probablemente, la más leída por el círculo rojo- publicó su último informe especial dedicado a la incesante suba de la mora en los créditos. Este dato creció por decimosexto mes consecutivo para el caso de las familias y llegó al 11,2%; un número marcadamente mayor al de las empresas, tan solo de 2,9%. “El dato consolida la idea de que hay una economía con récord de PBI y consumo privado, pero que al mismo tiempo está mostrando dificultades para derramar en amplios sectores de la sociedad”, indican. Con un mismo conjunto de datos, oficialismo y oposición hacen de la coyuntura actual dos narrativas diferentes.

En el Gobierno no niegan el monitoreo de la mora y reconocen que está creciendo a un ritmo preocupante, aunque marcan que no depende enteramente de ellos. Una fuente de acceso directo al despacho presidencial consultada por Infobae marcó que “los bancos se acostumbraron a vivir en connivencia con el Estado” y que “ahora que tienen que actuar de bancos, están prestando el dinero de manera poco inteligente”.

Es una lectura parecida que el presidente Javier Milei le convalidó a una persona que le consultó días atrás, a quien le recomendó un fragmento dicho por el economista Salvador Di Stefano en La Casa Streaming: “Los bancos pasaron a prestar del 4 % del PBI al 12 %. Si las empresas son más fiables que las familias, ¿por qué no les prestaste a ellas que generan más trabajo y después, a futuro, cuando se recompongan, les prestamos más a las familias?“. Ese razonamiento tuvo el sello de aprobación de la Quinta de Olivos.

La actividad y la dinámica de la economía son asuntos que se han consolidado en la agenda de los principales medios. Los estrategas comunicacionales de la Casa Rosada lo saben, aunque el que salió a hablar por decisión propia fue el mismo Milei. Marcó que los procesos de mejora “no avanzan a la misma velocidad para todos” y pidió paciencia: “El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”.

La vuelta de la advertencia del “Riesgo Kuka” surge en una semana en la que surgieron “trascendidos” de diferentes proyectos presidenciales del centro hacia la derecha que estarían siendo impulsados por sectores políticos y empresarios. Uno de los más resonantes fue el del banquero Jorge Brito. El economista Carlos Melconian habló en público sobre su intención de lanzarse al plano nacional. El pastor evangelista Dante Gebel hizo su publicación más sugestiva en meses trabajando desde Europa con su equipo político, entre ellos el exfundador de La Libertad Avanza, Eugenio Casielles.

Los dos líderes de esos primeros espacios son defenestrados por el propio Milei y su entorno, así como el armador político de Gebel. Ven con sospecha las noticias de estos proyectos presidenciales y las presiones para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sea removido de su cargo. “Si logran voltear a un ministro, demostrarán su poder”, reposteó ayer Milei un tuit redactado por el diputado nacional Alejandro Fargosi. Ese marco es uno de los que hace que el Presidente y Karina Milei no se apresten a remover a Adorni de su cargo.

Al menos tres fuentes del círculo presidencial marcaron a Infobae que ven en este trimestre como el más determinante de cara a las elecciones del año próximo.

Es una prueba de fuego. Durante estos meses tienen que generarse las condiciones para una buena reactivación”, afirma uno de ellos, mencionando la sostenida compra de reservas que se espera hacia adelante, el tipo de cambio estable y la tasa de interés baja. De darse este escenario, creen que el optimismo podría crecer en agosto y septiembre. Parece faltar mucho recorrido para llegar a esa estación.

La preocupación principal entre varios integrantes que asisten a las reuniones de Gabinete es el funcionamiento de la política interna.

Adorni, en calidad de jefe de la administración del Estado, está disminuido en la consideración de varios libertarios de altísimo rango. En las primeras semanas de los escándalos judiciales y mediáticos, marcaban en el off the record que debía renunciar a su cargo o que el Presidente debía pedir su corrimiento. Ahora se encuentran ante la incómoda situación de que sigue ratificado tanto por Javier como Karina Milei, las dos personas más importantes del Ejecutivo.

“Me operó a más no poder y ahora me pide que esté presente en las reuniones”, dice, resignada, una persona que figuró el lunes en la reunión de Gabinete en Casa Rosada. No es el único caso.

Ante los rumores de posibles desplazamientos, en boca de los funcionarios libertarios hubo dos nombres de ministros que surgieron como los más probables para entrar en su lugar. A uno de ellos se le notó espantado con esa posibilidad: “Es una picadora de carne ese lugar. Si me obligan lo tendré que hacer, pero no me gustaría para nada”. Infobae escuchó la misma opinión de otras dos figuras del Gobierno que habían sido mencionadas durante los días en los que se mencionaban presuntos candidatos para reemplazarlo.

Si a la gran cúpula del Ejecutivo le parece una suerte de cargo de altísimo voltaje, ¿por qué Adorni no podría continuar en el cargo, con la posibilidad de tratar de recuperar su imagen perdida de cara al año próximo? Es una decisión que Milei está dispuesto a tomar. Por lo pronto, Adorni viajará esta semana con Karina a Vaca Muerta y cuando Milei se vaya a Israel en una semana buscará comunicar que dejará al jefe de Gabinete en el país para que se haga cargo de la administración libertaria. Eso sí, cerca de Milei ya dicen que en las próximas semanas, “el vocero de la gestión va a ser el Presidente”.

La pregunta que se hacen en más de un despacho del Gobierno es cuánto más está dispuesto a avanzar el tándem del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Nos están dando una señal, porque no es normal un avance así de rápido. Tampoco nos sorprende”, afirman fuentes judiciales del Ejecutivo. La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia no gustó en algunos sectores de Comodoro Py porque consideraban un hecho que allí iba a desembarcar Guillermo Montenegro, de estrechísimo vínculo con Lijo.

El karinismo mira con atención esta cuestión porque en los tribunales federales de la Capital Federal también se halla la Causa Libra. Casualidad o no, la esposa del juez que lleva ese expediente, Marcelo Martínez de Giorgi, fue elegida por Mahiques para cubrir el Juzgado Federal de Hurlingham. Hubo gestos a otros importantes miembros de la familia judicial. Si los cálculos de los operadores judiciales libertarios no fallan, la avanzada de un sector de la Justicia Federal podría mermar con el pasar de los meses. “Aun así, no hay ser humano que pueda asegurar impunidad en Comodoro Py. Es un organismo vivo con sus propias lógicas y cada cual juega su juego”, avisa una fuente judicial ligada al Gobierno.

Hay 14 pliegos que interesan mucho en el Gobierno y que están en manos de la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura. Cuatro juzgados, cuatro vacantes en Casación y seis lugares en el Tribunal Oral Federal. Ninguno de estos procesos se verá modificado por el proyecto que impulsan los jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ya que su propia iniciativa para modificar el esquema de selección de los magistrados fue presentada con posterioridad.

Los dos cortesanos habían pedido que su propio proyecto fuera aprobado “a libro cerrado”. Aquello no convencía al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que pese a no integrar la Comisión de Selección, fue el jueves a una reunión para calmar a algunos consejeros que amenazaban con voltear la iniciativa de la Corte y, además, proponer que los contratos del Poder Judicial pasara a ser determinado por el Consejo.

Uno de los que tomó la palabra en ese encuentro fue el representante del Poder Ejecutivo, el secretario de Justicia, Santiago Viola, que dijo que no había motivo para tratar de manera apresurada esa cuestión. El jueves a las 12.30 horas tiene agendado un encuentro tanto con Rosenkrantz como Lorenzetti. Seguramente allí les diga que el reglamento que proponen necesita modificaciones y que hacer algo a libro cerrado no tiene posibilidades reales, como ya se lo ha adelantado a su círculo íntimo.

La nueva mesa judicial que responde de manera directa a Karina Milei vio con atención una reunión que mantuvieron el asesor presidencial Santiago Caputo; el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; y el juez federal Mariano Borinsky en el despacho que el asesor presidencial tiene en el primer piso de la Casa Rosada.

Uno de los presentes marcó que se habló sobre la modificación integral del Código Penal que el magistrado había liderado en su redacción con una mesa de especialistas. Mahiques, en tanto, optó por dividir la reforma en dos: una más pequeña que se trate en las próximas semanas con algunas tipificaciones y otra más amplia que termine de implementar cambios más abarcativos. “Corremos el riesgo de que la implementación sea incorrecta y se arribe a algo parecido a lo que ocurrió con la Ley Blumberg”, afirmó una fuente a Infobae. Otra altísima fuente desmintió que esto haya sido tema de conversación.

¿Está la intención de ciertos sectores del Gobierno de promocionar a figuras encumbradas de la Justicia para la Corte Suprema y la Procuración General? Es una de las consultas que se hacían en el entorno de la hermana, que recuerdan las visitas de Montenegro por la Casa Rosada cuando se lo mencionaba como un probable postulante para el Ministerio de Justicia. En el entorno de Santiago Caputo afirmaron que la voluntad del Presidente era clara: “No se van a negociar cargos judiciales que impliquen dos tercios de la Cámara”. Es decir, los dos cortesanos y el Procurador.

La política judicial sirve para traspolar cómo funciona la interna entre karinistas y caputistas sobre otras decisiones del Gobierno. Esto preocupa sobremanera a otros integrantes del Gobierno que no pertenecen explícitamente a ninguno de los dos bandos. “Es algo que le quita inercia a la gestión y se perpetúa”, afirma un responsable de una cartera ministerial. Que se haya agregado la situación del jefe de Gabinete tampoco ayuda a que se asiente una dinámica que deje a todos cómodos.

Aun así, habrá que estar atentos. Hay una fuente de cercanía absoluta con el Presidente que augura que uno de sus pares “va camino al degüello”. Si es cierto, se tratará de una novedad total en el Gobierno. Caso contrario, una nueva señal de que el oficialismo convive con un clima imposible que nadie estuvo dispuesto a solucionar. Ni siquiera con números de aprobación de la gestión que se encuentran en niveles históricamente bajos.

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Mientras avanzan con los pliegos judiciales, el Senado estableció el calendario para las próximas sesiones

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En paralelo a las audiencias públicas para avanzar con los más que demorados pliegos judiciales que empezó a enviar -por secciones- el Ejecutivo, el oficialismo senatorial ya armó un esquema provisorio junto a dialoguistas para volver al recinto, en principio, el 29-30 de abril y el 13-14 de mayo próximo.

La Cámara alta “trabajó” el jueves pasado. Allí, en una sesión de escaso vuelo y algunos discursos para el olvido, el pleno activó a la dos veces senadora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- en Canadá. También se aprobaron ascensos de los jefes de las tres fuerzas militares y, sobre todo, ingresó un lote de más de 70 pliegos judiciales.

Este paso es clave para que las designaciones en cuestión tomen estado parlamentario y, de esa manera, sean giradas a la comisión de Acuerdos, que comanda el libertario riojano Juan Carlos Pagotto. Allí, La Libertad Avanza (LLA) fileteó al kirchnerismo y le dejó, de 17 lugares, tres.

La bancada cristinista, que lidera el formoseño José Mayans, volvió a tener que contener días atrás a algunos integrantes que ya repiten su incomodidad por no “laburar” y ni siquiera ubicar, en agenda, iniciativas sin demasiado conflicto. Ni hablar de las bicamerales, con nombres de oficialistas y dialoguistas que acrecentarán, sin dudas, la puja entre peronistas y libertarios, como contó Infobae.

Si bien no se descartan otras reuniones en las próximas horas, hasta el fin de semana, la única en pie y oficial es la de Acuerdos, por un único tema: la propuesta de la Casa Rosada para que Carlos Mahiques continúe, por cinco años, en la Cámara Federal de Casación Penal. Esto ocurre debido a que el juez está a meses de cumplir los 75 años. Es el límite para jubilarse, excepto que el Ejecutivo pida una extensión por el plazo mencionado.

El magistrado es el padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Como los legisladores pueden participar de cualquier comisión, por más que no formen parte de ella, se aguardan fuertes cruces con el kirchnerismo. Y será un buen termómetro para saber si Pagotto, el “amigo” de casi todo el Senado -según su visión-, merece su sitial en Acuerdos, que es estratégico.

La postulación de Mahiques -padre- había tomado estado parlamentario en la penúltima sesión, y por ello el proceso de avales e impugnaciones que corrió desde hace varios días. En tanto, para los que aterrizaron el jueves pasado en el recinto, se tendrá que esperar casi al cierre del corriente mes. Y seguirá en mayo.

Junto a ello, LLA dejó prefijado el 29-4, por un lado, para dar luz verde a Mahiques, si es que consigue el dictamen en Acuerdos. En segundo término, aparece el despacho -exprés- rubricado días atrás sobre falsas denuncias, la gran manía de la radical Carolina Losada (Santa Fe). En Diputados no parece ser prioridad -por ahora-, ni siquiera, para la propia UCR. Allí perciben a su colega legisladora como “demasiado” teñida de violeta, en referencia al color partidario del oficialismo.

Sí se espera, para la corriente semana, que se reactive el análisis del texto que blindaría la propiedad privada. Lo empuja la Casa Rosada y, en particular, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que ya asistió al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General. Ambas son presididas por oficialistas.

La primera es liderada por Agustín Coto (Tierra del Fuego); la segunda, por Nadia Márquez (Neuquén). El libertario intentó no pelearse con cristinistas y hasta se preocupó por repetir, en un puñado de ocasiones, que ese día no dictaminarían. En cambio, su compañera pastora, cuando quedó a cargo de manera parcial -por algunos minutos-, lo hizo sin titubear y no ofreció gestos extra a quienes denostan sin cesar a sus jefes, Javier y Karina Milei. Como el texto aún presenta dudas, quizá quede en línea para la sesión de mayo. O no, si el despacho logra rápido las firmas.

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Manuel Adorni volverá a reunir a la mesa política en una semana clave para la causa por presunto enriquecimiento

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En una semana en la que podrían surgir novedades en torno a las denuncias en su contra, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continuará participando de actividades oficiales, aparecerá públicamente y volverá a ponerse al frente del armado de la estrategia parlamentaria del Gobierno, que ya tiene definidas las próximas reformas que buscará aprobar en el Congreso.

Este lunes, a partir de las 9:00, comenzarán a declarar como testigo las dos mujeres que le prestaron 100 mil dólares al funcionario bajo juramento de decir la verdad y con el compromiso de entregar toda la documentación que pudiera ser relevante, tal como anticipó Infobae.

Se trata de Graciela Molina, comisario retirada de la Policía Federal, y su hija, Victoria Cancio, que actualmente es miembro de esa misma fuerza de seguridad, a quienes el ministro coordinador conoció a través de su escribana, Adriana Nechevenko.

En el círculo íntimo de Adorni remarcan que “todavía ni siquiera está imputado” en la causa abierta por supuesto enriquecimiento ilícito, que llevan adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, por lo que niegan que vaya a renunciar, porque “siempre tiene que regir el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario”.

Sin embargo, el otrora vocero de esta gestión se muestra poco desde que se generó la polémica alrededor de sus propiedades y viajes al exterior, y todavía no tiene definido si va a asistir al tradicional foro de negocios de AmCham Summit.

En las últimas horas, el presidente Javier Milei les confirmó a los organizadores del evento que va a dar el discurso de cierre, que será escuchado por cientos de inversores y empresarios de distintos rubros.

Ese mismo día, un poco antes de que tome la palabra, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer la inflación correspondiente a marzo, por lo que se espera que el mandatario vuelva a defender el rumbo de su administración.

En un mensaje que publicó en su cuenta de X, remarcó que “los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos” y pidió “paciencia” para aquellos sectores que todavía no fueron alcanzados.

“Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico”, señaló.

Entre los oradores están, por ejemplo, representantes de grandes compañías como Aeropuertos Argentina, Citibank, Danone, Grupo Newsan, JP Morgan, PAE, Personal Río Tinto Lithium, entre otras.

Asimismo, habrá varios integrantes del Poder Ejecutivo y referentes de La Libertad Avanza, como los ministros de Economía, Luis Caputo; de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; del Interior, Diego Santilli, y de Salud, Mario Lugones; y los jefes del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, y en el Senado, Patricia Bullrich.

Luego de la victoria que consiguieron la semana pasada con la modificación de la Ley de Glaciares, las autoridades nacionales intentan continuar en esa línea y sancionar otras reformas que tienen el carpeta.

De acuerdo con lo que precisaron a este medio fuentes al tanto de las conversaciones, el objetivo en el corto plazo es conseguir los votos para tratar el 22 de abril los proyectos de Hojarasca y de adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés).

La primera iniciativa busca derogar cerca de 70 normas que siguen vigentes, pero que se consideran obsoletas, mientras que la segunda es una medida que se viene discutiendo desde 1998, cuando tuvo media sanción del Senado, aunque nunca terminó de aprobarse.

Ahora, el país se comprometió a adherirse a ese régimen antes de que termine el mes. Así se comprometió cuando firmó el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, por lo que pasó a ser la prioridad.

Una vez que finalicen las negociaciones en Diputados, la actividad pasará por la Cámara alta, donde el Gobierno pretende avanzar con el paquete de propuestas vinculadas a la propiedad privada y el enduecimiento de las penas por falsas denuncias, aunque para el tratamiento de estos textos todavía no hay fecha exacta.

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