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Ante la falta de consenso, mandan a un cajón la ley de hidrocarburos

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La ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas fue presentada en sociedad por Darío Martínez, Martín Guzmán y Alberto Fernández, inmediatamente después de la derrota en las PASO. En ese momento, Guzmán aprovechó el escenario para responderle a Cristina Kirchner sus críticas al manejo económico. Luego se desató las catarata de renuncias de todos los funcionarios kirchneristas, excepto el secretario de Energía, Darío Martínez.

“Martínez llegó al cargo con el respaldo de Cristina, pero luego tomó distancia y esa tensión se trasladó al peronismo de Neuquén. Esta ley esta hecha a medida de intereses que no nos representan”, afirmó a LPO una fuente del kirchnerismo al tanto de la situación.

“Alberto desconoce el tema petrolero y lo dejaron expuesto. En cambio Cristina es petrolera, conoce cabalmente la cuestión, la considera prioridad absoluta y la sigue muy de cerca. De hecho, hubo que escribir dos veces el proyecto porque la primer versión fue rechazada por ella”, agregó la fuente.

Lo cierto es que la vicepresidenta trabajó como convencional constituyente en la redacción de la Constitución de ’94, donde se le concedió a las provincias el dominio y la jurisdicción de los recursos del subsuelo -entre ellos los hidrocarburos- que según entienden los gobernadores patagónicos, este nuevo proyecto pone en jaque.

“La ley es un impuesto nacional sobre un recurso no renovable de pertenencia de las provincias y encima no coparticipable, y por el cual no cobramos ingresos brutos. ¿Saben lo que significaría cobrar ingresos brutos sobre la exportación de crudo y gas?”, afirmó el neuquino Omar Gutiérrez, presidente de la liga de provincias petroleras (Ofephi) y uno de los críticos más frontales de la norma. Críticas similares expresó el líder histórico del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Jorge Sapag.

La lectura de los gobernadores de las provincias petroleras es que el artículo 90 del proyecto que indica que la autoridad de aplicación respecto a los permisos de exploración, las concesiones de explotación y las concesiones de transporte y almacenamiento subterráneo en las áreas hidrocarburíferas competen a la Secretaría de Energía de la Nación, avasalla los derechos de las provincias otorgado precisamente por la Constitución del ’94.

“La ley le otorga a la Nación una participación y reconocimiento sobre las reservas que hasta el momento no tiene. Es evidente que al MPN le molesta que entre la Nación porque aparece un actor más con quién dividir la torta”, reconoció a LPO una fuente del Gobierno.

Sapag fue taxativo: “Considero que el art 90 es un error de redacción, un desliz, que hay que corregirlo”. Según una fuente del gobierno neuquino consultada por LPO, “Sapag es una figura muy relevante ante esta problemática ya que fue quien diseñó Vaca Muerta junto a Cristina”.

Gutiérrez expresa al conjunto de la Ofephi porque la disputa que se refleja en esta ley es por Vaca Muerta. Es por eso que otras de las críticas del gobernador deviene en como se estipula la línea de base que mide la producción incremental sobre la cual se definen los cupos exportables. Este cuestionamiento es compartido por las empresas del sector que resultan perjudicadas, como reveló LPO.

“Las empresas que garantizamos el abastecimiento interno, solo queremos exportar cuando cumplamos esa demanda. Petrona, Shell y Vista invirtieron en lo peor de la pandemia, su producción creció y ahora es lógico que pidan exportar. Invertimos cuando todos estaban parados. Lo que pedimos con cambiar la base, es que nos reconozcan esa inversión” afirmaron a LPO fuentes del mercado, que agregaron que el gobierno nacional defiende la actual línea base, por una presión del ministro Martín Guzmán, que está mirando un tema fiscal.

El kirchnerismo también cuestiona otro aspecto clave de la norma. Afirman que la estabilidad fiscal por 20 años que promete, barre con los derechos de exportación como herramienta de la política económica. “Como no las podes tocar, quedás pegado al precio internacional. Se dolariza tu recurso, y como vos no generas dólares, viene la inflación y la devaluación. Lo mismo pasa con la ley del Consejo Agroindustrial. Acá hay dos modelos en pugna, por un lado la salida exportadora de Guzmán y la opuesta que se traduce energía y alimentos baratos, justamente lo que propone Cristina”, analizaron ante LPO.

El legislador del kirchnerismo neuquino Mariano Mansilla, sostuvo a LPO que “la disputa por la orientación de la política energética en nuestro país tiene muchos capítulos donde sucedieron tensiones entre las grandes corporaciones de las potencias occidentales contra militares nacionalistas y luego, desarrollistas convencidos por la fuerza del lobby de los trust del Petróleo. Como integrantes del Frente de Todos, y para sostener una de las principales banderas de la plataforma de gobierno que impulsamos para Alberto y Cristina, entendemos que debe ajustarse la mirada para pensar el régimen de esta ley”.

Desde el sector de los trabajadores cobra vigor la resistencia. “A Pereyra lo tenían cerrado y se les está dando vuelta. Ya no banca de pleno al proyecto”, agregó una fuente del sindicato petrolero.

En declaraciones a la prensa el secretario General del gremio afirmó: “Las provincias están pidiendo un cambio en algunos artículos, principalmente en el artículo 90, donde los gobernadores manifiestan que avasalla la titularidad que tienen las provincias por la ley corta, por la Constitución del ’94”.

Mientras que Marcelo Rucci consideró que la puja entre de Neuquén y el Gobierno nacional “debe resolverse rápidamente. El artículo 90 de la medida es el que está en discusión, el cual habla de la autonomía de la provincias. Desde el Sindicato estamos a favor que eso no se pierda, que no pierdan las provincias”.

Lo cierto es que ante la falta de consenso, la ley no avanza. No hay agenda prevista para actividad parlamentaria y desde el bloque oficialista afirman que por ahora está cajoneada.

(LPO)

 

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La Ley de Inocencia Fiscal llegará a Diputados la próxima semana en medio de una parálisis legislativa

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El oficialismo sufrió un anticipado revés este jueves en el Senado de la Nación cuando se vio obligado a posponer el tratamiento de la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada por falta de apoyo de los bloques aliados. El debate se retomará el próximo 6 de agosto, por lo que la agenda parlamentaria tanto en la Cámara alta como en Diputados quedará reducida al mínimo hasta después de las vacaciones de invierno.

En la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem, al oficialismo ya no le quedan proyectos importantes a la espera de ser tratados. En los últimos dos meses logró darle media sanción la reforma del régimen de Zonas Frías; el Super RIGI, que busca fomentar inversiones en las “industrias del futuro” y la Ley Hojarasca; también consiguió la sanción definitiva del pago a un grupo de holdouts (fondos buitres).

Por lo tanto, los diputados libertarios esperaban que lleguen del Senado proyectos como el de inviolabilidad de la propiedad privada, que contempla mecanismos para agilizar los desalojos, cambios en la ley de manejo del fuego, la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros y modificaciones a la ley de expropiaciones; la reforma política, cuyo punto principal es la eliminación de las elecciones primarias (PASO); la modificación de la ley de etiquetado frontal; y la anunciada nueva Ley General de Sociedades, que generó debate a nivel internacional por las denominadas “sociedades automatizadas”.

La jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, reconoció que tuvo que llamar a un cuarto intermedio por falta de acuerdo con los bloques aliados, especialmente en torno a la extranjerización de tierras. Por otro lado, no hay fechas definidas para llevar al recinto el resto de los proyectos, todos quedarán para después de las vacaciones de invierno. Algunos de ellos, como la eliminación de las PASO, también enfrenta rechazo de algunos gobernadores y fuerzas aliadas como el PRO y la UCR.

En un intento de retomar la iniciativa parlamentaria, el propio presidente Milei anunció la semana pasada que enviaría al Congreso una batería de proyectos que apuntan a garantizar la estabilidad financiera y presupuestaria.

Según explicaron a Infobae fuentes oficiales, el próximo lunes podría llegar a Diputados la reforma de la Ley de Innocencia Fiscal y el trabajo en comisión seguramente comenzará recién la semana siguiente.

Con esta nueva versión de la norma, el Gobierno busca ampliar el universo de personas que puedan adherir al régimen. Tal como adelantó Milei, la idea es “volverla universal y más previsible”. Según trascendió, se eliminarán los topes de ingresos y de patrimonio de la ley vigente para que más contribuyentes puedan formalizar ahorros no declarados.

Lo que estamos enviando ahora es una versión mejorada. La Ley de Inocencia Fiscal es muy importante porque ese ahorro que está debajo de los colchones representa una pérdida de poder de compra para la gente, y al mismo tiempo el país no se beneficia de esos fondos. Ese ahorro debería estar capitalizándose o transformándose en inversión. Los bancos y las ALyCs podrían destinar esos fondos a financiar proyectos de infraestructura y pymes. Es una masa crítica muy importante, porque los números oficiales que maneja el Banco Central indican que hay USD 170.000 millones debajo de los colchones”, había explicado el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por otro lado, Milei también adelantó que pretende reformar la Carta Orgánica del Banco Central para reforzar su independencia. El punto más relevante en términos económicos es la “prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto” del Banco Central hacia el Tesoro. Los adelantos transitorios, que suelen volverse permanentes, son la herramienta crucial utilizada históricamente para que el Banco Central cubra con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos.

La reforma de la Carta Orgánica que hizo el kirchnerismo en 2012 amplió los mandatos de la institución e incluyó “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. El Gobierno apunta a que solo exista uno: preservar el valor de la moneda.

Finalmente, Milei explicó que trabajan en un mecanismo de “shutdown”, al estilo norteamericano. Es decir, una herramienta para limitar la capacidad del Estado de gastar por encima de lo presupuestado. “Estamos trabajando también en el armado del ‘shutdown’ del Ejecutivo. Cuando te agotas el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, dijo Milei.

En Estados Unidos, durante un shutdown los organismos públicos deben suspender aquellas actividades que no son consideradas esenciales. Esto puede implicar el cierre temporal de oficinas, la interrupción de programas gubernamentales, la postergación de trámites administrativos y la licencia obligatoria de una parte de los empleados públicos. En contraposición, los servicios calificados como críticos —entre ellos la seguridad, la justicia y la atención de emergencias— continúan operando, ya que se consideran indispensables para el funcionamiento básico del Estado.

Según reconocieron fuentes de LLA, tanto la reforma del BCRA como el proyecto de Shutdown quedarán para agosto, luego del receso invernal.

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Milei cuestionó al Senado tras la fallida sesión por la ley de propiedad privada: “Son los responsables de la decadencia”

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El presidente Javier Milei se refirió a la postergación de la sesión en la Cámara de Senadores que ocurrió este jueves donde se iba a discutir la ley de propiedad privada que envió el Gobierno. La polémica se extendió a lo largo de todo el día con fuertes cruces entre Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

En el discurso que brindó por el 172 aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el mandatario se refirió a lo que fue la fallida sesión y cuestionó a los parlamentarios. “Si violentamos el derecho de propiedad, no hay incentivos a ahorrar, cosa que históricamente en Argentina los distintos gobiernos se han dedicado a robarle a los argentinos”, comenzó en el discurso el jefe de Estado.

“Aquel que invierte tiene que poder capturar los resultados de esa inversión, con lo cual también juega un rol fundamental el derecho de propiedad. Y es por eso que no es redundante que estemos enviando al Congreso una ley para declarar la inviolabilidad, el respeto y la defensa a ultranza del derecho de propiedad”, continuó.

Y sumó: “Respetar el derecho de propiedad es lo que va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en una potencia nuevamente. Además, resulta interesante como principio de revelación, porque aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad, como postulamos nosotros en base al orden liberal, está claro que esos son los enemigos del progreso”.

En ese sentido, describió: “Véanlos hablar, véanlos actuar. Esos son los responsables de la decadencia argentina. Esos son los que violentaron el derecho de propiedad, son los que nos hundieron”.

Todo surge después de que este jueves se postergó la sesión en el Senado para el próximo 6 de agosto. El nuevo traspié se da en medio de un Ejecutivo que intenta dar señales de sendero controlado, lo cual suena contradictorio a la hora de revisar el día a día de la Cámara alta, con personas que dicen defender la gestión Milei y luego juegan -muy- en contra del jefe de Estado. Además, la situación con este proyecto es tan tóxica que la mayoría de bancadas dialoguistas se hartaron, lo cual genera un mal antecedente ante una eventual aprobación y definición en Diputados.

El articulado en conflicto, que es empujado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger -se habría mostrado en desacuerdo con el borrador final y número 15-modifica ítems centrales en expropiaciones, desalojos -de 5 a 20 días-, el manejo del fuego -quitar décadas sin movimientos tras incendios- y, como cuestión más polémica -pésimas explicaciones oficialistas-, la venta de tierra a extranjeros. Antes de firmar el despacho -luego reventado- se dinamitó por completo el capítulo relacionado con barrios populares.

En cuanto al ítem que más trifulca genera, el decimoquinto borrador planteaba: “Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.

Lo único que consiguió el mileísmo este jueves fue aprobar 29 pliegos judiciales y 27 ascensos diplomáticos. En el primer caso, se destacó la continuidad por cinco años del camarista Víctor Pesino -si cumplía los 75 se tenía que jubilar-, quien dio un guiño a la reforma laboral libertaria. En tanto, en el segundo, significó destrabar subas en el servicio exterior que trababan la Cancillería, manejada por Pablo Quirno.

De los dos cruces de Milei al “voy a ser reelecto”

Durante dos pasajes de su discurso en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente se cruzó con dos personas que estaban escuchando el discurso. Según pudo saber Infobae, se trató de dos personas diferentes que en distintos momentos cuestionaron la palabra de Milei y fue el mandatario quien respondió desde el estrado.

El primero ocurrió mientras el presidente hablaba sobre los ajustes en los gastos del Estado. “Para tener un stock de capital mínimo, necesitan antes generar ingresos y ahorrar. Por lo tanto, si ustedes tienen una sociedad que despilfarra el dinero, que no ahorra, por más que generen ingresos, no van a poder crecer. Si ustedes tienen un gobierno asquerosamente populista que genera quince puntos de déficit fiscal en términos de PBI, se van a estrellar”, dijo el mandatario.

Seguido a esto, apareció una respuesta de una persona dentro del público en referencia a la situación económica actual y Milei respondió: “No, ahora no, antes. Nosotros salimos de eso, justamente. Hicimos ese ajuste que los malditos populistas dejaron plantada la bomba”.

A continuación, la persona en cuestión volvió a dirigirse a Milei y este replicó: “Voy a terminar este mandato, voy a ser reelecto y voy a tener cuatro años más. Y te voy a dar una mala noticia adicional. Estamos sentando las bases para cien años de liberalismo. Por lo tanto, si no te gusta, andate a Cuba”.

Ya cerca del final, se cruzó con otro de los individuos presentes en la Bolsa de Comercio mientras defendía la gestión del Poder Ejecutivo con el tema YPF. “Algo hemos hecho mal y es que durante casi cien años nos hemos vivido cagando sistemáticamente sobre la propiedad privada”, apuntó.

Y, en referencia a las respuestas que estaba recibiendo, agregó: “¿Por qué no te alquilas un salón y te vas ahí si tenés tanta gana de hablar? En la época en que yo no era presidente, daba conferencias para mil, dos mil y hasta diez mil personas. Tenés una carrera si te gusta hablar tanto, kuka”.

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Javier Milei participará del acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA

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Javier Milei

Este viernes, el presidente Javier Milei encabezará la comitiva oficial que asistirá al acto central en conmemoración por el 32° aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Como resultado del acto terrorista que fue perpetrado el 18 de julio de 1994, se registró una cifra de 85 personas muertas.

De acuerdo con la convocatoria anunciada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el acto se realizará a partir de las 09:30 horas. El punto de encuentro será en la esquina de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, frente a la sede reconstruida de la mutual judía.

La conmemoración, que tradicionalmente tiene lugar el 18 de julio, fue adelantada este año al viernes 17 en respeto a la celebración del Shabat. Según acordó la AMIA, la DAIA y la agrupación Familiares de las Víctimas, este año el lema será: “Hoy no podemos perder, la memoria”.

Está previsto que el mandatario se presente alrededor de las 09:45 horas. Además, estaría en compañía de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich.

Según la información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, el evento formal comenzará a las 09:53 horas con el sonido de la sirena que recuerda el minuto exacto de la explosión ocurrida hace más de tres décadas. A partir de ahí, se daría inicio a los discursos, que tendrán como foco el reclamo por justicia y la falta de condenas hacia los responsables.

A 32 años del atentado que destruyó con coche bomba el edificio de Pasteur y provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos, la causa judicial sigue sin condenados. Sin embargo, a finales de marzo, el gobierno de Milei reforzó el reclamo por justicia luego de que se oficializara la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) como “organización terrorista”.

La medida había sido anunciada por medio de un comunicado de la Oficina del Presidente, en donde dispusieron la inclusión de la CGRI en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET). Asimismo, le atribuyeron la autoría de los dos ataques contra la comunidad judia registrados en la década de los 90.

En 1992, la Embajada de Israel en Argentina fue atacada y dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos. Dos años después, en 1994, un atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) provocó 85 muertos y más de 300 heridos.

Luego de una extensa investigación judicial, se determinó que “ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”.

Junto con la inclusión de la CGRI en el RePET, también se habían formalizado las alertas rojas de Interpol que pesan sobre el actual titular de la Guardia, Ahmad Vahidi, y varios ciudadanos iraníes. “El Presidente Javier Milei espera que esta decisión salde una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas, y reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo”, sostuvieron en el comunicado.

La decisión del Gobierno tuvo lugar en un contexto internacional que estuvo marcado por la escalada militar en Medio Oriente, debido a que se habían reportado varios enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel. Paralelamente, respondió a revalidar las causas judiciales abiertas en Argentina y al reclamo histórico de justicia por los atentados.

Desde que la Guardia Revolucionaria fue incluida en el listado oficial, se aplicó un congelamiento de activos, la prohibición de operar en el sistema financiero argentino y la posibilidad de profundizar investigaciones sobre eventuales vínculos locales. Además, fortaleció los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia.

Por último, en el comunicado oficial, las autoridades ratificaron que la decisión apuntaba a que “la República Argentina vuelva a alinearse con la civilización occidental, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”.

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