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Ante la falta de consenso, mandan a un cajón la ley de hidrocarburos

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La ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas fue presentada en sociedad por Darío Martínez, Martín Guzmán y Alberto Fernández, inmediatamente después de la derrota en las PASO. En ese momento, Guzmán aprovechó el escenario para responderle a Cristina Kirchner sus críticas al manejo económico. Luego se desató las catarata de renuncias de todos los funcionarios kirchneristas, excepto el secretario de Energía, Darío Martínez.

“Martínez llegó al cargo con el respaldo de Cristina, pero luego tomó distancia y esa tensión se trasladó al peronismo de Neuquén. Esta ley esta hecha a medida de intereses que no nos representan”, afirmó a LPO una fuente del kirchnerismo al tanto de la situación.

“Alberto desconoce el tema petrolero y lo dejaron expuesto. En cambio Cristina es petrolera, conoce cabalmente la cuestión, la considera prioridad absoluta y la sigue muy de cerca. De hecho, hubo que escribir dos veces el proyecto porque la primer versión fue rechazada por ella”, agregó la fuente.

Lo cierto es que la vicepresidenta trabajó como convencional constituyente en la redacción de la Constitución de ’94, donde se le concedió a las provincias el dominio y la jurisdicción de los recursos del subsuelo -entre ellos los hidrocarburos- que según entienden los gobernadores patagónicos, este nuevo proyecto pone en jaque.

“La ley es un impuesto nacional sobre un recurso no renovable de pertenencia de las provincias y encima no coparticipable, y por el cual no cobramos ingresos brutos. ¿Saben lo que significaría cobrar ingresos brutos sobre la exportación de crudo y gas?”, afirmó el neuquino Omar Gutiérrez, presidente de la liga de provincias petroleras (Ofephi) y uno de los críticos más frontales de la norma. Críticas similares expresó el líder histórico del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Jorge Sapag.

La lectura de los gobernadores de las provincias petroleras es que el artículo 90 del proyecto que indica que la autoridad de aplicación respecto a los permisos de exploración, las concesiones de explotación y las concesiones de transporte y almacenamiento subterráneo en las áreas hidrocarburíferas competen a la Secretaría de Energía de la Nación, avasalla los derechos de las provincias otorgado precisamente por la Constitución del ’94.

“La ley le otorga a la Nación una participación y reconocimiento sobre las reservas que hasta el momento no tiene. Es evidente que al MPN le molesta que entre la Nación porque aparece un actor más con quién dividir la torta”, reconoció a LPO una fuente del Gobierno.

Sapag fue taxativo: “Considero que el art 90 es un error de redacción, un desliz, que hay que corregirlo”. Según una fuente del gobierno neuquino consultada por LPO, “Sapag es una figura muy relevante ante esta problemática ya que fue quien diseñó Vaca Muerta junto a Cristina”.

Gutiérrez expresa al conjunto de la Ofephi porque la disputa que se refleja en esta ley es por Vaca Muerta. Es por eso que otras de las críticas del gobernador deviene en como se estipula la línea de base que mide la producción incremental sobre la cual se definen los cupos exportables. Este cuestionamiento es compartido por las empresas del sector que resultan perjudicadas, como reveló LPO.

“Las empresas que garantizamos el abastecimiento interno, solo queremos exportar cuando cumplamos esa demanda. Petrona, Shell y Vista invirtieron en lo peor de la pandemia, su producción creció y ahora es lógico que pidan exportar. Invertimos cuando todos estaban parados. Lo que pedimos con cambiar la base, es que nos reconozcan esa inversión” afirmaron a LPO fuentes del mercado, que agregaron que el gobierno nacional defiende la actual línea base, por una presión del ministro Martín Guzmán, que está mirando un tema fiscal.

El kirchnerismo también cuestiona otro aspecto clave de la norma. Afirman que la estabilidad fiscal por 20 años que promete, barre con los derechos de exportación como herramienta de la política económica. “Como no las podes tocar, quedás pegado al precio internacional. Se dolariza tu recurso, y como vos no generas dólares, viene la inflación y la devaluación. Lo mismo pasa con la ley del Consejo Agroindustrial. Acá hay dos modelos en pugna, por un lado la salida exportadora de Guzmán y la opuesta que se traduce energía y alimentos baratos, justamente lo que propone Cristina”, analizaron ante LPO.

El legislador del kirchnerismo neuquino Mariano Mansilla, sostuvo a LPO que “la disputa por la orientación de la política energética en nuestro país tiene muchos capítulos donde sucedieron tensiones entre las grandes corporaciones de las potencias occidentales contra militares nacionalistas y luego, desarrollistas convencidos por la fuerza del lobby de los trust del Petróleo. Como integrantes del Frente de Todos, y para sostener una de las principales banderas de la plataforma de gobierno que impulsamos para Alberto y Cristina, entendemos que debe ajustarse la mirada para pensar el régimen de esta ley”.

Desde el sector de los trabajadores cobra vigor la resistencia. “A Pereyra lo tenían cerrado y se les está dando vuelta. Ya no banca de pleno al proyecto”, agregó una fuente del sindicato petrolero.

En declaraciones a la prensa el secretario General del gremio afirmó: “Las provincias están pidiendo un cambio en algunos artículos, principalmente en el artículo 90, donde los gobernadores manifiestan que avasalla la titularidad que tienen las provincias por la ley corta, por la Constitución del ’94”.

Mientras que Marcelo Rucci consideró que la puja entre de Neuquén y el Gobierno nacional “debe resolverse rápidamente. El artículo 90 de la medida es el que está en discusión, el cual habla de la autonomía de la provincias. Desde el Sindicato estamos a favor que eso no se pierda, que no pierdan las provincias”.

Lo cierto es que ante la falta de consenso, la ley no avanza. No hay agenda prevista para actividad parlamentaria y desde el bloque oficialista afirman que por ahora está cajoneada.

(LPO)

 

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Tras la polémica, avanza el proyecto para regular las apuestas online en PBA

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La comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de Diputados bonaerense emitió dictámenes sobre el proyecto de leyque busca regular las apuestas online, restringir la publicidad y establecer nuevos controles sobre las plataformas. Lo hizo tras la fuerte polémica entre el Gobierno de Axel Kicillof y legisladores de La Cámpora.

La iniciativa, además, logró avanzar luego de que la semana pasada una reunión fracasara por falta de quórum y ahora deberá pasar por las comisiones de Presupuesto y Legislación General, con la intención de llegar al recinto la próxima semana.

La propuesta contempla medidas para impedir que los menores accedan a las apuestas, acompañar a los adultos que atraviesan situaciones de ludopatía y combatir el juego ilegal. También establece la creación de fondos destinados a políticas de salud mental y asistencia, y al desarrollo de clubes y entidades deportivas, financiados con aportes de las empresas operadoras.

Tras la reunión, la titular de la comisión, Micaela Olivetto, destacó que se consiguió el quórum y el dictamen para continuar el tratamiento. El proyecto que ella impulsa fue aprobado en general con modificaciones, sigue habiendo discusión respecto de los fondos, pero en un gesto al Gobierno se incluyó el Fondo de Progreso e Inclusión Social (Fopis).

Según explicó, las principales diferencias planteadas durante el debate estuvieron vinculadas con el financiamiento y el abordaje de las apuestas ilegales, aunque aseguró que existe acuerdo sobre las medidas de prevención, las restricciones publicitarias y la protección de menores.

Polémica por las apuestas online

El avance legislativo se produjo en medio de diferencias dentro del oficialismo. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había cuestionado que el proyecto impulsado por La Cámpora no fuera consultado previamente con el Ejecutivo y reclamó que la discusión sobre los aportes de las empresas se incorporara al debate del Presupuesto 2027.

En ese sentido, el diputado Facundo Tignanelli respondió que el texto había sido conversado con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos y que también recibió aportes del Ministerio de Salud. Además, defendió el esquema de financiamiento de la iniciativa al sostener que busca que las operadoras aporten recursos de sus propias ganancias, en lugar de trasladar el costo a los apostadores, como ocurre con el gravamen del 2% sobre los slots online que impulsa la Provincia.

Asimismo, Tignanelli dijo que lo que aún se sigue discutiendo son aspectos vinculados a los fondos que crea la ley, como determinar si lo pagan las plataformas o los usuarios. También se debatirá en las próximas horas cuánto es lo que tienen que pagar, cómo debe ser la distribución de los fondos y si tienen un fin específico, y finalmente si se cobrará una multa anticipada a la publicidad.

Con tres dictámenes emitidos, el proyecto continuará su recorrido en las comisiones de Presupuesto y Legislación General. Sus impulsores esperan completar ese trámite en los próximos días para habilitar su tratamiento en el recinto de Diputados, pese a que no quedan muchas sesiones para el resto del año.

Fuente: Agencia DIB

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ARBA: más de 91 mil familias y empresas regularizaron sus deudas

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La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires finalizó la primera etapa de su plan especial de pagos con 91.678 consolidaciones de deuda de familias, comercios y empresasbonaerenses, que aprovecharon las condiciones extraordinarias para regularizar obligaciones tributarias antes de fin de año.

El resultado superó ampliamente las previsiones iniciales, de acuerdo a lo que informaron las autoridades. Al finalizar el primer tramo, el programa alcanzó la meta establecida, mostrando una fuerte respuesta de quienes tenían obligaciones pendientes y encontraron en el régimen una herramienta para ponerse al día.

La elección de las modalidades también reflejó esa voluntad de cumplimiento. Un total de 62.619 consolidaciones, el 68,3% del total, se realizaron al contado. Otras 20.101 se formalizaron en seis cuotas y 8.958 en tres pagos. Sólo durante los dos últimos días de la primera etapa se concretaron más de 21 mil regularizaciones.

Cómo es la segunda etapa del plan de ARBA

ARBA había lanzado el régimen justamente para abrir una instancia excepcional antes de fin de año. El objetivo es que quienes acumularon obligaciones pendientes puedan regularizar su situación y llegar a 2027 sin deuda, condición necesaria para acceder a las bonificaciones y descuentos tributarios previstos para el próximo año.

“Estamos viendo deudas relativamente nuevas, que se acumularon en un período en el que muchas familias y empresas tuvieron mayores dificultades para cumplir. El programa económico del gobierno de Javier Milei golpeó el consumo, la actividad y los ingresos, y eso también impactó sobre la capacidad de pago”, afirmó director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.

Concluido el primer tramo, la segunda etapa del plan ya se encuentra vigente y se extenderá hasta el 27 de noviembre. Durante este período, quienes cancelen su deuda al contado accederán a una bonificación del 35%; quienes opten por tres cuotas, del 15%; y quienes elijan seis pagos, del 10%.

El esquema continuará luego con una tercera etapa, entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre, con descuentos del 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis. Finalmente, desde el 12 hasta el 31 de diciembre, se mantendrá una bonificación del 30% para quienes cancelen al contado.

El régimen alcanza deudas de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. Pueden incorporarse obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025 y también deudas correspondientes a 2026, con excepción del Impuesto de Sellos. La adhesión se realiza íntegramente de manera digital a través del sitio oficial de ARBA.

Fuente: Agencia DIB

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Las universidades profundizan su lucha: ya hubo unos 45 días de paro

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Los gremios universitarios llevan adelante estos días una serie de protestas que se profundizarán la semana que viene con un paro y movilización al Congreso en principio para el miércoles 25, día en que diputados comenzarán a debatir el Presupuesto 2027.

El plan de lucha, que en el año lleva unas 45 jornadas sin actividad, es para reclamar mejores salarios y el cumplimiento de la ley de financiamiento. Pero además, los sindicatos rechazan el proyecto presupuestario del Ejecutivo, que contempla una partida de 7,3 billones de pesos para las universidades públicas. El monto queda muy lejos de los 11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) considera necesarios para sostener el funcionamiento del sistema durante el próximo año.

En ese contexto, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) realizaron una huelga el lunes que impacto en muchas casas de estudios del país, entre las que está la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

“El del Presupuesto es un proyecto que si se aprueba nos pondrá en dificultades graves. La pérdida salarial supera el 35%, a los docentes les sobra mes al final del sueldo. A muchos les cuesta comprar alimentos y pagar alquiler”, sostuvo Clara Chevalier, secretaria general de la Conadu.

En tanto, la federación Conadu Histórica (que responde a la CTA) mantiene una huelga hasta el miércoles 18. A esa medida también se sumó AGD-UBA, que tiene injerencia en la Universidad de Buenos Aires, mientras que los profesores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) iniciaron una medida de fuerza que se extenderá hasta el sábado.

Fuente: Agencia DIB

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