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Ante la falta de consenso, mandan a un cajón la ley de hidrocarburos

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La ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas fue presentada en sociedad por Darío Martínez, Martín Guzmán y Alberto Fernández, inmediatamente después de la derrota en las PASO. En ese momento, Guzmán aprovechó el escenario para responderle a Cristina Kirchner sus críticas al manejo económico. Luego se desató las catarata de renuncias de todos los funcionarios kirchneristas, excepto el secretario de Energía, Darío Martínez.

“Martínez llegó al cargo con el respaldo de Cristina, pero luego tomó distancia y esa tensión se trasladó al peronismo de Neuquén. Esta ley esta hecha a medida de intereses que no nos representan”, afirmó a LPO una fuente del kirchnerismo al tanto de la situación.

“Alberto desconoce el tema petrolero y lo dejaron expuesto. En cambio Cristina es petrolera, conoce cabalmente la cuestión, la considera prioridad absoluta y la sigue muy de cerca. De hecho, hubo que escribir dos veces el proyecto porque la primer versión fue rechazada por ella”, agregó la fuente.

Lo cierto es que la vicepresidenta trabajó como convencional constituyente en la redacción de la Constitución de ’94, donde se le concedió a las provincias el dominio y la jurisdicción de los recursos del subsuelo -entre ellos los hidrocarburos- que según entienden los gobernadores patagónicos, este nuevo proyecto pone en jaque.

“La ley es un impuesto nacional sobre un recurso no renovable de pertenencia de las provincias y encima no coparticipable, y por el cual no cobramos ingresos brutos. ¿Saben lo que significaría cobrar ingresos brutos sobre la exportación de crudo y gas?”, afirmó el neuquino Omar Gutiérrez, presidente de la liga de provincias petroleras (Ofephi) y uno de los críticos más frontales de la norma. Críticas similares expresó el líder histórico del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Jorge Sapag.

La lectura de los gobernadores de las provincias petroleras es que el artículo 90 del proyecto que indica que la autoridad de aplicación respecto a los permisos de exploración, las concesiones de explotación y las concesiones de transporte y almacenamiento subterráneo en las áreas hidrocarburíferas competen a la Secretaría de Energía de la Nación, avasalla los derechos de las provincias otorgado precisamente por la Constitución del ’94.

“La ley le otorga a la Nación una participación y reconocimiento sobre las reservas que hasta el momento no tiene. Es evidente que al MPN le molesta que entre la Nación porque aparece un actor más con quién dividir la torta”, reconoció a LPO una fuente del Gobierno.

Sapag fue taxativo: “Considero que el art 90 es un error de redacción, un desliz, que hay que corregirlo”. Según una fuente del gobierno neuquino consultada por LPO, “Sapag es una figura muy relevante ante esta problemática ya que fue quien diseñó Vaca Muerta junto a Cristina”.

Gutiérrez expresa al conjunto de la Ofephi porque la disputa que se refleja en esta ley es por Vaca Muerta. Es por eso que otras de las críticas del gobernador deviene en como se estipula la línea de base que mide la producción incremental sobre la cual se definen los cupos exportables. Este cuestionamiento es compartido por las empresas del sector que resultan perjudicadas, como reveló LPO.

“Las empresas que garantizamos el abastecimiento interno, solo queremos exportar cuando cumplamos esa demanda. Petrona, Shell y Vista invirtieron en lo peor de la pandemia, su producción creció y ahora es lógico que pidan exportar. Invertimos cuando todos estaban parados. Lo que pedimos con cambiar la base, es que nos reconozcan esa inversión” afirmaron a LPO fuentes del mercado, que agregaron que el gobierno nacional defiende la actual línea base, por una presión del ministro Martín Guzmán, que está mirando un tema fiscal.

El kirchnerismo también cuestiona otro aspecto clave de la norma. Afirman que la estabilidad fiscal por 20 años que promete, barre con los derechos de exportación como herramienta de la política económica. “Como no las podes tocar, quedás pegado al precio internacional. Se dolariza tu recurso, y como vos no generas dólares, viene la inflación y la devaluación. Lo mismo pasa con la ley del Consejo Agroindustrial. Acá hay dos modelos en pugna, por un lado la salida exportadora de Guzmán y la opuesta que se traduce energía y alimentos baratos, justamente lo que propone Cristina”, analizaron ante LPO.

El legislador del kirchnerismo neuquino Mariano Mansilla, sostuvo a LPO que “la disputa por la orientación de la política energética en nuestro país tiene muchos capítulos donde sucedieron tensiones entre las grandes corporaciones de las potencias occidentales contra militares nacionalistas y luego, desarrollistas convencidos por la fuerza del lobby de los trust del Petróleo. Como integrantes del Frente de Todos, y para sostener una de las principales banderas de la plataforma de gobierno que impulsamos para Alberto y Cristina, entendemos que debe ajustarse la mirada para pensar el régimen de esta ley”.

Desde el sector de los trabajadores cobra vigor la resistencia. “A Pereyra lo tenían cerrado y se les está dando vuelta. Ya no banca de pleno al proyecto”, agregó una fuente del sindicato petrolero.

En declaraciones a la prensa el secretario General del gremio afirmó: “Las provincias están pidiendo un cambio en algunos artículos, principalmente en el artículo 90, donde los gobernadores manifiestan que avasalla la titularidad que tienen las provincias por la ley corta, por la Constitución del ’94”.

Mientras que Marcelo Rucci consideró que la puja entre de Neuquén y el Gobierno nacional “debe resolverse rápidamente. El artículo 90 de la medida es el que está en discusión, el cual habla de la autonomía de la provincias. Desde el Sindicato estamos a favor que eso no se pierda, que no pierdan las provincias”.

Lo cierto es que ante la falta de consenso, la ley no avanza. No hay agenda prevista para actividad parlamentaria y desde el bloque oficialista afirman que por ahora está cajoneada.

(LPO)

 

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Jorge Macri prepara su discurso para abrir el año legislativo: el deseo de reelección y el espejo en Bukele

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Hay dos espejos sobre los que se mira Jorge Macri para transitar este 2026 y proyectar el 2027, año en el que buscará revalidar su poder en la Ciudad de Buenos Aires con una reelección. Uno refleja la imagen de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, reivindicado por cierta parte de la dirigencia política argentina por su política dura en materia de seguridad y de control de la organización criminal Mara Salvatrucha. El otro, a su antecesor en el cargo, Horacio Rodríguez Larreta, hoy legislador local.

El jefe de Gobierno porteño levantó su perfil en las últimas semanas y endureció su agenda pública bajo los conceptos “ley y orden”, el control del espacio público y la defensa de la propiedad privada, en un giro discursivo para disputar el voto libertario y reconquistar al electorado PRO que le dio la espalada en las elecciones intermedias que se realizaron en mayo del año pasado. Y su exposición en la apertura de sesiones de la Legislatura, prevista para el próximo lunes, a las 10, oficializará este nuevo tono de la gestión.

En los principales despachos de la sede de gobierno de la calle Uspallata, en Parque Patricios, recibieron en los últimos días un informe sobre el impacto de este cambio en el humor social. El resultado entusiasmó a Macri. “Jorgismo al estilo Bukele”, ironizó un importante funcionario.

Parte de ese estudio, según supo Infobae, remarca que “tras un inicio de gestión muy cuestionado, hoy se percibe que Jorge Macri ”arrancó” y que la Ciudad “recupera el rumbo PRO: más acción, más presencia y un gobierno que vuelve a hacerse cargo del espacio público”. En seguridad y orden, sostienen, está el avance “más claro y transversal”. En paralelo a esta agenda hay un ambicioso plan de obra pública. “La campaña ya está en marcha”, graficó un importante funcionario a este medio.

Hace dos semanas, el mandatario porteño pidió endurecer las penas tras los destrozos en el Congreso durante la sesión que terminó con la media sanción de la reforma laboral“No son manifestantes, son delincuentes”, planteó en Radio Mitre. A su vez, destacó la necesidad de modificar el régimen legal en CABA: “No puedo contestarle a un delincuente organizado con una multa. Necesito que eso sea considerado delito y que tenga pena de detención”, insistió. Ya hay un proyecto presentado en el Parlamento. “Hay dos formas de contravención en la ciudad que tienen que pasar a ser delito. Una es esta: romper los bienes públicos de manera intencional. Y la otra, los trapitos, porque el trapito extorsiona y eso es una extorsión y tiene que ser delito penal”, agregó. Se prevé que insista en estos dos temas cuando se pronuncie ante el cuerpo legislativo.

El otro reflejo es Rodríguez Larreta. La visión más radicalizada del PRO califica al exjefe de Gobierno y excandidato presidencial como “tibio” ante determinadas problemáticas. Cerca de Macri aseguran que, por ejemplo, “era demasiado flexible” en su política relacionada con los asentamientos. “Era la mirada de (Juan) Grabois“, señaló a este medio un importante dirigente cercano al mandatario. Una crítica recurrente.

“Las villas si se urbanizan tienen una continuidad con el barrio, se acoplan al entorno. Acá están bien definidos los límites, eso no es urbanización, por eso fracasaron. Desarrollo social tiene una mirada integral sobre toda la ciudad y también sobre las villas, los servicios, la seguridad, las oportunidades. Hoy se está regulando la construcción, porque además que siguen creciendo son un riesgo edilicio. Trabajar sobre el orden y la seguridad del lugar también es parte de la política social, no solo es asistencialismo”, puntualizan desde el gobierno porteño.

Para Jorge Macri, este punto es fundacional de la nueva etapa, del giro para reconquistar a esa clase media que históricamente era votante PRO. “Cambió la decisión política en la Ciudad”, anunció el partido amarillo, a principios de este mes, en sus redes oficiales. El mensaje incluía una entrevista de Eduardo Feinman al Jefe de Gobierno.

“El modelo fracasó, el modelo de urbanización fracasó porque siguieron creciendo los asentamientos. Pero además, ¿dónde está la justicia para la clase media? ¿Sabes cuánto está pagando hoy alguien en alguno de nuestras villas o asentamientos o barrios populares? Ponele nombre, porque los eufemismos al final siempre describen lo mismo. Por un departamento de tres ambientes, cinco mil pesos por mes. ¿Y sabes cuál es el drama? Que además tal vez están dando vuelta y lo alquilan a 500, 600 mil mangos. Y afuera yo tengo un clase media que hizo todo bien, se esforzó, estudió y sigue alquilando porque nunca le tiraron un huesito, nunca le tiraron un centro. Entonces, ahí hay una injusticia. Y con el dinero que nosotros le hemos dado acceso a treinta o cuarenta mil personas en las villas, le hubiéramos permitido acceder a vivienda a cinco veces más personas de clase media”, remarcó en aquel momento.

“Qué bueno haberse ido de este PRO a tiempo, qué lástima que se haya perdido la fuerza democratizadora que Juntos por el Cambio alguna vez tuvo”, replicó en aquel momento María Migliore, exministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Rodríguez Larreta, cargo al que renunció en agosto de 2023.

Nuevos focos y objetivos

Uno de los puntales del nuevo rumbo de la gestión son los desalojos. Según información oficial, en menos de dos años se restituyeron a sus legítimos dueños 593 propiedades, “lo que representa una cada 30 horas y equivale a US$ 300 millones”. Según informaron a Infobae desde el gobierno porteño, entre los inmuebles recuperados enumeran al edificio de 12 pisos conocido como el “Elefante Blanco” en Olazábal al 3400, Belgrano, “un esqueleto de tres cuerpos que estuvo usurpado medio siglo y que se va a transformar en una torre habitable de 140 departamentos”.

También, la Casa Blaquier, en el Casco Histórico porteño, desalojada en julio de 2025 tras 40 años tomada, y la denominada “Galería del Terror” en el centro comercial de Nueva Pompeya, Sáenz 1169, donde convivían unos pocos locales comerciales en la entrada con construcciones irregulares de viviendas de ladrillos en el centro de la galería.

En las últimas horas, a su vez, Macri anunció “una baja histórica del delito en la ciudad de Buenos Aires”. El video institucional fue explícito, un compilado de diversos operativos de seguridad, donde destaca uno en particular: un grupo de 20 detenidos, arrodillados, de espaldas y con las manos esposadas, ante la atenta mirada de efectivos policiales. “Nuestro mapa del delito indica que en el 2025 bajamos todos los delitos; los homicidios, el robo automotor y el robo con arma armadas están en el nivel más bajo de la historia de CABA”.

“Donde antes había desorden, hoy hay circulación. Donde había aprietes, hoy hay comercio formal. Donde reinaba la ilegalidad, hoy hay reglas claras. Si ponemos en línea todas las cuadras que hemos liberado, es equivalente a 68 kilómetros de manteros. Llegaban desde acá hasta La Plata o desde acá hasta Luján, para que tomemos dimensión del nivel de desorden que había”, sostuvo Jorge Macri.

Para el peronismo, este cambio discursivo “oculta una ineficiencia enorme”. “Él hoy dice, ‘bueno, yo no voy a tener ninguna política de urbanización de villas, voy a tener políticas para la clase media’. Bueno, ¿qué nuevas políticas tenés? Seguramente en marzo va a anunciar alguna línea de crédito en el Banco Ciudad, me imagino, para la clase media, pero eso no es una política de vivienda en serio. Creemos que hay que discutir cómo incentivar que haya más viviendas para alquile, y discutir formas novedosas”, señaló a Infobae Claudia Neira, presidenta del bloque Fuerza por Buenos Aires.

El peronismo, a su vez, puso sobre la lupa todos los anuncios oficiales en relación a los desalojos. “Hay algunos casos que vienen judicializados hace mucho tiempo, que claramente tienen que tener una definición; tiene que intervenir la justicia y no desalojar, sino generar causas penales y actuar con toda la fuerza de la justicia penal, porque si hay delito, tiene que haber justicia penal. Luego, que se defina la orden de desalojo con todas la de la ley. Nos parece peligroso que se use una herramienta, que es excepcional, que es la del desalojo administrativo”, planteó otro legislador peronista.

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Elecciones en el PJ bonaerense: tras el acuerdo entre Kicillof y Máximo Kirchner, en qué municipios habrá internas

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En un escenario signado por la reorganización interna y la tensión política, treinta y dos municipios de la provincia de Buenos Aires se preparan para una contienda clave dentro del Partido Justicialista (PJ). La reciente alianza entre el gobernador Axel Kicillof y el sector liderado por Máximo Kirchner permitió consolidar una conducción unificada en la provincia, pero no logró aplacar las disputas locales. A pesar de la oficialización del acuerdo para las nuevas autoridades, una parte significativa del territorio bonaerense dirimirá sus diferencias en las urnas, con la mirada puesta en el impacto de estos comicios en el futuro del peronismo.

La junta electoral partidaria recibió una cantidad inusual de listas, lo que anticipa enfrentamientos intensos en varias localidades. El plazo para la inscripción cerró en medio de negociaciones fallidas y acuerdos parciales; ahora, la junta avanza con el cronograma electoral y tiene este jueves el plazo para recibir impugnaciones.

Un ejemplo es General Pueyrredón, donde se inscribieron tres alternativas: una impulsada por el espacio de Fernanda Raverta, otra promovida por el diputado Gustavo Pulti y una tercera abanderada por el exlegislador Rodolfo “Manino” Iriart. En este distrito, el peronismo actúa como oposición frente a la administración interina de Agustín Neme, quien asumió tras la licencia de Guillermo Montenegro al ingresar al Senado bonaerense. La fragmentación local refleja la dificultad del PJ para articular una estrategia común en territorios donde no ejerce el gobierno.

Otro de los distritos donde se focaliza la atención es San Miguel, donde la interna trasciende la lógica partidaria y se mezcla con factores extrapartidarios. El candidato Santiago Fidanza cuenta con el respaldo de sectores sindicales y de la barra brava de Racing Club. El apoyo de Leandro Paredes, jefe de “Los Pibes de Racing”, suma un componente adicional de conflictividad. Paredes fue detenido por la Policía Bonaerense tras hallarse en su domicilio un arma de fuego, dinero en efectivo y pruebas vinculadas a hechos de violencia en el fútbol.

Su implicancia en una emboscada a seguidores de Deportivo Cali en 2022, así como su presencia en actos políticos, evidencian la persistencia de la influencia barrabrava en disputas municipales. Fidanza competirá con Juan José Castro, quien conduce actualmente el PJ local y reporta al gobernador Kicillof, y contra Héctor Fernández, del kirchnerismo.

En el caso de municipios controlados por el oficialismo peronista, la aparición de alternativas internas desafía abiertamente la autoridad de los intendentes en funciones. En Moreno, la jefa comunal Mariel Fernández, quien además ocupa la vicepresidencia del PJ nacional, deberá enfrentar a una lista impulsada por el sindicalista Walter Correa. En Luján, el intendente Leonardo Boto también enfrentaría competencia directa, salvo que la junta partidaria decida intervenir y limitar el acceso de las listas opositoras a la elección. Una dinámica similar se observa en Lanús y Morón, donde se oficializaron tres y dos listas respectivamente.

La dispersión de candidaturas también alcanza a localidades como Tigre, Baradero, Colón, Presidente Perón, La Costa, Roque Pérez, Marcos Paz, General Rodríguez, Ramallo y Bragado, donde la falta de consensos internos obligó a instrumentar elecciones. Otras jurisdicciones, incluidas Saladillo, 25 de Mayo, Zárate, Magdalena, Chivilcoy, Lincoln, 9 de Julio, Alsina, Lobería, Pergamino, San Miguel, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Balcarce y Tornquist, tampoco lograron listas únicas, profundizando la tendencia hacia una mayor fragmentación.

El proceso interno se desarrolla en paralelo a una coyuntura nacional compleja para el peronismo. El bloque de diputados opositores no logró impedir la aprobación de la reforma laboral impulsada por el oficialismo, pese a la resistencia de sectores kirchneristas y la fractura expuesta por el apoyo de algunos gobernadores del interior, como los de Tucumán y Catamarca. La dirigencia alineada con Cristina Kirchner cuestionó abiertamente a estos mandatarios, calificando como “traición” su respaldo a las reformas.

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El Gobierno comienza un fino equilibrio para mantener el vínculo con los aliados sin descuidar su plan electoral

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En el Gobierno celebran las rupturas que se están produciendo en el Congreso y que favorecen a La Libertad Avanza en el inicio de un año en el que esperan avanzar con varias reformas, pero también buscarán cuidar su autonomía y ambición electoral, con la idea de que la campaña afecte lo menos posible el buen vínculo con sus aliados parlamentarios.

“En el Senado quedamos a uno solo de tener los dos tercios, decime vos si no tenemos que estar contentos”, resumió a Infobae un integrante de la mesa política nacional, que el lunes se reunió para definir los pasos a seguir.

Si bien el oficialismo está concentrado en lo que pueda ocurrir el jueves y viernes, cuando se van a votar varios proyectos que integran el temario de las sesiones extraordinarias, ya comenzaron a pensar además en lo que será el escenario a partir de marzo.

El primer día de ese mes, el presidente Javier Milei se dirigirá al recinto para encabezar la apertura del periodo legislativo ordinario y luego se trasladará a la Quinta de Olivos, donde invitará una cena para los integrantes de los bloques libertarios de ambas Cámaras.

En principio, y a diferencia de lo que ocurrió en otras situaciones similares, no fueron convocados al agasajo los referentes de los espacios “dialoguistas”, como el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID -de Oscar Zago- y los provinciales, entre otros.

En Balcarce 50 señalan que el objetivo de este encuentro es para afianzar el vínculo de los “puros” y no para agradecer el acompañamiento, como ocurrió el año pasado con las comidas en la residencia presidencial antes de que se pusieran en juego los vetos al aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad.

Por otra parte, también el contexto es diferente, porque en aquel momento Milei dependía mucho más del respaldo de los otros partidos, mientras que ahora cuenta con una bancada más grande luego de haber ganado las elecciones.

De todas formas, en la cúpula del Poder Ejecutivo planean mantener el buen vínculo con los aliados y seguir negociando con ellos para aprobar con más facilidad los proyectos que tienen en carpeta.

En este sentido, ya se muestran preocupados por los comicios que, aunque serán recién el año que viene, podrían empantanar las relaciones antes: “Esperamos que la campaña no perjudique mucho las conversaciones en los próximos meses”, reconoció un miembro del Gabinete.

De hecho, ya generó un principio de conflicto la decisión de Mauricio Macri de anticipar que el PRO va a presentar un candidato propio para Presidente en el 2027, que competiría contra Milei.

El ex mandatario nacional, que intenta mantener vivo el espacio que fundó hace ya más de dos décadas, está organizando un encuentro de dirigentes de todo el país para el próximo 10 de marzo, en Parque Norte.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes del sector amarillo, a esa reunión fue invitado también Diego Santilli, en su calidad de miembro del Consejo del partido, cargo al que nunca renunció, a pesar de haber asumido como ministro del Interior de la gestión libertaria.

Si decide ir, se encontrará con su ex compañero de banca, Cristian Ritondo, otro dirigente cercano al oficialismo, pero que sigue siendo parte de la oposición, por lo que no fue invitado a la cena en Olivos.

De hecho, en la provincia de Buenos Aires, donde el diputado tiene su mayor peso, La Libertad Avanza le sigue recriminando que haya apoyado la sanción del presupuesto presentado por el gobernador Axel Kicillof, que generó polémica meses atrás.

El referente del PRO sostuvo que solamente les pidió a sus legisladores que voten a favor “la parte que permite refinanciar deuda anterior a mejores tasas, es decir, hacer el rollover, que es lo que beneficia al distrito”.

“Pero se rechazó el resto del articulado, ya que no explicaron el destino de los fondos que deberían haber ido a inversión, que es donde el distrito está con mayores problemas”, argumentó.

Sin embargo, en el armado libertario remarcan que, a partir de ese hecho, se decidió que “cada espacio se va a maneja según sus convicciones en el territorio y a nivel legislativo”.

“Es decir, en la provincia, nosotros apuntamos a ir con candidatos propios en las próximas elecciones”, resumió una fuente cercana a Sebastián Pareja, titular del partido a nivel bonaerense.

En tanto, en la ciudad de Buenos Aires, bastión del PRO, el contexto es parecido y ambas fuerzas se enfrentarían el año que viene, como sucedió en los comicios locales, en los que Manuel Adorni derrotó a Silvia Lospennato.

Después de un periodo en el que hubo una fuerte tensión, actualmente los representantes porteños de La Libertad Avanza tienen “un correcto vinculo institucional” con el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

De todas formas, y aunque aclaran que “falta un montón” para ese tipo de decisión, en este territorio también se busca que haya “un candidato violeta”.

“Nuestra preocupación ahora es el jueves y el viernes (cuando se van a votar en el Congreso diferentes proyectos, como el nuevo régimen penal juvenil y la reforma laboral), después vamos a estar atentos al domingo (por la apertura de sesiones). Todo lo que vaya a pasar más adelante, ya se verá”, cerró un integrate de la mesa política nacional.

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