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Ante la falta de consenso, mandan a un cajón la ley de hidrocarburos

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La ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas fue presentada en sociedad por Darío Martínez, Martín Guzmán y Alberto Fernández, inmediatamente después de la derrota en las PASO. En ese momento, Guzmán aprovechó el escenario para responderle a Cristina Kirchner sus críticas al manejo económico. Luego se desató las catarata de renuncias de todos los funcionarios kirchneristas, excepto el secretario de Energía, Darío Martínez.

“Martínez llegó al cargo con el respaldo de Cristina, pero luego tomó distancia y esa tensión se trasladó al peronismo de Neuquén. Esta ley esta hecha a medida de intereses que no nos representan”, afirmó a LPO una fuente del kirchnerismo al tanto de la situación.

“Alberto desconoce el tema petrolero y lo dejaron expuesto. En cambio Cristina es petrolera, conoce cabalmente la cuestión, la considera prioridad absoluta y la sigue muy de cerca. De hecho, hubo que escribir dos veces el proyecto porque la primer versión fue rechazada por ella”, agregó la fuente.

Lo cierto es que la vicepresidenta trabajó como convencional constituyente en la redacción de la Constitución de ’94, donde se le concedió a las provincias el dominio y la jurisdicción de los recursos del subsuelo -entre ellos los hidrocarburos- que según entienden los gobernadores patagónicos, este nuevo proyecto pone en jaque.

“La ley es un impuesto nacional sobre un recurso no renovable de pertenencia de las provincias y encima no coparticipable, y por el cual no cobramos ingresos brutos. ¿Saben lo que significaría cobrar ingresos brutos sobre la exportación de crudo y gas?”, afirmó el neuquino Omar Gutiérrez, presidente de la liga de provincias petroleras (Ofephi) y uno de los críticos más frontales de la norma. Críticas similares expresó el líder histórico del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Jorge Sapag.

La lectura de los gobernadores de las provincias petroleras es que el artículo 90 del proyecto que indica que la autoridad de aplicación respecto a los permisos de exploración, las concesiones de explotación y las concesiones de transporte y almacenamiento subterráneo en las áreas hidrocarburíferas competen a la Secretaría de Energía de la Nación, avasalla los derechos de las provincias otorgado precisamente por la Constitución del ’94.

“La ley le otorga a la Nación una participación y reconocimiento sobre las reservas que hasta el momento no tiene. Es evidente que al MPN le molesta que entre la Nación porque aparece un actor más con quién dividir la torta”, reconoció a LPO una fuente del Gobierno.

Sapag fue taxativo: “Considero que el art 90 es un error de redacción, un desliz, que hay que corregirlo”. Según una fuente del gobierno neuquino consultada por LPO, “Sapag es una figura muy relevante ante esta problemática ya que fue quien diseñó Vaca Muerta junto a Cristina”.

Gutiérrez expresa al conjunto de la Ofephi porque la disputa que se refleja en esta ley es por Vaca Muerta. Es por eso que otras de las críticas del gobernador deviene en como se estipula la línea de base que mide la producción incremental sobre la cual se definen los cupos exportables. Este cuestionamiento es compartido por las empresas del sector que resultan perjudicadas, como reveló LPO.

“Las empresas que garantizamos el abastecimiento interno, solo queremos exportar cuando cumplamos esa demanda. Petrona, Shell y Vista invirtieron en lo peor de la pandemia, su producción creció y ahora es lógico que pidan exportar. Invertimos cuando todos estaban parados. Lo que pedimos con cambiar la base, es que nos reconozcan esa inversión” afirmaron a LPO fuentes del mercado, que agregaron que el gobierno nacional defiende la actual línea base, por una presión del ministro Martín Guzmán, que está mirando un tema fiscal.

El kirchnerismo también cuestiona otro aspecto clave de la norma. Afirman que la estabilidad fiscal por 20 años que promete, barre con los derechos de exportación como herramienta de la política económica. “Como no las podes tocar, quedás pegado al precio internacional. Se dolariza tu recurso, y como vos no generas dólares, viene la inflación y la devaluación. Lo mismo pasa con la ley del Consejo Agroindustrial. Acá hay dos modelos en pugna, por un lado la salida exportadora de Guzmán y la opuesta que se traduce energía y alimentos baratos, justamente lo que propone Cristina”, analizaron ante LPO.

El legislador del kirchnerismo neuquino Mariano Mansilla, sostuvo a LPO que “la disputa por la orientación de la política energética en nuestro país tiene muchos capítulos donde sucedieron tensiones entre las grandes corporaciones de las potencias occidentales contra militares nacionalistas y luego, desarrollistas convencidos por la fuerza del lobby de los trust del Petróleo. Como integrantes del Frente de Todos, y para sostener una de las principales banderas de la plataforma de gobierno que impulsamos para Alberto y Cristina, entendemos que debe ajustarse la mirada para pensar el régimen de esta ley”.

Desde el sector de los trabajadores cobra vigor la resistencia. “A Pereyra lo tenían cerrado y se les está dando vuelta. Ya no banca de pleno al proyecto”, agregó una fuente del sindicato petrolero.

En declaraciones a la prensa el secretario General del gremio afirmó: “Las provincias están pidiendo un cambio en algunos artículos, principalmente en el artículo 90, donde los gobernadores manifiestan que avasalla la titularidad que tienen las provincias por la ley corta, por la Constitución del ’94”.

Mientras que Marcelo Rucci consideró que la puja entre de Neuquén y el Gobierno nacional “debe resolverse rápidamente. El artículo 90 de la medida es el que está en discusión, el cual habla de la autonomía de la provincias. Desde el Sindicato estamos a favor que eso no se pierda, que no pierdan las provincias”.

Lo cierto es que ante la falta de consenso, la ley no avanza. No hay agenda prevista para actividad parlamentaria y desde el bloque oficialista afirman que por ahora está cajoneada.

(LPO)

 

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El oficialismo no reúne los votos para eliminar las PASO y los aliados se alejan de las colectoras

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El Gobierno por ahora no encuentra solución a su intención de modificar la ley electoral. No cuenta con los votos necesarios en el Senado de la Nación ni con el apoyo interno suficiente para defender con ahínco los cambios propuestos.

El eje principal de la discusión es la continuidad o no de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El Ejecutivo las quiere eliminar con el argumento del costo, pero en la oposición miran de reojo y esperan. En el marco de las negociaciones, a un sector de quienes habitan en Balcarce 50 se les ocurrió que una moneda de cambio para los gobernadores sería la posibilidad de habilitar una lista colectora por distrito, algo que históricamente fue criticado por los mismos sectores que hoy la impulsan.

El otro conflicto que enfrenta el oficialismo es que algunos de los propios tampoco creen que sea una solución. La propia Patricia Bullrich reconoció que las colectoras eran “un retroceso” y que no le “gustan”. Unas horas más tarde revisó esas afirmaciones y las matizó al señalar que, aunque no le gusten, “no encontramos un sistema mejor”.

“Hay diferentes opciones sobre la mesa, que van desde eliminar las PASO, que no sean obligatorias ni tampoco cerradas para los afiliados de los partidos y que cuenten con un financiamiento del Estado que se vaya diluyendo con el tiempo, y las colectoras”, reconoció esta semana a la salida de la reunión de Labor Parlamentaria para la sesión prevista para el 16 de julio.

El problema con el que se encuentra La Libertad Avanza es que, descontado que no contaba con el apoyo del peronismo, sus aliados de la UCR y el PRO, así como los partidos provinciales, tampoco se muestran muy interesados.

“Van a poner a jugar candidatos en todas las provincias y quieren que los gobernadores les solucionen los problemas”, dijo un senador de la oposición. “Parece poco probable que puedan tener una resolución en el corto plazo”, agregó.

Ese es el clima que reina en el Senado de la Nación, donde la prioridad del Ejecutivo es avanzar con la aprobación de zonas frías. Por eso, todo lo que el oficialismo tiene para llevar a la mesa de negociación lo está poniendo en ese proyecto, que es del cual tiene pensado sacar los 300.000 millones de pesos para financiar la ley de presupuestos universitarios.

A ese conflicto se suman gobernadores que ya avisan que no prestarán sus votos para la habilitación de colectoras. Esta semana, en el marco de los actos por el Día de la Independencia, el gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo le hizo saber al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que no está de acuerdo con esa figura electoral. La negativa se suma a la de otros mandatarios como Hugo Passalacqua (Misiones) e Ignacio Torres (Chubut).

En los despachos de los aliados en el Senado el tema pierde preeminencia. Lo que ayer era un eje central de la discusión hoy cedió relevancia. Muchos le recuerdan al oficialismo que el acuerdo inicial establecía que todo cambio referido al modelo electoral debía cerrarse antes de que terminara el primer semestre. Ahora, advierten, el Gobierno deberá esperar hasta el último trimestre del año para una decisión al respecto. Lo que los bloques aliados les comunican a los emisarios del oficialismo implica que es poco probable que para finales de noviembre, en pleno debate del Presupuesto 2027, se encuentre una resolución. El punto a considerar es que la ley que envíe el Ejecutivo el próximo 15 de septiembre deberá incluir el gasto para llevar adelante las elecciones de 2027.

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Los planes políticos en torno a la reforma del BCRA: tiempos, consensos y especulaciones del Gobierno

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Javier Milei concentró en los últimos días toda su atención política en un solo objetivo: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. No solo ocupó buena parte de la reunión de Gabinete del jueves —pese al feriado—, sino que también se convirtió en el eje casi excluyente de su actividad en redes sociales, entre tuits propios y reposteos sobre el tema.

La iniciativa, aseguraron en Gobierno, fue ideada por el propio Milei, con los lineamientos que había expuesto semanas atrás en un discurso ante la Fundación Faro, con foco en dos puntos centrales. Por un lado, el artículo 3 de la Carta Orgánica vigente —el que habilita el mandato múltiple, introducido en 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont. Por otro, los adelantos transitorios al Tesoro, que el Gobierno busca directamente prohibir.

El plan oficial es que la iniciativa ingrese por el Senado y no por Diputados, lo que deja buena parte de su suerte en manos de las gestiones de Patricia Bullrich, pero sobre todo de los gobernadores, a quienes Milei viene mimando desde hace varias semanas.

“Fue un privilegio discutir esto con tres ex presidentes del Banco Central”, les dijo Milei a sus ministros durante la reunión de Gabinete del jueves, en referencia a Caputo, Sturzenegger y Bausili. El encuentro se organizó a instancias del propio Presidente, que quería transmitirles en persona a los ministros los detalles del proyecto que, aseguran quienes lo rodean, es hoy su prioridad excluyente.

En el Gobierno adelantaron que el proyecto probablemente sea girado por el Senado —aunque todavía no está confirmado— y que llegaría en un paquete de tres o cuatro leyes. En Casa Rosada calculan que el envío podría concretarse la semana próxima. Antes, buscan reunir a la mesa política y volver a convocar al Gabinete, además de medir el nivel de consenso real que tiene la iniciativa en la Cámara alta.

Milei planea un anuncio formal, con bombos y platillos, alto despliegue comunicacional y posiblemente con un nombre de marketing que le dé mayor visibilidad. “Es una reforma estructural”, repitieron en el entorno presidencial. E insistieron en que no hay una especulación política detrás: “El Presidente no toma decisiones económicas por motivos políticos”, sostuvo un colaborador de la cúpula.

El consenso para la iniciativa aún es un misterio y pocos en la dirigencia aliada se refirieron al tema. “No leímos siquiera un borrador”, dijo un alto referente de PRO. Un funcionario de confianza de Milei fue elocuente: “Nada sale como uno quiere, siempre tenés que negociar con la política”, aunque aclaró que “no es un proyecto que genere polémica”. El único punto de fricción, según reconocieron, podría ser el artículo vinculado al “shutdown” del financiamiento al Tesoro: “Quizás eso puede tener un poco más de picante”, admitieron. Más allá de los resultados, festejaron que el Gobierno haya retomado la iniciativa: “El oficialismo propone nuevamente la agenda”, se entusiasmó un alto funcionario.

Sobre el origen de la idea, en el Gobierno fueron categóricos: se trata de una iniciativa personal de Milei, que trabaja junto a Caputo, Sturzenegger y Bausili. “Básicamente es blindar la baja de la inflación”, explicaron, al detallar que buscan impedir que el Banco Central emita dinero sin respaldo —una conducta que planean directamente tipificar como delito— y prohibir el financiamiento al Tesoro.

“Faltan detalles que durante este fin de semana se pulirán”, agregaron.

En Balcarce 50 no descartan que Milei les pida a sus ministros del equipo que le lleven el proyecto nuevamente a la residencia este fin de semana, mientras la iniciativa permanece en lo que definen como “etapa final de redacción”.

El martes, Milei ya había convocado a Caputo, Bausili y Sturzenegger a Olivos para avanzar en la redacción del proyecto. Y, pudo saber Infobae, no se descarta una nueva convocatoria en los próximos días: “Que no extrañe que los llame de raje”, señaló una fuente con acceso directo al Presidente.

Más allá de la discusión sobre la Carta Orgánica en sí, la reforma se despliega en un paquete más amplio. “Son tres proyectos, que también pueden ser cuatro, si tenés que cambiar algo asociado a la ley penal”, explicaron en el Gobierno, en referencia a la tipificación como delito de la emisión sin respaldo. El cuarto proyecto podría estar vinculado a la elección de las autoridades del Banco Central. “Es un paquete de reformas”, dijeron.

En el oficialismo sostienen que será difícil que la oposición —con excepción del kirchnerismo y la izquierda— no la acompañe: “Darle mayor independencia al Banco Central… no hay muchas maneras de discutir que eso es algo bueno”, deslizaron.

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La Cámpora cree que Kicillof no quiere el apoyo de Cristina Kirchner y la ruptura es casi irreconciliable

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El futuro es totalmente incierto. En el universo del peronismo sobrevuelan muchas hipótesis sobre lo que puede suceder en las elecciones del 2027. Hace algunos meses la que más asidero tenía era la de construir una unidad pragmática para intentar sacar a Javier Milei de la Casa Rosada. En las últimas semanas, y sobre todo en los últimos días, la que gana más peso es la que plantea un escenario donde el peronismo va terminar compitiendo dividido.

El meollo de ese cambio en los análisis de la dirigencia tiene que ver con la fractura del kirchnerismo. Axel Kicillof está de un lado. Cristina y Máximo Kirchner están del otro. Y ya nadie da muestras de querer atravesar esa línea divisoria que parece haber quedado marcada con tinta indeleble. En algún momento existió la convicción. Hoy ya no. Es imposible.

Los movimientos de cada sector van en caminos inversos. Al mismo ritmo que Kicillof decidió, junto a los suyos, utilizar el silencio como una herramienta para dejar que el tiempo pase y la interna no lo desgaste, el cristinismo aumentó la ofensiva, en términos discursivos, y empezó a poner más fuerza sobre el sello de traidor que pesa sobre la figura del ex gobernador.

Una de las últimas teorías que oscilan en el cristinismo tiene que ver con los movimientos de Kicillof en el campo político. En La Cámpora creen que el gobernador no quiere el apoyo de Cristina Kirchner. Que no le interesa su respaldo y que por eso no la visita ni busca tener contactos con sus dirigentes.

“Axel quiere despegarse todo lo posible de Cristina. No quiere estar identificada con ella. Si él quisiera eso, buscaría el modo para que suceda. Pero no lo hace y muestra lo que quiere”, indicó un dirigente muy cercano a la ex presidenta. El reproche por su decisión de no visitarla en San José 1111 sigue vigente y está latente en la conversación camporista.

En la agrupación de Máximo Kirchner justifican la falta de apoyo a Kicillof en la postura del propio gobernador. Dicen que no lo respaldan porque, en verdad, él no quiere que lo hagan. Sus gestos, sus decisiones y sus palabras tienen otra lógica que, según identifican en territorio ultra K, tiene que ver con salir a buscar el voto no kirchnerista.

“Axel tiene miedo de que le digan kirchnerista. Por eso no va a verla a San José 1111 y por eso toma distancia. La realidad es que él no quiere el apoyo de Cristina y su sector político. No quiere que el apoyo político se identifique con ella”, precisó un camporista que es parte del círculo chico de Máximo Kirchner.

El cristinismo apela a dar vuelta la carga de los hechos. El problema no son ellos que cuestionan a Kicillof, sino que es el Gobernador el que no quiere que realmente lo apoyen. En esa hipótesis el que rompe es el mandatario bonaerense y no Cristina Kirchner. Con ese cotexto, las posibilidades de una tregua son casi nulas y la unidad como una opción real para el 2027 tiene olor a utopía.

Sobre esa base, La Cámpora construye, con mayor dedicación, la idea de que la candidata a presidente del 2027 tiene que ser Cristina Kirchner. Aunque esté condenada, detenida e impedida de ejercer cargos públicos. Es ella porque es mejor que los demás que tienen posibilidades reales de competir. En ese planteo marcan con claridad que afuera de San José 1111 no hay nadie que pueda representar con solvencia y lealtad el proyecto que ellos tienen en su cabeza.

El jueves por la tarde, en Carmen de Areco, Máximo Kirchner volvió a hablar del rol que pretenden para su madre el año que viene y se refirió, como ha hecho las últimas veces, a Axel Kicillof sin nombrarlo. “Nosotros no vemos la política en términos individuales. Nunca la vimos así. Vamos a pelear contra los que tengamos que pelear”, sostuvo. A su lado lo escuchaba con atención el intendente local, Iván Villagrán, que fue el primero en promocionarlo como candidato a presidente para el año que viene.

“Agradezco el acompañamiento a Cristina. Cuando uno ve tanta dirigencia miserable y aparece el pueblo para acompañarla, me queda claro que la unidad tiene que ser con la gente y que la unidad secundaria es con los dirigentes”, precisó. Hacia adentro del peronismo la decodificación de ese mensaje tuvo varias coincidencias. La unidad, a la fuerza o por necesidad, ya no es un camino posible. Para nadie.

Entonces, empezó a florecer con más fuerza la idea de una fragmentación que quede retratada en el escenario electoral del año que viene. Cada uno por su lado. Al menos, Kicillof y los Kirchner. Los movimientos que haga el resto del peronismo aún son indescifrables. Porque faltan reglas de juego claras y unos cuántos meses por delante para que llegue el momento de las definiciones formales.

“Si mañana aparece Cristina bancando a Axel en las redes sociales, se convertiría en una mala noticia para quienes lo rodean. Nadie quiere eso. La estrategia es distanciarse, no acercarse. Axel no quiere que lo apoyemos”, reflexionó un dirigente cristinista que suele tener diálogo con la ex mandataria.

Los cuestionamientos al Gobernador alcanzan también otro tema. Frente a la posibilidad de que el gobierno nacional logre eliminar o suspender las PASO, en La Cámpora aseguran que Kicillof “no está haciendo demasiados esfuerzos para que queden en pie”. Y agregaron, con ironía: “Dicen que quieren una PASO con el candidato de CFK pero Axel no hace nada para que eso pase. Ni desde lo político ni desde lo mediático. Y es raro que un candidato a presidente del peronismo no pueda ejercer presión”.

En el fondo, lo que se preguntan es si realmente Kicillof quiere enfrentar a un candidato de la ex presidenta en una eventual elección primaria. “Axel no hace nada y quiere que las cosas sucedan. Y si no hay PASO, el principal perjudicado es él”, señalaron en el entorno de la ex mandataria. En esa afirmación reside una mirada sobre lo que viene que es preocupante para el peronismo. Si no hay PASO, las posibilidades de una fractura expuesta y de candidaturas múltiples es muy alta.

Entre tanta guerrilla política, en el cristinismo celebraron la homilía que dio el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en el Tedeum del 9 de julio, pero, en especial, el mensaje que dio en una entrevista con el diario Perfil, donde aseguró: “Hay que cuidar el equilibrio fiscal, pero también es necesario un equilibrio social”.

La definición es similar a la que viene pronunciando Máximo Kirchner en los encuentros políticos que encabeza. “Es necesario construir justicia fiscal para que haya equilibrio social”, suele decir el líder de La Cámpora, en referencia al foco del proyecto económico que debe tener el peronismo si vuelve al poder el año que viene. En las palabras de García Cuerva sintieron la empatía de la Iglesia católica con las necesidades que ellos divisan en la gente y en el futuro del proyecto político. Algo de paz en el medio de una batalla que, por momentos, parece no tener final.

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