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Ante la falta de consenso, mandan a un cajón la ley de hidrocarburos

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La ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas fue presentada en sociedad por Darío Martínez, Martín Guzmán y Alberto Fernández, inmediatamente después de la derrota en las PASO. En ese momento, Guzmán aprovechó el escenario para responderle a Cristina Kirchner sus críticas al manejo económico. Luego se desató las catarata de renuncias de todos los funcionarios kirchneristas, excepto el secretario de Energía, Darío Martínez.

“Martínez llegó al cargo con el respaldo de Cristina, pero luego tomó distancia y esa tensión se trasladó al peronismo de Neuquén. Esta ley esta hecha a medida de intereses que no nos representan”, afirmó a LPO una fuente del kirchnerismo al tanto de la situación.

“Alberto desconoce el tema petrolero y lo dejaron expuesto. En cambio Cristina es petrolera, conoce cabalmente la cuestión, la considera prioridad absoluta y la sigue muy de cerca. De hecho, hubo que escribir dos veces el proyecto porque la primer versión fue rechazada por ella”, agregó la fuente.

Lo cierto es que la vicepresidenta trabajó como convencional constituyente en la redacción de la Constitución de ’94, donde se le concedió a las provincias el dominio y la jurisdicción de los recursos del subsuelo -entre ellos los hidrocarburos- que según entienden los gobernadores patagónicos, este nuevo proyecto pone en jaque.

“La ley es un impuesto nacional sobre un recurso no renovable de pertenencia de las provincias y encima no coparticipable, y por el cual no cobramos ingresos brutos. ¿Saben lo que significaría cobrar ingresos brutos sobre la exportación de crudo y gas?”, afirmó el neuquino Omar Gutiérrez, presidente de la liga de provincias petroleras (Ofephi) y uno de los críticos más frontales de la norma. Críticas similares expresó el líder histórico del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Jorge Sapag.

La lectura de los gobernadores de las provincias petroleras es que el artículo 90 del proyecto que indica que la autoridad de aplicación respecto a los permisos de exploración, las concesiones de explotación y las concesiones de transporte y almacenamiento subterráneo en las áreas hidrocarburíferas competen a la Secretaría de Energía de la Nación, avasalla los derechos de las provincias otorgado precisamente por la Constitución del ’94.

“La ley le otorga a la Nación una participación y reconocimiento sobre las reservas que hasta el momento no tiene. Es evidente que al MPN le molesta que entre la Nación porque aparece un actor más con quién dividir la torta”, reconoció a LPO una fuente del Gobierno.

Sapag fue taxativo: “Considero que el art 90 es un error de redacción, un desliz, que hay que corregirlo”. Según una fuente del gobierno neuquino consultada por LPO, “Sapag es una figura muy relevante ante esta problemática ya que fue quien diseñó Vaca Muerta junto a Cristina”.

Gutiérrez expresa al conjunto de la Ofephi porque la disputa que se refleja en esta ley es por Vaca Muerta. Es por eso que otras de las críticas del gobernador deviene en como se estipula la línea de base que mide la producción incremental sobre la cual se definen los cupos exportables. Este cuestionamiento es compartido por las empresas del sector que resultan perjudicadas, como reveló LPO.

“Las empresas que garantizamos el abastecimiento interno, solo queremos exportar cuando cumplamos esa demanda. Petrona, Shell y Vista invirtieron en lo peor de la pandemia, su producción creció y ahora es lógico que pidan exportar. Invertimos cuando todos estaban parados. Lo que pedimos con cambiar la base, es que nos reconozcan esa inversión” afirmaron a LPO fuentes del mercado, que agregaron que el gobierno nacional defiende la actual línea base, por una presión del ministro Martín Guzmán, que está mirando un tema fiscal.

El kirchnerismo también cuestiona otro aspecto clave de la norma. Afirman que la estabilidad fiscal por 20 años que promete, barre con los derechos de exportación como herramienta de la política económica. “Como no las podes tocar, quedás pegado al precio internacional. Se dolariza tu recurso, y como vos no generas dólares, viene la inflación y la devaluación. Lo mismo pasa con la ley del Consejo Agroindustrial. Acá hay dos modelos en pugna, por un lado la salida exportadora de Guzmán y la opuesta que se traduce energía y alimentos baratos, justamente lo que propone Cristina”, analizaron ante LPO.

El legislador del kirchnerismo neuquino Mariano Mansilla, sostuvo a LPO que “la disputa por la orientación de la política energética en nuestro país tiene muchos capítulos donde sucedieron tensiones entre las grandes corporaciones de las potencias occidentales contra militares nacionalistas y luego, desarrollistas convencidos por la fuerza del lobby de los trust del Petróleo. Como integrantes del Frente de Todos, y para sostener una de las principales banderas de la plataforma de gobierno que impulsamos para Alberto y Cristina, entendemos que debe ajustarse la mirada para pensar el régimen de esta ley”.

Desde el sector de los trabajadores cobra vigor la resistencia. “A Pereyra lo tenían cerrado y se les está dando vuelta. Ya no banca de pleno al proyecto”, agregó una fuente del sindicato petrolero.

En declaraciones a la prensa el secretario General del gremio afirmó: “Las provincias están pidiendo un cambio en algunos artículos, principalmente en el artículo 90, donde los gobernadores manifiestan que avasalla la titularidad que tienen las provincias por la ley corta, por la Constitución del ’94”.

Mientras que Marcelo Rucci consideró que la puja entre de Neuquén y el Gobierno nacional “debe resolverse rápidamente. El artículo 90 de la medida es el que está en discusión, el cual habla de la autonomía de la provincias. Desde el Sindicato estamos a favor que eso no se pierda, que no pierdan las provincias”.

Lo cierto es que ante la falta de consenso, la ley no avanza. No hay agenda prevista para actividad parlamentaria y desde el bloque oficialista afirman que por ahora está cajoneada.

(LPO)

 

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Ránking de la obra pública: Kicillof invirtió el 6,6% y Milei el 3%

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La disputa entre Axel Kicillof y Javier Milei suma otro capítulo alrededor de la obra pública. Un informe del exsenador provincial Marcelo Daletto, a partir de datos del ministerio de Economía, ubica a Buenos Aires y a Nación entre los distritos que menor proporción de recursos destinaron a gastos de capital: 6,6% y 3%, respectivamente, del gasto total durante 2025.

El dato aparece en un ranking que mide el peso de la inversión y la obra pública en los presupuestos provinciales. Lo lidera Santiago del Estero, con el 28,8%, mientras que la última provincia es Santa Cruz con el 1,1%.

Ese documento señala que, en promedio, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires destinaron 9,5% de sus gastos a erogaciones de capital durante el año pasado. Buenos Aires quedó por debajo de ese umbral y, según el informe, en una situación en la que se priorizan en mayor medida los gastos corrientes y operativos. En el extremo superior del ranking aparece San Luis, con 28,8%, seguida por Santiago del Estero, con 19,8%, y Catamarca, con 19%.

Buenos Aires, entre lo que recibe y cómo lo distribuye

Los porcentuales forman parte de la discusión política entre Milei y Kicillof. Mientras el Presidente sostiene que las provincias deben revisar sus estructuras de gasto y reducir el peso del Estado, el gobernador bonaerense reclama al Ejecutivo nacional una recomposición de los recursos que recibe el distrito y cuestiona el recorte de las transferencias y de la inversión nacional.

El informe de Daletto reconoce la dimensión del reclamo bonaerense: señala que la Provincia aporta cerca del 40% de la recaudación tributaria nacional, pero recibe el 21,2% de la masa coparticipable. Sin embargo, el documento plantea que ese reclamo no exime a la administración provincial de revisar cómo distribuye sus recursos.

El ranking agrega otro dato que el Gobierno nacional utiliza para cuestionar la gestión de Kicillof: aunque el gasto de capital bonaerense creció 10% en términos reales durante 2025, su participación sobre el gasto total siguió siendo baja. Además, el informe advierte que durante el primer trimestre de 2026 esa proporción cayó a 4,4%, por debajo del 6,6% registrado en el cierre del año pasado.

Armendáriz y Duhalde, máximos niveles de obra pública

El informe realiza una comparación histórica desde el retorno de la democracia. Indica que los máximos niveles de gasto de capital en la provincia de Buenos Aires se registraron bajo las gestiones de Alejandro Armendáriz (14,4%) y Eduardo Duhalde (13,4% y 13,7%).

En este último período, el impulso de la inversión pública -sostenido por la creación del Fondo del Conurbano- se dio en paralelo con el proceso de descentralización educativa, que obligó a la Provincia a absorber el financiamiento del sistema escolar y elevó de forma permanente la carga del gasto corriente. Sin perjuicio de ello, la gestión de Duhalde alcanzó el máximo histórico posterior al retorno de la democracia en 1997, con un 17,6%.

El informe no se limita al diagnóstico y propone una salida que implica modificar la matriz presupuestaria provincial: plantea establecer por ley que el 20% del gasto bonaerense se destine a erogaciones de capital, con un sendero gradual que llevaría la inversión al 10% en 2027, 13% en 2028, 16% en 2029 y 20% en 2030.

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Un politólogo analizó el malestar social rumbo a las elecciones de 2027: “El 69% está insatisfecho con la marcha del país”

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La aprobación del Gobierno se ubica en el 35% y acumula una caída de 20 puntos desde el comienzo de la gestión, según la última medición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés. El dato fue presentado por el politólogo y director de la encuesta, Diego Reynoso, durante una entrevista con Infobae al Regreso.

En diálogo con Gonzalo Aziz, Reynoso explicó que el oficialismo logró mantener durante su primer año un nivel de aprobación cercano al 50%, pero comenzó a perder respaldo de manera sostenida desde fines de 2024.

Se mantiene la aprobación del Gobierno en 35 puntos. Si yo lo comparo desde que llegó el gobierno hasta ahora, perdió 20 puntos de respaldo. Los 55 que tenía son más o menos lo que sacó en el balotaje, el primer mes de gestión”, señaló.

El politólogo aclaró que la caída no se produjo de manera abrupta, sino que fue acumulándose a lo largo de los meses. “Si yo medía mes a mes, no había diferencia estadísticamente significativa, porque el margen de error es de 3,16. Pero en la tendencia general, finalmente se acumulan 20 puntos de erosión de la gestión”, explicó.

Según Reynoso, el deterioro estuvo vinculado a un cambio en las expectativas y a una sucesión de conflictos que fueron afectando al oficialismo. Mencionó, entre otros episodios, el caso Libra, las denuncias vinculadas a la ANDIS y los audios que involucraron al Gobierno.

Fue acumulándose, acumulándose, acumulándose. Ahí perdió mucho el Gobierno hasta la elección de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

Sin embargo, el resultado electoral bonaerense también produjo un efecto de concentración del voto oficialista. Reynoso señaló que parte del electorado que evaluaba alternativas, particularmente en el espacio de Provincias Unidas, terminó regresando al Gobierno ante el temor de un avance de otros sectores.

La economía vuelve a ocupar el centro de las preocupaciones

Más allá de los escándalos políticos, Reynoso destacó un cambio en las principales preocupaciones de la sociedad. Los salarios y, especialmente, el empleo comenzaron a ganar peso en las respuestas de los encuestados.

A partir de ahí, entre escándalos y demás, empieza a aumentar en la demanda ciudadana la preocupación por los bajos salarios y por el empleo. Hoy el empleo está ganando a la preocupación por los salarios. Es la economía”, afirmó.

El dato se combina con otro indicador relevante de la ESPOP: el 69% de los argentinos se declara insatisfecho con la marcha del país. Para Reynoso, ese malestar también se refleja en las palabras utilizadas por quienes desaprueban al Gobierno.

Esperanza siempre fue la palabra dominante entre el núcleo de respaldo de Milei. Pero se fue achicando y lo que empezó a crecer del otro lado era asco, vergüenza, rechazo. Pero dentro del otro lado fue decepción e incertidumbre, que corresponden a los que switchearon en el respaldo”, explicó.

Bullrich, Kicillof y Bregman, entre las figuras que mejoraron su imagen

La caída de la aprobación presidencial no significó, sin embargo, que una única figura opositora haya capitalizado automáticamente el desgaste. “En principio nadie capitaliza esos 20 puntos de caída del Gobierno. Pero hay algunas señales de tendencias claras”, planteó Reynoso.

Entre los dirigentes que mejoraron su imagen mencionó a Patricia Bullrich, que pasó del 28% al 37% de imagen positiva. También destacó a Axel Kicillof, cuya valoración creció desde aproximadamente el 25% hasta el 36% en los últimos diez meses.

Para el gobernador bonaerense, esa mejora representa además un desafío político. “Son cargos de gestión que estructuralmente te posicionan como candidato. Tu imagen crece y vos tenés que administrar la definición de tu candidatura y la gestión. Y eso te complica hacia adentro y hacia afuera”, analizó.

El tercer caso fue el de Myriam Bregman, quien experimentó un fuerte crecimiento después de los debates presidenciales y logró mantenerse por encima del 30% de imagen positiva.

La aprobación del Gobierno cayó al 35% y perdió 20 puntos desde el inicio de la gestión, según la encuesta ESPOP de la Universidad de San Andrés (Infobae en Vivo)

Reynoso, de todos modos, marcó una diferencia entre la valoración de un dirigente y su capacidad para convertirla en votos. “A la hora de votar hay una estructura muy fuerte de las identidades partidarias que derivan en voto”, explicó.

Cómo se perfila el escenario hacia 2027

En cuanto a la intención de voto, Reynoso describió un escenario relativamente estable y todavía abierto. Según las mediciones de los últimos meses, el peronismo concentra alrededor del 25% o 26% de las preferencias, mientras que el oficialismo reúne un porcentaje similar.

Otro cuarto del electorado todavía no sabe a quién votar o prefiere no responder, mientras que el resto se distribuye entre distintas fuerzas, como el PRO, el Frente de Izquierda, sectores radicales, Provincias Unidas y el voto en blanco.

Para Reynoso, ese electorado será determinante a medida que avance la campaña. Al mismo tiempo, descartó que el deterioro del Gobierno esté generando una ruptura generalizada con el sistema político. “No noto movimientos antisistémicos. No de desafección política final y total”, afirmó.

Según su análisis, los votantes que se alejaron del oficialismo todavía buscarán una alternativa dentro del sistema. “Ese 20% que se decepcionó a lo largo de este tiempo con Javier Milei va a tratar o se va a realinear con la opción que más le quede, dependiendo de su grado de antiperonismo”, sostuvo.

Con un Gobierno que conserva un núcleo de respaldo cercano a un tercio del electorado, una oposición que todavía no logra capitalizar todo el desgaste y un cuarto de los votantes sin una definición, el escenario hacia 2027 permanece abierto. La evolución de la economía y, particularmente, del empleo aparece como uno de los factores que pueden definir hacia dónde se moverá ese electorado.

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El freno de Karina Milei a Federico Sturzenegger y el giro hacia una agenda legislativa más controlada

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La derrota parcial en el Senado con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tuvo consecuencias inmediatas dentro del Gobierno.

Este martes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reunió a la mesa política en la Casa Rosada con una novedad: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue convocado por primera vez como invitado al encuentro. El mensaje fue directo: de ahora en más, todas sus iniciativas deberán pasar por ese filtro antes de llegar al Congreso.

La sesión del jueves pasado en la Cámara alta dejó una herida difícil de disimular. Para evitar el naufragio completo del proyecto impulsado por Sturzenegger, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, debió retirar del texto dos capítulos centrales: el que modificaba la ley de Tierras —que habilitaba la compra de campos por parte de extranjeros sin los límites actuales— y el que alteraba el régimen de Manejo del Fuego. “Las leyes con miles de temas no van más, trae problemas”, señalaron desde el Gobierno. Lo que quedó en pie fue una versión recortada a tres ejes: restricciones a la expropiación estatal, aceleración de desalojos y digitalización del Registro de la Propiedad Inmueble. Dentro del oficialismo, el episodio fue leído como una derrota con media sanción de por medio.

El cuestionamiento interno apuntó a un problema de método: el proyecto de reforma de la ley de Tierras se redactó sin pasar por ningún análisis político previo. “El coloso” lo filtró y lo publicó en la red social X sin avisar a los legisladores. La queja se extendió también al decreto 690/2026, con el que Sturzenegger intentó desregular los servicios de practicaje y pilotaje en los puertos, y que derivó en un paro con pérdidas millonarias para el sector.

La reunión del martes, que se extendió por casi tres horas, sirvió para reordenar el calendario parlamentario y establecer una nueva jerarquía de prioridades.

La reunión del martes, que se extendió por casi tres horas, sirvió para reordenar el calendario parlamentario y establecer una nueva jerarquía de prioridades.

En ese sentido, el Gobierno definió que no quiere más ruido parlamentario y estableció sus prioridades: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central —calificada por el presidente Javier Milei como prioridad absoluta— y la nueva versión de Inocencia Fiscal 2 encabezan la lista. El oficialismo obtuvo dictamen esta semana en comisión y apunta a una sesión en Diputados para el 26 de agosto. También se incluyó en el radar la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.

En cuanto a Diputados, en el Senado todo el esfuerzo apuntará a la reforma política con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que el Gobierno aspira a debatir en septiembre, pero que enfrenta resistencias dentro de los bloques aliados. Zonas Frías, con media sanción en Diputados, aguarda turno en el Senado aunque por ahora sin fecha clara. Proyectos como el Súper RIGI, la reforma de Salud Mental, la Ley de Sociedades y el de Ludopatía de La Libertad Avanza permanecen sin fecha de tratamiento.

La reunión con los representantes del PRO apuntó, aunque lo nieguen, a avanzar con la eliminación de las PASO. El problema es que los amarillos solo tienen tres votos en el Senado y con ellos solos no alcanzan. Las conversaciones giraron en torno a cómo sumar al resto, con el esquema de prioridades y los plazos establecidos como marco.

El resto de la agenda legislativa del Gobierno acumula proyectos en espera. La ley de Hojarasca —que modifica o deroga cerca de 70 leyes— vio cómo el Senado desactivó la sesión prevista para este jueves, en la que era el único tema a tratar. Originalmente fijada para el 8 de agosto, esa instancia nunca llegó a concretarse.

Milei salió públicamente a respaldar a su ministro, y el vocero presidencial Adrián Ravier reafirmó en conferencia de prensa que Sturzenegger cuenta “con el respaldo del Presidente y de todo el Gobierno”. Lo que no obtuvo el funcionario fue una foto de respaldo de la mesa política: asistió a la reunión por convocatoria de Karina Milei, no por iniciativa propia. En el encuentro se definió priorizar el proyecto para reformar el mercado de capitales, mientras que las iniciativas aún no ingresadas al Parlamento quedarán para etapas posteriores.

El único engranaje del Gobierno que parece funcionar sin fricciones en el Congreso es el de las designaciones. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que el Poder Ejecutivo envió 203 pliegos judiciales al Senado en un año de gestión, un récord desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994. De ese total, 103 ya fueron aprobados en dos sesiones: 74 el 4 de junio y 29 el 16 de julio.

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