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Ante la falta de consenso, mandan a un cajón la ley de hidrocarburos

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La ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas fue presentada en sociedad por Darío Martínez, Martín Guzmán y Alberto Fernández, inmediatamente después de la derrota en las PASO. En ese momento, Guzmán aprovechó el escenario para responderle a Cristina Kirchner sus críticas al manejo económico. Luego se desató las catarata de renuncias de todos los funcionarios kirchneristas, excepto el secretario de Energía, Darío Martínez.

“Martínez llegó al cargo con el respaldo de Cristina, pero luego tomó distancia y esa tensión se trasladó al peronismo de Neuquén. Esta ley esta hecha a medida de intereses que no nos representan”, afirmó a LPO una fuente del kirchnerismo al tanto de la situación.

“Alberto desconoce el tema petrolero y lo dejaron expuesto. En cambio Cristina es petrolera, conoce cabalmente la cuestión, la considera prioridad absoluta y la sigue muy de cerca. De hecho, hubo que escribir dos veces el proyecto porque la primer versión fue rechazada por ella”, agregó la fuente.

Lo cierto es que la vicepresidenta trabajó como convencional constituyente en la redacción de la Constitución de ’94, donde se le concedió a las provincias el dominio y la jurisdicción de los recursos del subsuelo -entre ellos los hidrocarburos- que según entienden los gobernadores patagónicos, este nuevo proyecto pone en jaque.

“La ley es un impuesto nacional sobre un recurso no renovable de pertenencia de las provincias y encima no coparticipable, y por el cual no cobramos ingresos brutos. ¿Saben lo que significaría cobrar ingresos brutos sobre la exportación de crudo y gas?”, afirmó el neuquino Omar Gutiérrez, presidente de la liga de provincias petroleras (Ofephi) y uno de los críticos más frontales de la norma. Críticas similares expresó el líder histórico del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Jorge Sapag.

La lectura de los gobernadores de las provincias petroleras es que el artículo 90 del proyecto que indica que la autoridad de aplicación respecto a los permisos de exploración, las concesiones de explotación y las concesiones de transporte y almacenamiento subterráneo en las áreas hidrocarburíferas competen a la Secretaría de Energía de la Nación, avasalla los derechos de las provincias otorgado precisamente por la Constitución del ’94.

“La ley le otorga a la Nación una participación y reconocimiento sobre las reservas que hasta el momento no tiene. Es evidente que al MPN le molesta que entre la Nación porque aparece un actor más con quién dividir la torta”, reconoció a LPO una fuente del Gobierno.

Sapag fue taxativo: “Considero que el art 90 es un error de redacción, un desliz, que hay que corregirlo”. Según una fuente del gobierno neuquino consultada por LPO, “Sapag es una figura muy relevante ante esta problemática ya que fue quien diseñó Vaca Muerta junto a Cristina”.

Gutiérrez expresa al conjunto de la Ofephi porque la disputa que se refleja en esta ley es por Vaca Muerta. Es por eso que otras de las críticas del gobernador deviene en como se estipula la línea de base que mide la producción incremental sobre la cual se definen los cupos exportables. Este cuestionamiento es compartido por las empresas del sector que resultan perjudicadas, como reveló LPO.

“Las empresas que garantizamos el abastecimiento interno, solo queremos exportar cuando cumplamos esa demanda. Petrona, Shell y Vista invirtieron en lo peor de la pandemia, su producción creció y ahora es lógico que pidan exportar. Invertimos cuando todos estaban parados. Lo que pedimos con cambiar la base, es que nos reconozcan esa inversión” afirmaron a LPO fuentes del mercado, que agregaron que el gobierno nacional defiende la actual línea base, por una presión del ministro Martín Guzmán, que está mirando un tema fiscal.

El kirchnerismo también cuestiona otro aspecto clave de la norma. Afirman que la estabilidad fiscal por 20 años que promete, barre con los derechos de exportación como herramienta de la política económica. “Como no las podes tocar, quedás pegado al precio internacional. Se dolariza tu recurso, y como vos no generas dólares, viene la inflación y la devaluación. Lo mismo pasa con la ley del Consejo Agroindustrial. Acá hay dos modelos en pugna, por un lado la salida exportadora de Guzmán y la opuesta que se traduce energía y alimentos baratos, justamente lo que propone Cristina”, analizaron ante LPO.

El legislador del kirchnerismo neuquino Mariano Mansilla, sostuvo a LPO que “la disputa por la orientación de la política energética en nuestro país tiene muchos capítulos donde sucedieron tensiones entre las grandes corporaciones de las potencias occidentales contra militares nacionalistas y luego, desarrollistas convencidos por la fuerza del lobby de los trust del Petróleo. Como integrantes del Frente de Todos, y para sostener una de las principales banderas de la plataforma de gobierno que impulsamos para Alberto y Cristina, entendemos que debe ajustarse la mirada para pensar el régimen de esta ley”.

Desde el sector de los trabajadores cobra vigor la resistencia. “A Pereyra lo tenían cerrado y se les está dando vuelta. Ya no banca de pleno al proyecto”, agregó una fuente del sindicato petrolero.

En declaraciones a la prensa el secretario General del gremio afirmó: “Las provincias están pidiendo un cambio en algunos artículos, principalmente en el artículo 90, donde los gobernadores manifiestan que avasalla la titularidad que tienen las provincias por la ley corta, por la Constitución del ’94”.

Mientras que Marcelo Rucci consideró que la puja entre de Neuquén y el Gobierno nacional “debe resolverse rápidamente. El artículo 90 de la medida es el que está en discusión, el cual habla de la autonomía de la provincias. Desde el Sindicato estamos a favor que eso no se pierda, que no pierdan las provincias”.

Lo cierto es que ante la falta de consenso, la ley no avanza. No hay agenda prevista para actividad parlamentaria y desde el bloque oficialista afirman que por ahora está cajoneada.

(LPO)

 

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Javier Milei decidió no arbitrar y los libertarios se acostumbran a gestionar con dos bandos

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Con la evidencia empírica de que el presidente Javier Milei no tomará un rol de árbitro en las disputas de poder que tenga su hermana Karina con Santiago Caputo, los hombres y mujeres que gestionan el gobierno libertario aceptaron que la situación difícilmente cambiará y se resignan a llevar adelante las tareas con ese problema ya internalizado. Esa disputa se observa en la cúpula de poder, pero también -en demasía- en las segundas líneas que toman decisiones con temor a quedar presos de la interna en alguna operación cruzada. “Hay mucho cagazo. Es lamentable pero es la verdad porque en todos lados hay funcionarios de ambos sectores. Y nadie confía”, reconoció un cuadro técnico al frente de un organismo ante Infobae. Para peor, toda noticia que golpee al entorno de la secretaría general de la Presidencia es visto por ese bando como un mensaje interno y viceversa.

El último ejemplo sucedió con el envío de pliegos por parte del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, elegido personalmente por Karina. El archivo de los elegidos por el ministro sumado a algunos artículos periodísticos que hablaban de “incomodidad” interna por “lazos K” hicieron desatar la bronca hacia adentro de Casa Rosada por creer que hay piedras en el camino de la gestión.

Las filas no se cerraron ni siquiera sobre Manuel Adorni. Más allá de la sobreactuación en redes sociales (el terreno más importante para el gobierno libertario), en “Las Fuerzas del Cielo” hay bronca contenida por el daño que le realiza el jefe de gabinete al Presidente. Pero, una vez más, quedó en el medio quien lo eligió, Karina Milei. Por eso la orden fue contundente. Desde el Presidente hacia abajo estarán todos. “Es como si nos tomaran falta”, reconoció entre risas y algo de nerviosismo un ministro que hoy buscará sentarse en primera fila.

Las más de cuatro mil preguntas fueron respondidas por escrito. Cuando fueron enviadas aún no se conocían todos los viajes del matrimonio Adorni-Angeletti. En las últimas horas se conocieron dos destinos más. El primero a Río de Janeiro a mediados del 2024. El efectivo fue la forma predilecta para pagar los costos. Lo mismo para el último conocido. Su esposa gastó cerca de 6.000 dólares en efectivo en un viaje a España, en septiembre de 2025, entre pasaje y estadía, según reconstruyó la Justicia. Con un sueldo que estuvo entre los 3 y los 7 millones de pesos, los malabares para justificar esos ingresos serán materia de estudio en cualquier universidad de Economía.

Más allá de las investigación judiciales, la discusión política que termina siempre en la Corte Suprema es un tema de debate. Así lo planteó el martes Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal. Dijo que mientras la Corte Federal de Estados Unidos dicta entre 80 y 100 sentencias por año, en Argentina fueron 15.000. “¿Por qué esa diferencia? En primer lugar porque hay una judicialización creciente de todos los temas. Los debates no se clausuran en el circuito político, sino que hay judicialización y, en la Justicia, siempre se busca llegar a la palabra de la Corte”, aseguró.

Este panorama está lejos de frenar. El ejemplo más concreto es la reforma laboral. Otros proyectos que tensan al poder real podrían terminar igual, más allá de lo que diga el Congreso. El debate para aprobar el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) podría seguir ese camino. Allí se da algo curioso. Fue el canciller Pablo Quirno quien mandó a frenar el avance. La pregunta que se hizo al respecto el área de Federico Sturzenegger es en base a qué. “Ahí es una pelea de laboratorios nacionales que buscan frenar a toda costa el cambio. El lobby es enorme”, reconoció un empresario al tanto de la disputa. La Cámara que nuclea a estas empresas, CILFA, apuesta a estirar los tiempos. La creencia es que si a Donald Trump le va mal en noviembre como las encuestas preven, todo lo negociado entre su administración y la de Milei entrará en debate.

Esa previa en el país más poderoso del mundo es seguido con detenimiento por la política argentina, sin importar el oficialismo y la oposición. Desde el PJ creen que el comienzo del fin de Trump puede adelantar el ruido económico para Milei. Sobre todo el financiero. Si bien la creencia es generalizada, el método para enfrentar a Milei tiene tantos caminos como líneas internas existen hoy en el universo peronista. Axel Kicillof no tiene otra salida que hacia adelante y es el único candidato firme. Pero encuentra rivales de peso. El sector de Cristina Fernández de Kirchner amenaza con una ruptura total y apoyar a otro candidato. A esa idea se le suman otras. Algunas muy conocidas y otras que son imposibles de obviar. El banquero Jorge Brito dejó correr la idea de presentarse el próximo año. Apareció y se fue Dante Gebel, apoyado por un círculo que rodea peronistas, ex libertarios y sindicalistas. Y detrás de todos, siempre presente Sergio Massa.

“Hay un error. En ese momento no solo estaba Perón proscripto, sino que estaba el peronismo en proscripción. Cuando se llamó a votar en blanco. Hoy Cristina no puede ser candidata, pero no es que está el peronismo proscripto. Está Cristina proscripta, como lo dijimos mil veces. Entonces, son situaciones que no se pueden comparar. Tampoco me parece inteligente que el peronismo no tenga un candidato, independientemente de la situación de Cristina”, dijo la mano derecha de Kicillof, Carlos Bianco, a FutuRock. La respuesta vino por parte de Teresa García, diputada nacional que responde directamente a la ex presidenta: “La quieren fuera de la cancha. No hay diálogo con el sector de Kicillof”. Suenan los tambores.

En la Ciudad de Buenos Aires la campaña nunca se detuvo. El fin de semana el jefe de Gobierno, Jorge Macri, aprovechó la mirada mundial sobre Franco Colapinto para anunciar que irá por la reelección en 2027. El hombre del PRO sueña con traer a la Fórmula 1 para el 2028 (confirmarlo, obviamente, durante la campaña).

Por lo pronto, durante mayo tendrá su primer test legislativo con un recinto segmentado como nunca antes. Buscará ampliar el Presupuesto producto de la inflación. ¿La razón? Lo aprobado para este año contemplaba, como marcó el Estado nacional, una inflación del 10 por ciento. Ahora buscará ampliarlo un 15,5 más (total de 25,5%). Tiene lógica, ya que en el primer trimestre los aumentos de precios registrados por el INDEC rozaron el 10%. Para esa ampliación necesita el aval legislativo. El bloque más importante lo lidera Pilar Ramírez, los ojos de Karina Milei en la Ciudad. Los votos no llegarían por esa vía ya que sería admitir una inflación muy por encima de lo anunciado por el Presidente. ¿Entonces? La pecera que sigue es la peronista. Allí están dispuestos a acordar a cambio de avanzar con iniciativas propias.

Falta un tercero en el juego: Horacio Rodríguez Larreta. El ahora legislador que ya dijo que buscará ser jefe de gobierno tendrá votos clave para el futuro presupuestario del PRO. Además de este tema, será interesante escuchar si Larreta tiene algo para decir acerca de la salida de Carlos Frugoni del ministerio de Economía de la Nación. Es que el ahora ex funcionario no declaró siete (si, siete) propiedades en Miami. ¿Cuándo hizo semejante patrimonio? Quizás su pasado al frente de AUSA y de la polémica obra del Paseo del Bajo tengan algo que ver.

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El Gobierno apura la reglamentación de la reforma laboral, pero un artículo clave podría quedar afuera del decreto

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Luego del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que revocó la cautelar que frenaba la reforma laboral y restableció la validez de 83 artículos de la norma, la Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que la demanda impulsada por la CGT debe tramitarse en ese fuero y no en los juzgados del trabajo.

Con ese impulso brindado por un sector de la Justicia, el Gobierno consideró que la Ley 28.702 de Modernización Laboral está plenamente vigente y decidió no perder el tiempo: es inminente la firma del decreto reglamentario de la norma con el fin de no dilatar más la instrumentación de los cambios previstos en la norma.

“Hay algunos aspectos que ya se pueden aplicar de manera directa, como los vinculados con la Ley de Contrato de Trabajo, que no necesitan reglamentación en particular, pero sí la requieren otros artículos como el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) o el de las rebajas en las cargas para las nuevas contrataciones”, dijo a Infobae una fuente oficial.

La misma fuente reconoció que el envión del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo hizo que se decidiera acelerar el dictado del decreto reglamentario, pero advirtió que todas las áreas del Gobierno involucradas en esa tarea no tienen el mismo ritmo porque hay artículos complejos en materia legal. “Fue una tarea en conjunto ya que hay borradores de la reglamentación que fueron elaborados por los ministerios de Economía, Desregulación y Capital Humano, la Secretaría de Trabajo, el Banco Central y ARCA”, agregó el funcionario.

El FAL fue, según trascendió, lo que implicó más análisis y consultas técnicas y jurídicas. Y es, al mismo tiempo, una de las principales apuestas del Gobierno en la Ley 28.702 de Modernización Laboral: se trata de una transformación estructural en el sistema de indemnizaciones al imponer un mecanismo de ahorro obligatorio y acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, con el objetivo de limitar la litigiosidad y fortalecer el mercado de capitales local.

Aun así, en la Casa Rosada advirtieron que, ante la complejidad del tema, existe una posibilidad de que la reglamentación del FAL no sea incluida en el decreto que se conocerá en las próximas horas y que sea el eje de otro decreto que sería dictado más adelante.

Según la ley 27.802, el FAL debía empezar a funcionar a partir del 1° de junio próximo, pero en el mercado ya temían que hubiera una prórroga sobre este punto por la demora en reglamentar la reforma laboral. Y ahora Economía no descarta dejar ese artículo para más adelante y que sea reglamentado con otro decreto.

Por su parte, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, insiste en la necesidad de que los empresarios aprovechen las herramientas de la nueva ley para aumentar los sueldos por encima del piso paritario, como el salario dinámico, que ayudaría a descomprimir las fuertes presiones de los sindicatos para lograr acuerdos salariales que compensen la inflación.

Ese punto, de todas formas, ya tiene vigencia y no requiere de reglamentación. En cambio, sí necesita ser reglamentado uno de los artículos de la reforma laboral que más expectativa genera en la administración libertaria, como es el que promueve la creación de sindicatos de empresa, que la normativa del trabajo ya contemplaba, pero la Ley de Modernización Laboral facilitará el otorgamiento de la personería.

Hasta ahora, la ley vigente decía que “sólo podrá otorgarse personería a un sindicato de empresa cuando no obrare en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría una asociación sindical de primer grado o unión”. En la reforma laboral, el artículo 136 establece que podrá otorgarse personería gremial a un sindicato de empresa cuando, durante un período continuo de al menos seis meses, esa organización cuente con más afiliados cotizantes que el sindicato de actividad con personería previamente reconocida. Será un golpe al gremialismo tradicional, cuyo poder se basa en los derechos exclusivos que brinda la personería sindical.

En el Gobierno admiten que tampoco depende de ninguna reglamentación la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales y, al mismo tiempo, prevén un aumento de la conflictividad en los próximos meses. Los funcionarios libertarios incluso imaginan una complicación adicional: creen que muchos sindicatos desobedecerán la exigencia de mantener servicios mínimos del 75% o del 50% en caso de huelga, como figura en la reforma laboral, y que será muy difícil constatar los porcentajes exactos de acatamiento y exigir que se cumpla lo establecido en la Ley 27.802.

Otros artículos que son considerados válidos y que no hace falta reglamentar son, entre otros, la finalización de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo y el tope del 2% para la cuotas solidarias, que limita el financiamiento de los sindicatos.

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En medio de la interna con Kicillof, el PJ se reúne y pone en agenda la libertad de Cristina Kirchner

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Este jueves, a las 11 de la mañana, en Matheu 130, se reunirá el consejo nacional del PJ tras cinco meses. La última vez que se encontraron fue el 18 de noviembre del año pasado, pocos días después de la dura derrota en las elecciones nacionales frente al gobierno de Javier Milei.

Al encuentro asistirán los cinco vicepresidentes que están en funciones y que llevan adelante el partido, debido a la imposibilidad de Cristina Kirchner de estar presente. La ex presidenta de la Nación monitorea los movimientos del partido a través de los ojos del formoseño José Mayans, vicepresidente primero del PJ.

En el orden del día aparecen cinco puntos: la lectura y consideración del acta anterior; la situación de las intervenciones en Salta y Jujuy; el informe de normalización del PJ de Misiones; la convocatoria al Congreso Nacional y el análisis de la situación política nacional.

El encuentro se dará en un contexto caliente. En el medio de las peleas internas que agobian, una vez más, al peronismo bonaerense, y algunas horas después de que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente el informe de gestión en el Cámara de Diputados, acompañado por el presidente Javier Milei. Serán horas efervescentes las que sigan desde hoy hasta el fin de semana.
En el quinto punto de la convocatoria, cuando se trate la situación nacional, varios dirigentes pondrán sobre la mesa la necesidad de mantener en alto el reclamo por la libertad de Cristina Kirchner. Ese tema generó un nuevo enfrentamiento con el kicillofismo en los últimos días, luego de que el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, dijera que “Cristina está proscripta, pero el peronismo no”, lo que desató una cadena de críticas por parte del cristinismo a la mano derecha del Gobernador.

Aunque esté detenida en San José 1111, CFK es la presidenta del partido, se mantiene en línea con lo que sucede y, sobre todo, hace valer su conducción sobre muchos de los dirigentes que son parte del consejo nacional. Por eso el reclamo por su libertad estará presente y atravesará el debate en el primer piso del edificio partidario.

En paralelo a la reunión del consejo, Axel Kicillof va a estar en el centro porteño encabezando una marcha por el Dia del Trabajador como presidente del PJ Bonaerense. Ya que es el partido de la provincia el que hizo la convocatoria, a las 12, bajo la consigna: ”Marchamos en defensa de los derechos del pueblo trabajador“.

En lo que respecta a las intervenciones en los PJ del norte, la situación más amigable para la conducción kirchnerista es la de Salta, donde la intervención cambió de manos un puñado de semanas atrás y está en una instancia de organización, auditoria y convocatoria a elecciones.

Hasta el mes pasado Sergio Berni y María Luz “Luchy” Alonso estaban a cargo del partido. En un cambio de estrategia evidente, CFK dio luz verde a que la intervención quede en manos de Pablo Kosiner, un hombre de confianza de Juan Manuel Urtubey. Esa conducción, al igual que la anterior, es resistida por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que presiona para que haya elecciones y se abra la competencia a todos los sectores.

Sáenz hoy tiene una parte importante del peronismo dentro de su esquema provincial, pero no al partido. Sin claridad plena sobre qué camino seguirá el año que viene en términos electorales, mantiene un enfrentamiento abierto con el kirchnerismo, desde donde se lo cuestiona cada vez que levanta la voz o que queda asociado a Javier Milei a través de su apoyo en iniciativas parlamentarias.

En lo que tiene que ver con el PJ de Jujuy, el grupo de los gobernadores norteños, que integran Sáenz junto a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), y del que también es parte la senadora jujeña Carolina Moisés, se alzó con un triunfo político cuando la justicia federal de la provincia designó como interventor a Ricardo Villada, un ex funcionario del gobierno de Sáenz y hombre de mucha confianza del Gobernador.

Moisés, que está en pie de guerra con el kirchnerismo, dejó en claro tiempo atrás, cuando se conoció el ingreso de Villada, que debe existir un espacio de participación nuevo dentro del partido y tras la intervención de CFK. El peronismo del norte mantiene una disputa abierta con el sector que lidera la ex jefa de Estado.

“La conducción del PJ Nacional hoy debe reconsiderar sus decisiones políticas, porque con Jujuy quisieron dar un mensaje claro: si pensás distinto, te castigan. Mi mensaje también es claro: no son dueños del peronismo y mucho menos de pensar que pueden pisotearnos, vamos a seguir defendiendo lo que pensamos en todos los ámbitos”, dijo la senadora a principios de abril, cuando se conoció el cambio de mando en el partido.

Lo cierto es que hay una tensión permanente entre la conducción nacional del PJ y las dirigentes que son parte o rodean las delegaciones partidarias en Salta y Jujuy. Conflictos que tienen un correlato en el Congreso y también en la discusión pública sobre hacia dónde debe ir el armado nacional del peronismo de cara a las elecciones del año que viene.

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