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Ante la falta de consenso, mandan a un cajón la ley de hidrocarburos

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La ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas fue presentada en sociedad por Darío Martínez, Martín Guzmán y Alberto Fernández, inmediatamente después de la derrota en las PASO. En ese momento, Guzmán aprovechó el escenario para responderle a Cristina Kirchner sus críticas al manejo económico. Luego se desató las catarata de renuncias de todos los funcionarios kirchneristas, excepto el secretario de Energía, Darío Martínez.

“Martínez llegó al cargo con el respaldo de Cristina, pero luego tomó distancia y esa tensión se trasladó al peronismo de Neuquén. Esta ley esta hecha a medida de intereses que no nos representan”, afirmó a LPO una fuente del kirchnerismo al tanto de la situación.

“Alberto desconoce el tema petrolero y lo dejaron expuesto. En cambio Cristina es petrolera, conoce cabalmente la cuestión, la considera prioridad absoluta y la sigue muy de cerca. De hecho, hubo que escribir dos veces el proyecto porque la primer versión fue rechazada por ella”, agregó la fuente.

Lo cierto es que la vicepresidenta trabajó como convencional constituyente en la redacción de la Constitución de ’94, donde se le concedió a las provincias el dominio y la jurisdicción de los recursos del subsuelo -entre ellos los hidrocarburos- que según entienden los gobernadores patagónicos, este nuevo proyecto pone en jaque.

“La ley es un impuesto nacional sobre un recurso no renovable de pertenencia de las provincias y encima no coparticipable, y por el cual no cobramos ingresos brutos. ¿Saben lo que significaría cobrar ingresos brutos sobre la exportación de crudo y gas?”, afirmó el neuquino Omar Gutiérrez, presidente de la liga de provincias petroleras (Ofephi) y uno de los críticos más frontales de la norma. Críticas similares expresó el líder histórico del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Jorge Sapag.

La lectura de los gobernadores de las provincias petroleras es que el artículo 90 del proyecto que indica que la autoridad de aplicación respecto a los permisos de exploración, las concesiones de explotación y las concesiones de transporte y almacenamiento subterráneo en las áreas hidrocarburíferas competen a la Secretaría de Energía de la Nación, avasalla los derechos de las provincias otorgado precisamente por la Constitución del ’94.

“La ley le otorga a la Nación una participación y reconocimiento sobre las reservas que hasta el momento no tiene. Es evidente que al MPN le molesta que entre la Nación porque aparece un actor más con quién dividir la torta”, reconoció a LPO una fuente del Gobierno.

Sapag fue taxativo: “Considero que el art 90 es un error de redacción, un desliz, que hay que corregirlo”. Según una fuente del gobierno neuquino consultada por LPO, “Sapag es una figura muy relevante ante esta problemática ya que fue quien diseñó Vaca Muerta junto a Cristina”.

Gutiérrez expresa al conjunto de la Ofephi porque la disputa que se refleja en esta ley es por Vaca Muerta. Es por eso que otras de las críticas del gobernador deviene en como se estipula la línea de base que mide la producción incremental sobre la cual se definen los cupos exportables. Este cuestionamiento es compartido por las empresas del sector que resultan perjudicadas, como reveló LPO.

“Las empresas que garantizamos el abastecimiento interno, solo queremos exportar cuando cumplamos esa demanda. Petrona, Shell y Vista invirtieron en lo peor de la pandemia, su producción creció y ahora es lógico que pidan exportar. Invertimos cuando todos estaban parados. Lo que pedimos con cambiar la base, es que nos reconozcan esa inversión” afirmaron a LPO fuentes del mercado, que agregaron que el gobierno nacional defiende la actual línea base, por una presión del ministro Martín Guzmán, que está mirando un tema fiscal.

El kirchnerismo también cuestiona otro aspecto clave de la norma. Afirman que la estabilidad fiscal por 20 años que promete, barre con los derechos de exportación como herramienta de la política económica. “Como no las podes tocar, quedás pegado al precio internacional. Se dolariza tu recurso, y como vos no generas dólares, viene la inflación y la devaluación. Lo mismo pasa con la ley del Consejo Agroindustrial. Acá hay dos modelos en pugna, por un lado la salida exportadora de Guzmán y la opuesta que se traduce energía y alimentos baratos, justamente lo que propone Cristina”, analizaron ante LPO.

El legislador del kirchnerismo neuquino Mariano Mansilla, sostuvo a LPO que “la disputa por la orientación de la política energética en nuestro país tiene muchos capítulos donde sucedieron tensiones entre las grandes corporaciones de las potencias occidentales contra militares nacionalistas y luego, desarrollistas convencidos por la fuerza del lobby de los trust del Petróleo. Como integrantes del Frente de Todos, y para sostener una de las principales banderas de la plataforma de gobierno que impulsamos para Alberto y Cristina, entendemos que debe ajustarse la mirada para pensar el régimen de esta ley”.

Desde el sector de los trabajadores cobra vigor la resistencia. “A Pereyra lo tenían cerrado y se les está dando vuelta. Ya no banca de pleno al proyecto”, agregó una fuente del sindicato petrolero.

En declaraciones a la prensa el secretario General del gremio afirmó: “Las provincias están pidiendo un cambio en algunos artículos, principalmente en el artículo 90, donde los gobernadores manifiestan que avasalla la titularidad que tienen las provincias por la ley corta, por la Constitución del ’94”.

Mientras que Marcelo Rucci consideró que la puja entre de Neuquén y el Gobierno nacional “debe resolverse rápidamente. El artículo 90 de la medida es el que está en discusión, el cual habla de la autonomía de la provincias. Desde el Sindicato estamos a favor que eso no se pierda, que no pierdan las provincias”.

Lo cierto es que ante la falta de consenso, la ley no avanza. No hay agenda prevista para actividad parlamentaria y desde el bloque oficialista afirman que por ahora está cajoneada.

(LPO)

 

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Foro en la UNS: la UIBB expuso sobre la cadena de valor de la actividad petroquímica

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Una exposición sobre la cadena de valor de la actividad petroquímica llevó a cabo la Unión Industrial de Bahía Blanca. Fue durante el debate acerca del presente y futuro del Polo Petroquímico realizado ayer en el Aula Magna de la UNS.

El panel estuvo a cargo del coordinador-jefe del Centro de Estudios Económicos de la UIBB, Martín Goslino, quien complementó sus conceptos con experiencias formuladas por líderes de tres Pymes locales.

Se trató, en su conjunto, del primer Foro Petroquímico Bahía Blanca “Presente y Futuro del Polo Petroquímico” -organizado por el Instituto Petroquímico Argentino-, que reunió a referentes del sector productivo, académico y gubernamental para debatir sobre los desafíos y oportunidades de una de las principales actividades económicas del país.

“Nosotros, desde la UIBB, nos hicimos cargo de un panel relacionado con la cadena de valor de la actividad petroquímica, que puede ir hacia adelante o hacia atrás. Hacia adelante vemos cómo se le va agregando valor o riqueza a los productos. Hacia atrás, hay que hablar de los proveedores. Enfocamos entonces la charla ‘hacia atrás’, concretamente al desarrollo de los proveedores”, explicó Goslino.

“Todo esto porque pensamos en los proveedores no como unos meros prestadores de servicio que hoy los tenés, mañana ya no y se reemplazan por otros, sino pensarlos como aliados estratégicos de mediano-largo plazo. No como un prestador de servicio de corta duración”, señaló.

El economista invitó a tres empresarios Pymes para que cuenten sus experiencias y opiniones en base a una serie de preguntas sobre qué instancias se podrían llevar a cabo para mejorar la cantidad y calidad de los proveedores para que las empresas puedan calificar. Y qué pueden hacer éstas para fomentar dicha relación.

Se trató de Valeria Alonqueo, de AVG Servicios Industriales; Santiago Martín, de ERS Soluciones Industriales; y Ariel Rodríguez, titular de Francisco Lonas SRL.

“Los tres son proveedores de empresas del Polo Petroquímico local e, incluso, algunos de otros lugares como Vaca Muerta. Ariel Rodríguez, por ejemplo, tiene unos cuantos años en el rubro. Valeria Alonqueo, la particularidad de pertenecer a la segunda generación de una empresa proveedora, siendo su papá y su tío los fundadores; y en el caso de Santiago Martínez, lidera una empresa relativamente nueva que hace trabajos y mantenimiento en altura a través de cuerdas.

“Cada uno de ellos fue dándonos ideas de cómo se puede mejorar esta relación entre las grandes empresas y los proveedores. Les preguntamos cómo se han tenido que adaptar a cada requerimiento, en qué cosas se sintieron más acompañados. Qué transformaciones tuvieron que hacer las empresas, por ejemplo, en cuanto a los procedimientos de documentación y certificaciones. Un trabajo codo a codo con los integrantes de las empresas para ver qué solución le encontraban a cada problema. Una situación que mencionaron como muy interesante es que una vez que se encontraron adentro de la empresa, empezaron a detectar otras oportunidades donde se pueden prestar soluciones. Eso, obviamente, te fortalece, te hace muy fuerte”, relató.

El cierre derivó, en la voz de Goslino, en la carencia de un programa integral de desarrollo de proveedores.

“Más bien detectamos la existencia de acciones aisladas, incluso dentro de nuestra propia institución. Con la mejor de las intenciones a veces éramos más reactivos que proactivos o llevábamos a cabo una actividad que después no era sometida a un seguimiento. Entonces nos propusimos lanzar para el año que viene un programa integral de desarrollo de proveedores no sólo de las empresas del Polo Petroquímico, sino de todas las grandes empresas, incluso las que están viniendo por las grandes inversiones o las que ya están acá como las firmas cerealeras”, señaló.

El programa, manifestó Goslino, tiende a acompañar a las Pymes en su crecimiento como proveedores.

“Que haya certificaciones, capacitaciones y formación. Y que nosotros seamos la entidad que articule todo ese contexto. Lo tomamos como un desafío en virtud de lo que fue la jornada petroquímica, pero en realidad apuntamos a vincular a todas las Pymes de Bahía y la Región con las grandes empresas”, cerró el economista de la UIBB.

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Advierten que renovar los colectivos no alcanza si las calles están en mal estado: “Todo está relacionado”

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Después de varios años de demoras, el proyecto para reorganizar el transporte público de Bahía Blanca comenzó a transitar su camino institucional. Para Cecilia Metlicich, integrante de la Comisión de Usuarios Testigos, la presentación representa un paso esperado desde hace tiempo, aunque advirtió que todavía falta conocer uno de los aspectos centrales de la iniciativa: el diseño de los nuevos recorridos.

“Es algo que está demorado desde 2018. Se fue prorrogando por distintas razones y, finalmente, llegó el día”, señaló, en diálogo con Panorama, por LU2.

La principal expectativa está puesta en la modificación de las trazas. Según explicó, el esquema actual presenta superposiciones entre distintas líneas, mientras que otros sectores de la ciudad carecen de cobertura o tienen que caminar entre 10 y 15 cuadras para acceder a un colectivo.

“Un solo pasajero no puede subir a dos o tres líneas al mismo tiempo. Esa superposición hace que se pierda kilometraje, mientras hay barrios que directamente no tienen servicio“, analizó.

Metlicich anticipó que la Comisión espera ser convocada para estudiar el expediente y participar de las discusiones. También consideró fundamental incorporar la opinión de los vecinos, ya que cualquier modificación de recorridos puede generar tanto beneficios como dificultades para los usuarios.

“Cuando se mueven las trazas, algunos sectores pueden quedar mejor conectados, pero otros quizás pierdan el colectivo que les pasaba a una o dos cuadras y tengan que caminar un poco más. Habrá que evaluar cómo se desarrolla esta nueva etapa”, sostuvo.

Las frecuencias, una deuda que dejó la pandemia

Más allá de los recorridos, la frecuencia de los colectivos aparece entre los problemas que la nueva concesión deberá atender. Metlicich señaló que el servicio nunca recuperó los niveles anteriores a la pandemia, especialmente durante la noche y los fines de semana.

“Perdimos el servicio nocturno. No lo prestaban todas las líneas, pero algunas circulaban y hoy eso ya no ocurre. Los fines de semana también tenemos esperas muy prolongadas”, indicó.

En ese contexto, valoró el funcionamiento del boleto combinado, una herramienta que la propia Comisión había impulsado años atrás y que permite realizar conexiones entre líneas. Sin embargo, advirtió que su utilidad queda condicionada por los tiempos de espera.

“Nosotros habíamos presentado un proyecto entre 2012 y 2013 y finalmente se hizo realidad hace un par de años. Funciona muy bien, pero si una persona tarda en esperar el primer colectivo y después tiene que esperar otro, el viaje se hace eterno, sobre todo los fines de semana”, explicó.

Por eso, consideró que una redistribución de las líneas podría mejorar las conexiones y reducir los tiempos de traslado.

Barrios nuevos y recorridos condicionados por las calles

La expansión urbana también plantea un desafío para el transporte. De acuerdo con Metlicich, numerosos barrios nuevos no tienen colectivos cerca y sus habitantes deben trasladarse hasta las rutas o avenidas principales para acceder al servicio.

Como ejemplo, mencionó la línea 521, que llega hasta el Conicet, pero no ingresa en los barrios ubicados a los costados de su recorrido. “Va por una traza principal, pero los barrios de alrededor quedan afuera. Los vecinos tienen que llegar hasta la ruta para poder tomar el colectivo”, describió.

A esa dificultad se suman las condiciones de algunas calles por las que circulan las unidades. La Comisión realiza relevamientos periódicos de los recorridos y presentó su último informe durante el año pasado.

En esas recorridas detectaron sectores donde fue necesario modificar las trazas para evitar arterias que no estaban en condiciones. Uno de los casos señalados es el de la línea 506: “Se me viene a la cabeza la esquina de Corrientes y Brandsen. Actualmente, la línea circula por Darwin”.

“Es una calle chiquita, que no está preparada para semejante tráfico… Tuvimos que observar situaciones en las que los recorridos debían alejarse o acercarse para esquivar alguna calle”, explicó.

Para la referente, la renovación de las unidades tampoco puede analizarse por separado del estado de la infraestructura vial. “Por más que el colectivo sea nuevo, si en su recorrido encuentra dos o tres pozos seguidos y eso se repite durante todo el trayecto, no va a durar mucho tiempo en buenas condiciones. Todo está relacionado”, advirtió.

El precio del boleto y los costos del sistema

Otro de los puntos que planteó la representante de los usuarios es el esquema de financiamiento del transporte. Desde la Comisión consideran que los subsidios distorsionaron el valor real del pasaje y que una distribución más eficiente de los kilómetros recorridos podría contribuir a aliviar los costos del sistema.

“Todo lo que no paga el usuario lo termina pagando el resto. Por eso también es importante que el kilometraje esté bien distribuido y que los colectivos puedan levantar pasajeros a lo largo de todo el recorrido”, concluyó Metlicich.

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El Gobierno aumentó un 2,2% las prestaciones por discapacidad

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El Gobierno nacional dispuso un incremento del 2,2% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, correspondiente a noviembre de 2026. La actualización alcanza a todas las prestaciones, sin distinción por tipo de servicio, y se calculó en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre.

La medida fue establecida por una resolución de la Secretaría Nacional de Discapacidad y se enmarca en el sistema creado por la Ley 24.901, que regula las prestaciones destinadas a garantizar la atención integral de las personas con discapacidad.

La actualización se aplica sobre los valores que habían sido aprobados mediante la Resolución 1/2026, del 14 de octubre, cuando se había dispuesto un aumento del 1,9% para ese mes, también en función de la evolución de la inflación.

Por otra parte, la normativa ratificó el reconocimiento de un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias de la región patagónica, en concepto de zona desfavorable.

Los nuevos valores fueron incorporados en un anexo de la resolución y comprenden al conjunto de las prestaciones contempladas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

El nomenclador incluye servicios de rehabilitación, transporte, educación especial, centros de día, hogares, residencias, estimulación temprana y apoyos para la integración escolar. Los valores se dividen en las categorías A, B y C para parte de esas modalidades, mientras que otras prestaciones integran una categoría única.

Discapacidad: cuáles son los valores actualizados

El anexo de la resolución detalla los nuevos aranceles según categorías y modalidades. Entre los principales valores vigentes desde noviembre figuran:

  • Centro de Día con jornada doble: categoría A, $1.166.692,96. Categoría B, $979.967,23. Categoría C, $746.193,92.
  • Centro Educativo Terapéutico con jornada doble: categoría A, $1.310.557,92. Categoría B, $1.100.312,05. Categoría C, $839.377,84.
  • Hogar permanente: categoría A, $2.194.516,03. Categoría B, $1.842.808. Categoría C, $1.465.570,71.
  • Estimulación temprana: $439.719,68.
  • Módulo de apoyo a la integración escolar (SAIE): $801.937,24.
  • Rehabilitación con internación: $6.229.927,66.
  • Transporte: $953,22 por kilómetro.
  • Alimentación: $5.223,37.

El anexo también actualiza los valores de formación laboral, escolaridad y residencias. Para la categoría A, la formación laboral con jornada doble quedó en $1.145.104,43 y la escolaridad primaria con jornada doble en $1.228.995,40. En tanto, la residencia permanente tendrá un arancel de $1.429.302,41 en esa categoría. Entre las prestaciones de rehabilitación, el valor de hospital de día con jornada doble asciende a $1.113.666,92.

Fuente: Agencia DIB

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