El interbloque de La Libertad Avanza (LLA) y las bancadas dialoguistas del Senado acordaron sesionar este jueves con un puñado de temas. Entre ellos se encuentran la modificación del régimen vigente de cortes en biocombustibles -bioetanol y biodiésel- y una nueva transferencia de competencias penales de Nación a la Ciudad, mientras que quedó afuera la ley “Hojarasca” del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que seguirá en la fila.

La definición se consumó en una cumbre informal realizada en los despachos centrales del radicalismo, bancada comandada por Eduardo Vischi (Corrientes). También estuvieron sus pares de LLA, Patricia Bullrich (Capital Federal); PRO, Martín Goerling (Misiones); y Provincias Unidas, Carlos Espínola (Corrientes), entre otros.

Para que lo consensuado tenga validación real, todo tendrá que confirmarse mañana, cuando se realice la reunión de Labor Parlamentaria -14- que liderará la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, con todos los referentes del Cuerpo. Es decir, kirchnerismo incluido. La idea es sesionar desde las 11.

De cara a la jornada de este miércoles aparecen plenarios para comenzar los debates de los proyectos sobre Inocencia Fiscal II y el que cambia la Carta Orgánica del Banco Central. El oficialismo apuesta a dictaminar ambas iniciativas -todo un desafío- para que queden listas y aprobarlas la semana próxima. Nadie asegura que esto se logre consumar, aunque libertarios lo intentarán. Dependerá de la voluntad de sus aliados.

Para el recinto del jueves además se estima la votación de dos o tres pliegos judiciales que quedaron rezagados por largos meses. Tampoco se descartan cuestiones de privilegio desde el kirchnerismo cuando se inicie el convite.

El despacho de mayoría sobre biocombustibles fue rubricado días atrás, en un plenario de las comisiones de Energía; y Presupuesto de la Cámara alta. Al principio, el sector azucarero pareció ser el más beneficiado y, con el correr de las semanas, se amortiguó en dosis bajas la tensión entre dicho sector -bioetanol- con el contrario, el del biodiésel.

La nueva modalidad activaría, para el primer caso, un corte obligatorio que pasará del 12% al 15% al año de estar sancionada la ley. Dicho porcentaje se compone de 6% para el producto elaborado con caña de azúcar, 6% con maíz y un 3% abierto de la libre competencia.

Para el biodiésel, el corte se mantendrá en el 7,5% durante el primer año y luego subirá al 10%. En tanto, se distinguirá entre empresas integradas, las cuales participan de toda la cadena productiva, y las no integradas, en referencia a pymes regionales. Las dudas que quedan apuntan a la transición para el último grupo y pujas sectoriales que, de continuar así, podrían generar una fuerte puja en el recinto. No sería lo recomendable por los distritos involucrados y los intereses en juego.

De Nación a Ciudad

Para el primer caso de transferencia de competencias judiciales, la Ciudad investigará y juzgará delitos contra: el honor, como calumnias e injurias; la integridad sexual, como abusos, corrupción, prostitución y explotación; la libertad, como servidumbre, privación ilegítima y sustracción o instigación a fugarse; y seguridad del tránsito, como entorpecer el normal funcionamiento de los transportes, entre otros. Vale recordar que, para que todo esto funcione, deberá estar acompañado de los recursos correspondientes.

En tanto, el segundo implica que la justicia porteña intervendrá en todos los delitos no federales cometidos por menores de edad. Esto incluye a los adolescentes de entre 14 y 18 años. Para menores de 14 se prevé una intervención tutelar. Ambos textos fueron firmados el jueves pasado, en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, presididas por los oficialistas Gonzalo Guzmán Coraita (Salta) y Agustín Monteverde (Capital Federal).

La discusión sobre el endeudamiento tiene una segunda escena que suele quedar fuera de las estadísticas: el momento en que una persona deja de pagar y comienza a recibir llamadas, mensajes y reclamos para cancelar la deuda. En la Legislatura porteña, ese circuito quedó bajo la lupa después de que un grupo de deudores relatara situaciones de hostigamiento y cuestionara las condiciones en las que algunas empresas intentan recuperar el dinero.

A partir de esos testimonios, Leandro Santoro presentó una iniciativa para regular la cobranza extrajudicial y establecer responsabilidades concretas para quienes participan de ella.

El legislador porteño, que preside la Comisión de Defensa del Consumidor, explicó en Infobae al Regreso que el objetivo es crear un registro para las firmas dedicadas a esa actividad y fijar reglas que permitan identificar quién está realizando un reclamo, en representación de quién y bajo qué condiciones.

Según detalló, existen 275 sociedades inscriptas ante ARCA cuyo objeto principal es la cobranza extrajudicial, aunque el universo incluye también estudios jurídicos y áreas de cobranzas de bancos, comercios de electrodomésticos y billeteras virtuales.

El proyecto, que tiene más de 50 artículos, propone que esas estructuras queden alcanzadas por un régimen específico de inscripción y control. Uno de los puntos centrales establece que cada área de cobranzas deberá contar con un abogado matriculado como responsable, tanto dentro de una empresa como en las agencias que actúan en nombre de terceros. “Mercado Pago, el Banco Galicia, el Banco Ciudad, tiene que tener un responsable en el área de cobro que ponga su matrícula”, sostuvo Santoro.

La iniciativa también apunta a modificar el esquema de sanciones. El legislador cuestionó que determinadas conductas estén prohibidas, pero que las herramientas disponibles para castigarlas resulten insuficientes, y mencionó entre ellas el contacto con familiares del deudor, los llamados en horarios indebidos, la simulación de notificaciones judiciales y el envío de cartas documento falsas. Su propuesta contempla multas y la posibilidad de suspender o inhabilitar a las empresas cuando se comprueben incumplimientos. “Primero, que hay que penalizar. Lo primero que hay que hacer”, afirmó.

El problema que busca abordar la iniciativa aparece con particular claridad cuando las deudas cambian de manos. Santoro explicó que los bancos pueden desprenderse de determinadas carteras cuando las obligaciones acumulan un período prolongado de incumplimiento y venderlas a terceros por una fracción de su valor. “Se desprenden de esas carteras y las venden más o menos al cinco por ciento de su valor”, señaló. En ese proceso, la persona que recibió originalmente el crédito puede encontrarse luego frente a una agencia o empresa distinta, con la necesidad de determinar quién es el nuevo acreedor y cuál es el origen del reclamo.

Durante la entrevista, Mica Mendelevich aportó un caso que expone otra dimensión del conflicto. La conductora contó que terminó pagando $200.000 por una deuda que atribuía a una tarjeta del banco Santander que nunca había activado. Según relató, los llamados no se limitaron a ella, sino que también llegaron reiteradamente a sus padres. La presión terminó cuando su madre decidió transferir el dinero ante la insistencia de los reclamos. Para Santoro, situaciones de ese tipo deberían quedar expresamente contempladas por la regulación, de modo que el deudor pueda conocer qué empresa está autorizada para reclamar y cuál es la obligación que se le atribuye.

Pero el proyecto no se limita a establecer límites sobre las formas de contacto. También incorpora instancias de mediación para facilitar acuerdos y planes de pago, a partir de una de las situaciones que, según Santoro, aparece con mayor frecuencia en los testimonios: personas que aseguran estar dispuestas a cancelar sus obligaciones, pero no pueden afrontar las condiciones que les ofrecen. “El problema es que yo tengo voluntad de pago y las condiciones que me dan no me permiten”, resumió el legislador.

En esa línea, Santoro planteó que la discusión tampoco puede reducirse a la educación financiera. Se mostró a favor de que los consumidores puedan conocer con mayor claridad las tasas de interés, los impuestos y el costo financiero total de los créditos, pero cuestionó que esa responsabilidad recaiga exclusivamente sobre quien tomó el préstamo cuando existen prácticas de cobranza que considera abusivas. “Echarle la culpa a la persona que está siendo víctima de la usura es un problema”, sostuvo.

La evolución tecnológica agregó además una nueva dificultad. El legislador señaló que las billeteras virtuales y los sistemas automatizados de otorgamiento y cobro de créditos introdujeron mecanismos capaces de acceder a información de los dispositivos de los usuarios, que puede terminar siendo utilizada para contactar a personas de su entorno. Frente a ese escenario, planteó que la incorporación de inteligencia artificial no puede convertirse en una forma de diluir responsabilidades: “Cuando la que cobra es la inteligencia artificial, tiene que ser un instrumento, no puede ser un agente en sí. Tiene que haber alguien que ponga la matrícula, un abogado que ponga la matrícula, que sea el responsable final”.

El proyecto deberá ahora atravesar el recorrido legislativo y pasar por distintas comisiones, entre ellas la de Justicia, presidida por La Libertad Avanza. Santoro señaló que había enviado el borrador a Pilar Ramírez y que esperaba que la iniciativa pudiera ser discutida entre los distintos bloques, luego de una primera reunión en la que, según afirmó, participaron sectores diversos de la Legislatura.

El debate se inscribe, además, en un contexto que el propio legislador vinculó con el crecimiento de la morosidad, la expansión del crédito y el aumento de préstamos otorgados sin una evaluación suficiente del riesgo. Según su diagnóstico, el deterioro de la capacidad de pago de algunos consumidores terminó generando un mercado alrededor de la recuperación de esas deudas. “Hay mucha gente que le dieron crédito sin medir el riesgo crediticio. Ahora esa gente no puede pagar, se plancharon los salarios, aumentaron los costos fijos y entonces hay un nicho de negocio”, concluyó.

La propuesta de Santoro busca intervenir precisamente en ese punto: no impedir que una deuda sea reclamada, sino establecer quién puede hacerlo, de qué manera y bajo qué responsabilidad, para que la cobranza extrajudicial deje de depender de prácticas difíciles de controlar y quede sujeta a reglas y sanciones concretas.

La euforia del presidente Javier Milei sigue al tope tras la cadena nacional por las islas Malvinas. Pero con el correr de los días la agenda empieza a dispersarse. Y el Gobierno vuelve al riesgo de perder el eje de la discusión. Dos temas irrumpieron con fuerza. Dos temas de la realidad cotidiana. El primero, el dato oficial del INDEC sobre la actividad de la industria y la construcción, dos sectores clave para que la economía traccione. El segundo, una oposición que conseguirá este mediodía el quórum para abrir el Congreso y debatir temas que el Gobierno quiere cerrar: morosidad y discapacidad.

En cuanto a la industria, fue un golpe durísimo la variación interanual de la industria. La actividad cayó un 4,9% en comparación con julio de 2025. En la medición mensual se registró un retroceso del 5,0% frente a junio de 2026. Incluso durante el acumulado de los primeros siete meses del año, obtiene un retroceso del 2,6% frente al mismo período de 2025.

En la construcción hubo un pantallazo similar, ya que acumuló una baja del 4,5% frente a julio del año pasado. Sin embargo, logró conservar una variación positiva del 1,7% en el acumulado del año, según el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC).

Este mediodía, además, la oposición conseguirá el quórum necesario para abrir el recinto y plantear una agenda incómoda para el oficialismo. Según supo Infobae, Martín Menem modificó la estrategia y el bloque libertario también se sentará para comenzar la sesión. Luego, apuntarán a cuestiones reglamentarias para clausurar el avance de los bloques más combativos.

El último relevamiento QMonitor de la consultora QSocial Big Data circuló entre funcionarios de Casa Rosada el martes por la tarde. Los números fueron malos para el oficialismo. Según la encuesta, el clima social alcanzó su peor registro histórico: la evaluación negativa de la situación actual del país trepó al 55%, 6 puntos más que el mes anterior, y el 59% considera que el país está peor que cuando asumió Milei, también un nuevo máximo de la serie.

La evaluación de la situación económica nacional sigue sin mejorar: el 48% cree que la economía del país está mal. Además, el 75% de los hogares tuvo que recortar gastos para llegar a fin de mes y el 60% no cuenta con capacidad de ahorro. Según su director, Lucas Klobovs, los datos reflejan la disparidad y heterogeneidad de los indicadores económicos del país: “El crecimiento se concentra en unos pocos sectores económicos, el consumo online crece mientras el consumo tradicional cae. La encuesta refleja eso mismo: algunas leves mejoras en el plano personal que se combinan con otros datos negativos a nivel individual y general”.

Pocas horas más tarde, la encuesta de Atlas Intel y Bloomberg, que acertó con precisión los resultados del 2023, mostró el deterioro de la opinión sobre el gobierno de Milei en el último año, aunque reflejó una leve mejora en los últimos meses. El rechazo llegó al 52,7% en las últimas semanas, después de tocar un 59% en marzo, en coincidencia con un momento de aceleración inflacionaria. Quienes creen que la gestión es “excelente” rondan el 31,5%, mientras que la opinión regular se ubica en 15,8%, también en ascenso en los últimos meses.

La reforma electoral empieza a entrar en un laberinto complicado. Los votos no están. Lo repite el jefe de gabinete Diego Santilli en cuanta reunión de mesa política hay. Es lo mismo que viene diciendo hace meses Patricia Bullrich, que el jueves tendrá el desafío de abrochar proyectos del Poder Ejecutivo. “Le vamos a dar la sesión. Pero será para biocombustibles y Hojarasca. No vemos nada más en el corto plazo”, sentenció un legislador radical del interior del país a Infobae. “Esto es ley por ley. Sobre todo después de lo que pasó con Tierras”.

En materia electoral el escenario, no hace falta aclararlo, puede cambiar. Quienes arman estrategias pisan con cuidado. Hay una espesa bruma por lo que cada acuerdo puede ser revisado en cuestión de días. Quienes arman estrategias pisan con cuidado. Hay una espesa bruma por lo que cada acuerdo puede ser revisado en cuestión de días. La desconfianza avanza, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿En qué punto? Si no se eliminan las PASO y la elección bonaerense se desdobla, la pregunta es la siguiente. Los libertarios deberían acompañar la candidatura de Diego Santilli. Luego, los del PRO deberían hacer lo mismo con la de Javier Milei.

En el medio de las dos elecciones, habrá cierre de listas para diputados nacionales. Eso significa que los libertarios deben confiar en la palabra del PRO para la presidencial. Y los del PRO deben confiar en la palabra oficialista de que no habrá traiciones a la hora de armar el listado de legisladores. En el partido de Mauricio Macri dudan. Y citan ejemplos concretos de palabra empeñada y no respetada. El primero, el acuerdo que había para que Cristian Ritondo sea el titular de la comisión bicameral de la SIDE. Karina Milei decidió, a último momento, que ahí iría Sebastián Pareja. Para sumar dudas, es Pareja quien negocia con Santilli el armado bonaerense. También recuerdan lo sucedido en la Auditoría General de la Nación (AGN). Un lugar era, supuestamente, para Jorge Triaca, exministro de Trabajo de Macri. Martín Menem negoció con el kirchnerismo y quedó la salteña Pamela Caletti.

Después hay otros síntomas que preocupan en las últimas horas. La ultra mileísta Leila Gianni, siempre dispuesta al mensaje vulgar para llamar la atención en redes sociales, ahora pasó a ser ultra opositora del proyecto libertario y acusó al espacio de pagos de coimas a cambio de contratos. ¿Qué pasó en el medio? Las teorías son dos. Como ella es de La Matanza hay quienes creen que Fernando Espinoza pudo haber negociado un pacto de no agresión.

Sin embargo, todas las miradas apuntan a la “tercera vía” peronista. Es decir el armado por fuera del kirchnerismo. El nombre de Emilio Monzó recorre los caminos. En esa zona Pareja tiene como mano derecha a Luis Ontivero. Los manejos por esos pagos dejan mucho que desear. Leila ahora será un problema. “Tiene mucha información. Y no hay canal de TV que no la invite”. A 89 kilómetros de ese municipio está Zárate. Allí gobierna el PRO. El intendente, hombre de Ritondo, se llama Marcelo Matzkin. Envió un proyecto de reforma para la costanera. Obtuvo los votos. Pero La Libertad Avanza votó en contra. El jefe comunal se quejó por lo sucedido. Nadie entendió la jugada. Hay un dato que pasó desapercibido de Marcos Juárez.

Si bien nacionalizar una elección de 26 mil votos es un error obvio, el aumento del ausentismo puede ser un signo de alerta. No en términos de riesgo democrático, no es la intención entrar en ese debate ahora. Sino en que el Gobierno deberá buscar otra vez la expectativa que generó Milei en 2023 para que el votante agotado quiera ir a la urna. En 2025 el ausentismo en esa ciudad de Córdoba fue del 25%. En 2019 escaló al 27%. En 2022 fue del 36% y este año tocó el 38%.

Sin embargo, algo ya se ha repetido. El descontento no es capturado por la oposición. Por ahora, el peronismo se debate entre cruces en actos, chicanas por redes sociales y títulos que no llevan a ningún lado. Algo distinto se vio ayer en el hotel Savoy de la ciudad de Buenos Aires en un evento homenaje a José Manuel De La Sota. Sergio Massa apareció junto al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. También estuvo Juan Schiaretti.

Del sindicalismo, Luis Barrionuevo. Massa se cruzó con el jefe de gabinete de Kicillof, Carlos Bianco. También se sentó Juan Manuel Olmos. Generó revuelo otra presencia. La del banquero Jorge Brito que coquetea con una candidatura que se definirá, seguramente, a fin de año. Quienes vieron en sus oficinas al empresario lo notaron con entusiasmo nunca visto por “jugar” en el 2027.

Los organizadores del evento invitaron a las autoridades de La Cámpora. Se encargaron de hacerle llegar una directa a Máximo Kirchner. Pero ni él ni otras autoridades de la agrupación fueron. “No los dejan salir”, bromeó un intendente ante Infobae. El de Tigre luego se fue para San Fernando. Allí cenó con intendentes que buscan alguien que los escuche. No les había ido bien ni con Kicillof ni con Máximo.

El gobernador viene de subirle un impuesto al juego. Gracias a un texto de la ley que se aprobó durante la gestión de María Eugenia Vidal propuso un 2% sobre los premios de los slots. El cálculo en La Plata es que habrá ingresos de entre 35 y 40 mil millones de pesos por mes. Los bingueros gritaron, aunque no de manera oficial. Según pudo saber este medio, habrá presentaciones judiciales. “Nos clavaron. Nos enteramos hoy mismo, nos hicieron mierda. Todavía tenemos que ver cómo reaccionar”, dijo uno de los operadores más importantes de la provincia a este medio.