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Ante la falta de consenso, mandan a un cajón la ley de hidrocarburos

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La ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas fue presentada en sociedad por Darío Martínez, Martín Guzmán y Alberto Fernández, inmediatamente después de la derrota en las PASO. En ese momento, Guzmán aprovechó el escenario para responderle a Cristina Kirchner sus críticas al manejo económico. Luego se desató las catarata de renuncias de todos los funcionarios kirchneristas, excepto el secretario de Energía, Darío Martínez.

“Martínez llegó al cargo con el respaldo de Cristina, pero luego tomó distancia y esa tensión se trasladó al peronismo de Neuquén. Esta ley esta hecha a medida de intereses que no nos representan”, afirmó a LPO una fuente del kirchnerismo al tanto de la situación.

“Alberto desconoce el tema petrolero y lo dejaron expuesto. En cambio Cristina es petrolera, conoce cabalmente la cuestión, la considera prioridad absoluta y la sigue muy de cerca. De hecho, hubo que escribir dos veces el proyecto porque la primer versión fue rechazada por ella”, agregó la fuente.

Lo cierto es que la vicepresidenta trabajó como convencional constituyente en la redacción de la Constitución de ’94, donde se le concedió a las provincias el dominio y la jurisdicción de los recursos del subsuelo -entre ellos los hidrocarburos- que según entienden los gobernadores patagónicos, este nuevo proyecto pone en jaque.

“La ley es un impuesto nacional sobre un recurso no renovable de pertenencia de las provincias y encima no coparticipable, y por el cual no cobramos ingresos brutos. ¿Saben lo que significaría cobrar ingresos brutos sobre la exportación de crudo y gas?”, afirmó el neuquino Omar Gutiérrez, presidente de la liga de provincias petroleras (Ofephi) y uno de los críticos más frontales de la norma. Críticas similares expresó el líder histórico del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Jorge Sapag.

La lectura de los gobernadores de las provincias petroleras es que el artículo 90 del proyecto que indica que la autoridad de aplicación respecto a los permisos de exploración, las concesiones de explotación y las concesiones de transporte y almacenamiento subterráneo en las áreas hidrocarburíferas competen a la Secretaría de Energía de la Nación, avasalla los derechos de las provincias otorgado precisamente por la Constitución del ’94.

“La ley le otorga a la Nación una participación y reconocimiento sobre las reservas que hasta el momento no tiene. Es evidente que al MPN le molesta que entre la Nación porque aparece un actor más con quién dividir la torta”, reconoció a LPO una fuente del Gobierno.

Sapag fue taxativo: “Considero que el art 90 es un error de redacción, un desliz, que hay que corregirlo”. Según una fuente del gobierno neuquino consultada por LPO, “Sapag es una figura muy relevante ante esta problemática ya que fue quien diseñó Vaca Muerta junto a Cristina”.

Gutiérrez expresa al conjunto de la Ofephi porque la disputa que se refleja en esta ley es por Vaca Muerta. Es por eso que otras de las críticas del gobernador deviene en como se estipula la línea de base que mide la producción incremental sobre la cual se definen los cupos exportables. Este cuestionamiento es compartido por las empresas del sector que resultan perjudicadas, como reveló LPO.

“Las empresas que garantizamos el abastecimiento interno, solo queremos exportar cuando cumplamos esa demanda. Petrona, Shell y Vista invirtieron en lo peor de la pandemia, su producción creció y ahora es lógico que pidan exportar. Invertimos cuando todos estaban parados. Lo que pedimos con cambiar la base, es que nos reconozcan esa inversión” afirmaron a LPO fuentes del mercado, que agregaron que el gobierno nacional defiende la actual línea base, por una presión del ministro Martín Guzmán, que está mirando un tema fiscal.

El kirchnerismo también cuestiona otro aspecto clave de la norma. Afirman que la estabilidad fiscal por 20 años que promete, barre con los derechos de exportación como herramienta de la política económica. “Como no las podes tocar, quedás pegado al precio internacional. Se dolariza tu recurso, y como vos no generas dólares, viene la inflación y la devaluación. Lo mismo pasa con la ley del Consejo Agroindustrial. Acá hay dos modelos en pugna, por un lado la salida exportadora de Guzmán y la opuesta que se traduce energía y alimentos baratos, justamente lo que propone Cristina”, analizaron ante LPO.

El legislador del kirchnerismo neuquino Mariano Mansilla, sostuvo a LPO que “la disputa por la orientación de la política energética en nuestro país tiene muchos capítulos donde sucedieron tensiones entre las grandes corporaciones de las potencias occidentales contra militares nacionalistas y luego, desarrollistas convencidos por la fuerza del lobby de los trust del Petróleo. Como integrantes del Frente de Todos, y para sostener una de las principales banderas de la plataforma de gobierno que impulsamos para Alberto y Cristina, entendemos que debe ajustarse la mirada para pensar el régimen de esta ley”.

Desde el sector de los trabajadores cobra vigor la resistencia. “A Pereyra lo tenían cerrado y se les está dando vuelta. Ya no banca de pleno al proyecto”, agregó una fuente del sindicato petrolero.

En declaraciones a la prensa el secretario General del gremio afirmó: “Las provincias están pidiendo un cambio en algunos artículos, principalmente en el artículo 90, donde los gobernadores manifiestan que avasalla la titularidad que tienen las provincias por la ley corta, por la Constitución del ’94”.

Mientras que Marcelo Rucci consideró que la puja entre de Neuquén y el Gobierno nacional “debe resolverse rápidamente. El artículo 90 de la medida es el que está en discusión, el cual habla de la autonomía de la provincias. Desde el Sindicato estamos a favor que eso no se pierda, que no pierdan las provincias”.

Lo cierto es que ante la falta de consenso, la ley no avanza. No hay agenda prevista para actividad parlamentaria y desde el bloque oficialista afirman que por ahora está cajoneada.

(LPO)

 

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Rodríguez Larreta ratificó su candidatura a jefe de Gobierno: “Tengo un equipo, jóvenes con ideas nuevas”

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El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta aseguró: “Voy a ser candidato” y sostuvo: “Me apasiona la Ciudad y además porque la veo mal”.

Sobre esto último profundizó: “Lo digo con tristeza y motivación porque en cada barrio que voy me imagino lo que podría hacer. La Ciudad está sucia y el olor a pis es un símbolo”. “Este es el principal reclamo de los vecinos y no es un problema de cantidad de contenedores porque había; es un tema de gestión, de métodos y de estar encima. Que los camiones de basura pasen, que haya barrenderos, es un tema de control”, aseguró en diálogo con Luis Novaresio por A24.

También se refirió a la posibilidad de una candidatura, a pedido de la gente: “Me pasa todos los días caminando varias horas por la calle que la gente me dice que me tendría que haber votado en la interna a mí y no a Bullrich. La gente me dice que no me votó, pero si vuelvo, me vota”.

En este sentido, adelantó que cuenta con las personas para hacerlo. “Tengo el equipo nuestro con Emanuel Ferrario, Guadalupe Tagliaferri, Alvaro González, Graciela Ocaña, Oscar Sago, gente de experiencia con la que trabajé muchísimos años en la gestión y con sangre nueva, jóvenes con ideas nuevas”.

Con respecto a si trabajaría en la reorganización del PRO con Mauricio Macri no dudó: “Ellos en las últimas elecciones fueron con los libertarios, ellos se fueron del PRO y no sé si él será candidato. Yo sigo en el mismo lugar, sigo creyendo lo mismo y no sé si se llama PRO, yo sostengo las mismas ideas y votaré a nivel nacional a quien tenga un plan de desarrollo que saque a la Argentina adelante, con un plan integral, que la Argentina exporte, genere trabajo con buenos sueldos, pero hoy no lo veo en ninguno”.

Luego marcó sus diferencias con el primo del ex presidente y actual jefe de la Ciudad, Jorge Macri. “Yo miro los resultados, lo evalúo por su gestión. La ciudad está sucia, no hay obras grandes que queden o que estén en marcha, nunca se vio tanta gente durmiendo en las calles. Fracasó en sus objetivos, está fracasando obviamente y son los resultados que se ven en la calle”.

“Esto se verificó en la última elección. Antes, en 20 años con el PRO, ganamos todas las elecciones y en esta salimos terceros. Yo sigo manteniendo los métodos del PRO. Sigo manteniendo sus valores y uno de ellos era tener un grupo de trabajo, la gestión. Yo te decía que se inauguraba una escuela tal día y se hacía; hoy eso se perdió. Sigo creciendo en esos valores. Creo que Jorge Macri deslarretizó la Ciudad, de 30 hombres de mi gabinete, solo quedaron tres. Me equivoqué en traerlo como ministro de Gobierno”.

Su opinión sobre el caso Adorni

“Debería haber renunciado”, dijo lisa y llanamente sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Larreta remarcó que el funcionario mileísta “no explica y eso te hace pensar que tiene algo para ocultar, pero no sé si políticamente fue, supongo que sí”.

El ex candidato a presidente se refirió a su relación con la actual diputada de LLA Patricia Bullrich y las internas en el PRO“La mayoría de la gente no cambia, pero ella es cambiante, volátil. Dijo que Milei era peligrosísimo para el país y horas después estaba trabajando con él. No hablé más con ella, pero si la veo, la saludo. Estábamos dentro del mismo espacio y yo iba a acompañar en el mismo espacio porque había perdido y no me arrepiento. Ella cambió y Mauricio la apoyó”.

Con Mauricio Macri dijo que hace un año que no hablan. Lo recuerda como “un tipo con el que trabajé muchos años, lo respeto y una cosa no quita a la otra. Hoy tenemos diferencias”.

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Adorni busca reactivar la gestión y convocó a una reunión de Gabinete mientras avanza la causa en su contra

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Manuel Adorni

En medio del intento del Gobierno Nacional por retomar la centralidad de la agenda, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una nueva reunión con todos los ministros en la Casa Rosada. Se trata del primer encuentro con todos los titulares de la cartera mientras avanza la causa por enriquecimiento ilícito que investiga la Justicia.

Según pudo saber Infobae, la convocatoria está realizada para el próximo viernes a las 14 en el Salón Eva Perón. Se estima que participarán todos los ministros y resta saber si también estará presente el propio Javier Milei, quien viajará a Estados Unidos para disertar en el Instituto Milken el próximo miércoles.

Todo se da mientras el Poder Ejecutivo busca reactivar la actividad legislativa para motorizar el Congreso con intención de cumplir con la apuesta del mandatario, quien el 1° de marzo vaticinó “nueve meses ininterrumpidos de reformas”. Hasta ahora, desde la apertura de sesiones ordinarias a la fecha, el oficialismo solo conquistó la media sanción restante para habilitar los cambios en la Ley de Glaciares.

Tras el envío de nueve proyectos, entre los que destacan la reforma electoral, sin los votos necesarios, en los planes de la Casa Rosada figura la necesidad de avanzar en lo inmediato con la Ley Hojarasca en la Cámara de Diputados, y en paralelo, con el proyecto de Propiedad Privada y el tratamiento de varias decenas de pliegos a jueces, defensores y fiscales en el Senado.

El último encuentro del gabinete fue en abril pasado, donde el propio Milei fue quien encabezó la reunión y allí reiteró el respaldo para Adorni, quien ya era investigado por la Justicia en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En el tramo en el que estuvo presente, el mandatario brindó una breve introducción general en materia política y dio algunos detalles del plan económico, pero además, les encomendó a sus funcionarios que “cumplan los objetivos” trazados en cada ministerio y “recuperen la agenda de gestión”. Además, solicitó de cara al plantel completo que centralicen las demandas de gestión con el ministro coordinador, lo que fue definido por más de uno como una acción “empoderadora”.

Luego, una vez que se retiró tanto el presidente como su hermana, Karina Milei, fue el ministro coordinador quien quedó a cargo del encuentro, en una nueva señal por ratificarlo que se suma a las decenas de gestos que dio el libertario durante las últimas semanas.

Sin embargo, ahora se conoció la declaración del contratista Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las remodelaciones que se llevaron a cabo en la casa que Adorni compró en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. Según dijo ante la Justicia, el ex vocero pagó USD 245 mil en efectivo por las refacciones que se llevaron a cabo.

La cifra se suma a los más de USD 100.000 que gastó en un año junto a su esposa, Bettina Angeletti, y las deudas por 335.000 dólares que debe pagar, en su mayoría, antes de noviembre, todo incluido solamente en el segmento de propiedades.

El testigo se presentó antes de las 11 en los tribunales federales de Comodoro Py, con documentación de relevancia para la causa por presunto enriquecimiento ilícito. También aportó su celular, para permitir que se haga una copia de su conversación con el jefe de Gabinete. Dejó el dispositivo porque borró mensajes, por lo que lo peritarán para recuperar la información.

“Adorni me contactó por WhatsApp, por recomendaciones del barrio”, recordó Tabar en diálogo con Infobae al salir de la fiscalía, unas tres horas después de su arribo. Confirmó además que el entonces vocero fue quien le pagó por sus servicios, siempre en efectivo y en negro, sin recibos.

Ya con la obra comenzada, entregó 30.000 dólares en abril, 100.000 en mayo, 30.000 en junio, 50.000 en julio y quedó debiendo 20.929 para cuando terminaron las refacciones. Según el testigo, Adorni se puso al día poco después, siempre con la misma modalidad de pago.

El contratista, socio del grupo Alta Arquitectura, ubicó el período de trabajo entre octubre de 2024 y julio de 2025, y aclaró que no solo se dedicó a las refacciones de obra, sino también a la renovación de otros aspectos del hogar, como los muebles.

En la casa, de unos 400 m², se remodelaron los siguientes espacios: entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada, trabajos de cocina —especialmente mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

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La UBA alertó que los hospitales universitarios podrían dejar de funcionar por falta de financiamiento

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La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a reclamar por la aplicación de la ley de financiamiento que se aprobó el año pasado y alertó que los hospitales universitarios podrían dejar de funcionar.

Ante este escenario, este martes a las 8.30 de la mañana los directores de la red de hospitales universitarios realizarán una conferencia de prensa frente al Hospital de Clínicas.
En ese sentido, señalaron que las instituciones que podrían ver afectado el funcionamiento son: el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.
De acuerdo a lo que sostienen los universitarios, el Presupuesto 2026 contempla una partida de 80.000 millones de pesos bajo la planilla “Hospitales”. No obstante, la gestión de Javier Milei no ha transferido los fondos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril, lo que representa una deuda acumulada de aproximadamente 20.000 millones de pesos. Estos recursos deberían haberse ejecutado para cubrir insumos, mantenimiento y servicios básicos esenciales para la atención sanitaria.
La situación de los hospitales universitarios de la UBA es crítica: se atienden más de 700 mil personas por año en sus seis centros, lo que da cuenta del alcance y la importancia de su funcionamiento regular. El bloqueo en la transferencia de fondos impacta de manera directa en la provisión de servicios, la continuidad laboral de profesionales y trabajadores, y la posibilidad de sostener la atención a la comunidad.
La parálisis en la llegada de fondos refuerza la tensión instalada en el sistema universitario tras la sanción y puesta en vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta norma fue aprobada en 2025 por una amplia mayoría en el Congreso y ratificada posteriormente por la Justicia, luego de impugnaciones presentadas por el Ejecutivo nacional. A pesar de las garantías legales, los recursos no llegan a destino.
El reclamo de la UBA adquiere especial gravedad porque, según sindicatos docentes y no docentes, el Gobierno estaría incurriendo en una doble falta: el incumplimiento de la ley específica y la desatención de la Ley de Presupuesto vigente. De acuerdo con estos sectores, la situación compromete no solo el funcionamiento de los hospitales, sino también el derecho a la salud y a la educación pública.

Por su parte, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humanointimó a los rectores de las universidades a garantizar el dictado de clases y adoptar medidas en medio de la semana de paro docente que llevan adelante los profesores universitarios. En un comunicado, la cartera dirigida por Sandra Pettovello, mediante la Subsecretaría de Políticas Universitarias, solicitó a las autoridades universitarias que informen las acciones tomadas para asegurar el derecho de los estudiantes a la educación, considerando que los paros impulsados por los gremios llegan a extenderse durante varias semanas.

En el documento oficial, se advirtió: “Se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país. Por ello, se ha requerido a los rectores que informen un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que el alumno no pierda la regularidad ni mesas de examen”.

El reclamo sobre el financiamiento se da nuevamente en vísperas de la próxima marcha federal universitaria convocada para el 12 de mayo. La movilización fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y se espera una amplia concurrencia en la Ciudad de Buenos Aires y otras ciudades del interior.

Uno de los ejes centrales de la protesta es la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal a fines de marzo. Tras un fallo favorable a las universidades en diciembre, la Justicia volvió a exigir al Gobierno nacional el “cumplimiento inmediato” de los artículos referidos a la recomposición salarial y a las becas estudiantiles. En respuesta, el 17 de abril la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender ambos artículos.

Al respecto, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, remarcó: “Celebramos que por primera vez el Ministerio de ‘Capital Humano’ reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación. Ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales”.

El vicerrector añadió que esta situación ocurre porque “el Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace seis meses, aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras y ratificada en dos instancias por la Justicia. La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente”.

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