El último mes pareció tener más de 30 días para el Gobierno que aún hace esfuerzos desmedidos por recuperar, sin éxito aparente, el dominio de la agenda mediática que oscila entre la causa abierta por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los movimientos en la investigación por la difusión de la criptomoneda $Libra; y la polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nacional otorgados a funcionarios públicos.

El testimonio de la escribana de Adorni, Adriana Nechevenko, que incluyó además su regreso a Comodoro Py para aclarar algunos puntos, y la entrevista con Infobae En Vivo en la que brindó detalles de la compra de sus propiedades, volvieron a colocar en el centro el tema que parecía tímidamente corrido de las primeras planas de los medios de comunicación. “Sabíamos, pero es algo que no podemos controlar. Ella quería salir a aclarar algunas cuestiones”, admitían desde el entorno del ministro coordinador.

En paralelo, el juez federal Ariel Lijo resolvió levantar el secreto bancario y fiscal sobre el ministro coordinador y su esposa Bettina Angeletti, en el marco de la investigación judicial.

“Parece que la espuma está bajando. La declaración fue muy buena”, planteaba un integrante de la mesa política a este medio el pasado miércoles en lo que configuraba más una expresión de deseo. Horas más tarde, la notaria formaba nuevas olas tras aclarar el procedimiento desplegado en la adquisición de los departamentos de Parque Chacabuco y la calle Miró y la casa ubicada en el Country Indio Cuá.

La declaración mediática de Nechevenko fue objetada por varios interlocutores de la administración que consideraban que “sumar personajes y voces nuevas” no es la estrategia comunicacional más acertada dado que le “da vida al tema” que trabajan por sepultar desde hace días y que parece neutralizar los movimientos de gestión.

En un constante esfuerzo por recuperar la dinámica, el Poder Ejecutivo parece ver como se le escurren logros, entre los que destacan el fallo de la justicia de Estados Unidos que anuló la condena por el fallo de YPF, y la habilitación del Congreso a modificar la Ley de Glaciares con un considerable número de apoyos que otros momentos hubiera sido capitalizado.

Pese a eso, por estas horas, son pocas las voces que no se expresan en sintonía con lo que el presidente Javier Milei se encarga de reafirmar en cada aparición pública y lo que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, manifiesta con acciones. “Adorni está firme y va a seguir siendo la cara del Gobierno”, coinciden en todas las tribus libertarias casi a diario al tiempo que anticipan una reaparición pública del funcionario en una nueva conferencia de prensa que por ahora no tiene fecha.

El acuerdo parece ser genuino. Es que el ex vocero y candidato de La Libertad Avanza (LLA) a legislador porteño oficia de síntesis entre el Triángulo de Hierro que atraviesa momentos de tensión. Del riñón de la menor de los Milei, Adorni logró ensayar una suerte de equilibrio en la interna y trazó un vínculo fluido con el asesor presidencial, Santiago Caputo, algo que no ocurre con los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.

Sin embargo, hay quienes interpretaron una gestualidad en la ausencia de Adorni en el reducido equipo que acompañó a Karina Milei al recinto cuando la Cámara de Diputados debatía la reforma en la Ley de Glaciares el pasado miércoles. Desde el entorno de la propia Karina Milei rechazaron categóricamente la lectura. “Surgió de imprevisto. Casi sobre la hora”, argumentaron para explicar el retrato que incluyó al ministro del Interior, Diego Santilli, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, como escoltas de la titular de La Libertad Avanza (LLA).

En compensación, casi a la misma hora, la Televisión Pública emitía la grabación de la nota que Javier Milei había dado durante las primeras horas del día en la que definió a Manuel Adorni como un “maravilloso jefe de Gabinete” en otro gesto, uno más para la colección, para blindar al cuestionado ex vocero.

“No podemos controlar todo”, sostuvo casi con resignación una fuente con conocimiento comunicacional sobre la aparición constante de temas que no le permiten a la administración libertaria dar vuelta la página. Coincidentemente, hay quienes observan cierto estancamiento en la dinámica de la gestión, que la atribuyen a la “sobrecarga” laboral del Gabinete, que podría oficiar de estrategia perfecta para dejar atrás la polémica.

En uno de los despachos de Casa Rosada admitieron ante Infobae que si el Gobierno tuviese “el mismo ímpetu reformista” que le atribuyen a la primera etapa de la gestión “se estaría hablando menos del tema”. “Hay momentos en los que estamos más concentrados y otros más dispersos. Son rachas”, ironizó una importante voz con acceso al despacho presidencial.

En una acción por minimizar los efecto de la polémica, por los pasillos de Balcarce 50 celebran la “celeridad” de la justicia y consideran que la receta para dejar atrás los rumores de salida es que “Manuel sea Manuel”, por lo que prometen nuevas comunicaciones a su cargo cuando “haya temas que lo ameriten”.

Desde el entorno del ministro coordinador piden diferenciar la causa judicial del ruido mediático y garantizan que la defensa a cargo del abogado Guillermo Ledesma presentó todos los documentos para esclarecer el panorama. “Lo acusan de enriquecimiento ilícito, pero sería el corrupto más idiota de la historia con las cosas a su nombre”, plantearon ante este medio.

Es que, pese a las novedades diarias, en el corazón de la administración libertaria esperan que “el tema termine de diluirse en los medios”, y responsabilizan a la prensa de la escalada. “Lo estaban esperando. Más de uno se la quería cobrar”, planteó una funcionario. “Va a pasar como Andis y $Libra. Cuando no hay nada, el tema se gasta”, coincidió otro referente antes este medio.

Por lo pronto, con ideas en mente, la mesa política define los próximos pasos para dar curso en el Congreso Nacional mientras se esfuerza por blindar al coordinador de la instancia colectiva. “Hay momentos en la pelea en los que hay que aguantar y otros en los que toca repartir”, ejemplificó con visible resignación un interlocutor del ecosistema ante este medio. A un mes de mantener la guardia permanentemente baja, el tiempo dirá si el Gobierno madura una estrategia a lo Nicolino Locche o si, por el contrario, está más cerca del K.O.

El diputado nacional Máximo Kirchner presentó en un proyecto de ley que propone declarar la emergencia pública en materia energética, alimentaria y de insumos productivos críticos en la Argentina. La iniciativa, respaldada por un grupo de legisladores del bloque oficialista, busca que el impacto del aumento internacional del precio del petróleo y otros insumos no se traslade a las tarifas de luz y los alimentos que consumen trabajadores y pequeñas y medianas empresas. Según informaron, el proyecto argumenta que la renta extraordinaria derivada del conflicto bélico en Medio Oriente debe ser destinada a garantizar tarifas sostenibles y reservas para la población.

De acuerdo con la propuesta impulsada por Kirchner, la coyuntura internacional generada por la guerra en Medio Oriente ha provocado un alza en los precios globales de la energía, los alimentos y los fertilizantes, así como disrupciones en la logística y volatilidad financiera. El texto advierte que estos factores comprometen tanto el suministro local como el poder adquisitivo de las familias argentinas y los costos de producción del sector agropecuario. En este marco, el proyecto plantea que el Estado nacional debe ejercer un rol activo para proteger a los sectores más vulnerables y a la economía real.

El documento, que cuenta con la firma de los diputados Emir Félix, Jorge Ávila, Jorge Araujo, Juan Carlos Molina, Ana María Ianni, Pablo Todero, Martín Aveiro, Marcelo Mango, Andrea Freites, José Glinski, Adriana Serquis, Carlos Castagneto y Julia Strada, sostiene que la Argentina afronta una oportunidad histórica como exportador neto de energía. El texto señala que la renta extraordinaria debe ponerse al servicio del pueblo para evitar que los aumentos internacionales se reflejen en la economía doméstica.

Entre los fundamentos, Kirchner señaló durante el debate legislativo por la modificación de la Ley de Glaciares que “en el país de las vacas, cada vez se come menos carne y menos leche. En el país de Vaca Muerta, segunda reserva de shale gas y cuarta de shale oil, los argentinos no pueden cargar nafta, y pronto, al acercarse el invierno, no hay una política que aborde el tema del gas. No solo para la industria, sino para la gente, que si no hay gas, pasa frío en muchos lugares de Argentina”. El legislador también cuestionó iniciativas para modificar la Ley de Zona Fría, que protege a los usuarios de regiones con bajas temperaturas.

El proyecto prevé que el Poder Ejecutivo Nacional reciba instrumentos para mitigar el impacto de la coyuntura internacional. Entre las medidas propuestas se destaca la suspensión de la venta de activos energéticos durante la crisis, la creación de derechos de exportación móviles y especiales sobre el petróleo y la canalización de estos recursos a un fondo anticíclico. Este fondo distribuiría los ingresos en tres destinos principales: subsidios a insumos agropecuarios, estabilización de precios internos de alimentos y acumulación de reservas internacionales.

Una de las medidas sociales incluidas en la propuesta es el refuerzo del 30% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) para asegurar el acceso a alimentos básicos como aceite, pan, leche y carne. “El aceite, pan, leche y carne son derechos, no deben ser considerados mercancías de especulación”, sostiene el texto presentado por Kirchner y sus colegas. El proyecto afirma que la protección de los ingresos y el abastecimiento es una función indelegable del Estado, y rechaza la idea de que la falta de fondos estatales sea un obstáculo, ya que la renta extraordinaria generada por el shock externo permitiría financiar estas políticas.

La propuesta también contempla medidas para evitar que los aumentos de precios internacionales de la energía y los alimentos se trasladen íntegramente a los consumidores argentinos. El texto remarca que cuando sube el petróleo, aumentan fletes, pan y leche, afectando la cadena de costos y el bolsillo de los trabajadores. Por eso, la intervención estatal se presenta como una herramienta para desacoplar los precios internos de los internacionales y evitar que la inflación importada deteriore el poder adquisitivo.

Respecto al sector agropecuario, el proyecto plantea que la renta extraordinaria del petróleo se capte a través de derechos de exportación móviles, que se reduzcan automáticamente cuando los precios internacionales bajen. Parte de estos fondos se destinaría a subsidiar gasoil, fertilizantes y otros insumos críticos para la producción agrícola, con el objetivo de garantizar la continuidad de las campañas y la estabilidad de los precios de los alimentos básicos.

El documento parlamentario enfatiza la necesidad de asegurar el abastecimiento energético, fortalecer la posición externa del país mediante la acumulación de reservas y mantener la capacidad productiva del agro, protegiendo el acceso a fertilizantes y otros insumos esenciales. Según el texto, el Estado actuaría como “colchón” ante la volatilidad de los mercados internacionales, reasignando la renta extraordinaria para proteger a las familias y a la economía real.

La declaración de emergencia propuesta por Kirchner y su grupo de diputados se sustenta en el impacto extraordinario del conflicto internacional sobre los precios y la seguridad de abastecimiento, así como en la necesidad de dotar al Gobierno de herramientas rápidas para responder a escenarios de crisis. El proyecto se encuentra bajo análisis en el Congreso, donde se espera que inicie su debate en comisiones durante las próximas semanas.

Ungido por Cristina Kirchner, el senador Wado de Pedro encabezará la delegación del Partido Justicialista (PJ) que participará en la cumbre global convocada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en Barcelona. El encuentro, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de abril, reunirá a partidos políticos, movimientos democráticos y líderes de todo el mundo en defensa de la paz y la democracia, y se perfila como una de las citas internacionales más relevantes del año para el progresismo global.

La decisión de que De Pedro lidere la representación argentina fue instruida directamente por la presidenta del PJ, Cristina Kirchner, quien confirió a la comitiva la responsabilidad de llevar a la cumbre la preocupación del peronismo sobre la escalada belicista a nivel mundial y la situación política interna de la Argentina.

Según informaron desde el partido, la delegación justicialista denunciará ante el foro internacional el “industricidio” y la crisis social generada por el modelo económico del presidente Javier Milei, la degradación institucional y la “proscripción” de la propia Cristina Kirchner.

El evento contará con la participación de líderes internacionales como Pedro Sánchez (España), Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Yamandú Orsi (Uruguay), António Costa (Consejo Europeo), Teresa Ribera (Comisión Europea) y Cyril Ramaphosa (Sudáfrica), entre otros. La cumbre busca constituir un espacio común para el impulso de acciones coordinadas en defensa de la democracia, los derechos fundamentales y la cooperación internacional frente al avance de corrientes autoritarias.

La agenda de trabajo prevé dos jornadas intensas: el 17 de abril se realizarán seminarios, paneles y talleres organizados por entidades asociadas, abordando temas como la gobernanza económica, la defensa de la democracia, la transición digital, la acción climática, las migraciones y las estrategias de comunicación. El 18 de abril se celebrará un acto público con intervenciones de los principales líderes, donde se sintetizarán los debates y se proyectará una agenda común para la acción internacional progresista. Se espera la participación de más de 60 ponentes, en más de 25 sesiones, con representación de alrededor de 40 países.

La comitiva argentina, además de Wado de Pedro, estará integrada por diputados nacionales como Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, Lucía Cámpora, Roxana Monzón y Lorena Pokoik; la economista Delfina Rossi; el parlamentario del Mercosur Franco Metaza; el intendente de Merlo y secretario de Relaciones Internacionales del PJ, Gustavo Menéndez; la secretaria de Integración Regional del PJ, Soledad Magno; y la diputada provincial y secretaria nacional de la Juventud Peronista, Valentina Morán.

El PJ llevará a la cumbre un diagnóstico crítico de la situación nacional. Según adelantaron, expondrán el impacto del actual modelo económico sobre la industria y el empleo, el aumento del endeudamiento familiar, la pérdida de autonomía económica y el crecimiento de la desigualdad. La delegación justicialista también pondrá el foco sobre el “lawfare”, la persecución judicial y la proscripción de Cristina Kirchner, a la que consideran la principal figura opositora del país.

Además de la situación argentina, la comitiva expresará su rechazo a la escalada bélica impulsada por Estados Unidos e Israel y abogará por la resolución pacífica de los conflictos internacionales y la no injerencia en los asuntos internos de los países. En contraste con la agenda internacional que sostiene el gobierno de Milei, el peronismo buscará posicionarse ante la comunidad global como un actor comprometido con la defensa de la paz, los derechos sociales y la democracia.