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Ante la falta de consenso, mandan a un cajón la ley de hidrocarburos

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La ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas fue presentada en sociedad por Darío Martínez, Martín Guzmán y Alberto Fernández, inmediatamente después de la derrota en las PASO. En ese momento, Guzmán aprovechó el escenario para responderle a Cristina Kirchner sus críticas al manejo económico. Luego se desató las catarata de renuncias de todos los funcionarios kirchneristas, excepto el secretario de Energía, Darío Martínez.

“Martínez llegó al cargo con el respaldo de Cristina, pero luego tomó distancia y esa tensión se trasladó al peronismo de Neuquén. Esta ley esta hecha a medida de intereses que no nos representan”, afirmó a LPO una fuente del kirchnerismo al tanto de la situación.

“Alberto desconoce el tema petrolero y lo dejaron expuesto. En cambio Cristina es petrolera, conoce cabalmente la cuestión, la considera prioridad absoluta y la sigue muy de cerca. De hecho, hubo que escribir dos veces el proyecto porque la primer versión fue rechazada por ella”, agregó la fuente.

Lo cierto es que la vicepresidenta trabajó como convencional constituyente en la redacción de la Constitución de ’94, donde se le concedió a las provincias el dominio y la jurisdicción de los recursos del subsuelo -entre ellos los hidrocarburos- que según entienden los gobernadores patagónicos, este nuevo proyecto pone en jaque.

“La ley es un impuesto nacional sobre un recurso no renovable de pertenencia de las provincias y encima no coparticipable, y por el cual no cobramos ingresos brutos. ¿Saben lo que significaría cobrar ingresos brutos sobre la exportación de crudo y gas?”, afirmó el neuquino Omar Gutiérrez, presidente de la liga de provincias petroleras (Ofephi) y uno de los críticos más frontales de la norma. Críticas similares expresó el líder histórico del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Jorge Sapag.

La lectura de los gobernadores de las provincias petroleras es que el artículo 90 del proyecto que indica que la autoridad de aplicación respecto a los permisos de exploración, las concesiones de explotación y las concesiones de transporte y almacenamiento subterráneo en las áreas hidrocarburíferas competen a la Secretaría de Energía de la Nación, avasalla los derechos de las provincias otorgado precisamente por la Constitución del ’94.

“La ley le otorga a la Nación una participación y reconocimiento sobre las reservas que hasta el momento no tiene. Es evidente que al MPN le molesta que entre la Nación porque aparece un actor más con quién dividir la torta”, reconoció a LPO una fuente del Gobierno.

Sapag fue taxativo: “Considero que el art 90 es un error de redacción, un desliz, que hay que corregirlo”. Según una fuente del gobierno neuquino consultada por LPO, “Sapag es una figura muy relevante ante esta problemática ya que fue quien diseñó Vaca Muerta junto a Cristina”.

Gutiérrez expresa al conjunto de la Ofephi porque la disputa que se refleja en esta ley es por Vaca Muerta. Es por eso que otras de las críticas del gobernador deviene en como se estipula la línea de base que mide la producción incremental sobre la cual se definen los cupos exportables. Este cuestionamiento es compartido por las empresas del sector que resultan perjudicadas, como reveló LPO.

“Las empresas que garantizamos el abastecimiento interno, solo queremos exportar cuando cumplamos esa demanda. Petrona, Shell y Vista invirtieron en lo peor de la pandemia, su producción creció y ahora es lógico que pidan exportar. Invertimos cuando todos estaban parados. Lo que pedimos con cambiar la base, es que nos reconozcan esa inversión” afirmaron a LPO fuentes del mercado, que agregaron que el gobierno nacional defiende la actual línea base, por una presión del ministro Martín Guzmán, que está mirando un tema fiscal.

El kirchnerismo también cuestiona otro aspecto clave de la norma. Afirman que la estabilidad fiscal por 20 años que promete, barre con los derechos de exportación como herramienta de la política económica. “Como no las podes tocar, quedás pegado al precio internacional. Se dolariza tu recurso, y como vos no generas dólares, viene la inflación y la devaluación. Lo mismo pasa con la ley del Consejo Agroindustrial. Acá hay dos modelos en pugna, por un lado la salida exportadora de Guzmán y la opuesta que se traduce energía y alimentos baratos, justamente lo que propone Cristina”, analizaron ante LPO.

El legislador del kirchnerismo neuquino Mariano Mansilla, sostuvo a LPO que “la disputa por la orientación de la política energética en nuestro país tiene muchos capítulos donde sucedieron tensiones entre las grandes corporaciones de las potencias occidentales contra militares nacionalistas y luego, desarrollistas convencidos por la fuerza del lobby de los trust del Petróleo. Como integrantes del Frente de Todos, y para sostener una de las principales banderas de la plataforma de gobierno que impulsamos para Alberto y Cristina, entendemos que debe ajustarse la mirada para pensar el régimen de esta ley”.

Desde el sector de los trabajadores cobra vigor la resistencia. “A Pereyra lo tenían cerrado y se les está dando vuelta. Ya no banca de pleno al proyecto”, agregó una fuente del sindicato petrolero.

En declaraciones a la prensa el secretario General del gremio afirmó: “Las provincias están pidiendo un cambio en algunos artículos, principalmente en el artículo 90, donde los gobernadores manifiestan que avasalla la titularidad que tienen las provincias por la ley corta, por la Constitución del ’94”.

Mientras que Marcelo Rucci consideró que la puja entre de Neuquén y el Gobierno nacional “debe resolverse rápidamente. El artículo 90 de la medida es el que está en discusión, el cual habla de la autonomía de la provincias. Desde el Sindicato estamos a favor que eso no se pierda, que no pierdan las provincias”.

Lo cierto es que ante la falta de consenso, la ley no avanza. No hay agenda prevista para actividad parlamentaria y desde el bloque oficialista afirman que por ahora está cajoneada.

(LPO)

 

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El Gobierno creó un área clave en Cancillería para reforzar el reclamo de soberanía sobre Malvinas

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En medio del paquete de medidas anunciadas para reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, el Gobierno nacional dispuso la creación de un Sistema de Articulación de la Política Exterior. Así, la Cancillería podrá centralizar la información, coordinación y asesoramiento sobre las gestiones internacionales.

Por medio de la publicación del Decreto N° 983/2026 en el Boletín Oficial, se estableció que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adoptará el rol de coordinador de las actividades estatales que puedan incidir en la política exterior, las negociaciones diplomáticas o los intereses internacionales de la Argentina.

De la misma manera, remarcaron que el sistema también incluirá “las acciones que se llevan a cabo para recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”.

Otra de las tareas que tendrá el sistema de política exterior será la representación nacional ante los gobiernos extranjeros, la Santa Sede y las entidades internacionales. Esto cobra especial relevancia debido a la visita que realizará el papa León XIV a la Argentina desde el 8 al 11 de noviembre.

No obstante, las autoridades aclararon que la creación de esta área no alterará la jerarquía actual que conforma la Cancillería. Asimismo, indicaron que no implicará la sustitución de las competencias que tengan a cargo las autoridades y funcionarios preexistentes.

En este sentido, explicaron que la obligación abarcará los casos en los que esas acciones puedan expresar posiciones oficiales de la Argentina, influir en negociaciones bilaterales o multilaterales, o derivar en consecuencias diplomáticas, institucionales, jurídicas o políticas.

También deberán ser informadas las tratativas vinculadas con acuerdos, convenios, memorandos de entendimiento, declaraciones conjuntas, cartas de intención, actas y otros instrumentos similares.

Por otro lado, el decreto prevé que Cancillería podrá formular advertencias, recomendaciones u orientaciones fundadas si considera que una actividad pone en riesgo los lineamientos definidos por el Poder Ejecutivo, las relaciones internacionales o negociaciones diplomáticas en curso.

“El Sistema de Articulación de la Política Exterior tendrá como finalidad asegurar la coherencia, compatibilidad y uniformidad con los lineamientos generales de la política exterior de toda actividad que verse sobre relaciones exteriores de la República Argentina”, aclararon en el documento.

A pesar de esto, indicaron que el área no tendrá injerencia en las gestiones que involucren a organismos financieros internacionales, bancos multilaterales de desarrollo o entidades financieras, crediticias, presupuestarias, técnicas o de ejecución de programas propios.

Para poder cumplir con estos objetivos, los organismos alcanzados por el sistema tendrán que designar a una persona como enlace institucional con la Cancillería. Ese representante será responsable de canalizar la información sobre las gestiones internacionales y de coordinar, cuando sea necesario, la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El decreto también habilitará a los organismos a solicitar asistencia de integrantes del Servicio Exterior de la Nación o de especialistas en política exterior ante asuntos considerados estratégicos, sensibles o de seguimiento permanente. No obstante, la Cancillería podrá realizar esa propuesta por iniciativa propia.

Previo a esto, el canciller Pablo Quirno explicó que la estrategia del Gobierno para reforzar el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas combinará sanciones, diplomacia y el fortalecimiento de la capacidad logística. “No hay tiros independientes individuales”, afirmó en una entrevista con La Nación+.

Además, confirmó que la Cancillería quedará a cargo de iniciar los expedientes sancionatorios establecidos en el decreto reglamentario de la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. La decisión se fundamentó en que se trata de “un tema principalmente de política exterior” y que las actividades involucradas superan la cuestión estrictamente petrolera.

Hasta ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció a 60 empresas en coordinación con la Procuración del Tesoro. El objetivo central, según planteó Quirno, es impedir la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.

El canciller sostuvo que la Argentina dispone de una herramienta adicional a la que existía cuando se aprobó la legislación vigente: el atractivo de Vaca Muerta para las inversiones energéticas. Desde la mirada oficial, esa condición puede influir sobre las decisiones de las compañías, que deberán optar entre operar en el mercado argentino o mantener vínculos con licencias que el Gobierno considera ilegales en un territorio cuya soberanía reclama.

El paquete de medidas también sumó un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que se encuentra en la última etapa de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal Murphy. La iniciativa prevé cambios en la Ley 26.659, con penas más altas y una ampliación de las actividades alcanzadas.

Entre las alternativas bajo análisis figura la incorporación de la pesca. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) sostiene que el criterio aplicado a las empresas hidrocarburíferas debería extenderse a las licencias de pesca otorgadas por el Reino Unido en el área. En la misma línea, el diputado peronista Guillermo Michel presentó un proyecto para sancionar la pesca ilegal en las islas.

Asimismo, el Ejecutivo prevé enviar el proyecto a la Cámara de Diputados, donde considera que cuenta con mayores respaldos. Fuentes de la mesa política del Gobierno indicaron a Infobae que el debate en comisiones podría comenzar entre fines de septiembre y principios de octubre y estimaron que la iniciativa tendría un trámite rápido.

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“No se puede tratar”: ante la alerta global por la IA, el Gobierno pierde apoyo para impulsar un proyecto clave en el Congreso

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Es el tema del momento en medios de todo el mundo. El exinvestigador de IA, Jacob Coxon, publicó un hilo en X luego de renunciar a su cargo en Anthropic (la desarrolladora de Claude), en el que advirtió que pronto podría haber sistemas superinteligentes que podrían “matarnos a todos” para finales de la década. A esta advertencia se sumó la de Evan Hubinger, jefe de un equipo de seguridad de esa compañía, quien calculó en más del 10% la probabilidad de extinción de la raza humana en una década, si no se consiguen alinear los desarrollos de los próximos modelos de Inteligencia Artificial.

Argentina no está ajena a este debate que ya tienen repercusión en el plano político. Una de esas discusiones tiene basamento en el Senado: por esta agenda que creció exponencialmente desde el martes, legisladores de distintos bloques aseguran que el oficialismo de La Libertad Avanza deberá frenar la totalidad o al menos una parte central del proyecto de Ley General de Sociedades que empuja el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; se trata de una de las iniciativas que emociona al propio presidente Javier Milei.

El proyecto busca poner fin a la Ley 19.550 que data de 1972 y promueve la digitalización, flexibiliza el objeto social e introduce las “sociedades automatizadas”, aquellas que desarrollan su actividad mediante “sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria”.

El Gobierno ingresó ese proyecto el 1 de junio de este año y desde entonces se ha debatido en la comisión de Legislación General, presidida por la senadora nacional por Neuquén Nadia Márquez. Fuentes de La Libertad Avanza y de tres bloques aliados al oficialismo han admitido en privado que el debate, que había encontrado algunos cauces en las últimas semanas, seguramente se estanque producto de este nuevo contexto.

“Yo no lo voy a votar”, se sinceró una banca libertaria en estricta reserva. Mirando el panorama, otra figura cercana al oficialismo marcó: “Es el mismo fenómeno que la Ley de Tierras, no se puede tratar”. Una fuente gubernamental solamente se ocupó de aclarar que para la Casa Rosada “era una oportunidad importante” para tratar esta temática, pero que entienden que “la discusión pasa por otro lado hoy”. “El proyecto está disponible para cuando consideren oportuno tratarlo”, concluyen.

Hacia finales de agosto, la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, había anunciado cambios a la ley de Sociedades para poder garantizar el apoyo de bloques aliados que no estaban convencidos de firmar el dictamen. Si bien no se especificó el nuevo texto, la dirigente violeta apuntó a que quede clara la responsabilidad final de personas físicas en las sociedades automatizadas.

“Estamos pensando, desde el oficialismo y algunos bloques más, hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas con responsables físicos. Eso le va a dar más seguridad jurídica”, señaló Bullrich. La sugerencia de que se incorpore una persona jurídica había sido realizada también por el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez. Por su parte, Sturzenegger había visto con buenos ojos esta modificación y aclaró que solo “la gestión operativa de esa sociedad no la hacen humanos, sino programas, softwares, robots, o lo que fuera”.

El proyecto original que provino desde la Casa Rosada contiene tres capítulos y 277 artículos en total. Se trata de una reforma más amplia que la incorporación de sociedades con sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial. Es por eso que se multiplican las voces entre las bancadas senatoriales de que “es más fácil aprobar el proyecto en general que el capítulo particular que contiene el apartado de la automatización de sociedades”.

El debate que se puede generar sobre esta reforma en particular se inserta en un contexto, cuanto menos, hostil para las pretensiones de Milei, Sturzenegger o los principales impulsores del oficialismo. La discusión que se generó a partir de las declaraciones del exinvestigador en IA de Anthropic ha colocado a la Inteligencia Artificial en el centro del debate global, así como a las capacidades que tienen los Estados Nacionales o las mismas corporaciones para poder evitar que los modelos presentes muten en esquemas superinteligentes a partir de la automejora recursiva.

Para oficialistas y opositores que tienen una banca en el Congreso, la discusión sobre la letra chica del proyecto ya no es viable en términos políticos. Al menos no en el corto y mediano plazo. Es un panorama similar al de la Ley de Tierras hacia comienzos de agosto. Hubo senadores que habían firmado el dictamen de la iniciativa pero que con la cercanía de la sesión para darle media sanción al proyecto dieron marcha atrás y rechazaron capítulos importantes de la misma. Hay senadores que ya afirman en el off the record que no apoyarán la automatización de las sociedades.

En ese contexto, la administración nacional de Milei le ha dado importancia al rol de la Inteligencia Artificial para el desarrollo de la economía para las próximas décadas. En una entrevista reciente publicada por The Economistel Presidente volvió a prometer que la Argentina adoptará la IA como ningún otro país y que cree que podría ayudarla a “convertirse en una potencia mundial líder como Estados Unidos” en tan solo 20 años.

El Presidente no ha sido ajeno a este tipo de debates. El proyecto ideado en las usinas de Sturzenegger recibió una respuesta por parte del historiador y escritor Yuval Noah Harari —conocido por libros como Sapiens y Homo Deus, entre otros—, quien advirtió en una columna en el Financial Times que otorgar personería jurídica a agentes de IA les daría una “llave maestra” para acceder a los sistemas financieros, económicos y políticos con capacidades de poseer bienes, contratar personal, iniciar procesos judiciales y hasta de financiar campañas sin que exista una responsabilidad directa detrás de esas decisiones.

La respuesta epistolar del Presidente no tardó en llegar. A través de un texto publicado en el FT, Milei calificó de “inesperada” la preocupación de Harari por esa temática y remarcó que dotar de marco jurídico a las empresas gestionadas por IA “parece ser una característica necesaria” del porvenir tecnológico. Ahí sostuvo que una empresa autónoma sujeta a un marco legal que puede disolverla, embargar sus activos o exigirle responsabilidad “no está escapando de la ley. Está sometiéndose a ella”. Además, consideró que, si las empresas de IA implican riesgos mayores que las dirigidas por humanos, “el argumento a favor de la personalidad jurídica se fortalece, no se debilita”, porque estarían sujetas a las mismas sanciones, embargos y posibilidad de disolución que rigen para cualquier compañía no automatizada.

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“Entusiasmo” y “preocupación”: las esperanzas y los miedos del Gobierno por el viaje del papa León

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“¡Ahora que Dios nos ayude! Tenemos toda la fe del mundo en que va a estar todo bien, pero también hay riesgos. No vaya a ser cosa que la visita del Papa se nos vuelva en contra y se nos transforme en un infierno”.

Las palabras de uno de los funcionarios de La Libertad Avanza que más intensamente viene trabajando para que la llegada de León XIV se convierta en un hito histórico que el oficialismo pueda capitalizar antes del año electoral condensan, con extrema sinceridad y un adecuado vocabulario religioso, el sentir de la Casa Rosada ante lo que va a pasar entre el 8 y el 11 de noviembre: expectativa y miedo, todo a la vez. “Nos envuelve un entusiasmo espectacular porque es un evento que no vivimos hace cuatro décadas y al mismo tiempo estamos cagados hasta las patas por lo que semejante líder pueda llegar a decir en nuestras tierras. Igual, ya estamos jugados”. A medida que se acelera la organización y se acerca el Día D, más evidente se vuelve esa contradicción.

Nadie espera en Balcarce 50 que el sumo pontífice hable como un opositor al primer presidente liberal libertario de Argentina. Sin embargo, sus antecedentes y sus movimientos desde que llegó a la cúpula del Vaticano alcanzan para suponer que su mensaje estará alineado con la doctrina social de la Iglesia y no con el ajuste o la motosierra. Sin ir más lejos, Robert Francis Prevost eligió su nombre papal como un homenaje a León XIII, que entre 1878 y 1903 enfocó su liderazgo en conceptos como la justicia social, la compasión por el prójimo y la defensa de los más vulnerables. Así, el León elegido por el Colegio Cardenalicio el 8 de mayo de 2025 no necesita criticar a Javier Milei para incomodar al Gobierno; le alcanza con ser él mismo.

La estadía del sucesor de San Pedro en estos pagos, después de su paso por Uruguay y antes de su aterrizaje en Perú, se estima que movilizará en las calles a cerca de cinco millones de personas. Y supondrá 72 horas frenéticas de una suerte de cadena nacional sin respiro que despertará, en paralelo, una enorme atención planetaria.

El viaje de León XIV se convertirá, además, en el corolario de una secuencia internacional que puede terminar influyendo en el clima electoral vernáculo: el 4 de octubre se vota en Brasil, el 27 de ese mes sufraga Israel y el 3 de noviembre hay legislativas en Estados Unidos. Prevost desembarca en Ezeiza cinco días después de que Donald Trump, principal socio estratégico de Milei, mida su poder real de cara al segundo tramo de su mandato en la Casa Blanca.

Basta recordar apenas un dato para comprender la dimensión del acontecimiento que va a enfrentar la gestión violeta: la última vez que un Papa recorrió la Argentina durante una gira de semejante magnitud gobernaba Raúl Alfonsín, todavía no había caído el Muro de Berlín y Diego Maradona acababa de levantar la Copa del MundoJuan Pablo II, que ya había pisado fugazmente estas tierras en junio de 1982 para rezar por la paz en plena Guerra de Malvinas, llegó el 6 de abril de 1987 y a lo largo de seis jornadas visitó diez ciudades, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán. El cierre tuvo una potencia simbólica difícil de equiparar: encabezó la segunda Jornada Mundial de la Juventud ante una avenida 9 de Julio convertida en una marea humana. Desde entonces pasaron 39 años y once presidentes.

¿Puede la fiebre papal influir en el humor social y en el voto de 2027? En el Gobierno no se animan a descartarlo aunque ofrecen para ese interrogante la misma respuesta a la que apelan cuando se los consulta por casi cualquier variable del futuro cercano. “Hay que ver cómo está la economía”, apunta un vocero oficial. Si para fin de año los salarios, el consumo y la actividad muestran signos de recuperación, razonan, cualquier mensaje picante puede ser absorbido de otra manera. Si el panorama es diferente, cada referencia a pobres, desempleados, endeudados o excluidos tendrá una caja de resonancia distinta.

“Los vemos asustados. Y está bien. Me parece que no entienden nada de cómo se mueve el Vaticano y ese desconocimiento los asusta. Me imagino al Papa hablando de lo que habla siempre, de una manera contundente pero sin hacer de más o dañar a nadie. Ahora bien, tampoco podés pretender que no hable de ciertas problemáticas”, sintetiza un importante miembro de la Iglesia que trabaja desde hace tiempo en el vínculo con el Vaticano y que adelanta que dramas como la “ludopatía” o el “suicidio de los menores de edad” podrían aparecer en alguna de las homilías.

Uno de los primeros “cortocircuitos” organizativos ilustra las expectativas, en ocasiones dispares, del Gobierno y de la curia local: bajo el argumento de la seguridad, desde el Poder Ejecutivo se pretendía privilegiar actos más controlados, en espacios cerrados o con aforos manejables y una logística que evitara concentraciones gigantescas. El Vaticano escuchó la preocupación sin confrontar pero sostuvo su propio criterio: un Papa que viaja por primera vez a una nación que encima vio nacer a su antecesor Jorge Bergoglio tiene que encontrarse con la gente. El esquema terminó con tres grandes misas populares en el horizonte -en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján-, además de una vigilia juvenil que se evaluó realizar en el estadio de River Plate pero que quedó confirmada a cielo abierto en el barrio porteño de Palermo. El verdadero poder para definir el recorrido, las actividades y el tono general está en la Secretaría de Estado de la Santa Sede, cuya capacidad de decisión sobre la estructura local de la visita es, describen desde Italia, “abismal”. Los organizadores argentinos proponen; Roma acepta, modifica o directamente descarta.

La Libertad Avanza puede ordenar aeropuertos, decidir recorridos vehiculares, cerrar avenidas, preparar vallados, desplegar policías y poner ambulancias. No puede pedirle al Papa que hable de determinados asuntos ni que evite otros.

Hay antecedentes que alimentan la inquietud libertaria. León XIV ya mantuvo tensiones discursivas con la administración Trump por cuestiones como las guerras y la inmigración; incluso el Vaticano salió a rechazar la lectura de que sus mensajes fueran intervenciones partidarias y reivindicó que el pontífice estaba expresando el Evangelio. Durante su paso por España fue todavía más concreto: habló sobre desigualdad, dignidad del trabajo, política social, xenofobia, cultura del descarte y cuestionó la descalificación permanente del adversario.

En ese marco cobra especial importancia un concepto que empezó a circular entre políticos, empresarios y dirigentes sociales: el decimosexto punto de Magnifica Humanitas, la primera encíclica escrita por León, llama a poner al ser humano en el centro de las decisiones y ubica entre “las piedras desechadas” a pobres, enfermos, migrantes y niños. Son apenas unas líneas dentro de un documento mucho más extenso sobre los desafíos humanos de la inteligencia artificial, pero en la Argentina de Milei alcanzaron para convertirse en material de lectura del Círculo Rojo. Suspicaces, abstenerse.

El detrás de escena de semejante despliegue papal también terminó atravesado por la interna más conocida de La Libertad Avanza: la de Karina Milei y Santiago Caputo. “El Jefe” decidió ponerse al frente del operativo y ubicó en el centro de la organización a Mara Gorini, una colaboradora de su máxima confianza que, aunque no tiene una designación formal en el Boletín Oficial sino apenas un contrato de locación, funciona como su voz y sus ojos en todas las reuniones de relevancia.

En el Ejecutivo aseguran hacia afuera que todos empujan hacia el mismo lado. En el más estricto off, en cambio, reconocen que la llegada de la hermana presidencial ordenó una coordinación que venía mucho más trabada. “Desde que se metió Karina todo se aceitó. Hasta último momento se notó la tensión porque Cancillería no habilitaba detalles técnicos y trababa la fluidez necesaria”, describen en la Iglesia. La frase tiene traducción política: el Ministerio de Relaciones Exteriores está comandado por Pablo Quirno, uno de los ministros que en el ecosistema libertario mantiene un vínculo político directo con “El Mago del Kremlin”. Ninguno de los sectores, al menos en un inicio, quería cederle protagonismo al otro. Después, todo empezó a aceitarse. En el episcopado destacan especialmente el desempeño de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y del secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. “Son ecuménicos, no se meten en peleas sin sentido y nos ayudan a resolver muchos desafíos”, elogian.

Con la confirmación del viaje del Papa y sus primerísimos detalles empezaron también los encuentros organizativos interjurisdiccionales. De una de esas reuniones salió una postal que sorprendió hasta a sus protagonistas: Karina Milei y Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Axel Kicillof y uno de los hombres más enfrentados dialécticamente con la administración nacional, sentados en la misma mesa junto a enviados de Jorge Macri y Martín Llaryora. “Si León nos deja esa imagen, ya ganamos”, celebraron desde la delegación técnica del Vaticano, encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de Viajes Apostólicos.

El itinerario definitivo todavía necesita la aprobación final de la Santa Sede y deberá ser comunicado oficialmente durante septiembre junto con el lema y la identidad visual de la visita. Pero el borrador sobre el que trabajan las autoridades, como adelantó Infobae, ya permite reconstruir casi minuto a minuto lo que puede pasar entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

La primera jornada estará dominada por la institucionalidad. Después del aterrizaje, León XIV irá a la Plaza San Martín para colocar una ofrenda floral ante el monumento al Libertador. De allí se trasladará a la Casa Rosada para encontrarse con Javier Milei, en un mano a mano que será la demostración empírica de que el vínculo con la Iglesia cambió radicalmente desde los tiempos en que el entonces candidato libertario insultaba a Francisco. Luego, llegará uno de los eventos con mayor concentración de rosca: el del Palacio Libertad; la Nunciatura y el Gobierno preparan ahí un mitin con autoridades federales, el cuerpo diplomático, gobernadores, legisladores, jueces, empresarios y sindicalistas que intentarán acercarse al metro cuadrado donde esté el sucesor de Pedro.

En ese listado se esconde un inconveniente institucional que genera perplejidad en Roma. “El Gobierno va a tener un quilombo con la invitación a Victoria Villarruel: afuera no les entra en la cabeza que estén peleados”, advierten. Para una estructura milenaria, vertical y especialmente respetuosa de las jerarquías formales, resulta difícil asimilar que el Presidente y su vice lleven meses sin vínculo político y que cada actividad en la que ambos coincidan obligue a estudiar posibles ubicaciones y hasta distancias físicas.

Si el domingo será el día de las instituciones, el lunes tendrá mucha más carga social. León XIV empezará temprano en el Pequeño Cottolengo Don Orione del municipio bonaerense de Almirante Brown, una institución de bien público que atiende de manera integral a alrededor de 400 personas con discapacidad. Los enviados del Vaticano ya caminaron sus cincuenta hectáreas y observaron los hogares, la escuela especial, el centro médico y los espacios en los que el Papa podría tomar contacto con residentes y trabajadores.

No hace falta escribir un discurso opositor para comprender la potencia de esa instantánea, teniendo en cuenta que la discapacidad se convirtió en uno de los asuntos conflictivos más intensos del gobierno de Milei: el escándalo ANDIS, reclamos de prestadores, auditorías sobre pensiones, marchas, cruces judiciales y la disputa interminable por la emergencia sancionada en el Congreso y vetada por el Ejecutivo.

De Claypole, la comitiva volverá a la Ciudad para la primera gran misa porteña en el Monumento a los Españoles, con recorrido en papamóvil incluido. Durante la tarde de esa jornada está previsto un “encuentro con el mundo del trabajo” en la Universidad Católica Argentina; allí, muchos de los que no conseguirán una audiencia privada tendrán su mejor oportunidad para ver al líder cristiano de cerca. La CGT está decidida a aprovecharla: Gerardo Martínez, jefe de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la central obrera, y Cristian Jerónimo, cotitular cegetista y dirigente del gremio del vidrio, están en estas horas en Roma junto a representantes empresarios y de movimientos sociales para participar del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti y pretenden pedirle en persona una audiencia cuando viaje a Buenos Aires.

La Santa Sede incluso analizó una invitación de la UTEP y de organizaciones de cartoneros para participar de una suerte de asamblea popular. La idea quedó prácticamente descartada porque podía ser leída como una fotografía demasiado sectorial y politizada. León XIV, juran, no quiere profundizar la grieta argentina.

Hay 99% de chances de que no haya reuniones individuales con dirigentes”, revela una fuente eclesial que conoce los pormenores de la agenda final. Esa misma persona adelanta un punto delicado: sí puede haber una reunión “con víctimas de abuso”. Ya lo hizo durante otros destinos.

Y si de asuntos ríspidos se trata, ¿puede haber una referencia directa de León a la actualidad económica argentina? El misterio alrededor de sus palabras es total, pero el Papa fue informado de los reclamos que viene respaldando la Iglesia. Un ejemplo: Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, reclamó no observar la morosidad de las familias con superficialidad y pidió buscar respuestas para los hogares que quedaron atrapados en deudas cada vez más difíciles de cancelar. El comentario, como era de esperar, irritó a dirigentes libertarios que rechazan una intervención del Estado para resolver créditos privados. Es el mismo tipo de urticaria que despertaron las homilías virales del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante celebraciones patrias como la del 25 de mayo o el 9 de julio.

A Colombo el vínculo con Milei también le deja un gusto amargo. A pesar de conducir el Episcopado desde noviembre de 2024 y de ser uno de los interlocutores fundamentales de toda la organización papal, todavía no consiguió que el mandatario lo reciba personalmente. “El Presidente es un tipo que no se reúne con mucha gente. Lo entendemos. Pero incomoda. No cuesta nada tomarse un café”, cuestionan.

El martes 10 de noviembre el avión papal volará a Córdoba. En la provincia serrana lo espera Martín Llaryora, que aprovechó desde el primer momento la oportunidad para involucrarse en la organización. Lo mismo hizo el cardenal Ángel Rossi, un arzobispo que mantiene en alerta a las antenas violetas ya que en el pasado dijo que favorecer a sectores opulentos mientras se restringe la asistencia a discapacitados, jubilados, enfermos y vulnerables representa un “sadismo de Estado”.

La jornada cordobesa incluirá una misa multitudinaria y un encuentro con religiosos, sacerdotes y seminaristas. En la Casa Rosada descuentan que habrá fotos de cordialidad institucional y ruegan para que nadie intente transformarlas en material de campaña.

El miércoles será el cierre y quizás la jornada de mayor contenido simbólico. El primer destino previsto es una cárcel de CABA. No sorprende: León viene hablando de las personas privadas de su libertad como seres humanos que no pueden quedar reducidos al delito que cometieron. Después será el turno de Luján, la escala final y probablemente la concentración más grande del viaje. Axel Kicillof adelantó un largo vuelo a China para no perderse el evento. Su gobierno viene trabajando con Colombo y con el arzobispo Jorge Scheinig tanto para la visita al Cottolengo como para la misa en la Basílica y puso parte de la estructura bonaerense a disposición. No tiene prevista una audiencia privada, pero nadie duda de que conseguirá una de las fotografías políticamente más codiciadas del viaje.

Para cuando se llegue a esa instancia del periplo papal estará en su punto máximo también el gran desafío logístico para las autoridades nacionales: conseguir que todo funcione. El Ministerio de Seguridad ya constituyó comandos unificados especiales para coordinar el despliegue interfuerzas en las jurisdicciones involucradas. La SIDE también se metió de lleno en modo León: su titular, Cristian Auguadra, le confirmó a la Bicameral de Inteligencia del Congreso un incremento de los gastos reservados que la oposición calculó en unos $12.000 millones durante el año.

No existen, de acuerdo con lo expuesto por el propio organismo, amenazas terroristas específicas detectadas en la Argentina vinculadas con el viaje. Pero la combinación de un líder mundial, una comitiva internacional, millones de personas en las calles y múltiples escenarios abiertos exige un dispositivo que ya trabaja sobre hipótesis de máxima complejidad. “La seguridad es como la del G20”, grafica uno de los responsables del operativo. En Casa Rosada estiman que cada día de actividad de León XIV puede demandar entre siete y diez millones de dólares sin contar los costos ordinarios que insumirán las fuerzas federales; habrá traslados, estructuras, atención sanitaria, pantallas, sonido, baños, corredores de evacuación, puestos de hidratación y una infraestructura capaz de absorber multitudes en lugares diferentes con pocas horas de diferencia.

La Iglesia, por su parte, aporta una pequeña fuerza propia: en este final de la semana ya había más de 7200 personas anotadas para trabajar ad honorem como voluntarios durante la visita y la inscripción sigue abierta.

Es por esa acumulación de desafíos que una posibilidad que nació casi como comentario informal empezó a escalar en las conversaciones oficiales: que el Gobierno termine decretando un asueto administrativo o incluso un feriado durante una o varias de las jornadas papales. “Algo van a tener que hacer, si no es imposible”, dicen sin rodeos en la Iglesia. Después de cuatro décadas de espera, Javier Milei quizás no tenga demasiadas alternativas.

Hasta entonces, Karina Milei, Gorini, Quirno, Monteoliva, Fernández, los gobiernos de Macri, Kicillof y Llaryora, la Conferencia Episcopal y la todopoderosa Secretaría de Estado del Vaticano seguirán reuniéndose para intentar que nada quede librado al azar. Todos esos actores son conscientes de que hay una sola variable que el poder político de turno no podrá poner en ninguna planilla: lo que León XIV decida decir cuando tenga el micrófono encendido frente a millones de personas.

Tenemos toda la fe del mundo en que va a estar todo bien”, había dicho el funcionario libertario que más se involucró con el viaje apostólico del sumo pontífice. La fe, esta vez, va a tener que alcanzar.

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