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Ante la falta de consenso, mandan a un cajón la ley de hidrocarburos

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La ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas fue presentada en sociedad por Darío Martínez, Martín Guzmán y Alberto Fernández, inmediatamente después de la derrota en las PASO. En ese momento, Guzmán aprovechó el escenario para responderle a Cristina Kirchner sus críticas al manejo económico. Luego se desató las catarata de renuncias de todos los funcionarios kirchneristas, excepto el secretario de Energía, Darío Martínez.

“Martínez llegó al cargo con el respaldo de Cristina, pero luego tomó distancia y esa tensión se trasladó al peronismo de Neuquén. Esta ley esta hecha a medida de intereses que no nos representan”, afirmó a LPO una fuente del kirchnerismo al tanto de la situación.

“Alberto desconoce el tema petrolero y lo dejaron expuesto. En cambio Cristina es petrolera, conoce cabalmente la cuestión, la considera prioridad absoluta y la sigue muy de cerca. De hecho, hubo que escribir dos veces el proyecto porque la primer versión fue rechazada por ella”, agregó la fuente.

Lo cierto es que la vicepresidenta trabajó como convencional constituyente en la redacción de la Constitución de ’94, donde se le concedió a las provincias el dominio y la jurisdicción de los recursos del subsuelo -entre ellos los hidrocarburos- que según entienden los gobernadores patagónicos, este nuevo proyecto pone en jaque.

“La ley es un impuesto nacional sobre un recurso no renovable de pertenencia de las provincias y encima no coparticipable, y por el cual no cobramos ingresos brutos. ¿Saben lo que significaría cobrar ingresos brutos sobre la exportación de crudo y gas?”, afirmó el neuquino Omar Gutiérrez, presidente de la liga de provincias petroleras (Ofephi) y uno de los críticos más frontales de la norma. Críticas similares expresó el líder histórico del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Jorge Sapag.

La lectura de los gobernadores de las provincias petroleras es que el artículo 90 del proyecto que indica que la autoridad de aplicación respecto a los permisos de exploración, las concesiones de explotación y las concesiones de transporte y almacenamiento subterráneo en las áreas hidrocarburíferas competen a la Secretaría de Energía de la Nación, avasalla los derechos de las provincias otorgado precisamente por la Constitución del ’94.

“La ley le otorga a la Nación una participación y reconocimiento sobre las reservas que hasta el momento no tiene. Es evidente que al MPN le molesta que entre la Nación porque aparece un actor más con quién dividir la torta”, reconoció a LPO una fuente del Gobierno.

Sapag fue taxativo: “Considero que el art 90 es un error de redacción, un desliz, que hay que corregirlo”. Según una fuente del gobierno neuquino consultada por LPO, “Sapag es una figura muy relevante ante esta problemática ya que fue quien diseñó Vaca Muerta junto a Cristina”.

Gutiérrez expresa al conjunto de la Ofephi porque la disputa que se refleja en esta ley es por Vaca Muerta. Es por eso que otras de las críticas del gobernador deviene en como se estipula la línea de base que mide la producción incremental sobre la cual se definen los cupos exportables. Este cuestionamiento es compartido por las empresas del sector que resultan perjudicadas, como reveló LPO.

“Las empresas que garantizamos el abastecimiento interno, solo queremos exportar cuando cumplamos esa demanda. Petrona, Shell y Vista invirtieron en lo peor de la pandemia, su producción creció y ahora es lógico que pidan exportar. Invertimos cuando todos estaban parados. Lo que pedimos con cambiar la base, es que nos reconozcan esa inversión” afirmaron a LPO fuentes del mercado, que agregaron que el gobierno nacional defiende la actual línea base, por una presión del ministro Martín Guzmán, que está mirando un tema fiscal.

El kirchnerismo también cuestiona otro aspecto clave de la norma. Afirman que la estabilidad fiscal por 20 años que promete, barre con los derechos de exportación como herramienta de la política económica. “Como no las podes tocar, quedás pegado al precio internacional. Se dolariza tu recurso, y como vos no generas dólares, viene la inflación y la devaluación. Lo mismo pasa con la ley del Consejo Agroindustrial. Acá hay dos modelos en pugna, por un lado la salida exportadora de Guzmán y la opuesta que se traduce energía y alimentos baratos, justamente lo que propone Cristina”, analizaron ante LPO.

El legislador del kirchnerismo neuquino Mariano Mansilla, sostuvo a LPO que “la disputa por la orientación de la política energética en nuestro país tiene muchos capítulos donde sucedieron tensiones entre las grandes corporaciones de las potencias occidentales contra militares nacionalistas y luego, desarrollistas convencidos por la fuerza del lobby de los trust del Petróleo. Como integrantes del Frente de Todos, y para sostener una de las principales banderas de la plataforma de gobierno que impulsamos para Alberto y Cristina, entendemos que debe ajustarse la mirada para pensar el régimen de esta ley”.

Desde el sector de los trabajadores cobra vigor la resistencia. “A Pereyra lo tenían cerrado y se les está dando vuelta. Ya no banca de pleno al proyecto”, agregó una fuente del sindicato petrolero.

En declaraciones a la prensa el secretario General del gremio afirmó: “Las provincias están pidiendo un cambio en algunos artículos, principalmente en el artículo 90, donde los gobernadores manifiestan que avasalla la titularidad que tienen las provincias por la ley corta, por la Constitución del ’94”.

Mientras que Marcelo Rucci consideró que la puja entre de Neuquén y el Gobierno nacional “debe resolverse rápidamente. El artículo 90 de la medida es el que está en discusión, el cual habla de la autonomía de la provincias. Desde el Sindicato estamos a favor que eso no se pierda, que no pierdan las provincias”.

Lo cierto es que ante la falta de consenso, la ley no avanza. No hay agenda prevista para actividad parlamentaria y desde el bloque oficialista afirman que por ahora está cajoneada.

(LPO)

 

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Milei reiteró su respaldo a Israel en la guerra frente a Irán y cuestionó a la comunidad internacional: “Son cobardes”

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El presidente Javier Milei volvió a referirse al conflicto en Medio Oriente y reiteró su respaldo a Israel en la guerra frente a Irán. Todo se da antes del viaje que el mandatario tiene preparado para los próximos días, donde participará de los festejos por el Día de la Independencia del país hebreo.

En una entrevista con el Canal 14 de Israel, Milei sostuvo: “Si hay algo que caracteriza a Israel es que puede convivir con sus vecinos. No tiene problemas de convivencia. Sin embargo, el caso de Irán quiere el exterminio de Israel. Entonces, usted no puede tener una actitud pasiva, una actitud tibia al respecto. Claramente, Irán es una amenaza”.

En ese sentido, afirmó que el régimen iraní es “enemigo de Argentina” luego de los dos atentados en la Embajada de Israel y en la AMIA terroristas que sufrió el país durante la década de los noventa, que dejaron centenares de víctimas. “Estamos hablando de un país que trabajó con organizaciones terroristas para poner bombas en mi país. Y además, el peligro que representaba Irán desarrollando potencial nuclear, poniendo en riesgo a todo el planeta, sino que además exportaba el terrorismo por el mundo y además lo financiaba”, continuó.

“Claramente no es solamente un enemigo de Israel, es un enemigo de todo Occidente. Es decir, frente a alguien que lo quiere exterminar, usted no puede negociar, no puede tener una posición intermedia, no puede tener una posición gris, se lo va a llevar puesto”, enfatizó.

Las palabras de Milei llegaron mientras Estados Unidos e Israel negocian con el régimen iraní para cortar el conflicto armado y retomar las condiciones normales en el Estrecho de Ormuz. Mientras tanto, el gobierno israelí acordó un alto al fuego con Libano que entrará en vigor en la tarde de este jueves.

Sin embargo, ante la pregunta sobre cómo el mandatario argentino veía a la comunidad internacionales, aseguró: “Son cobardes que tienen miedo de enfrentarlos. Si usted quiere la paz, tiene que estar preparado para la guerra. Si no entendemos eso y no estamos dispuestos a enfrentar a aquellos que quieren arruinar nuestra existencia, uno va a terminar siendo víctima de todas maneras. La persona que tiene miedo muere todos los días. En cambio, el que enfrenta la vida con coraje va a morirse una sola vez”.

Y añadió: “Nosotros hemos sido víctimas de eso, pero yo soy muy optimista con lo que está pasando en este momento. Debemos agradecer al Creador por tener líderes de la estatura de Netanyahu y de Donald Trump, decididos a poner fin a este flagelo sobre la humanidad. Los dos merecen mi total apoyo, porque es la forma de encarar y terminar de una vez por todas de estas personas que se encargan de sembrar el terror y el horror en el mundo”.

En tanto, Mieli se refirió antes de su viaje a Israel para los festejos por el Día de la Independencia y donde será homenajeado por el presidente Isaac Herzog con la “Medalla de Honor Presidencial” por su “incansable apoyo internacional” a esa nación y su compromiso personal con “los familiares de las víctimas” desde los ataques Hamás del 7 de octubre de 2023.

“Verdaderamente me sentí emocionado. Defiendo la causa de Israel, la causa del pueblo judío, porque es una causa justa. Y lo hago sin especulación política, sin especulación de ninguna manera. Lo hago porque verdaderamente lo siento así y, como jefe de Estado, tengo la posibilidad de alinear esta visión”.

Además de los reconocimientos, Milei se reunirá por tercera vez con el primer ministro Benjamin Netanyahu. En tanto, se esperan avances con la mudanza de la embajada de Argentina a Jerusalén, mientras la representación diplomática a cargo de Axel Wahnish sigue en Tel Aviv.

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El Gobierno presentó un per saltum ante la Corte para que quede sin efecto la suspensión de la reforma laboral

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La Procuración del Tesoro de la Nación presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso extraordinario federal de per saltum para que intervenga directamente en el expediente sobre la Ley 27.802 de Modernización Laboral sin esperar fallo alguno de segunda instancia.

El escrito del cuerpo de abogados del Estado pide la revisión del fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que el 30 de marzo suspendió la aplicación de 83 artículos de la ley.

La Procuración, representando a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, exigió que se acepte el recurso extraordinario, que se declare su admisibilidad y que se suspendan los efectos de la sentencia cautelar hasta que la Corte resuelva de modo definitivo.

Además, solicita que la Corte revoque la sentencia del tribunal laboral en cuanto considera que fue dictada por un juez incompetente y que no se configura un caso judicial ni existe legitimación activa colectiva.

Según el texto presentado, la acción inicial fue iniciada por la CGT, que había pedido la declaración de inconstitucionalidad y la suspensión cautelar de una serie de artículos de la Ley 27.802.

La CGT argumentó que los artículos impugnados modifican el régimen laboral vigente y vulneran derechos y garantías constitucionales, como la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la Justicia. El titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda, aceptó la medida cautelar solicitada, suspendiendo con alcance general los artículos cuestionados por la central obrera.

En su recurso, la Procuración sostiene que la CGT no acreditó la existencia de un caso concreto ni identificó ningún acto específico que le haya causado un perjuicio, señalando que su acción se basa en argumentos abstractos y generales.

Asegura también que la CGT carece de legitimación suficiente para representar en este proceso a todos los trabajadores del país y que el juez de primera instancia omitió considerar la representación sindical según lo exige la normativa vigente.

La Procuración remarca que la causa es de competencia federal, dado que el Estado Nacional es parte y los efectos de la resolución se extienden sobre todo el territorio argentino. Explica que la competencia del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 fue oportunamente rechazada y que se planteó una inhibitoria ante el fuero Contencioso Administrativo Federal.

El 10 de abril, en efecto, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 hizo lugar a ese planteo y reclamó el expediente, sin que hasta ese momento se haya dictado ninguna resolución que revierta la suspensión dictada por el juzgado laboral.

El recurso presentado califica la situación como una de “gravedad institucional”, ya que sostiene que la suspensión de una ley nacional con alcance general por parte de un tribunal local implica un avance sobre las atribuciones del Congreso y pone en riesgo el principio de división de poderes. El escrito cita diversos precedentes dictados por la Corte Suprema, argumentando que ningún juez está facultado para suspender una ley nacional con efecto erga omnes (que es un principio jurídico por el cual una norma, sentencia o derecho es aplicable a todas las personas, no sólo a las partes involucradas en un litigio).

De acuerdo con la Procuración, la decisión judicial genera un “perjuicio irreparable” al imponer incertidumbre sobre la vigencia de la Ley N° 27.802, afectando la seguridad jurídica y la estabilidad del marco regulatorio para empleadores y trabajadores a nivel nacional. También advierte que, de confirmarse este mecanismo, cualquier juez podría suspender leyes nacionales, con el consiguiente riesgo para el sistema normativo.

El recurso describe distintas objeciones legales y procesales a la sentencia de primera instancia: cuestiona la falta de análisis concreto sobre los artículos suspendidos, sostiene que la cautelar adoptada coincide con el objeto principal del proceso (lo que estaría prohibido por la legislación), y señala que el juez fue más allá de lo solicitado por la CGT al suspender artículos que no formaban parte del pedido original.

La Procuración concluye que la única vía “eficaz” para revertir la medida recurrida y proteger el derecho federal invocado es la intervención urgente de la Corte Suprema mediante el mecanismo de per saltum. Solicita, en consecuencia, que el el máximo tribunal disponga la suspensión de los efectos de la sentencia cuestionada y restituya la plena vigencia de la Ley N° 27.802 mientras se tramita el recurso extraordinario.

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El Gobierno admite una falta de ritmo en la gestión por el impacto del caso Adorni y las diferencias internas

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Desde la irrupción mediática y el consecuente desenlace que dio lugar a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, varios integrantes del Gabinete empiezan a detectar una especie de lentitud y empantanamiento en la gestión, que adjudican a diversos motivos. Frente a la caracterización que parece ser colectiva, salvo contadas excepciones, lo que difiere es la línea argumental con la que intentan justificar la demora en la dinámica. Los planteos son de todo tipo y color.

Sin embargo, también existen voces que niegan ese diagnóstico y destacan el funcionamiento interno de cada cartera, que someten a revisión en cada instancia de coordinación colectiva. “Nosotros no paramos. A Adorni lo llamo y las cosas se resuelven. Cuando hay política en el medio las percepciones pueden no ser objetivas”, lo defendió un ministro ante Infobae.

Entre los que detectan signos de quietud en la diaria figuran quienes le confieren el “stand by” del proceso -que aclaran arrastraba demoras- a la causa abierta contra el ministro coordinador. Convergen con quienes sostienen que las diferencias internas entre los vértices del Triángulo de Hierro complejizan la operatoria institucional.
“La idea de la mesa política es tratar este tema”, expresó un alfil violeta que abona al último grupo y que cuestiona la sobrediscusión abierta y la “burocratización” que se despliega ante cada decisión.
“En esta dinámica de gobierno asambleario, cualquier ruido se convierte en noticia”, contrarrestó una importante voz que, en cambio, relativiza a la mesa política como instancia de decisión colectiva que funciona, en paralelo, a las reuniones de Gabinete. El interlocutor detecta una falta de resolución en algunos temas, que adjudica a la multiplicidad de opiniones, y lo ejemplifica con el vencimiento del plazo dispuesto por el fallo judicial que habilita la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario.
A colación de la situación, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habilitó en las últimas horas el tratamiento en comisiones para la próxima semana del proyecto ya anunciado y diseñado en Balcarce 50 en medio de acusaciones por haber “pisado” su debate.

Lo cierto es que, desde hace días, el Gobierno que ensaya sobrados gestos para retomar el control de la agenda, combinados con las muestras de apoyo al funcionario señalado. No obstante, no logra golpes de impacto en la gestión ni definir una hoja de ruta legislativa que establezca prioridades claras en el Congreso.

Pese a anuncios y anticipos de normativas como las promesas por tan mencionado Código Penal, pendiente desde diciembre, y la Reforma Política, con sorpresivas modificaciones de último momento, aún restan definiciones y la puesta a punto de un cronograma que permita ordenar la dinámica diaria.

Desde el inicio de sesiones ordinarias, luego del discurso del presidente Javier Milei, uno de los principales defensores del ministro coordinador, el oficialismo solo trató -con éxito- la Ley de Glaciares en Diputados, una de las banderas de los gobernadores mineros. A esa noche en la que la Casa Rosada cosechó 137 acompañamientos que habilitaron las modificaciones, le siguió una serie de proyectos anunciados que, por distintos motivos, aún no tienen fecha de tratamiento.

Todo lo que se mandó, se aprobó. Es natural que a veces haya una sobreexpectativa de proyectos porque no se tienen en cuenta los tiempos parlamentarios“, destacó una fuente legislativa en diálogo con este medio.

En medio de la multiplicidad de voces, algunos miembros de la mesa política -que volverá a reunirse este viernes desde las 11 en la planta baja de Casa Rosada- alertan además por un desfasaje entre las necesidades del Poder Ejecutivo y los escenarios que barajan los alfiles negociadores en el Congreso.

Para evitar la descoordinación, el ex vocero, en su nuevo rol, atiende de manera individual las prioridades de cada cartera, fija plazos de seguimiento e intenta habilitar instancias de síntesis colectiva, como los intercambios de Gabinete, que buscará realizar con mayor frecuencia. “Es clave trabajar en equipo. Lo bueno es que, a veces, una solución que funciona para otro puede ser readaptada a tu mismo problema”, los respaldó un miembro de una importante cartera a este medio.

A la causa judicial contra Adorni en movimiento, que motiva constantes señales de respaldo del Ejecutivo orquestadas por los Milei, se suma la tensión propia de una interna, que aún no encuentra resolución. En ese escenario, el oficialismo busca ordenarse e imprimir mayor celeridad a una gestión que, desde hace más de un mes, muestra signos de parálisis. “O nos ordenamos o la realidad nos va a terminar ordenando”, expresó, a tono de necesidad, un habitué de la quinta de Olivos.

El diagnóstico parece ser compartido; no así la receta. Otra diferencia que amenaza con sumar un nuevo capítulo a la lista de tensiones internas que postergan los planes de transitar los “mejores 18 meses de la historia”.

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