Con la mente puesta en la reelección en 2027, el Gobierno estudia la posibilidad de insistir con algunos cambios contemplados en la ya existente reforma electoral que fue diseñada por el asesor presidencial, Santiago Caputo, y enviada al Congreso Nacional en noviembre de 2024. Una importante fuente confesó a Infobae que la idea de sancionar varios puntos del proyecto durante el 2026, año en el que no habrá elecciones, madura en varios despachos de la Casa Rosada, lo que daría pie a modificaciones en el sistema que están pendientes.

Como contó este medio, en un sector de la administración libertaria circula la intención de impulsar el debate que permita implementar la Boleta Única de Papel (BUP) en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que la nueva modalidad rija tanto para las elecciones nacionales como las provinciales. “No hay coincidencia en los sistemas electorales. Nosotros apuntamos a simplificarlos y a unificar los procesos para no complicarle la vida a la gente“, argumentó un libertario a este medio.

Al momento, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, con sus particularidades, ya hacen uso de la BUP, lo que esperanza a la titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, a implementarla en el resto del territorio. Asimismo, también se baraja la chance de añadir un nuevo casillero a la papeleta actual que le permita a los electores tildar la lista completa para evitar descuidos u olvidos en la elección por categorías. En Casa Rosada saben de antemano que las modificaciones serán resistidas por los gobiernos locales, por lo que apuntan a dar las discusiones de cara a la sociedad.

Otro de los cambios en mente gira en torno al mecanismo de elección de los Parlamentarios del Mercosur, que actualmente combina un sistema mixto. De introducir las modificaciones, el método dejará de ser directo y pasará a ser indirecto. De esta forma, los legisladores decidirán de acuerdo a la representación de cada espacio. Para eso, deberán modificar la Ley 27.120, eliminar el sistema actual, derogar la elección directa por voto universal e incorporar un mecanismo de elección indirecta.

El cuarto punto estima modificaciones en el régimen de partidos políticos, una de las obsesiones del ex jefe de Gabinete Guillermo Francos durante su paso por la gestión, con el objetivo de “mejorar la calidad institucional”, lo que supondrá una revisión estructural del sistema de financiamiento de cada sello para “distribuir de manera más eficiente el costo que representa el sostenimiento de las actividades de campaña de cada partido”.

El proyecto de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, cuyo tratamiento legislativo no prosperó, contemplaba el aumento de topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral que por ley tenían que ceder los medios, la eliminación del financiamiento público para las campañas, la reducción de encuestas de 8 días a 3 días anteriores a cada elección y la creación de la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral.

El futuro de las PASO

“Desde su creación las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio sólo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”, supo definir Manuel Adorni en traje de vocero presidencial cuando anunció en conferencia de prensa el envío del proyecto de ley que se vio frustrado.

Por estas fechas, la administración libertaria debate internamente la posibilidad de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) rumbo al 2027.

Si bien a principios de marzo logró la suspensión de las mismas para el proceso electoral de este 2025, luego de que se aprobara la ley en Diputados y Senadores, aún hay dudas sobre la eliminación. “Es necesario revisar el tema de las PASO. Son innecesarias y suponen un alto costo para el Estado. Cada partido debería poder resolver sus dilemas internamente”, argumentaron en una de las tribus libertarias.

Otras voces sostienen que pese al gasto, las PASO “indefectiblemente ordenan la política” por lo que la resolución a la multiplicidad argumental quedará para el próximo año.

En la antesala a la presentación del proyecto de reforma laboral, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció este viernes la convocatoria a un paro nacional para el martes 9 de diciembre, acompañado de una movilización al Congreso de la Nación.

La medida responde al rechazo de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la exigencia de reapertura de paritarias con recomposición salarial de emergencia en el sector público y la oposición al plan del Poder Ejecutivo para ajustar 10% del personal en organismos públicos.

El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, admitió que los cambios que impulsa La Libertad Avanza (LLA) en la Ley de Contrato de Trabajo son “pro mercado”, y que “la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”. “No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos. Quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza”, señaló el gremialista en su mensaje en X.

“Tienen que convocar a paritarias y otorgar una recomposición salarial de manera inmediata. Están soñando en el Gobierno si piensan que van a poder recortar el 10% de la planta estatal”, sostuvo Aguiar.

El dirigente remarcó también que “experiencias similares aplicadas durante la crisis global de 2009-2010 fracasaron en todos los países donde se implementaron” y recordó que el período con mayor creación de empleo registrado en Argentina se produjo entre 2002 y 2011/12, cuando estaba vigente la doble indemnización.

En la convocatoria oficial a la huelga, el gremio advirtió que sobre el contexto de “fuerte recesión, con trabajadoras y trabajadores precarizados con marcado desempleo, subempleo y multiempleo (para poder cubrir las necesidades básicas)”, y que pese a esos retrocesos el Gobierno “avanza en una reforma que solo plantea beneficiar a grandes empresas y multinacionales, cercenando cada vez más los derechos adquiridos por la clase trabajadora, permitiendo, entre otras cosas, despedir sin indemnización, ampliar la jornada laboral y limitar la negociación colectiva”.

El texto señala como reivindicaciones los siguientes puntos:

• Rechazo a la reforma laboral regresiva que propone el Gobierno Nacional

• Inmediata reapertura de las paritarias y aumento salarial para las y los estatales.

• No al desguace del Estado.

• Aumento salarial de emergencia para las y los jubilados.

• Pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados

• Rechazo a las privatizaciones de empresas públicas y a la venta de inmuebles del Estado.

• Reincorporación de todas las y los trabajadores despedidos.

• Restitución de los fondos adeudados a las provincias.

• Rechazo a la armonización de las cajas previsionales provinciales.

• Restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

El pliego lleva las firmas del propio Aguiar, junto con los directivos de ATE Eduardo Gustavo Cuentres, secretario gremial, Mirta Inés Matheos, secretaría Administrativa, Mercedes Cabezas, secretaria General Adjunta.

En noviembre, el Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal contra Rodolfo Aguiar por el presunto delito de amenaza de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática,

Dentro de los organismos públicos señalados para una eventual reducción de personal, aparecen la Oficina Anticorrupción, Indec, Conicet, CONEAU, ARCA, Archivo General de la Nación, Anses, Conadis, Enargas, Enre, INTA, INTI y Enacom, entre otros.

El 28 de noviembre, el Poder Ejecutivo mantuvo una reunión virtual con los gremios estatales, aunque la misma finalizó sin ofrecer ninguna mejora salarial concreta.

El sindicato ATE es uno de los pocos gremios que, por el momento, definió medidas de acción directa contra el proyecto que impulsa la Casa Rosada. La CGT expresó abiertamente su rechazo a algunos de los detalles que trascendieron del proyecto, que cuenta con el apoyo de sectores empresarios, entre ellos, la flexibilización de condiciones de trabajo como el régimen indemnizatorio, las vacaciones, la extensión de la jornada laboral a partir de un banco de horas, entre otros puntos.

A un mes y 9 días del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, los miembros del equipo que rodean a Javier Milei celebran la intervención directa del Presidente que designó a cuatro interlocutores formales para sumar apoyos legislativos y cierran filas detrás del equipo negociador para la sanción del paquete de reformas de segunda generación. “Estamos ordenadísimos, pura disciplina militar. Desde octubre en adelante parecemos soviéticos”, ironizó un importante funcionario ante Infobae que, en la previa a los comicios de medio término, no ocultaba su preocupación por la multiplicidad de voces del Poder Ejecutivo.

Lo cierto es que la plana fija que se reúne de manera semanal en Casa Rosada celebra que el mandatario haya designado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro del Interior, Diego Santilli, al frente de la conversación con los gobernadores; y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto con la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich en la tarea de tender puentes con el Poder Legislativo. “Lo central es que nos ordenamos en las tareas y competencias de cada uno”, celebró un miembro de la mesa chica del libertario.

“Si acá hay desorden, también se desordena todo en el Congreso. Ahora todo va recto, lineal, porque aprendimos”, sintetizaron a este medio por los pasillos de Balcarce 50, y agregaron: “El desorden nos llevó a una situación de un año parlamentario complejo, lo que dio lugar a la incertidumbre”.

La incomodidad interna llegó a oídos del mandatario de boca de los propios y con el resultado electoral puesto, el libertario tomó nota e instrumentó: corrió funcionarios, ascendió a otros y conformó una mesa para acotar los debates.

En la previa al inicio de sesiones extraordinarias previsto para el miércoles 10 de diciembre, los emisarios de la administración libertaria trabajan en la sumatoria de voluntades para mejorar la magra performance legislativa que dejó este 2025. Con el Presupuesto 2026 y las reformas de segunda generación como objetivo, con particular importancia en la laboral, los 9 ministros y las dos secretarias con rango ministerial trabajan bajo la premisa de “ordenarse y ordenarse”, o por lo menos de eso se jactan.

“La sociedad nos dio en octubre un plus para que hagamos cosas. Si respondemos con nuevo desorden seríamos unos estúpidos”, sentenció un referente del ecosistema violeta comprometido con cumplir con las metas pensadas para el segundo tramo del gobierno rumbo al desafío por la reelección de 2027. El ejemplo que dan en las filas libertarias es el de la Ley Bases sancionada el 27 de junio de 2024: “Hubo diálogo y salió. Hay que repetir las fórmulas que funcionan”.

La necesidad de anotarse triunfos en materia legislativa es tal que Martín Menem y Patricia Bullrich concentran su atención en tender puentes, desde hace semanas, con los bloques aliados, lo que funciona en paralelo a la ronda de reuniones con gobernadores que protagoniza el tándem Adorni – Santilli. Incluso, la exministra de Seguridad retomó el diálogo frustrado con la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que rompiera relaciones con el mandatario. “Hasta Villarruel está ordenada”, destacó un tercero al tanto de las conversaciones.

A la espera de la oficialización de la prórroga en el recinto, que continuará durante el verano, el Poder Ejecutivo se prepara para impulsar -a través de sus representantes- la pelea por la composición de las comisiones. El desembarco de Bullrich, de las referentes con mayor cintura política del espacio, en el Senado no es casual. Tampoco la elección de su figura para postularla como presidenta de la Comisión Unicameral de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores con la única misión de dar tratamiento a Reforma Laboral.

Es amparados en la receta de “nuevo orden” y unidad que los miembros del Gabinete cierran filas y pelean de conjunto -al menos por ahora- para cumplir con los deseos del jefe de Estado. Los representantes designados tienen un espacio de síntesis colectiva que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que cuenta además con la participación del asesor presidencial, Santiago Caputo, en una suerte de cierre temporal de la grieta. “La multiplicidad de interlocución desordena. Ahora, desde hace un mes, si hay un cruce, se avisa”, confesó ante este medio una fuente legislativa.

Con la necesidad de cerrar el año con algunas victorias, en las filas libertarias acusan tener garantías suficientes para la sanción del Presupuesto 2026, pero admiten que necesitan intensificar esfuerzos para aprobar la “modernización” laboral, las modificaciones tributarias y los cambios que diseñan para el Código Penal. Por eso, insisten en mantener la estructura diseñada. Como dicta el tradicional juego infantil Antón Pirulero: “Cada cual atiende su juego”. El tiempo dirá cuánto durará.