“No durmió nadie”, se confesaba un importante funcionario esta mañana, que al igual que varios de sus pares no acumuló ni tres horas de sueño. Pese a que la votación en general del Presupuesto se dio minutos pasados la medianoche, la parte que todos esperaban estaba más adelante: el tratamiento en particular del Capítulo XI, que entre sus artículos contenía las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario. A los ojos del Gobierno, la derogación de estas era un elemento fundamental para que el año próximo pudiera sostenerse el déficit cero. Esto no sucedió.

En diálogo con un importante gobernador, un interlocutor del Gobierno confesó que el resultado no los agarró por sorpresa, pero que no se esperaban ese margen. “Hicimos mal los números”, justificó. Los responsables de la estrategia libertaria habían decidido que, en vez de votar artículo por artículo, se podía especular a que se vote por capítulos y así presionar a la oposición de que si querían voltear la derogación de las leyes, iban a tener que rechazar otros acuerdos presupuestarios esenciales.

“El oficialismo tiene que escuchar más a los gobernadores”, indicó a Infobae uno de ellos, que le había sugerido a los operadores libertarios que era conveniente que se perdiera “uno o dos artículos” y no un capítulo entero.

Horas después de comenzar la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya sabía que el catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo no iban a aportar votos.

A pesar de que habían marcado un claro alineamiento con el oficialismo (ambos mantuvieron bloques propios por fuera del ala kirchnerista), no fueron suficientes los $10.500 millones y $20.000 millones que el Poder Ejecutivo les transfirió en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN, llamados coloquialmente como fondos discrecionales).

Para asegurar que el gobernador de Catamarca separe a sus diputados de Unión por la Patria, en las últimas semanas el Gobierno accedió a acelerar los trámites para traspasarle la compañía Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). A comienzos de esta semana, Nación firmó un acuerdo que finaliza la intervención sobre la empresa. Mañana o la semana próxima podría publicarse el decreto que estuvo siendo trabajado a destajo por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal. “Hasta le resolvimos un reclamo histórico al tipo”, renegaba una fuente de la Casa Rosada.

Otros de los apuntados de no dar los votos fue el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. En Diputados marcan que también avisó con antelación, pero ya estaba planificado desde hace varios días que la sesión de extraordinarias iba a servir como ámbito para anunciar las designaciones definitivas.

Pasadas las 2 de la mañana, el jefe de bloque Gabriel Bornoroni anunció que proponía a Rita Mónica Almada (por La Libertad Avanza), Juan Ignacio Forlón (La Cámpora) y Pamela Caletti (que responde a Sáenz) para integrar la Auditoría General de la Nación (AGN), que es codiciado por sus elevados salarios, sus contratos y la importancia que reviste estar en un organismo auditor.

Desde hace dos años que el Gobierno no habilitaba la discusión de estos nombramientos, y la inclusión “por la ventana” de este tema fue el punto de quiebre para que el PRO y otros bloques cercanos decidieran abandonar la sesión. En la bancada amarilla acusaron de inconstitucional la inclusión de esos nombramientos porque el Presidente no lo incluyó en el temario de extraordinarias. “Son asuntos propios de la Cámara, no pasa nada”, marcaron cerca de Menem.

Horas antes se había producido otro episodio que había sido un presagio del enojo macrista. Antes de que se votara el presupuesto en general y de acuerdo a lo estipulado, el diputado Bertie Benegas Lynch propuso añadir el giro de la deuda de la coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires adentro del Capítulo XI, un pedido explícito de parte del PRO y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El jefe de la bancada amarilla pidió micrófono y advirtió que eso debía ir en el Capítulo II junto al resto de artículos de temas similares. Con la composición actual del Presupuesto, ese articulado quedó afuera.

“La falta de códigos corre por cuenta de La Libertad Avanza y por quien preside esta cámara”, explicitó Cristian Ritondo, en alusión a Martín Menem. En el bloque amarillo marcaron que, con ese movimiento, la relación “está rota”.

En el bloque PRO advierten que no ayudarán a que haya quórum en las próximas sesiones. “Nunca condicionamientos nuestro apoyo. Y es muy probable que cuando haya una legislación razonable, nosotros ayudemos. Pero que sepan que en las chiquitas no los vamos a ayudar más, está definido”, advirtieron desde una banca de ese espacio. En La Libertad Avanza relativizan estos posicionamientos: “No se va a romper nada”.

Las críticas cruzadas entre oficialismo y oposición dialoguista llegó a la Unión Cívica Radical, espacio que actualmente preside la mendocina Pamela Verasay (quien responde a las órdenes del gobernador Alfredo Cornejo) y tiene seis bancas en total.

En la Presidencia de la Cámara se quejaron de que este bloque no pudo mantener una posición unánime. Hubo tres votos afirmativos (dos de Mendoza y uno de Chaco), dos abstenciones (uno de Entre Ríos y otro de Chaco) y un voto negativo (de Corrientes). Esto llevó a que se apuntara específicamente contra el gobernador chaqueño Leandro Zdero y el correntino Juan Pablo Valdés. En tanto, en la provincia cuyana explicaron que era “prácticamente imposible incidir sobre las decisiones de otros” mandatarios provinciales.

Entre las últimas acusaciones, La Libertad Avanza responsabilizó al neuquino Rolando Figueroa del voto negativo que hizo su diputada del bloque La Neuquinidad. “No puedo acompañar un presupuesto que no me da las herramientas para la gobernabilidad que ustedes desean”, justificó en su alocución.

Varias provincias consultadas indicaron que lo ocurrido en esta primera sesión legislativa es una “mala señal” para el Gobierno “porque a pesar del respaldo y el número que tiene, le cuesta hacer leyes”. Pese a que consideran que tienen margen de maniobra para cambiar el diálogo con las provincias, dos gobernadores marcaron que se tiene que “negociar y consultar más con las provincias” y “evitar la quita del apoyo legislativo que tuvo Macri”.

En tanto, el Gobierno se reunió hoy en Casa Rosada con toda su mesa política para evaluar las acciones a tomar de cara a la discusión en el Senado. Hay dos posiciones enfrentadas hasta el momento: quienes no participaron de estas negociaciones consideran que el Gobierno debe manejarse con un presupuesto discrecional como venía siendo, otros marcan que todavía hay margen de recomponer vínculos.

No fue la movilización tan contundente que se esperaba, pero la CGT quedó conforme con la protesta callejera contra la reforma laboral en la Plaza de Mayo. Sobre todo porque transcurrió sin incidentes, pese a los temores de que se produjeran hechos de violencia, y a la noticia que fue festejada por los dirigentes como un gol de Lionel Messi en el Mundial: el oficialismo debió postergar hasta febrero el debate del proyecto oficial en el Senado.

“Eso lo logramos nosotros por nuestras charlas con los gobernadores”, se jactó un líder cegetista, eufórico porque sorpresivamente se frustraron los planes libertarios de acelerar los tiempos parlamentarios y tratar la reforma laboral en la sesión del viernes 26.

Aun así, la postal que dejó la movilización cegetista fue dispar. En las filas sindicales aseguraron que en la Plaza de Mayo hubo 180 mil manifestantes, pero no fue la sensación que dejó a simple vista el lugar del acto porque se podían apreciar muchos espacios vacíos. Sin embargo, tampoco pareció que hubieran concurrido sólo 25 mil, como dejaron trascender desde la Casa Rosada.

Como siempre, hubo sindicatos que movieron todo su aparato para movilizar a sus afiliados y activistas, como la UOCRA, UPCN, Camioneros, Comercio y UDA, entre otros, y llamó la atención que, a diferencia de otros actos cegetistas, no dejaron subir al escenario central a los líderes de las dos CTA ni a los políticos (desde Axel Kicillof hasta Mayra Mendoza y Jorge Ferraresi).

De todas formas, la CGT salió airosa del desafío de salir a la calle sin que se produjeran disturbios: existía temor de que aparecieran “infiltrados enviados por el Gobierno” para dejar asociado al sindicalismo con la violencia.

Incluso fue una prueba de fuego para el nuevo triunvirato cómo iban a ser recibidos sus discursos. En la CGT querían ser muy críticos del Gobierno, pero no decir nada que precipitara una ruptura total de relaciones.

Incluso, si alguien temía que esta nueva CGT de impronta más dialoguista diera señales demasiado conciliadoras, los 3 cotitulares apagaron cualquier eventual crítica al anticipar que harán una huelga si la reforma laboral avanza sin modificaciones. Ese era el reclamo que llevaron a la Plaza de Mayo no sólo la izquierda trotskista sino también algunos sindicatos kirchneristas, cuyos activistas estaban dispuestos a abuchear a los líderes de la CGT si ofrecían un discurso demasiado “blando”.

Todavía pesa en la dirigencia cegetista el traumático recuerdo de lo que sucedió en marzo de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando la conducción de la CGT de entonces realizó un acto de protesta y no dio precisiones sobre una huelga general, lo que provocó la reacción de un grupo que reclamó que le pusieran fecha al paro e increpó al triunvirato que lideraba la CGT (Héctor Daer, de Sanidad; Carlos Acuña, de estaciones de servicio, y Juan Carlos Schmid, de Dragado y Balizamiento), que tuvo que bajarse del palco entre insultos y empujones de la gente para refugiarse en la sede del Sindicato de Comercio.

En los incidentes de hace ocho años, los manifestantes se robaron el atril con el logo de la CGT. Este jueves, quizás para evitar que se repitiera ese episodio, sacaron rápidamente el atril del escenario una vez que terminaron de hablar los 3 cotitulares cegetistas.

Incluso, los cotitulares cegetistas Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) se anticiparon a eventuales reclamos de los militantes más duros y revelaron que el plan de lucha seguirá con un paro general. Es cierto que no le pusieron fecha, pero fue una manera de atajar reproches y contener a los más combativos.

Lejos de los micrófonos y de los flashes, los sindicalistas admiten que el horizonte de una huelga de 24 horas no es tan cercano. Ahora que se postergó el debate en el Senado, la atención de la CGT estará puesta en las negociaciones que mantendrá para introducir nuevos cambios en el proyecto del Gobierno.

Para eso confían en sus contactos con los gobernadores, que dieron a entender que no avalarían algunos puntos de la reforma, y en su vínculo con el ala política del Gobierno, que integran el asesor Santiago Caputo y los Menem (Martín, titular de la Cámara de Diputados, y Lule, funcionario de la Secretaría General de la Presidencia).

La sensación que tienen en la CGT es que hay artículos de la reforma laboral tan irritativos que fueron incluidos en el proyecto sólo para ser eliminados o atenuados en el contexto de una negociación política con el sindicalismo, los mandatarios provinciales y los legisladores.

Ubican en esa andarivel al artículo que jaqueará la recaudación de la cuota sindical al quitar la obligación del empleador de ser agente de retención de ese aporte o a la reglamentación del derecho de huelga en un amplio abanico de actividades, esa obsesión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que ya fue considerada inconstitucional dos veces por la Justicia (figuraba en el DNU 70 y en el decreto 340).

Por eso ahora hay quienes imaginan un enero cargado de reuniones secretas para transformar esta reforma laboral rechazada por la CGT en una versión pasteurizada que habilite más apoyos y facilite su conversión en ley.

Después de todo, eso es lo que sucedió con el capítulo laboral de la Ley Bases: el Gobierno accedió a eliminar 42 artículos para que pudiera ser aprobada por el Congreso. Ahora, pese al reparto de bancas y al esquema de alianzas más favorable a los libertarios, Javier Milei tampoco tiene garantizados los votos para sancionar la reforma que tanto quiere y que más resiste la CGT.

Quedó demostrado este jueves con la inesperada postergación del debate del proyecto en el Senado, que, en el peor momento de un sindicalismo que parecía acorralado, le dio a la CGT un motivo de alegría. O, al menos, de temporario alivio hasta febrero.

A poco de cumplirse dos años de la designación de Nicolás Pakgojz al frente de la Agencia de Bienes del Estado (AABE), se conoció a través de un decreto que renunció a su puesto. Junto a él, presentó su dimisión el vicepresidente del organismo.

En Boletín Oficial el Gobierno oficializó ambas salidas. Por un lado, Pakgojz presentó su dimisión con fecha 10 de diciembre, mientras que su segundo, Marcelo León Ugarte, con fecha 9 del corriente mes.

“Agradécense a los funcionarios renunciantes los servicios prestados en el desempeño de dichos cargos”, destacó el Gobierno en el decreto 896/2025 publicado durante la madrugada de hoy.

La administración libertaria había oficializado la designación del ex presidente de la AABE, en diciembre del 2023, mediante la publicación del decreto 78/2023. Su función era ejecutar la gestión, auditoría y posible enajenación de bienes pertenecientes al Estado nacional. En aquel entonces, el área se encontraba bajo la órbita de Nicolás Posse.

El licenciado en Economía y ex funcionario porteño, durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta, ocupó la jefatura de Gabinete en la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. La experiencia de Pakgojz en la gestión pública y su alineamiento con el paradigma de eficiencia estatal, que viene desarrollando la administración de Javier Milei, fueron factores determinantes en su nombramiento.

El decreto nombraba a Marcelo León Ugarte al frente de la Vicepresidencia. Ugarte había desarrollado su carrera íntegramente dentro del sector público. En el Gobierno anterior se desempeñó como director de Asuntos Jurídicos del mismo organismo.

A principios de este año, bajo la supervisión del ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el economista había ordenado una revisión y auditoría de los bienes del Estado, luego de que saliera a la luz un informe de la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) que revelaba irregularidades en la administración de más de 46 mil propiedades del Estado.

Pakgojz avanzó en las tareas para “para evaluar su uso, ocupación y situación contractual”; “identificar bienes improductivos, contratos irregulares y ocupaciones ilegales” y “la recuperación de inmuebles mal administrados y su posterior venta o concesión”. El organismo señaló que el pico de irregularidades se dio durante el mandato de Alberto Fernández. Hubo faltas de renovación de contratos vencidos y la ausencia de actualización de cánones que permitieron que se sigan utilizando dichos inmuebles sin pagar alquileres acordes al precio de mercado.

Desde el 10 de diciembre pasado, el ahora ex titular del organismo forma parte de la Legislatura porteña por La Libertad Avanza. Junto a él, juraron Solana Pelayo, Andrea Freguía, Juan Pablo Arenaza, Lucía Montenegro, Leonardo Seifert, Rebeca Fleitas, Karina Kienast, Ignacio Fernández y Diego Vartabedian, en sus respectivas bancas del partido violeta, posicionando a la LLA como la segunda fuerza legislativa en CABA.

La salida de los dos funcionarios del organismo descentralizado, en el ámbito de la Vicejefatura del Gabinete de Ministros, se convierte en la segunda renuncia en lo que va de la semana. El martes, Juan Pazo dimitió a su cargo como director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La noticia se conoció la madrugada del 16 a través de un comunicado del Ministerio de Economía y terminó por hacerse efectivo con la publicación de los cambios en el Boletín Oficial. “El Director Ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, le comunicó hoy (martes pasado) al Ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo”, anunció la cartera en su cuenta de X (Twitter).

Luego, la decisión se formalizó mediante el Decreto 890/2025: “Acéptase, a partir del 18 de diciembre de 2025, la renuncia presentada por el abogado Juan Alberto Pazo al cargo de Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ente autárquico actuante en la órbita del Ministerio de Economía”.