La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, les exigió a los habitantes de las Islas Malvinas que “vuelvan a Gran Bretaña” si “se sienten ingleses”, en una serie de publicaciones en X que los principales diarios británicos recogieron de inmediato. Las declaraciones llegaron en un momento de máxima tensión diplomática: días antes, la filtración de un memorándum interno del Pentágono había puesto sobre la mesa la posibilidad de que Washington retire su respaldo histórico a la soberanía del Reino Unido sobre el archipiélago.

“Hoy más que nunca, las Malvinas son argentinas”, escribió Villarruel en X. “La discusión sobre la soberanía de nuestras islas es entre estados, por lo tanto el Reino Unido debe discutir bilateralmente con Argentina el reclamo que mantenemos por razones legales, históricas y geográficas. Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino; no son parte de la discusión“, añadió la vicepresidenta. En respuesta a un usuario que sostenía que “los isleños son argentinos”, Villarruel replicó: “Si se sienten ingleses, que vuelvan a los miles de kilómetros de distancia donde está su país.”

El detonante inmediato de la escalada fue la filtración, publicada el viernes 25 de abril por la agencia Reuters, de un memorándum interno elaborado por Elbridge Colby, principal asesor de política del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El documento, que circuló en los niveles más altos del Pentágono, listaba opciones para castigar a los aliados de la OTAN que se negaron a respaldar las operaciones militares estadounidenses e israelíes contra Irán. Entre esas medidas figuraba la revisión del apoyo diplomático de Washington a lo que el texto denominó “posesiones imperiales europeas”, con las Islas Malvinas mencionadas de forma explícita.

La filtración sacudió a Londres. El portavoz oficial del primer ministro Keir Starmer respondió con contundencia: “La posición del Reino Unido es clara y no va a cambiar. Es una postura histórica e invariable, y así permanecerá.” La canciller Yvette Cooper fue más directa: “Las Islas Malvinas son británicas. La soberanía recae en el Reino Unido y la autodeterminación, en los isleños. No podríamos ser más claros”, declaró Cooper, citada por el Daily Mail. La tensión de fondo tiene raíces en la guerra de Irán: el gobierno de Starmer, que se negó a sumarse a los ataques ofensivos aunque autorizó el uso de bases británicas con fines defensivos, acumuló fricciones con la administración Trump desde el inicio del conflicto.

Fue en ese contexto donde el presidente argentino Javier Milei tomó la iniciativa. A fines de la semana pasada, el mandatario publicó en X que “las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”. El 43° aniversario de la guerra, el 2 de abril del año pasado, Milei había sido más explícito sobre su estrategia: “Cuando se trata de la soberanía sobre las Malvinas, el voto más importante es el que se hace con los pies, y esperamos que algún día los malvinenses decidan votar con los pies por nosotros. Por eso buscamos ser una potencia”, declaró entonces, según consignó el Daily Mail. Un año antes, el mandatario había admitido públicamente que las islas estaban “en manos del Reino Unido” y prometió recuperarlas por vías diplomáticas, reconociendo que no había “solución instantánea”.

The Telegraph reveló además una dimensión militar del conflicto diplomático que pasó casi inadvertida: Washington presionó al gobierno británico para que aceptara un acuerdo mediante el cual Estados Unidos armaría a Argentina con cazas F-16. Según tres fuentes citadas por el rotativo londinense, el Foreign Office recibió presiones en reuniones bilaterales. “Hubo reuniones en el Reino Unido y a Gran Bretaña se le dijo en términos inequívocos que así sería el trato”, relató una de las fuentes al diario. Argentina ya recibió una entrega de F-16 estadounidenses procedentes de Dinamarca a fines del año pasado, en lo que el Telegraph describió como “un ejemplo poco frecuente de aliados occidentales que arman a Buenos Aires“. El Reino Unido mantiene una prohibición estricta sobre la exportación de armas o componentes a Argentina debido a la disputa de soberanía.

El canciller argentino Pablo Quirno aprovechó la coyuntura para publicar en X que Argentina renueva “su voluntad de retomar negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”. El gobierno de las Islas Malvinas respondió con una declaración en la que afirmó tener “plena confianza en el compromiso del gobierno del Reino Unido de defender nuestro derecho a la autodeterminación”, y recordó que el 99,8% de los votantes, con una participación del 92%, optó en el referéndum de 2013 por permanecer como territorio de ultramar británico. Argentina no reconoce la validez de ese plebiscito.

La oposición conservadora británica cerró filas con el gobierno. Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador, comparó la posición de la administración Trump con sus comentarios sobre la anexión de Groenlandia: “Es una absoluta tontería. Las Islas Malvinas son británicas. La soberanía es soberanía británica”, declaró. Desde el partido Reform, su líder Nigel Farage tiene previsto viajar a Argentina en otoño para transmitirle a Milei en persona que mantener las Malvinas bajo bandera británica es “no negociable”, según informó el Daily Mail.

La guerra de las Malvinas de 1982 costó la vida a 255 militares británicos, tres isleños y 649 soldados argentinos, tras diez semanas de combates que concluyeron con la rendición de las fuerzas de Buenos Aires ante la fuerza de tareas enviada por Margaret Thatcher. En aquel conflicto, Estados Unidos bajo la presidencia de Ronald Reagan respaldó a Gran Bretaña, un antecedente que hoy adquiere nueva relevancia ante la posibilidad de que la administración Trump revierta esa posición histórica.

La confianza en el Gobierno cayó por cuarto mes consecutivo en abril de 2026, según el índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. La contracción de 12,1% respecto de marzo es la más pronunciada de las cuatro caídas registradas en lo que va del año, y supera con amplitud los retrocesos de enero (-2,8%), febrero (-0,6%) y marzo (-3,5%).

No obstante, el nivel de abril se sitúa por encima del valor que exhibió la gestión de Alberto Fernández en el mismo mes de 2022, cuando el ICG marcó 1,44 puntos, lo que representa una diferencia de 40,9% a favor de la administración de Javier Milei. En tanto, el indicador quedó por debajo del registrado bajo la presidencia de Mauricio Macri en abril de 2018, cuando el índice alcanzó 2,07 puntos, una diferencia de -2,1% respecto del valor actual.

En términos interanuales, el índice acumula una baja de 13,2% frente al mismo período de 2025. La caída acumulada desde diciembre de 2025 asciende a 17,9%, lo que ubica al promedio de la gestión de Milei en 2,42 puntos, el registro más bajo desde el inicio de su mandato.

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, intimó a los rectores de las universidades nacionales a que garanticen las clases y se tomen medidas en medio de la semana de paro docente que establecieron los profesores universitarios. En tanto, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cruzó al Ejecutivo y solicitó que se aplique la ley de Financiamiento Universitario.

En ese sentido, la cartera que dirige Sandra Pettovello, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, elevó el pedido a las cabezas de las universidades y pidieron que “informen las medidas que tomaron para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios que son víctimas de los paros impulsados por los gremios, que en ocasiones abarcan semanas enteras”.

“Se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país. Por ello, se ha requerido a los rectores que informen un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que el alumno no pierda la regularidad ni mesas de examen”, continúa el comunicado.

Y completa: “La situación descrita reviste especial gravedad, ya que los recursos presupuestarios nacionales se encuentran orientados al cumplimiento de los fines educativos que la normativa vigente impone. El sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender“.

El comunicado del Ejecutivo tiene razón debido al paro docente que comenzó este lunes y al que se adhirieron los gremios de profesores universitarios. La medida de fuerza se extenderá hasta el próximo lunes 2 de mayo y está en la previa de una nueva marcha federal universitaria en reclamo por la ley de financiamiento.

La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y prevé movilizaciones simultáneas en distintas ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y una marcha hacia la Plaza de Mayo.

Uno de los ejes centrales del reclamo es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Tras un primer fallo favorable a las universidades en diciembre, el mes pasado la Justicia volvió a exigir al Gobierno el “cumplimiento inmediato” de los artículos 5 y 6 de esa ley, referidos a la recomposición de salarios y becas estudiantiles. En respuesta a esa decisión judicial, el 17 de abril la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender ambos artículos.

En esa línea, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, en respuesta al Gobierno, planteó: “Celebramos que por primera vez el Ministerio de ‘Capital Humano’ reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación. Ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales”.

Y añadió: “Esto ocurre porque el Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace seis meses, aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras y ratificada en dos instancias por la Justicia. La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente“.

“Las universidades siguen abiertas, sostenidas por el enorme esfuerzo de profesores, investigadores y no docentes. Lo saben los 2 millones de estudiantes y toda la sociedad”, completó, y agregó un nuevo mensaje de cara a la manifestación de la que se espera una amplia convocatoria: “No van a desviar el eje de la discusión con provocaciones. El próximo 12 de mayo vamos a ser miles en las calles, porque la universidad pública es un orgullo de toda la Argentina”.