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Arranca la auditoría a los planes sociales y hay tensión en puerta con los movimientos sociales

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El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, confirmaron hoy que en la segunda quincena de agosto comenzará la auditoría al programa “Potenciar Trabajo”.

Se trata del plan social que el Estado delegó en los movimientos sociales, los que ya se preparan para resistir con la guardia alta.

La tarea recaerá en representantes de universidades nacionales que llevarán adelante las encuestas, con una primera experiencia piloto en Tucumán (a cargo de representantes de la UBA y de la UTN).

La polémica se reabrió cuando un par de meses atrás la vicepresidenta Cristina Kirchner embistió contra el Movimiento Evita y sugirió reemplazar este tipo de programas sociales por una política de ingreso directa para un universo mayor de personas, sin intermediaciones ni discrecionalidades.

Con la llegada de Sergio Massa al ampliado ministro de Economía, el Gobierno prometió avanzar con un reordenamiento de los planes sociales, aunque sin dar demasiadas precisiones.

La referencia, de todos modos, puso en alerta a los movimientos sociales que no quieren ser desplazados como intermediarios, ya que las cooperativas de trabajo que organizan les sirve también para fidelizar una base estable de militancia y financiamiento para sus estructuras políticas.

Con un pie en la línea de largada de la auditoría, Manzur quiso llevar tranquilidad al afirmar que la prioridad del Gobierno es “seguir cuidando a los grupos sociales más vulnerables porque, justamente, el Estado está para proteger e incluir”.

Con este mar de fondo, el tucumano recibió esta tarde en la Casa Rosada a referentes del Movimiento Evita, con foco especial en el estratégico Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que dependía de Desarrollo Productivo, y que ahora pasará a la órbita de Jefatura de Gabinete. El INAES administra una caja de 2.500 millones de pesos.

En medio de estos ruidos, que tienen en vilo a los movimientos sociales, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se reunirá el viernes con intendentes del conurbano del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio para contarles sobre el modo de funcionamiento y la hoja de ruta de las auditorías a los planes sociales.

Auditorías y traspaso del control a intendencias
Una de las ideas que justamente había deslizado Cristina Kirchner, y que generó urticaria en los referentes sociales, era traspasarles el control de los planes sociales a los jefes comunales, reduciendo así la influencia de los movimientos sociales.

El jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, sospecha que detrás de estas maniobras, que comenzarán con la auditoría, está la mano de la vicepresidenta, que se la tiene jurada a la principal organización social del país desde que en 2016 rompió con el bloque del Frente para la Victoria en el Congreso y en 2017 apoyó la candidatura de Florencio Randazzo para restarle votos a la lista de Unidad Ciudadana.

“Vamos a auditar con dos ejes: cuidar al beneficiario y, como Gobierno y Estado, seguir generando y ampliando derechos”, destacó Zabaleta, en cuya figura desconfían no solamente las organizaciones izquierdistas de Unidad Piquetera, sino también las oficialistas, porque le atribuyen a él la función de ejecutor del recorte sobre los programas Potenciar Trabajo.

El Potenciar Trabajo es un programa de inclusión socio-productiva que otorga a los beneficiarios (generalmente agrupados en cooperativas) una asignación que en agosto ascenderá a 22.770 pesos (y se estudia un refuerzo adicional excepcional de 11.000) a cambio de una contraprestación laboral de 80 horas semanales promedio.

Como requisito, las personas que acceden al programa deben tener los niveles de educación obligatoria completos o estar participando de algún programa oficial de terminalidad educativa.

Se trata de una iniciativa interesante aunque también evidencia el crecimiento preocupante del sector de trabajadores informales en los últimos años.

Para diciembre de 2001, el universo de beneficiarios había crecido a 1.300.000 personas, una cifra que se mantiene relativamente estable hasta la actualidad.

(NA)

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“Menos de un caramelo”: la irrisoria multa por no votar en Provincia y hasta cuándo hay tiempo de pagarla

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Los electores de la provincia de Buenos Aires deberán asistir a las urnas este domingo 7 de septiembre para las elecciones legislativas provinciales, en una jornada donde la sanción por ausencia vuelve a ser noticia por su monto irrisorio: arranca en solo $50.

Según consta en la Ley Electoral Provincial N° 5109, los ciudadanos de entre 18 y 70 años que no emitan su voto enfrentarán una multa de $50 a $500. Si bien el dinero se destina al fomento de la educación, el monto, que como relevó Noticias Argentinas no se actualiza, es calificado como “menos que un caramelo”.

El punto clave para quienes no asistan es la justificación: los electores tienen un plazo de 60 días (contados desde la elección) para acreditar el motivo de la ausencia ante la Junta Electoral. La fecha límite, por lo tanto, es el próximo 6 de noviembre. Solo se aceptan tres justificativos comprobables: estar a más de 500 km del lugar de votación, un problema de salud certificado o un motivo de “fuerza mayor”. Quienes no justifiquen ni paguen la multa quedarán registrados en el Registro de Infractores.

Elecciones en PBA: qué se vota y por qué no se usa la Boleta Única

En los comicios de este domingo, los bonaerenses elegirán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, junto con 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Además, se definirán concejales y consejeros escolares en los distritos.

El Ministerio de Gobierno bonaerense aclaró que, a diferencia de las elecciones nacionales de octubre, en estos comicios provinciales no se implementará la Boleta Única de Papel (BUP). La votación se realizará mediante el sistema tradicional de “boletas partidarias”, que según la cartera “conserva plena vigencia” y es valorado por el electorado. La veda electoral rige desde este viernes a las 8:00.

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Peritos determinaron que el uso del fentanilo contaminado elevó en 52% el riesgo de muerte

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El escándalo por el fentanilo contaminado sumó un dato estremecedor. Según un informe del Cuerpo Médico Forense, el uso del lote 31.202 de ampollas de fentanilo —fabricado por el laboratorio HLB Pharma Group S.A.— incrementó en un 52% la probabilidad de muerte de los pacientes en los 30 días posteriores a su administración.

El documento, publicado po Infobae, fue incorporado a la causa judicial que investiga la responsabilidad del laboratorio de Ariel García Furfaro. Los especialistas analizaron 40 historias clínicas de pacientes fallecidos y detectaron que, en al menos 24 casos, hubo un “nexo concausal” entre la infección desarrollada y el uso del medicamento.

Bacterias detectadas

Los peritos identificaron dos bacterias —Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae— tanto en hemocultivos de los pacientes como en las ampollas del lote contaminado. Los análisis confirmaron su identidad fenotípica, molecular y genómica, lo que refuerza la relación directa entre la contaminación y el agravamiento de los cuadros clínicos.

Un factor agravante

Si bien el informe no concluye que las bacterias hayan sido la causa exclusiva de muerte, sí advierte que actuaron como un factor agravante en pacientes que ya atravesaban situaciones críticas de salud. “La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal”, indicaron los peritos.

La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal

La investigación judicial avanza sobre la cadena de producción y distribución del fentanilo, mientras la OMS exigió retirar del mercado seis lotes contaminados por representar un riesgo global para la salud. Hasta ahora, se registraron casi un centenar de muertes vinculadas al medicamento en hospitales argentinos.

El caso puso en evidencia fallas graves en los controles sanitarios y derivó en imputaciones contra más de veinte personas, entre ellas directivos del laboratorio.

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Elisa Carrió presentó un pedido de juicio político contra el juez que prohibió difundir audios de Karina Milei

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Elisa Carrió avanzó con un pedido de juicio político contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, el magistrado que dictó la medida cautelar que impidió la difusión de audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada y el Congreso, en un caso que generó críticas porque puede configurar censura previa.

Carrió firmó el pedido contra Maraniello junto con la diputada nacional Marcela Campagnoli y su par porteño Hernán Reyas, según comunicó este último en sus redes sociales.

“Con @elisacarrio y @M_Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Maríanello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado”, escribió Reyes en X.

En la publicación, el candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica aseguró que “un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables”. Agregó que “las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”, cerró el legislador de la Ciudad.

Un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiable

Los denunciantes acusan al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por haber dispuesto la medida cautelar que para la oposición, juristas y colegios de abogados supone una flagrante violación de un derecho humano como es la libertad de expresión, en el marco del escándalo de presunta corrupción por cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En el trámite abierto ante el Consejo de la Magistratura se solicita la apertura del procedimiento de acusación, suspensión en el cargo y requerimiento de destitución.

Para la Coalición Cívica, la prohibición de la difusión de chats, fotos, audios y videos de Karina Milei en cualquier medio o red social representa “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública ”.

Por otra parte, los tres dirigentes opositores señalan una posible relación de connivencia con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura y la justicia federal, lo que de confirmarse perpetraría una violación de la independencia judicial y de la división de poderes.

Por si fuera poco, Carrió, Campagnoli y Reyes denuncian que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), una institución que “resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación”.

Resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación

“A tal punto, que cuenta con importantes ‘auspiciantes’ incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios HLB Pharma” y “Ramallo“, indicaron en la denuncia.

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