Una serie de nuevos nombramientos en la administración pública fueron oficializados en la madrugada de este viernes mediante la publicación en el Boletín Oficial de unos decretos firmados por el presidente Javier Milei.

Entre los cambios más relevantes, desginaron a Damián Andrés Selem asumirá como Subdirector Nacional de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a partir del 1 de febrero, de acuerdo con lo establecido mediante el decreto 76/2026.

Esta designación se produce tras la aceptación de la renuncia de Benito Mario Molver al mismo cargo. Asimismo, el Gobierno le agradeció al funcionario saliente por los servicios prestados durante su gestión.

Esta misma semana, el Gobierno aceptó la renuncia de quien se desempeñaba como director Nacional del RENAPER, el organismo responsable de los documentos de identidad y registros civiles de la Argentina. En su lugar, informaron que asumirá el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, a partir del 1° de febrero. El cambio quedó formalizado por el Decreto 33/2026, firmado tanto por el presidente Javier Milei como por el ministro Diego Santilli.

En el ámbito financiero, nombraron a Jaquelina Clara Truzzel como una de las directoras del Banco de la Nación Argentina. Según precisaron en el decreto 70/2026, su gestión inició el 21 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 1 de enero de 2028, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 21.799.

Esta modificación en el directorio se da luego de que a mediados de diciembre Darío Wasserman asuma la conducción de la principal entidad financiera de la Argentina en reemplazo de Daniel Tillard.

En su momento, el Gobierno destacó que Wasserman aportará continuidad a la línea impulsada por Javier Milei, marcada por un retorno al crédito al sector privado y el alejamiento del financiamiento público. “El banco volvió a trabajar de banco”, subrayó el Gobierno, en un mensaje difundido.

Por último, a través del decreto 67/2026, establecieron que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quede bajo la conducción de Maximiliano Patti, quien asumió como Director Ejecutivo a partir del 19 de diciembre de 2025. Ocupa el lugar que dejó Carlos Frugoni, actual secretario Coordinador de Infraestructura.

En paralelo, esta misma semana se hizo efectivo un cambio clave en la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Mediante el Decreto 47/2026 se oficializó la salida de Luis Octavio Pierrini y la designación, a partir del 22 de enero, del arquitecto Fernando Augusto Herrmann como nuevo titular del área.

Tras la salida de Pierrini de la Secretaría de Transporte, se anunciaron cambios entre las máximas autoridades de las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF): los dos presidentes de las empresas, Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, renunciaron el miércoles de la semana pasada.

“Vamos a hacer un cambio total en la gestión de Transporte”, indicaron fuentes oficiales de la Casa Rosada a Infobae.

Las autoridades dijeron que Pierrini, la máxima autoridad de esa cartera, se fue por “motivos personales”, aunque diferentes versiones que trascendieron alegan que había insatisfacción en el manejo y reparto de los subsidios de colectivos.

De hecho, fuentes oficiales precisaron que los cambios fueron gestionados por el propio Furgoni, que ahora tiene bajo su órbita numerosas carteras administrativas, organismos y empresas públicas. “Todas las salidas de jefes y equipos las propuso él como comienzo de su gestión y se le aceptaron”, marcaron a Infobae.

En particular, SOFSA es una de las compañías que más interesa en la cúpula del Gobierno, ya que es de las ocho compañías que fueron dispuestas para su privatización o concesión en la Ley Bases.

La ofensiva judicial contra los responsables de la fabricación y distribución de fentanilo contaminado sumó un nuevo episodio: agravarán las penas contra los 14 imputados que volverán a ser indagados.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak solicitó al Cuerpo Médico Forense que determine de manera precisa y detallada las secuelas físicas y mentales de los 48 pacientes que sobrevivieron al tratamiento con el potente anestésico adulterado, y cuánto se incrementó el riesgo de muerte de los 111 fallecidos, acreditados por el Juzgado a través de las historias clínicas y análisis bacteriológicos realizados, que deberán ser refrendados por los peritos oficiales.

El caso es señalado como el mayor desastre sanitario del país y se lo coloca al nivel de los hechos más dolorosos de la historia reciente, entre ellos, el siniestro ferroviario de Once, con 53 fallecidos y una persona por nacer, y lo ocurrido en el boliche Cromañón, donde perdieron la vida 194 jóvenes.

En este momento, los acusados, hasta ahora procesados por 20 muertes, enfrentan la posibilidad de ser indagados nuevamente por un número mucho mayor si los peritos ratifican que el número de fallecidos llega a 111. La expectativa de pena es de 10 a 25 años de prisión por los presuntos delitos de adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas.

Las defensas de los 14 procesados apelaron la medida ante la Cámara Federal de La Plata. Los magistrados trabajan en las observaciones de las defensas. Pero, después de ser indagados y agravarse su situación judicial, se espera que los letrados patrocinantes vuelvan a apelar.

Si esto ocurre antes de una definición de la Cámara, los jueces podrían resolver en una sola resolución, con lo cual se acortarían los tiempos y la causa podría ser elevada a juicio oral a mediados de 2026. Esta investigación, de extrema complejidad, es considerada un ejemplo en velocidad en cuanto a la recopilación de pruebas y consolidación de los datos científicos.

Solo un dato: el 8 de mayo de 2025, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió la primera advertencia sobre la prohibición del uso de fentanilo contaminado fabricado por HLB Pharma Group SA, producido por Laboratorios Ramallo SA, propiedad de Ariel García Furfaro. Ese hecho marcó el inicio de una investigación mucho más grande.

Para avanzar en el caso, el juez solicitó una batería de puntos de pericia que el Cuerpo Médico Forense deberá responder con precisión quirúrgica. La orden prioriza tres preguntas centrales:

• Si las lesiones sufridas por los pacientes a raíz de las infecciones bacterianas generaron daños irreversibles en la salud, algún sentido, órgano o miembro, o si derivaron en dificultades permanentes para hablar, incapacidad laboral prolongada, riesgo de vida o deformidad facial.
• Si existieron consecuencias aún más graves, como enfermedades mentales o físicas incurables, pérdida definitiva de funciones vitales o imposibilidad de engendrar descendencia.
• Si hubo algún otro tipo de daño no contemplado en los puntos anteriores.

En el último caso, los peritos deberán describirlo con el mismo nivel de detalle.

El magistrado incluyó una instrucción adicional: todos los informes de la junta médica deberán considerar la información consolidada en los legajos digitales de los pacientes, y cualquier parte podrá acceder a esa documentación a través del Drive institucional del Juzgado. Así, busca evitar las trabas y la dispersión de datos que complicaron el avance de la causa desde el inicio.

El dictamen del Cuerpo Médico Forense será la llave para definir cuántos delitos se les atribuyen finalmente a los presuntos responsables y sobre qué base se calculará el daño causado por el fentanilo contaminado.

Hasta ahora, los peritos oficiales del Cuerpo Médico Forense identificaron a 52 pacientes fallecidos después de ser tratados con el fentanilo contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y/o Ralstonia mannitolilytica.

Según los dos dictámenes que ya fueron incorporados al expediente, los resultados de las pericias fueron los siguientes:

• “La causa de muerte se vincula con la bacteriemia asociada a los gérmenes mencionados”.
• “La infección asociada a los microorganismos mencionados implicó un incremento del riesgo de muerte y la falla multiorgánica provocada por ella fue un factor determinante en el desenlace fatal”.

Los peritos también advirtieron que las bacterias multirresistentes pueden provocar muertes en menos de 30 días y recomendaron revisar la documentación médica de los receptores de órganos provenientes de donantes infectados.

Por otro lado, los facultativos del Instituto Malbrán, laboratorio de referencia, también detectaron fallas graves en la cadena de producción de las ampollas del Fentanilo HLB Pharma, en particular en los lotes 31202 y 31244, que presentaban “riesgos significativos que comprometerían la calidad y seguridad del producto”. Según los peritos, el proceso de fabricación era “poco robusto e inconsistente” y mostraba “una deficiente calidad de llenado y cierre”.

También se detectaron fallas en los controles de los laboratorios por parte de los organismos de control del Estado.

Si bien hasta ahora el juzgado trabajaba con 174 historias clínicas de pacientes fallecidos presuntamente vinculados al fentanilo mortal, en las primeras semanas de la feria judicial, el equipo de Kreplak se ocupó de depurar los casos en los que, por mala confección de las historias clínicas o porque los hospitales y sanatorios no efectuaron estudios bacteriológicos en muestras de sangre de los pacientes.

Por esa razón, quedaron en pie los 159 casos en los que la presencia de los microorganismos contaminantes quedó perfectamente acreditada.

Los procesados, que volverían a ser indagados después de que el Cuerpo Médico Forense se expida sobre los 159 casos que deberá analizar, son:

• Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
• Diego García Furfaro, su hermano y directivo de ambas compañías.
• Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura de HLB Pharma Group SA.
• José Antonio Maiorano, director técnico responsable de la producción y liberación de los lotes contaminados.

Actualmente, los hermanos García Furfaro y Tchukrán están detenidos.

Mientras tanto, la madre de los hermanos García, Nilda Furfaro, y Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo SA, fueron beneficiadas con prisión domiciliaria.

Otros ocho involucrados en la causa —responsables de las cadenas de producción y control de calidad— fueron procesados sin prisión preventiva: Eduardo Darchuk, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Rocío del Cielo Garay, Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar, Adriana Iudica, Wilson Daniel Pons, María Victoria García y Víctor Pablo Boccaccio.

Desde el entorno del magistrado, entienden que la cantidad de víctimas fatales puede ser mayor a lo probado hasta ahora.

“La baja de la edad de imputabilidad es clave, ojalá logremos que se establezca a los 13 o 14 años, pero creo que incluso debería ser menos”. Las declaraciones de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dejaron en evidencia que la discusión sobre el contenido del nuevo Régimen Penal Juvenil, que se tratará durante las sesiones extraordinarias, no está saldada al interior del Gobierno.

Mientras algunos referentes libertarios dejaron trascender que establecer la edad mínima de imputabilidad en los 14 años permitiría alcanzar consensos más amplios que dejarán al oficialismo muy cerca de tener los votos para sancionar la nueva ley, otros creen que es momento de insistir con la redacción original del proyecto, que proponía bajar el umbral a los 13 años.

El primer proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados en julio de 2024. Allí se discutió durante largos meses y recién en mayo de 2025 un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Justicia acordó un dictamen de mayoría firmado por LLA, el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre (los últimos dos con algunas disidencias).

Durante esas negociaciones, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica presionaron para fijar la edad mínima en 14 años. También redujeron de 20 a 15 años de prisión efectiva la pena máxima para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. Eso posibilitó llegar a un texto consensuado que quedó listo para ir al recinto, algo que finalmente nunca ocurrió.

Con el recambio legislativo, el dictamen perdió estado parlamentario y técnicamente la discusión deberá comenzar desde cero. Algunos sectores del Gobierno se inclinan por “respetar” los acuerdos previos; en cambio, otros creen que la victoria electoral de las legislativas y el contexto generado por algunos crímenes resonantes, como el de Jeremías Monzón en Santa Fe, habilitan a jugar más a fondo.

En esta discusión, la posición que adopten los aliados del Gobierno y los sectores dialoguistas terminará de inclinar la balanza. “El Gobierno está muy bien y viene metiendo goles, es obvio que van a tensar la discusión y proponer otra vez los 13 años. Pero nosotros vamos a seguir sosteniendo que la edad mínima tiene que ser 14 años”, explicó un referente del PRO en Diputados.

Desde la bancada que conduce Cristian Ritondo argumentan que es una cuestión de “prudencia científica y de realidad operativa”. “No hay consenso médico ni psicológico sobre si un chico de 12 o 13 años comprende plenamente la criminalidad de sus actos. Tanto la Convención de Naciones Unidas, en su observación general número 24 relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, y estudios en neurociencias advierten que a esa edad el pensamiento abstracto aún está en desarrollo. Ante la duda, más allá de lo que uno crea, es decir, sin que implique tomar partido, lo más prudente parece ser esperar a que se consolide un criterio científico”, explicaron.

A su vez, advierten que el Estado tiene enormes dificultades para alojar y tratar a los menores que ya están en el sistema: “Sabemos que bajar la edad implica un esfuerzo grande en términos de infraestructura y bajar la edad a 13 años duplicaría la población de internos de un día para el otro. La propia Corte Suprema ya alertó al Poder Ejecutivo sobre la falta de infraestructura. Sin lugares adecuados, la ley nacería muerta”.

Por otro lado, el bloque amarillo entienden que será una buena oportunidad para “plantarse” e inaugurar la nueva etapa de “aliados con condiciones”. Cabe recordar que muchos en el bloque PRO aún no superaron el malestar por la ruptura de los diputados bullrichistas y la posterior incorporación a La Libertad Avanza de Alejandro Bongiovanni, Verónica Razzini y Lorena Petrovich.

Ante la consulta de Infobae, desde el bloque oficial de la UCR coincidieron en que “la discusión no debería volver a foja cero porque el tema ya está casi alineado en una de las Cámaras”.

“Por querer jugar a fondo, pueden perder el número que prácticamente ya tienen asegurado para bajar la imputabilidad a los 14 años. El radicalismo quiere que la ley salga, no hay que desaprovechar los consenso que no fueron nada fáciles de conseguir, sería perder el tiempo”, explicaron. Y advirtieron: “Tienen que mirar la composición de la Cámara”.

La advertencia no es menor, ya que sin los 22 votos del interbloque Fuerza del Cambio, donde conviven el PRO, la UCR y el MID, para el oficialismo sería prácticamente imposible llegar al quórum de 129 para el debate en Diputados.