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Asamblea Legislativa: crece la polémica por las restricciones a la prensa y líderes opositores se suman al reclamo

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Pese a las advertencias que cámaras mediáticas y agencias internacionales transmitieron ante el operativo cerrojo que prepara el Gobierno para restringir el trabajo periodístico y fotográfico durante la Asamblea Legislativa, por ahora el Congreso nacional mantiene inalterable el protocolo de coberturas para la prensa.

En el balcón que históricamente le corresponde a la prensa acreditada para cubrir cada una de las sesiones, incluida la Asamblea Legislativa, el Gobierno tiene previsto sentar a invitados especiales y personas allegadas a La Libertad Avanza.

Ante una gestión del Círculo de Periodistas Parlamentarios (CPP), los jefes de todos los bloques de la oposición, incluyendo de las bancadas aliadas al oficialismo como el PRO, el MID y la UCR, firmaron una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la titular del Senado, Victoria Villarruel, para que normalicen la situación de manera tal que los cronistas y reporteros gráficos puedan trabajar con libertad durante la jornada.

“Solicitamos con carácter urgente la inmediata revisión de estas restricciones, garantizando que los periodistas acreditados y reporteros gráficos puedan desempeñar su labor con plena libertad, tal como ocurrió históricamente en este ámbito”, reclamaron al menos once líderes de bloques opositores.

“Esta incorrecta restricción atenta directamente contra el derecho a la libertad de expresión y de prensa”, afirmaron los diputados nacionales.

A través de un comunicado previo, el CPP manifestó que “deplora y rechaza la decisión de los presidentes de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y del Senado, Victoria Villarruel, de impedir el acceso de los periodistas acreditados en el Congreso de la Nación a los palcos que históricamente estuvieron asignados a los medios de comunicación durante la Asamblea Legislativa del próximo sábado”.

“El Círculo de Periodistas Parlamentarios lamenta que otro poder del Estado, como es el Congreso, claudique ante las órdenes del Poder Ejecutivo, y pide por este medio a los titulares de ambas cámaras legislativas que revean esta medida”, enfatiza la agrupación que nuclea a los periodistas acreditados en el Congreso nacional, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas.

Para los firmantes del escrito, “se trata de una decisión inconsulta, sin antecedentes en más de un siglo de tarea periodística en el Parlamento, y sin una explicación de las causas por las que se pone esta traba innecesaria a la tarea de informar sobre uno de los acontecimientos más importantes del año legislativo, como es el discurso sobre el estado de la Nación que el Presidente ofrece todos los 1ro. de marzo para dar inicio al período de sesiones ordinarias”.

En el comunicado, los periodistas recuerdan que “todos los invitados tienen habitualmente palcos designados para el acto y no se entiende la razón por la que a los periodistas se los discrimina de esta manera absolutamente irracional y sin ningún sentido práctico”.

Según señalan, “lo más lamentable es que las autoridades de ambas Cámaras hayan tomado esta medida sin ninguna necesidad, ya que la prensa acreditada ha ocupado esos palcos de manera histórica sin que se registrara un incidente que justifique una decisión de estas características”.

Si bien a raíz de la reacción de sectores de la política y de la sociedad civil el Gobierno dio marcha atrás con la prohibición de que reporteros gráficos de medios acreditados puedan trabajar en la Asamblea, se mantienen fuertes restricciones para poder realizar las coberturas ya que sólo dispondrán de un espacio acotado en una galería lateral del segundo piso.

Para colmo, deberán compartir ese lugar con los periodistas gráficos, por lo que unos y otros serán obligados a trabajar amontonados sin el menor miramiento a garantizar condiciones adecuadas para la tarea de los periodistas.

El instructivo para la acreditación de periodistas publicado en el sitio web del Senado explica que “por razones de índole estrictamente organizativas las locaciones disponibles para la prensa en general se verán reducidas respecto a anteriores asambleas”.

En efecto, en todos los gobiernos anteriores desde el regreso de la democracia, los periodistas acreditados tienen asignado un amplio balcón en el primer piso, de frente al hemiciclo y con una visión cercana a los protagonistas, pudiendo observar con detalle toda la actividad durante las asambleas legislativas y sesiones convencionales.

Las restricciones a la prensa fueron decididas por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y acatadas mansamente por las autoridades del Senado, que tienen a su cargo la organización de la Asamblea Legislativa en la que se presentará el presidente Javier Milei en medio de la tormenta por las repercusiones del “criptogate”.

La Cámara de Diputados, que alberga el recinto donde se llevará a cabo la ceremonia, tampoco opuso resistencia a la decisión de la Casa Rosada.

El comunicado completo de toda la oposición

“Nos dirigimos a ustedes tras haber tomado conocimiento de las restricciones impuestas al periodismo acreditado en ambas cámaras del Congreso de la Nación, así como de la prohibición de trabajo de los reporteros gráficos en la cobertura de la Asamblea Legislativa del próximo primero de marzo.

Esta incorrecta restricción atenta directamente contra el derecho a la libertad de expresión y de prensa, y vulnera principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución Nacional en el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Acta de San José de Costa Rica), y en estándares internacionales de derechos humanos que garantizan el derecho a informar y a ser informado.

El Congreso de la Nación es la casa de la Democracia y no puede convertirse en un ámbito donde se restringe el ejercicio libre del periodismo. 

La decisión de limitar el acceso a los trabajadores de prensa afecta al derecho de de la ciudadanía a conocer, de manera libre y sin intermediaciones oficiales, el desarrollo de un acto de trascendencia institucional, como lo es la apertura de sesiones ordinarias.

Cabe recordar que el Presidente de la Nación, conforme al artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional, concurre al Congreso en calidad de invitado para rendir cuentas sobre el Estado de la Nación.

No se trata de un acto partidario ni de una prerrogativa personal, sino de una obligación institucional que debe realizarse con la máxima transparencia y publicidad posibles.

Por todo lo expuesto, solicitamos con carácter urgente la inmediata revisión de estas restricciones, garantizando que los periodistas acreditados y reporteros gráficos puedan desempeñar su labor con plena libertad, tal como ocurrió históricamente en este ámbito.

Limitar el acceso a la prensa no solo implica un retroceso en términos democráticos, sino que sienta un mal precedente para la relación entre los poderes del Estado y el ejercicio de los derechos fundamentales en nuestro país.

Esperamos su pronta respuesta y la reconciliación de estas medidas”.

Firmantes: Cristian Ritondo y Silvana Giudici (PRO), Germán Martínez (Unión por la Patria), Karina Banfi (UCR), Miguel Pichetto y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Pablo Juliano y Marcela Coli (Democracia para Siempre), Oscar Zago (MID). 

Por su parte, el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño también escribió un mensaje alusivo en su cuenta de la red social X: “Desde nuestro bloque repudiamos este ataque a las y los periodistas parlamentarios. Este nuevo atropello a la libertad de prensa muestra una vez más el autoritarismo del gobierno de Milei”.

En tanto, Silvana Guidici tuiteó: “El acceso a la información pública es vital. Los periodistas parlamentarios deben poder trabajar con comodidad. Ver y tomar nota de sus impresiones, opinar y poder cubrir en detalle la asamblea del primero de marzo con buena visibilidad”.

El senador nacional de la UCR Pablo Blanco también se expresó por la misma red social: “Repudio la medida de @MenemMartin y @VickyVillarruel que impide el acceso de periodistas a los palcos del Congreso para cubrir la apertura del año legislativo. Es una acción arbitraria que afecta la libertad de prensa y somete al Poder Legislativo al capricho del Presidente”.

Cómo se comunicó el protocolo que restringe el trabajo periodístico

En una reunión fugaz, improvisada de un momento a otro, autoridades de prensa del Senado y de Diputados comunicaron en la tarde del martes la medida a un grupo de referentes del Círculo de Periodistas Parlamentarios.

No dieron espacio a ningún tipo de negociación: simplemente se trasladó la determinación de ambas cámaras de hacer cumplir la directiva del Gobierno, pese a que la medida representa una abierta invasión de competencias de un poder del Estado sobre otro, atacando el principio republicano de división de poderes.

Este protocolo de estricto control y cercenamiento de la actividad de prensa fue interpretado por agencias internacionales de medios como un acto de censura y de limitación de la libertad de expresión. 

El Gobierno libertario ya había dado indicios previos de limitar la actividad periodística el 10 de diciembre del 2023 durante la asunción presidencial, cuando Milei le tomó juramento a los miembros de su Gabinete a puertas cerradas, y solo se conocieron imágenes oficiales distribuidas por la Casa Rosada.

A su vez, el 15 de septiembre del año pasado, durante la presentación del proyecto de Presupuesto 2025 a cargo de Milei, los periodistas fueron corridos de su habitual sector de cobertura en el balcón del primer piso del recinto de Diputados para ser desplazados a una platea lateral mucho más chica en la que sólo un puñado tuvo el “privilegio” de seguir la sesión sentado, alterando sensiblemente las condiciones de trabajo habituales.

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“Menos de un caramelo”: la irrisoria multa por no votar en Provincia y hasta cuándo hay tiempo de pagarla

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Los electores de la provincia de Buenos Aires deberán asistir a las urnas este domingo 7 de septiembre para las elecciones legislativas provinciales, en una jornada donde la sanción por ausencia vuelve a ser noticia por su monto irrisorio: arranca en solo $50.

Según consta en la Ley Electoral Provincial N° 5109, los ciudadanos de entre 18 y 70 años que no emitan su voto enfrentarán una multa de $50 a $500. Si bien el dinero se destina al fomento de la educación, el monto, que como relevó Noticias Argentinas no se actualiza, es calificado como “menos que un caramelo”.

El punto clave para quienes no asistan es la justificación: los electores tienen un plazo de 60 días (contados desde la elección) para acreditar el motivo de la ausencia ante la Junta Electoral. La fecha límite, por lo tanto, es el próximo 6 de noviembre. Solo se aceptan tres justificativos comprobables: estar a más de 500 km del lugar de votación, un problema de salud certificado o un motivo de “fuerza mayor”. Quienes no justifiquen ni paguen la multa quedarán registrados en el Registro de Infractores.

Elecciones en PBA: qué se vota y por qué no se usa la Boleta Única

En los comicios de este domingo, los bonaerenses elegirán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, junto con 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Además, se definirán concejales y consejeros escolares en los distritos.

El Ministerio de Gobierno bonaerense aclaró que, a diferencia de las elecciones nacionales de octubre, en estos comicios provinciales no se implementará la Boleta Única de Papel (BUP). La votación se realizará mediante el sistema tradicional de “boletas partidarias”, que según la cartera “conserva plena vigencia” y es valorado por el electorado. La veda electoral rige desde este viernes a las 8:00.

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Peritos determinaron que el uso del fentanilo contaminado elevó en 52% el riesgo de muerte

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El escándalo por el fentanilo contaminado sumó un dato estremecedor. Según un informe del Cuerpo Médico Forense, el uso del lote 31.202 de ampollas de fentanilo —fabricado por el laboratorio HLB Pharma Group S.A.— incrementó en un 52% la probabilidad de muerte de los pacientes en los 30 días posteriores a su administración.

El documento, publicado po Infobae, fue incorporado a la causa judicial que investiga la responsabilidad del laboratorio de Ariel García Furfaro. Los especialistas analizaron 40 historias clínicas de pacientes fallecidos y detectaron que, en al menos 24 casos, hubo un “nexo concausal” entre la infección desarrollada y el uso del medicamento.

Bacterias detectadas

Los peritos identificaron dos bacterias —Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae— tanto en hemocultivos de los pacientes como en las ampollas del lote contaminado. Los análisis confirmaron su identidad fenotípica, molecular y genómica, lo que refuerza la relación directa entre la contaminación y el agravamiento de los cuadros clínicos.

Un factor agravante

Si bien el informe no concluye que las bacterias hayan sido la causa exclusiva de muerte, sí advierte que actuaron como un factor agravante en pacientes que ya atravesaban situaciones críticas de salud. “La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal”, indicaron los peritos.

La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal

La investigación judicial avanza sobre la cadena de producción y distribución del fentanilo, mientras la OMS exigió retirar del mercado seis lotes contaminados por representar un riesgo global para la salud. Hasta ahora, se registraron casi un centenar de muertes vinculadas al medicamento en hospitales argentinos.

El caso puso en evidencia fallas graves en los controles sanitarios y derivó en imputaciones contra más de veinte personas, entre ellas directivos del laboratorio.

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Elisa Carrió presentó un pedido de juicio político contra el juez que prohibió difundir audios de Karina Milei

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Elisa Carrió avanzó con un pedido de juicio político contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, el magistrado que dictó la medida cautelar que impidió la difusión de audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada y el Congreso, en un caso que generó críticas porque puede configurar censura previa.

Carrió firmó el pedido contra Maraniello junto con la diputada nacional Marcela Campagnoli y su par porteño Hernán Reyas, según comunicó este último en sus redes sociales.

“Con @elisacarrio y @M_Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Maríanello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado”, escribió Reyes en X.

En la publicación, el candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica aseguró que “un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables”. Agregó que “las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”, cerró el legislador de la Ciudad.

Un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiable

Los denunciantes acusan al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por haber dispuesto la medida cautelar que para la oposición, juristas y colegios de abogados supone una flagrante violación de un derecho humano como es la libertad de expresión, en el marco del escándalo de presunta corrupción por cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En el trámite abierto ante el Consejo de la Magistratura se solicita la apertura del procedimiento de acusación, suspensión en el cargo y requerimiento de destitución.

Para la Coalición Cívica, la prohibición de la difusión de chats, fotos, audios y videos de Karina Milei en cualquier medio o red social representa “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública ”.

Por otra parte, los tres dirigentes opositores señalan una posible relación de connivencia con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura y la justicia federal, lo que de confirmarse perpetraría una violación de la independencia judicial y de la división de poderes.

Por si fuera poco, Carrió, Campagnoli y Reyes denuncian que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), una institución que “resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación”.

Resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación

“A tal punto, que cuenta con importantes ‘auspiciantes’ incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios HLB Pharma” y “Ramallo“, indicaron en la denuncia.

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