Fuerza Patria, la alianza peronista conformada para las elecciones legislativas nacionales, oficializó este domingo a sus candidatos en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires. En territorio bonaerense, Jorge Taiana liderará la lista de diputados nacionales. Lo secundan la massista Jimena López y el referente de Patria Grande, Juan Grabois, que ocupa el tercer lugar como postulante de consenso.

La nómina incluye a la diputada nacional Vanesa Siley; Sergio Palazzo, dirigente de La Bancaria y actual diputado; la senadora bonaerense Teresa García; el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla; la diputada Agustina Propato y Hugo Moyano hijo, abogado e hijo del líder camionero. También figuran la legisladora provincial Fernanda Díaz; el dirigente del Frente Renovador y director del Banco Provincia Sebastián Galmarini; la ex secretaria de Integración Socio Urbana Fernanda Miño; el diputado y referente sindical Hugo Yasky; la militante feminista Marina Salzman y el exministro de Educación Nicolás Trotta.

Al presentar la lista, Taiana sostuvo que harán “un esfuerzo por esas esperanzas que hoy están caídas” y recordó a Néstor Kirchner: “Si no te gusta la sociedad en la que vivís, militá y cambiala”. En diálogo con Radio del Plata, planteó tres ejes: generación de empleo con apoyo a las pymes, defensa de la soberanía en temas como Malvinas y la Antártida, y mayor cercanía entre la dirigencia y la ciudadanía.

En la Ciudad de Buenos Aires, la lista de diputados será encabezada por Itaí Hagman, secundado por la exministra de Trabajo Kelly Olmos, el dirigente del PJ Santiago Roberto y la exlegisladora porteña Lucía Cámpora. Para el Senado se postularán Mariano Recalde, presidente del PJ porteño, y Ana Arias.

Hagman afirmó que el espacio tiene “un proyecto de Nación” y cuestionó al PRO: “Lo único que hace es arrodillarse ante La Libertad Avanza”. Además, advirtió que buscan “ponerle un freno a la motosierra de Milei, a este modelo inhumano e insensible que pondera este Gobierno”.

En paralelo, en otras provincias también se definieron candidaturas de Fuerza Patria. En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo acordó con su antecesor Juan Manzur y encabezará la lista de diputados. En Chaco, Jorge Capitanich será candidato a senador junto a Magda Ayala, mientras que Sergio Dolce liderará la nómina de diputados.

El PRO encaró el cierre de listas legislativas con un fuerte repliegue territorial. El partido conducido por el expresidente Mauricio Macri presentó listas propias en apenas tres provincias —Córdoba, Río Negro y Santa Cruz— y en el resto del país se subordinó a las estructuras de La Libertad Avanza (LLA).

En Córdoba, el diputado nacional Oscar Agost Carreño, ex titular del PRO provincial, aguardaba la confirmación judicial para encabezar la nómina de diputados. La disputa interna se agravó por la intervención partidaria dispuesta por la conducción nacional, que designó al exintendente de Pinamar Martín Yeza como interventor.

En Río Negro, el legislador Juan Martín encabezará la lista al Senado y Martina Lacour la de Diputados. La acompañan referentes locales como la escritora Claudia Bertora, de Bariloche, y Gastón Varela, de Cipolletti. El intento de sellar un acuerdo con LLA fracasó y el PRO optó por competir en solitario.

En Santa Cruz, el referente local Leonardo Roquel será primer candidato a diputado, secundado por Andrea Gallegos, ex titular de AMET, y el dirigente histórico Horacio Padín. Como suplentes figuran Camila Alderete, Mauro Espinoza y Paula Bolívar.

En la Ciudad de Buenos Aires, el PRO consiguió dos lugares en la lista libertaria, en posiciones con chances de ingreso a Diputados. Los nombres elegidos fueron Fernando De Andreis, exsecretario general de la Presidencia y hombre de extrema confianza de Macri, y Antonela Giampieri, secretaria parlamentaria del bloque Vamos Juntos.

En la provincia de Buenos Aires, el acuerdo con LLA incluyó a Diego Santilli en el tercer lugar de la lista que lidera José Luis Espert y a Alejandro Finocchiaro en el octavo. La negociación estuvo a cargo de Cristian Ritondo, en tándem con el armador libertario Sebastián Pareja.

La boleta amarilla quedó así reducida a tres distritos. En los demás, el PRO acompañará con acuerdos provinciales o integrándose a las listas libertarias. Para muchos dirigentes, el panorama refleja un “achicamiento” del partido y el inicio de un proceso de refundación hacia 2027.

La situación electoral de Cristina Kirchner abrió un nuevo frente judicial y político. A pesar de que el Código Electoral y el Código Penal establecen que quienes tienen una condena firme por delito doloso no pueden votar, la expresidenta aparece habilitada en el padrón. Esto ocurre porque esa misma prohibición fue declarada inconstitucional en distintos fallos judiciales, lo que dejó un escenario de contradicción normativa.

El abogado constitucionalista Patricio Nazareno describió el caso como un “momento gris” de transición: “Ocurre que esta norma fue declarada inconstitucional, pero todavía no se derogó ni se implementó un mecanismo adecuado”. En ese sentido, señaló que si los presos en otras cárceles del país pueden ejercer el sufragio, tampoco debería impedírselo a la exmandataria.

El debate cobró fuerza luego de que la jueza federal de Río Gallegos, Mariela Borruto, rechazara la orden del Tribunal Superior de Justicia que exigía excluir del padrón a Cristina Kirchner y a otros condenados de la Causa Vialidad. Borruto sostuvo que la aplicación de los artículos 3 del Código Nacional Electoral y 12 y 19 del Código Penal resulta inconstitucional, ya que “restringir el derecho al voto de un condenado, sin haber realizado evaluaciones previas de su salud mental, conformaría un atentado a las garantías de los procesados”.

La magistrada recordó además los antecedentes de los fallos Zelaya y Orazi, que avalaron el derecho al voto de personas privadas de la libertad, y se respaldó en estándares internacionales: “Privar el derecho a votar infringe los estándares de nuestro más alto tribunal, ello sin perder de vista que las normas cuestionadas no superan los estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Pese a esa decisión, el fiscal Julio Zárate apeló el fallo de Borruto y elevó la disputa a la Cámara Electoral. Argumentó que, en el caso de Cristina Kirchner, se trata de delitos agravados por corrupción y daño al Estado, lo que justificaría limitar el ejercicio de sus derechos políticos.

De este modo, la controversia no gira solo en torno a la expresidenta. Expone un vacío legal: mientras la norma que prohíbe votar a condenados sigue vigente en los códigos, la jurisprudencia la declaró inaplicable hace años. Como enfatizó Nazareno, “estas cosas no hay que discutirlas con nombre y apellido”, porque el verdadero eje es la coherencia del sistema.

La definición final quedará en manos de la Cámara Nacional Electoral, que deberá resolver si Cristina Kirchner mantiene su condición de votante o si corresponde aplicar de manera estricta la prohibición todavía escrita en la ley.