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Política Nacional

Avanza en Diputados el proyecto que busca proteger la estatización de Aerolineas Argentinas

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La iniciativa del diputado oficialista Máximo Kirchner propone la reforma de la ley 26466, que declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de las Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral S.A., y prohíbe expresamente “la transferencia de las acciones” sin una autorización previa del Congreso.

La Comisión de Legislación General dio dictamen de mayoría al proyecto que modifica el articulo 1° de la Ley transporte aerocomercial –26466- sobre prohibición de la transferencia de las acciones declaradas de utilidad pública y sujeta a expropiación, sin la aprobación del voto de las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara del Congreso. Juntos por el cambio presentó un dictamen de rechazo porque lo consideró un “debate express sin previo tratamiento de asesores” y se retiró del debate.

En los fundamentos, el texto de autoría del diputado Máximo Kirchner (FdT), plantea que si bien la Ley 26.466 declara la utilidad pública de las acciones de Aerolíneas Argentinas S.A., “no previó un mecanismo que limite la transferencia de aquellas acciones, por lo que es necesario establecer el alcance de dicha utilidad y plasmar una de las voluntades de la ley – o el espíritu o finalidad”.

En el texto se sustituye el artículo 1° de la Ley 26.466 (Transporte aerocomercial) a fin de cumplir con lo previsto en el artículo 1º de la Ley 26.412, “decláranse de utilidad pública y sujetas a expropiación, conforme lo establece la Ley 21.499, las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus empresas controladas Optar Sociedad Anónima, Jet Paq Sociedad Anónima y Aerohandling Sociedad Anónima”. “Quedan exceptuadas de lo dispuesto precedentemente las acciones de propiedad del Estado y las de los trabajadores de las referidas empresas”, indica.

“Se pretende volver a cero el esfuerzo que tanto le ha costado al pueblo argentino para reconstruir las empresas públicas luego de la estafa de las privatizaciones. Otra vez la excusa de que una empresa deficitaria debe cerrar o debe estar en manos privadas como una idea nueva”, fundamenta la iniciativa.

En este sentido, -invitado a la Comisión- Carlos Figueroa, director de Comunicación y Relaciones Instalaciones de Aerolíneas Argentinas, expresó que la aerolínea “representa una herramienta estratégica para el desarrollo nacional al servicio de los intereses de los argentinos y, también, la inversión que viene realizando el Estado en que cada año viene siendo menor. Es una inversión absolutamente virtuosa”.

“Tenemos una red de vuelos que en términos de tráfico doméstico garantiza la conectividad del país. Con 39 destinos, 48 rutas federales (12 más previo a la pandemia) y una red de vuelos internacionales que es un motor y una herramienta fundamental para promocionar y generar ingreso de turistas; con la implicancia que tiene en términos de generación divisas y también preservación de divisas”. “Aerolíneas en los últimos 6 meses vendió en el exterior 300 millones de dólares en pasajes, generando un ahorro de esta moneda”, puntualizó el funcionario.

Finalmente, Figueroa aportó números: “hubo una reducción del 80% del déficit de Aerolíneas” comparado contra el año 2019. Y del 60% comparado con 2022, “el mejor año desde su estatización”, dijo. Además, expuso un informe externo de IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) que indica que “el impacto positivo fue de 6 mil millones de dólares en 2022 y que generó más de 107 mil puestos de trabajo”.

Asimismo, los legisladores aprobaron el dictamen de proyectos de transferencia de inmuebles del Estado nacional a las provincias de Río Negro y Salta; y aprobaron el expediente que instituye al 30 de marzo de cada año como Día Nacional del Turismo Rural. También estuvo presente en representación de Aerolíneas Argentinas, Valeria Campolongo, directora Económica y Financiera.

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El Senado se prepara para sancionar dos leyes y cerrar su año: los escenarios posibles

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De dos leyes a ninguna, ese es el panorama que se presenta para lo que sería la última semana de actividad en el Senado: La Libertad Avanza debe decidir si sanciona este viernes el Presupuesto 2026 y la iniciativa de Inocencia Fiscal, tal como vinieron de Diputados, y cierra el período de sesiones extraordinarias convocado hasta el martes 30, o si empuja cambios desesperados en el proyecto de gastos para el año próximo, luego de las tropelías oficialistas en la Cámara baja. Esta situación derivaría en una ruptura con casi todo el sector dialoguista, con el que la Casa Rosada volvió a reconectar hace cinco minutos.

El sendero vigente en el Senado parece claro. Lo que menos quieren hacer eventuales aliados es aparecer pegados a las estrategias que impone Cristina Kirchner desde su prisión domiciliaria. El problema es que el Gobierno comprende esto como apoyo incondicional a cualquier idea y no reconoce las promesas realizadas a los sectores aliados.

Un combo letal para muchos “aceitosos” que quedan en el medio, con votos trascendentales. Nunca hay que dejar de dimensionar que el éxito o fracaso en el Congreso está atado a la voluntad de puñados de legisladores poco conocidos, pero con gran poder de daño.

Durante la tarde de ayer, el último intento magistral de la Casa Rosada fue pedirle un Zoom a la jefa libertaria, Patricia Bullrich, con el resto de los titulares del flamante “entendimiento” entre oficialismo y dialoguistas senatoriales -44 de 72, aunque tiene uno menos hasta que el rionegrino Enzo Fullone jure en la próxima sesión- y la respuesta, más allá del intercambio en muy buenos términos, fue idéntico: si La Libertad Avanza insiste con retocar el Presupuesto 2026 y no sancionarlo tal como vino de Diputados, habrían más modificaciones y el texto quedaría en peores condiciones según la perspectiva del Ejecutivo.

No sólo eso. Para el convite del 26 en el recinto -a partir de las 12-, a la oposición que desea acompañar tampoco le costaría solicitar la discusión en particular de la ley de Inocencia Fiscal -interesan los dólares- para que el diablo meta la cola y esa iniciativa sea forzada a regresar a la Cámara baja en segunda revisión. “El clima es bueno, pero no podemos resolver nosotros la mala praxis de los diputados libertarios. Espero que no sea el comienzo de algo buscado a propósito para romper el ida y vuelta. Sería demasiada tomada de pelo”, sentenció un senador de peso a Infobae.

El viernes último, cuando se dictaminó el proyecto de Inocencia Fiscal, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) y la macrista Andrea Cristina (Chubut) realizaron observaciones al articulado. A pesar de la presidencia del libertario Juan Carlos Pagotto en la comisión de Justicia, fue la propia Bullrich la que tuvo que intervenir.

“Quiero decirles que nosotros estamos dispuestos, en las sesiones ordinarias, a analizar este planteo que hacen los senadores Abad y Cristina y explicar cuáles serían las multas en aquellos contribuyentes muy pequeños que necesitan que haya una proporción entre el capital y el capital de trabajo que tienen en sus negocios, las fallas que puedan tener por cuestiones formales y la posibilidad de que esas multas sean acordes a esta realidad. En todo caso, como creemos importante poner en marcha esta ley desde el momento de su promulgación, nos comprometemos a analizar un capítulo especial, una ley corta que pueda subsanar este problema”, expresó Bullrich.

Salvo la sesión del 26, en el Senado no aparece actividad oficial alguna. Sí es probable que se vea mañana a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, en la inauguración del oratorio Santa María Antonia de San José “Mamá Antula”. La convocatoria no fue informada, aunque se estima que durante el evento habrá una bendición del arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. La zona para rezar -varias volteretas de las autoridades, como contó este medio semanas atrás- quedará inaugurada en la oficina del expulsado Edgardo Kueider, quien fue detenido a fines de 2024, en un paso fronterizo, con más de USD 200.000 sin declarar.

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La Casa Rosada reactivó contactos con los gobernadores radicales para blindar el Presupuesto y las reformas en el Congreso

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El Gobierno decidió terminar con la etapa de reproches por el traspié en la Cámara de Diputados, con el Capítulo XI. Cuando culminó la sesión del miércoles, uno de los gobernadores más cuestionados fue Alfredo Cornejo porque, según dejó trascender La Libertad Avanza (LLA), “se jactaba de su control dentro del bloque” que integra un sector de la UCR y el PRO. Rogelio Frigerio y Leandro Zdero también entraron en la lista de apuntados. Pero, según pudo saber Infobae, en las últimas horas el oficialismo mantuvo conversaciones para bajarle el tono a la conflictividad e iniciar las negociaciones para garantizar los votos del Presupuesto en el Senado.

“Nos cagaron”, se quejaron los libertarios. Cerca de Martín Menem le expresaron a este medio que confiaban en que Cornejo tenía su bloque controlado y que, por el contrario, Pamela Verasay (UCR) y Nicolás Massot (Provincias Unidas) se dedicaron a “porotear” para que el Capítulo XI del Presupuesto no salga.

Ese apartado estaba destinado a responder a las demandas de aliados parlamentarios, como los fondos que Nación adeuda a la Ciudad de Buenos Aires, reclamados por Jorge Macri, junto con modificaciones en la ley de Zonas Frías y recursos para la Justicia, pero a último momento se agregaron la derogaciones de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Educativo. Varios diputados calificaron esa maniobra como un “chantaje”.

La versión de la Casa Rosada enfureció a los radicales aliados del Gobierno. En principio, respondieron con un dato contundente: los diputados mendocinos votaron a favor del proyecto y de los cambios que propuso el oficialismo en el Presupuesto. Pero, además, aseguraron que el propio partido libertario les había confirmado que tenían todos los apoyos para avanzar con la medida.

Pero el punto que más molestó en Mendoza fue que lo acusen a Cornejo de “jactarse de manejar el bloque completo”. Como reconstruyó este medio en varias oportunidades, durante las negociaciones para armar los bloques, el radical buscó mantener a la bancada de la UCR unida, aunque eso implicara votaciones distintas.

Durante el fin de semana, varios teléfonos sonaron para contener el conflicto que podía complicar al Gobierno en el Senado. Eduardo “Lule” Menem y Diego Santilli se comunicaron con Cornejo para bajar la espuma. Le agradecieron por el apoyo de sus diputados y desmintieron cualquier tipo de trascendido. En paralelo, convocaron una reunión por Zoom con los jefes de bloques que representan a los 44 senadores aliados para delinear la estrategia a aplicar en la próxima sesión en la Cámara alta.

“Los bloques tienen sus propias tensiones sobre cómo resolver el vínculo con el Gobierno”, confesó a este medio un senador de la UCR sorprendido por las maniobras del oficialismo. Aunque comparten electorado y apoyan varias medidas de ajuste que impulsa Javier Milei, el partido centenario sufre contradicciones sobre la mirada del Gobierno en materia de financiación de la educación.

En el Senado los radicales advierten que no todos estarán dispuestos a corresponder a las demandas de los gobernadores. “Muchos tienen sus propias aspiraciones en sus territorios y buscan mantener cierta coherencia”, ejemplifican y mencionan con incomodidad la insistencia del Gobierno con medidas que ya fueron ratificadas en varias oportunidades por el Congreso. Todos miran hacia 2027 y buscan hacer pie en un vínculo que no terminan de entender con el oficialismo, pese a las alianzas electorales.

La Casa Rosada, además, mantiene un frente abierto con Corrientes. En el entorno de Gustavo Valdés dejaron trascender que sigue el malestar por la falta de respuestas a sus demandas. “Lo que le prometió Santilli no estaba en el Presupuesto”, dicen los correntinos y enumeran la falta de financiación para distintas obras, entre ellas, el puente que une a la provincia con Chaco. De hecho, el diputado Diógenes González votó en contra del Capítulo XI. Los correntinos habrían sumado más malestar por el voto de un libertario en contra del endeudamiento en la Legislatura.

El panorama para el Gobierno con Provincias Unidas es totalmente diferente. Maximiliano Pullaro comenzó a tensionar cada vez más su relación con el Poder Ejecutivo. Fundó el partido con la idea de representar las necesidades del interior del país, pero sin convertirse en una oposición extrema y acompañar las medidas de Milei que consideren necesarias. Sin embargo, en los últimos meses su distancia es cada vez más notoria.

Hasta el momento, Pullaro se resistió a reunirse con Diego Santilli hasta que no aparezcan respuestas concretas a las demandas de su provincia. “Yo no voy a ceder ante el Gobierno nacional por una foto en redes sociales. Voy a defender los intereses de Santa Fe”, afirmó en una reciente entrevista que brindó a Radio LT10. Su bloque se abstuvo en la votación del Presupuesto.

“No hay negociación abierta con el Gobierno”, confirmaron a Infobae desde Provincias Unidas. A diferencia de lo que sucede en el bloque de la UCR, se jactan de la homogeneidad en las votaciones y de la necesidad de representar las demandas territoriales. “Somos una oposición razonable”, se auto describen, en especial, por haberle garantizado el quórum al Gobierno para tratar el Presupuesto en Diputados.

Los movimientos de todos los gobernadores no solo obligan a revisar la estrategia de los libertarios, sino que en esta nueva etapa comienzan a vislumbrarse las posibles estrategias que se instalarán en la carrera por 2027. De hecho, solo un sector del PRO se sumó al bloque de La Libertad Avanza. El resto busca defender su futuro político y, aunque Milei mantiene su fortaleza, muchos de los aliados esperan expectantes los resultados del plan económico en medio de sus propias advertencias por la crisis en los sectores productivos.

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Negociaciones de último momento: el Gobierno trabaja contra reloj para garantizar la aprobación del Presupuesto en el Senado

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Luego de idas y vueltas, y de diferentes posturas tomadas, el Gobierno encabeza frenéticas reuniones con sus aliados para intentar garantizar que se apruebe el Presupuesto 2026, que finalmente se sancionaría tal como viene de Diputados, sin nuevas modificaciones, ante la falta de apoyo para cualquier otro cambio en el texto.

Para lamento de la Casa Rosada, la iniciativa que se tratará durante la sesión del próximo viernes será la que ya tiene dictamen y no se van a incluir, por ejemplo, artículos referidos a la emergencia en discapacidad ni al financiamiento universitario, como así tampoco ninguna de las otras normas que quedaron afuera por el rechazo al Capítulo XI.

Ya habiendo sacado de la agenda estos dos temas que venían generando controversia, las autoridades nacionales confían en que la oposición “dialoguista”, y sobre todo las provincias, acompañen el proyecto.

“Vos podés culpar de la derrota a (el gobernador de Tucumán, Osvaldo) Jaldo o a (de Catamarca, Raúl) Jalil, que estaban enojados, y con justa razón, porque también es cierto que las derogaciones de esas dos leyes se metieron por la ventana y sin haberle avisado a nadie”, se sinceró ante Infobae una fuente que conoce a la perfección las negociaciones.

Cuando el oficialismo sufrió el revés en la Cámara baja, varios funcionarios salieron rápidamente a remarcar que, si bien era una buena noticia que el proyecto avanzara, no iba a salir así como estaba.

Puntualmente, en el Poder Ejecutivo señalaban que si no se tomaba alguna decisión con esas dos leyes que están vigentes, pero permanecen sin ser implementadas, iba a provocar un desequilibrio fiscal.

“Es un delirio lo que sacó el Congreso con esas dos normas, es un escándalo. La cantidad de dinero que se destina para esos gastos es abismal y es algo que afecta a todos, no solamente a esta gestión. Es una irresponsabilidad tremenda” remarcó un integrante del Gabinete.

Sin embargo, recientemente en el Gobierno reconocieron que no tienen los votos como para incluir ningún artículo referido a la emergencia en discapacidad ni al financiamiento universitario, principalmente por la negación de la Unión Cívica Radical (UCR), que cuenta con 10 bancas en la Cámara alta.

Ante esta situación, se optó por priorizar la aprobación de la iniciativa, aunque no sea la que se pretendía, e insistir en un futuro con las derogaciones de esas normas, en un debate aparte.

La preocupación pasa ahora por no sufrir imprevistos de último momento, como pasó en Diputados, donde un grupo de gobernadores retiró inesperadamente su apoyo y evitó así que se aprobara el Capítulo XI.

Para evitar un escenario parecido, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, comenzó el fin de semana con una serie de negociaciones tendientes a garantizar lo votos.

El domingo por la tarde, la ex ministra de Seguridad convocó a una videollamada a los líderes de las bancadas aliadas que, según una estimación de la Casa Rosada, en total reúnen cerca de 44 senadores.

Se va a tratar de aprobar el Presupuesto así como está, sin modificaciones”, resumió a Infobae uno de los legisladores no libertarios que participó de esa comunicación virtual.

Para ese objetivo, cuentan con el respaldo de los tres miembros que tiene el PRO en el recinto: a pesar de que continúa el enojo en el partido por haber sido excluido del reparto de lugares en la Auditoría General de la Nación (AGN), va a acompañar este proyecto.

No obstante, no está garantizado el acompañamiento de este espacio para la otra medida que se va a debatir en la sesión del viernes, la ley de inocencia fiscal, que busca fomentar el uso por parte de los ciudadanos de dólares comprados en el mercado informal.

En tanto, este lunes volverá a reunirse en la Casa Rosada la mesa política para seguir analizando la estrategia parlamentaria. Además de Bullrich, estarán la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio “Nacho” Devitt.

La última vez que este grupo se juntó fue el jueves pasado, al día siguiente de la derrota en Diputados y en medio de una marcha de la CGT a Plaza de Mayo. En esa oportunidad, se decidió postergar el tratamiento de la reforma laboral hasta febrero para concentrar la discusión en el Presupuesto.

Con todas estas concesiones, el oficialismo considera que la denominada “ley de leyes” debería ser aprobada en el Senado este viernes sin mayores dificultades y con el respaldo de los gobernadores, que también están interesados en que se sancione.

“A priori no debería suceder que haya sorpresas”, remarcó uno de los funcionarios que está en conversaciones permanentes con los legisladores, tanto propios como de los otros bloques.

En el Gabinete, había una confianza de que los conflictos con las provincias estaban resueltos luego de que se escuchara, finalmente, la posición de Santilli, Bullrich, Adorni y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes desde un inicio se manifestaron en contra de agregar las derogaciones de las leyes que desataron la polémica.

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