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Política Nacional

Avanza en Diputados el proyecto que busca proteger la estatización de Aerolineas Argentinas

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La iniciativa del diputado oficialista Máximo Kirchner propone la reforma de la ley 26466, que declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de las Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral S.A., y prohíbe expresamente “la transferencia de las acciones” sin una autorización previa del Congreso.

La Comisión de Legislación General dio dictamen de mayoría al proyecto que modifica el articulo 1° de la Ley transporte aerocomercial –26466- sobre prohibición de la transferencia de las acciones declaradas de utilidad pública y sujeta a expropiación, sin la aprobación del voto de las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara del Congreso. Juntos por el cambio presentó un dictamen de rechazo porque lo consideró un “debate express sin previo tratamiento de asesores” y se retiró del debate.

En los fundamentos, el texto de autoría del diputado Máximo Kirchner (FdT), plantea que si bien la Ley 26.466 declara la utilidad pública de las acciones de Aerolíneas Argentinas S.A., “no previó un mecanismo que limite la transferencia de aquellas acciones, por lo que es necesario establecer el alcance de dicha utilidad y plasmar una de las voluntades de la ley – o el espíritu o finalidad”.

En el texto se sustituye el artículo 1° de la Ley 26.466 (Transporte aerocomercial) a fin de cumplir con lo previsto en el artículo 1º de la Ley 26.412, “decláranse de utilidad pública y sujetas a expropiación, conforme lo establece la Ley 21.499, las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus empresas controladas Optar Sociedad Anónima, Jet Paq Sociedad Anónima y Aerohandling Sociedad Anónima”. “Quedan exceptuadas de lo dispuesto precedentemente las acciones de propiedad del Estado y las de los trabajadores de las referidas empresas”, indica.

“Se pretende volver a cero el esfuerzo que tanto le ha costado al pueblo argentino para reconstruir las empresas públicas luego de la estafa de las privatizaciones. Otra vez la excusa de que una empresa deficitaria debe cerrar o debe estar en manos privadas como una idea nueva”, fundamenta la iniciativa.

En este sentido, -invitado a la Comisión- Carlos Figueroa, director de Comunicación y Relaciones Instalaciones de Aerolíneas Argentinas, expresó que la aerolínea “representa una herramienta estratégica para el desarrollo nacional al servicio de los intereses de los argentinos y, también, la inversión que viene realizando el Estado en que cada año viene siendo menor. Es una inversión absolutamente virtuosa”.

“Tenemos una red de vuelos que en términos de tráfico doméstico garantiza la conectividad del país. Con 39 destinos, 48 rutas federales (12 más previo a la pandemia) y una red de vuelos internacionales que es un motor y una herramienta fundamental para promocionar y generar ingreso de turistas; con la implicancia que tiene en términos de generación divisas y también preservación de divisas”. “Aerolíneas en los últimos 6 meses vendió en el exterior 300 millones de dólares en pasajes, generando un ahorro de esta moneda”, puntualizó el funcionario.

Finalmente, Figueroa aportó números: “hubo una reducción del 80% del déficit de Aerolíneas” comparado contra el año 2019. Y del 60% comparado con 2022, “el mejor año desde su estatización”, dijo. Además, expuso un informe externo de IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) que indica que “el impacto positivo fue de 6 mil millones de dólares en 2022 y que generó más de 107 mil puestos de trabajo”.

Asimismo, los legisladores aprobaron el dictamen de proyectos de transferencia de inmuebles del Estado nacional a las provincias de Río Negro y Salta; y aprobaron el expediente que instituye al 30 de marzo de cada año como Día Nacional del Turismo Rural. También estuvo presente en representación de Aerolíneas Argentinas, Valeria Campolongo, directora Económica y Financiera.

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Luis Caputo tendrá que revelar los detalles del acuerdo con el FMI

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El Juzgado Federal de Dolores condenó al Ministerio de Economía del gobierno de Javier Milei, que conduce Luis Caputo, a entregar en un plazo de cinco días el expediente completo del DNU 179/2025, mediante el cual el Gobierno nacional contrajo un crédito de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.

La decisión judicial surge a partir de una acción de amparo presentada por Francisco Verbic, en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el CELS, que denunciaron la violación de la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275).

El gobierno nacional intentó ocultar información

Según el fallo, la cartera económica intentó “eludir la entrega” de la documentación mediante maniobras administrativas. Primero tramitó el pedido bajo la normativa vigente, incluso solicitando una prórroga, pero luego desconoció la aplicación de la ley y derivó el caso a un procedimiento más restrictivo y burocrático.

El juez fue categórico: el Estado debe acatar la norma sancionada en democracia y con amplio consenso, por sobre reglamentaciones dictadas en gobiernos de facto.

“La información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina”, recordó el magistrado, citando a la Corte Suprema de Justicia, que sostiene que el derecho al acceso a la información es un derecho humano fundamental y que toda persona puede solicitarla sin acreditar un interés especial.

La información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina

El fallo también subrayó que el DNU en cuestión no explicita las condiciones ni las razones del empréstito con el FMI, lo que refuerza la necesidad de transparencia: “El derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación”, sostuvo la sentencia.

La obligación del ministerio

De esta manera, el Ministerio de Economía queda obligado a entregar la totalidad del expediente, con anexos y documentos incluidos, en un plazo máximo de cinco días hábiles.

La resolución se convierte en un antecedente clave en materia de control democrático y acceso a información estatal, especialmente en decisiones de alto impacto económico como un endeudamiento externo de magnitud histórica.

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La oposición quiere a Karina Milei en el banquillo de los acusados del Congreso: buscarán su interpelación

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La oposición en la Cámara de Diputados iniciará este martes una ofensiva coordinada para lograr la interpelación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por su mención en los audios que desataron el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según supo Noticias Argentinas, la estrategia opositora se activará en las comisiones de Salud y Discapacidad, ambas presididas por Unión por la Patria, donde se tratarán los distintos pedidos de citación. Sin embargo, el camino de los proyectos está bloqueado, ya que la comisión cabecera es la de Asuntos Constitucionales, controlada por el libertario Nicolás Mayoraz.

Ante este panorama, la oposición planea recurrir a una herramienta que ya le dio resultados: buscar una votación en el pleno de la Cámara para “emplazar a la comisión” y forzarla a tratar los expedientes, tal como ocurrió en abril con el caso de la criptomoneda $LIBRA.

Este martes, la Comisión de Salud, conducida por Pablo Yedlin, analizará los proyectos de los diputados Sabrina Selva (UP) y Christian Castillo (FIT) que reclaman la presencia de la hermana del Presidente. Más tarde, la Comisión de Discapacidad, a cargo de Daniel Arroyo, hará lo propio con una iniciativa del socialista Esteban Paulón.

Pese al impulso, el antecedente del caso $LIBRA es agridulce para la oposición. Si bien lograron forzar el tratamiento, en aquella oportunidad la falta de consenso dejó afuera a Karina Milei de la citación y al recinto solo terminó asistiendo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, demostrando la dificultad que enfrentarán para sentar a la funcionaria en el Congreso.

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Elecciones bonaerenses: qué arriesga cada fuerza en la Legislatura en una votación clave para el peronismo

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A una semana de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el escenario político se prepara para una contienda que redefinirá el equilibrio de poder en el distrito más grande del país. El próximo domingo 7 de septiembre se renueva la mitad de la Legislatura, y el peronismo, bajo el sello de Unión por la Patria, es la fuerza que más escaños pone en juego.

Según supo Noticias Argentinas, en base a un análisis del sitio de verificación Chequeado, los bonaerenses elegirán 46 diputados y 23 senadores provinciales en las ocho secciones electorales. La elección se presenta como una prueba de fuego para la oposición y una oportunidad de crecimiento para el oficialismo nacional.

En la Cámara de Diputados, que cuenta con 92 miembros, Unión por la Patria arriesga 19 de sus 37 bancas, siendo el bloque con la parada más difícil. Le siguen el PRO, que pone en juego 8 de sus 13 escaños, y La Libertad Avanza, que arriesga 5 de sus 12 diputados actuales.

En el Senado provincial, de 46 bancas totales, el panorama es similar. Unión por la Patria también es el que más arriesga, con 10 de sus 21 senadores finalizando mandato. En una situación crítica se encuentra la UCR junto a Cambio Federal, que debe revalidar casi todo su bloque (5 de 6 bancas). En contraste, La Libertad Avanza se encuentra en una posición cómoda al arriesgar solo 1 de sus 4 escaños.

De esta manera, los resultados del próximo domingo no solo medirán la fuerza territorial de cada espacio, sino que también configurarán la capacidad de negociación y gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires para los próximos dos años.

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