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Axel Kicillof cuestiona la exclusión de la reunión de gobernadores: “No es una buena señal”

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dirigió una extensa y crítica carta al presidente Javier Milei este sábado, manifestando su descontento por haber sido excluido de la convocatoria de gobernadores en la Casa Rosada, un encuentro centrado en los firmantes del Pacto de Mayo.

El mandatario bonaerense calificó la decisión del Presidente como un “gesto antidemocrático” “contrario al espíritu federal”.

En la misiva, Kicillof enfatizó la representatividad de las provincias no convocadas, señalando que “las provincias que usted decidió no convocar representan a más del 40% de la población argentina. Y los gobernadores que las conducimos fuimos elegidos democráticamente, al igual que usted, para defender los intereses de nuestros pueblos”, apuntó el gobernador.

El foco de la crítica de Kicillof se centró en la selectividad del diálogo propuesto por el Gobierno Nacional, indicando que “si realmente desea abrir un diálogo con quienes piensan distinto y priorizan los intereses de todos los argentinos, le digo con total claridad: no es buena señal excluir a los gobernadores que considera ‘enemigos’”, arremetió Kicillof.

La carta se interpreta como un claro posicionamiento del gobernador bonaerense ante la estrategia de diálogo político implementada por el Gobierno Nacional, que priorizó a las provincias que acompañan el Pacto de Mayo.

Texto completo de la carta

Carta al Presidente Javier Milei

Señor Presidente:

Los resultados de las elecciones nacionales del 26 de octubre fueron favorables para su fuerza política. Sin embargo, las calamidades que su modelo económico provoca en nuestra sociedad siguen su curso. Jubilados, trabajadores, comerciantes, industriales, estudiantes, sectores vulnerables y sectores medios continúan siendo golpeados por un ajuste que se traduce en recesión, feroz caída del consumo y las ventas, pérdida de empleo y, sobre todo, angustia y desesperación.

Valoro que haya decidido dejar de insultar a quienes piensan distinto. Pero su tarea, señor Presidente, es mucho más que eso: se trata de gobernar para todos los argentinos, dentro de la Constitución, respetando el federalismo y defendiendo el interés nacional. Será el pueblo, dentro de dos años, quien decida si cumplió o no con esa tarea.

En esta nueva etapa de su gobierno, usted modificó su tono y su estilo, pero aún le falta lo más importante: enfrentar la realidad. Su plan económico, basado en mantener un dólar bajo y una recesión prolongada para contener los precios, fracasó. Los dólares de Scott Bessent pueden haber sido eficaces para calmar a los mercados financieros, pero de ninguna manera resuelven los problemas de la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos. Cabe recordar que usted tuvo que recurrir a este nuevo “salvataje” luego de que su propio plan económico pusiera a la economía y a la sociedad argentina al borde del abismo. Esa realidad debería invitarlo a tener mayor humildad y menos triunfalismo.

A partir de entonces, el presidente Trump asumió un rol inédito en la política nacional. Sus declaraciones, amenazando a los argentinos con “no ser generoso” si su candidato perdía, constituyen un episodio vergonzoso para nuestra democracia. No se registra en la historia argentina una intromisión económica y política de semejante magnitud y tan explícita. Luego, el supuesto emisario de Estados Unidos, Barry Bennet, vino al país a “ordenar” su campaña y su gobierno. Si bien esta intervención puede haber calmado los mercados y contribuido a su resultado electoral, lo hizo al precio de una pérdida de soberanía y dignidad nacional. Y a cambio de compromisos que no se dieron a conocer porque, claramente, no se trata de una sociedad de beneficencia.

Le recuerdo, señor Presidente, que el respaldo del extranjero no reemplaza el respaldo del pueblo argentino. A usted le gusta recordar que “2 + 2 es 4”. Debo señalarle, al respecto, que la suma de quienes no votaron por su fuerza política y los millones de argentinos que no fueron a votar –seguramente desalentados luego de sucesivas frustraciones económicas y decepciones políticas– constituyen una mayoría social que no lo está aplaudiendo precisamente.

Ahora bien, si realmente desea abrir un diálogo con quienes piensan distinto y priorizan los intereses de todos los argentinos, le digo con total claridad: no es buena señal excluir a los gobernadores que considera “enemigos”. Las provincias que usted decidió no convocar representan a más del 40% de la población argentina. Y los gobernadores que las conducimos fuimos elegidos democráticamente, al igual que usted, para defender los intereses de nuestros pueblos. La exclusión de nuestras provincias es un gesto antidemocrático y contrario al espíritu federal.

Por eso lo convoco, una vez más, a reunirnos para articular políticas públicas. No espere de mí insultos ni agresiones; pero tampoco espere que ceda en la defensa de los intereses de mi provincia o en la defensa de las convicciones de mi fuerza política. Resulta innegable que la provincia de Buenos Aires —donde vive casi el 40% de los argentinos, los que lo votaron y los que no— ha sido duramente castigada por su administración. En seguridad, sufrimos recortes arbitrarios; en transporte, la quita de subsidios afecta a millones de bonaerenses; en infraestructura, se paralizaron obras esenciales. A eso se suma la caída de la recaudación producto de la recesión y el aumento de la demanda social.

La situación es de emergencia, y el Gobierno Nacional que usted lidera no puede borrarse ni desertar de sus responsabilidades. El ajuste fiscal al que usted llama “superávit” se construyó en gran medida sobre la quita ilegal de fondos a las provincias. En el caso de Buenos Aires, se eliminaron el Fondo de Seguridad, el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo Compensador para los Jubilados, se paralizaron 1.000 obras y 16.000 viviendas, entre otros. Nos debe a los bonaerenses más de doce millones de millones de pesos. Ese supuesto ahorro nacional está hecho con recursos que le pertenecen al pueblo de mi Provincia y de las demás. La Provincia de Buenos Aires es la más poblada del país, la que más produce y la que menos recursos recibe: aporta el 40% de la recaudación nacional y recibe apenas el 7%. Eso no es austeridad: es injusticia estructural.

Además de las deudas que tiene su Gobierno con las Provincias –planteadas con firmeza por mis colegas en la reunión a la que decidió excluirme– usted propone discutir una agenda de reformas. Las reformas que Argentina necesita deben estar orientadas a promover un desarrollo federal con justicia social, a fortalecer los intereses nacionales en un mundo caótico, y a favorecer un Estado eficaz, capaz de corregir las desigualdades que fracturan a nuestro país. Aún no se conoce el contenido preciso de sus propuestas para esta nueva etapa, pero las declaraciones –de sus funcionarios y de los nuevos accionistas extranjeros de su gobierno– insinúan una dirección que agravará las desigualdades de nuestra sociedad. Las reformas prometidas no contienen soluciones para una economía paralizada, para una industria nacional quebrada ni para un pueblo que la está pasando mal. Como dirigente de la fuerza política ratificada el domingo como principal fuerza de la oposición, le aseguro que se equivoca si cree que, por participar de fotos o reuniones, el peronismo va a acompañar reformas que quiten derechos, destruyan la producción y ahoguen aún más a una sociedad golpeada, endeudada y sin horizonte de progreso.

Una vez más le propongo discutir estas cuestiones —y las que usted quiera agregar— con seriedad. Así como lo hice la noche del 7 de septiembre después de que nuestra fuerza política obtuviera un triunfo contundente en las elecciones provinciales, en las cuales se ratificó el rumbo de nuestra gestión, vuelvo a hacerlo ahora que nos tocó perder por un escaso margen en la elección nacional en la Provincia. No todo se trata de consignas e insultos; la campaña ya terminó. En virtud de nuestras responsabilidades, estamos obligados a coordinar para proteger a los que más sufren, reactivar la producción, fortalecer el federalismo y garantizar que las provincias reciban lo que les corresponde.

Su gobierno desertó de sus obligaciones en materia de salud, educación, infraestructura, protección del trabajo, alimentación; quitó remedios y asistencia a los jubilados, pacientes oncológicos y personas con discapacidad. En nuestra provincia, muchísimos bonaerenses tienen crecientes dificultades para afrontar el alquiler, los servicios, los remedios y hasta la comida. Desde el gobierno provincial y los municipios intentamos dar respuestas a una demanda cada vez mayor. Para que tenga una idea, sólo en los comedores escolares y comunitarios reciben alimento más de 4 millones de bonaerenses y la necesidad crece. Se necesita al Estado para afrontar esta emergencia y usted no puede permanecer indiferente. Imagínese si tuviéramos todos esa actitud.

Presidente Milei: los argentinos la están pasando mal. Las familias están endeudadas, los comercios vacíos, la industria paralizada, los salarios pulverizados. Los municipios y las provincias sostienen con esfuerzo lo que el Estado nacional abandona. Su política económica está destruyendo el tejido social y productivo de la Argentina. Por eso le pido que escuche, que corrija, que dialogue. No con los mercados, sino con la gente. No con los poderosos de afuera, sino con los trabajadores, los empresarios y los gobernadores de su propio país. El futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento, sino con respeto, cooperación y amor a la Patria.

Atentamente,

Axel Kicillof

Gobernador de la Provincia de Buenos Aires

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El cruce entre Patricia Bullrich y Javier Alonso por la baja de imputabilidad: “Siempre del lado de los delincuentes”

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Luego de que el Gobierno nacional confirmara que el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años fue incluido en el temario de las sesiones extraordinarias, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y la senadora nacional Patricia Bullrich volvieron a cruzarse en las redes sociales.

El disparador del debate fue la nota de opinión que el ministro publicó en Infobae, en donde planteaba que la modificación de la edad mínima de punibilidad en el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil no sería suficiente para resolver la problemática de los menores que delinquen. “Modificar la edad de imputabilidad no es una llave mágica que resuelve todo”, criticó.

Poco después, la postura sería compartida por el gobernador Axel Kicillof en su perfil en la red social X. “No hay soluciones mágicas; se necesita un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación”, ratificó, tras compartir el artículo.

Luego de haber leído la publicación de los representantes del Gobierno bonaerense, la senadora recriminó la postura de los dirigentes políticos. “No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas”, sostuvo al afirmar que la oposición se encontraba “siempre del lado de los delincuentes”.

“¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad y que no le molesta que estén en su casa, libres y sin consecuencias?“, profundizó Bullrich.

De la misma manera, la presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado chicaneó al gobernador por mantener la sección de los comentarios cerrados en su posteo. ”Si está tan convencido de lo que dice, que habilite los comentarios y lea a los argentinos”, arengó.

Frente a estas declaraciones, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires acusó a su ex par a nivel nacional de apropiarse “del dolor de las víctimas para hacer una campaña política barata y oportunista”. Y reiteró que “la problemática es mucho más compleja que reducir todo a una cuestión de edad”.

“La minoridad no se aborda con slogans, ni con chicanas, ni agitando bronca desde las redes”, apuntó Alonso, tras señalar que la manera de buscar una solución para el problema sería “como plantea la Conferencia Episcopal Argentina, priorizando la prevención y la integración juvenil, con políticas públicas serias, inversión y trabajo coordinado”.

Así, el titular de Seguridad bonaerense reprochó a Bullrich que sería un paquete de medidas que nunca puso en marcha cuando tuvo la oportunidad. “Recoja algo de su zigzagueante recorrido político y haga un aporte más serio y sustancial a este debate que nos debemos como democracia. Menos circo, menos oportunismo”, concluyó.

En el artículo de opinión publicado por este medio, el ministro había aseverado que “la Argentina necesita, sin lugar a dudas, un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil”. Incluso, consideró que se trataba de una norma desactualizada, debido a que la actual legislación fue aprobada en agosto de 1980 por Jorge Rafael Videla.

“Hay que cambiar. Sancionar un nuevo marco legal que sirva para resolver el problema es una deuda pendiente de la democracia y una responsabilidad del Congreso de la Nación”, sostuvo. Sin embargo, criticó la postura del Gobierno nacional, tras mencionar que en la Provincia de Buenos Aires se construyó una política de Estado para afrontar el problema.

Luego de aclarar que la actual ley permite encerrar a un menor que fuera considerado peligroso, Alonso remarcó: “Nadie en su sano juicio dejaría solo y suelto a un menor que anda armado y que representa un peligro para sí y para terceros. Es de sentido común”.

Por este motivo, subrayó que “lo determinante es el criterio: no se puede dejar suelto a un menor que comete un delito con arma de fuego, tenga la edad que tenga”. No obstante, explicó que lo novedoso sería el Programa “Entramados”, que consiste en “programa estatal de control y seguimiento que tenga por objetivo interrumpir la trayectoria delictiva amateur ante las primeras señales de alerta temprana”.

“La decisión del Gobernador es clara: no queremos más vidas arruinadas por menores que ingresan en una espiral de violencia que debería haberse cortado con una sanción efectiva y un límite a tiempo”, resaltó el ministro de Seguridad al señalar que las escuelas serían un factor clave para disminuir la tasa de menores detenidos.

Según los últimos registros obtenidos en el marco de esta política, se descubrió que 5,2 millones de niños asisten a las escuelas todos los años. En contraparte, otros 5 mil menores son los que “se escurren” del sistema e inician una vida delictiva.

“Para controlar a esos 5 mil menores, planificamos y coordinamos una política que involucra a los organismos de niñez, la policía, jueces, fiscales e intendentes”, explicó Alonso al indicar que, en porcentaje, el fracaso representaría un 0,1%, contra 99,9% de efectividad.

A pesar de esto, el titular de Seguridad señaló que “el fortalecimiento de la infraestructura de los institutos de encierro para menores necesita inversión”. Y concluyó: “Basta de excusas, basta de echarle la culpa al otro, basta de fuegos artificiales. No podemos arrastrar a la sociedad a otra discusión estéril”.

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Reforma laboral: el oficialismo quiere sesionar antes del 13 de febrero y los aliados miran a Luis Caputo

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Con un nuevo llamado a sesiones extraordinarias a punto de asomarse -se inicia mañana, hasta fines del corriente mes-, el Gobierno libertario sostiene como sea la idea de sesionar antes del 13 de febrero -11 o 12- para aprobar la reforma laboral en el Senado y girarla a Diputados. El final de este sendero se consumará tras una primera dilación, en diciembre pasado -donde se obtuvo un dictamen de mayoría-, y una reunión clave entre dialoguistas y la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, con varias solicitudes de modificaciones en manos del Ministerio de Economía, es decir, Luis Caputo.

Mientras se aguarda la cumbre entre la ex ministra de Seguridad y los potenciales aliados -no siempre acompañan-, la Casa Rosada busca pulir su estrategia política de cara a semanas trascendentales en el Palacio Legislativo. Lo que está en juego, por fuera del articulado en sí, es la posibilidad de un aterrizaje triunfal de Javier Milei el 1 de marzo próximo, cuando el primer mandatario inaugure el período ordinario de sesiones.

Lo que también quedará demostrado, con el destino final, es si de verdad influyó el leve viraje -sin tocar las “bases” y, sobre todo, las feroces formas- de la estrategia política de Balcarce 50 en relación con el Congreso, luego de tediosos meses -entre 2024 y 2025- en ambas Cámaras, con una oposición que casi toma el control absoluto de la agenda, si de votos se hablase. En especial, en la alta, donde haber ganado tiempo ante oleadas kirchneristas fue algo nunca reconocido por el Ejecutivo. Por un puñado de aventureros poco profesionales que miraron hacia otros objetivos, muchos más cayeron en la volteada. Más que injusto.

Tras varias semanas de una repetida y gastada calesita de “novedades” sobre la reforma laboral, los puntos aún no congeniados entre oficialismo y dialoguistas ya son trillados. En el Senado, La Libertad Avanza tiene más que claro que acordar con gobernadores con terminales en legisladores cerraría la luz verde del proyecto. Con algunos, ya lo hicieron. No obstante, no puede apostar sólo a ello y debe pegotear a revoltosos silvestres provinciales que no responden a una gestión local. El diablo suele acercarse a éstos, que aprovechan el minuto de gloria y se convierten en máquinas de exigir, a veces, barbaridades.

El panorama descripto siempre presenta inconvenientes a la hora de mover piezas en el tablero político. Por un lado, el Gobierno quiso “cerrar” algunos asuntos en diciembre último. Fueron convites discretos. Esto se comprobará en los próximos días y se sabrá hasta dónde “aflojaron” los eventuales ayudantes. Las especulaciones empiezan a picar cerca y nadie quiere, como es lógico, abrir la boca.

Con el foco en mandatarios provinciales, la resistencia principal apunta a la inevitable caída en la coparticipación. Los distritos olvidan recordar que quien más perderá, en este sentido, será la Nación. También es cierto que, al tener los resortes del Estado, dicho hueco sería cubierto de manera ágil. No es lo mismo en el caso del interior. Ya no se trata sólo de pagar sueldos. Por caso, la obra pública ingresó en una fase delicada.

Un ingeniero top, con emprendimientos de todo tipo realizados en al menos un tercio del país, lo definió de esta manera a Infobae el año pasado y reiteró idéntico comentario días atrás: “Si no se hace algo ya se repetirá una pandemia, pero en rutas”. Se habla de reclamos concretos a Bullrich y un ruego a Caputo para reactivar un área dañada y de difícil resolución. Pretender solucionar todo en dos años, a esta altura, es más que primitivo, aunque hay prioridades a repensar.

En caso de destrabar la coparticipación, que implicaría revisar beneficios sobre Ganancias a grandes empresas -dialoguistas prefieren otra clasificación y no dejar al resto afuera-, los aliados quieren plazos más precisos en la potestad laxa que el artículo 212 del dictamen le otorga al Ministerio de Economía para reglamentar, una vez sancionada la ley, varios sistemas incluidos en el proyecto, como el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI, que fue observado) y otras jugadas tributarias. Según confiaron a este medio desde dos despachos, “eso ya se sacó”.

Las situaciones puntuales del mundo laboral parecen encontrarse en segundo o tercer plano. El kirchnerismo casi no reapareció en la Cámara alta, lo cual llamó demasiado la atención. En comparación a debates de los últimos 15-20 años, los movimientos cristinistas fueron mínimos y en modo tortuga. Por eso la atención está puesta en cómo negociará Balcarce 50 y hasta dónde cederá. Si se frenara el texto, sería un “strike dos”, con perfume a tres y “out”. Desde las 15 del martes próximo, en la oficina central de la bancada radical del Senado -comanda el correntino Eduardo Vischi-, habrá novedades. Llega la hora de mostrar las cartas.

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El Gobierno admite cambios en la reforma laboral, pero aspira a blindar el artículo que modifica Ganancias

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En las vísperas del inicio de sesiones extraordinarias, el Gobierno Nacional debate el accionar de los alfiles negociadores para la sanción del temario enviado, con especial centralidad en la Reforma Laboral. Luego de varios idas y vueltas, tres integrantes de la mesa política designada por el presidente Javier Milei admitieron que el reducido círculo está dispuesto a aplicar cambios en el proyecto aunque se muestran reticentes a filtrar los artículos están dispuestos a ceder.

En Balcarce 50 aseguran tener mayoría en ambas Cámaras para hacer pasar el grueso del articulado al tiempo que confiensan que la reducción pensada para el Impuesto a las Ganancias para sociedades, que afecta directamente la recaudación provincial, complejiza los planes por la reticencia de los gobernadores, incluso los aliados. “Santilli está viendo si encuentra la forma, pero está difíci. Es ilógico, estamos hablando de bajar impuestos, pero ellos priorizan el Estado que a las empresas”, contó a este medio una importante fuente libertaria.

Cada semana los actores que componen la mesa política intercambian pareceres para definir alternativas que conformen a los aliados y les permita aprobar la reforma y mantener las modificaciones tributarias ideadas por el ministro del Economía, Luis Caputo. De mantenerse firmes en la posición, el rechazo que acumula la reducción del tributo podría poner en riesgo la sanción de la ley.

“Realmente necesitamos arreglar con los gobernadores, sino lamentablemente quedará afuera, pero haremos todo lo posible para que eso no suceda”, admitió otra una voz involucarada en la negociación.

En el esquema negociador critican a los mandatarios oficiales a los que acusan de “pedir y pedir”, pero “no ayudan a achicar” el Estado, y a su vez detectan que los gobernadores desconfían de las promesas del Ejecutivo. “No vamos a dar ningún detalle que entorpezca la negociación. Lo único que se puede anticipar es que toda la primera parte de la ley no se toca, si cambiamos, son cuestiones que no son significativas”, planteó un integrante del oficialismo.

La postura no es unánime. Algunos interlocutores se muestran más reacios a la hora de evaluar la posibilidad de ceder ante la presión de las provincias. Pese a eso, la garantía de cambios -siempre y cuando no afecete el espíritu de la norma- durante el tratamiento en el recinto que iniciará en el Senado el próximo miércoles 11 de febrero es un secreto a voces.

Otro punto que oficia de parteaguas es el futuro de las disposiciones vinculadas a discapacidad, universidades públicas, coparticipación federal, subsidios energéticos y financiamiento del Poder Judicial que estaban contempladas en el capítulo XI que quedó excluido de la sanción del Presupuesto 2026.

El ala más dura que rodea al Presidente está dispuesta a buscar la manera de insistir en el tratamiento de cada punto, mientras que el sector de los moderados, integrado por los alfiles que se encargan de protagonizar la negociación en primera persona, anticipan que no cuentan con los votos y piden evitar ciertos temas que generan polémica. “Es imposible avanzar con ese tema. No sale. Hasta los aliados estan en contra. Y no nos vamos a anotar una victoria política con esto. Lo mejor es no meterse y dejar que pase el año”, confesaron.

El período extraordinario augura positivo para el Poder Ejecutivo. Con los actores ordenados, Patricia Bullrich articula en el Senado, Martín Menem en Diputados y Diego Santilli establece contacto con los gobernadores bajo el orden dispuesto por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es seguido de cerca por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Todas las decisiones económicas son habilitadas por el ministro de Economía que desde hace algunas ediciones asiste de manera regular a las reuniones que incluyen además al asesor presidencial, Santiago Caputo, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. “La mesa está ordenada. El que meta la mano en otro lado lo mato”, ironizó ante este medio uno de sus miembros.

Con el inicio de extraordinarias próximo, el oficialismo busca optimizar los ajustados tiempos de febrero y tiene planes de intentar tratar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur la próxima semana en la Cámara de Diputados. Un legislador libertario garantizó ante este medio que de aprobarse entraría en vigencia, pese a las trabas del Parlamento Europeo, y sostuvo que tanto Brasil como Paraguay tienen planes de avanzar en su sanción.

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