En el marco de un plenario de la comisión de Agricultura y Ganadería y la comisión de Industria, el titular de la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación debatió, junto a referentes del sector, la creación de un Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador.
Las comisiones de Agricultura y Ganadería e Industria, presididas por los diputados Ricardo Buryaile (UCR) y Marcelo Casaretto (FdT), respectivamente, recibieron al Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, quien analizó, junto a especialistas, las propuestas de Creación de un Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial.
El Secretario Bahillo expuso los principales lineamientos del Régimen de fomento, afirmando que “la ley agroindustrial tiene un espíritu federal que promociona y brinda herramientas de desarrollo a las economías regionales”.
“Esta ley busca consolidar a la Argentina como un país productor de alimentos a través del aprovechamiento de las condiciones ambientales y humanas que tiene para hacerlo”, destacó Bahillo, al explicar que “a través del desarrollo agroindustrial buscamos que nuestros jóvenes se queden en el interior y tengan un futuro”.
Asimismo, indicó que “el objetivo es seguir transformando la producción primaria de proteína vegetal en proteína animal, como carne, huevo y leche”, para lo cual “debemos incentivar la aplicación de tecnologías para mantener el crecimiento del volumen”.
Al inicio del encuentro, Buryaile destacó la “vocación de aportar mejoras, en esta tercera reunión abocada al proyecto, para avanzar en aspectos técnicos que den al sector productivo y al gobierno una herramienta que no declame, sino que sirva”.
Por su parte, Casaretto ponderó que el proyecto de ley aspire a “captar inversiones en el sector agropecuario y en el sector industrial; generar valor agregado en la Argentina con el consecuente ingreso de dólares; en algún caso, sustituir importaciones, y, en otro caso, fomentar exportaciones”.
En otro orden, Raúl Carlos Dente, director Ejecutivo Federación Acopiadores de Granos de la República Argentina, definiendo al Régimen como “un proyecto de incentivo fiscal a la inversión”. Dente valoró que el proyecto redefina a la agroindustria “como un sector competitivo externo”, y bregó para que signifique un punto de partida hacia una “Ley agrícola argentina, donde se establezcan las reglas de juego, y se defina la política comercial del sector, sobre la base de una estrategia de desarrollo sostenible del país”.
Luego, pudo expresarse la secretaria de la Fundación Barbechando, Ángeles Naveyra, quien destacó que la implementación del Régimen brindaría “cuatro beneficios significativos; la amortización acelerada; la valuación de la hacienda; el beneficio de pagar cuando se tiene el producto para vender, a partir del saldo técnico de IVA, y, por último, el certificado de crédito fiscal”. Naveyra argumentó su adhesión al declarar “que si generamos financiamiento genuino, el productor agropecuario tiene muchísimo para dar, y porque la agroindustria es sin duda una locomotora que tira de un tren donde hay lugar para todos los argentinos”.
Cabe recordar que el proyecto de ley busca una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con más valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología, como semillas, fertilizantes, y genética. El objetivo de la iniciativa es alcanzar, en el 2030, exportaciones por US$ 100.000 millones y la generación de 700.000 nuevos puestos de trabajo.
Participaron del plenario, en adhesión a la creación del régimen: los asesores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan Manuel Fernández Arocena y Rodrigo Páez; el Subsecretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Luis Contigiani; el Presidente Cámara de Feedlot, Fernando Storni; el Director de Proyectos Especiales y Relaciones Institucionales de ACA-Asociación de Cooperativas Argentinas, Julián Echazarreta; el vicepresidente primero de la Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA), Sergio Raffaeli, y el Presidente de la Federación del Citrus Entre Ríos (FeCIER), Pablo Molo.
La ciudadanía elegirá este domingo 127 diputados, en elección donde el peronismo arriesga casi el 50 por ciento de sus escaños, mientras que la alianza entre la Libertad Avanza y el PRO pone en juego el 30 por ciento de sus lugares.
DISTRIBUCION DE BANCAS POR PROVINCIA Y POR BLOQUE
La principal batalla se dará en la provincia de Buenos Aires donde se renueva 35 bancas de las cuales, 15 corresponden a Unión por la Patria, 2 de la Libertad Avanza, 7 corresponden al PRO, 1 a la UCR, 2 Democracia para Siempre, 3 Encuentro Federal, 3 de la Coalición Cívica, y 2 de la izquierda.
En la ciudad de Buenos Aires se eligen 13 diputados que corresponden 3 corresponden al PRO, 2 la Libertad Avanza, 1 a la UCR y 1 a Democracia para Siempre, 3 a Unión por la Patria, 1 a la Coalición Cívica, 1 de la izquierda y 1 Republicanos Unidos .
La provincia de Santa Fe elige 9 bancas de las cuales 4 son del PRO, 2 de Unión por la Patria, 1 Unidos, 1 Encuentro Federal y 1 Defendamos Santa Fe.
Córdoba también renueva 9 bancas en juego de las cuales la UCR arriesga 3, PRO 2, 3 Encuentro Federal, y 1 Unión por la Patria.
Mendoza debe renovar 5 de las cuales 1 es la Libertad Avanza, 2 de la UCR, y 2 de UP.
Entre Ríos debe renovar 5 bancas de las cuales, 1 son del PRO, 1 la UCR, 1 de Democracia para Siempre y 2 de UP
En Corrientes se elige 3 bancas que hoy detenta 1 la UCR, una Democracia para Siempre y uno UP, y en Misiones también renueva 3 bancas de las cuales 1 es de la Libertad Avanza, una de la UCR y otra de Innovación Federal.
En Chaco se deben elegir 4 bancas de las cuales 1 es de Democracia para Siempre, 1 del PRO, y 2 de UP; y en Formosa 1 de UP y una de Democracia para Siempre; y en Santiago del Estero 3 de UP.
Catamarca tiene que renovar 3 escaños que corresponden 2 a UP y uno a la UCR; La Rioja 2 que son de UP; y San Juan renueva 3 de las cuales 2 tiene UP, y 1 Producción y Trabajo.
San Luis renueva 3 legisladores que pertenecen uno a la Libertad Avanza, 1 al PRO y 1 a Unión por la Patria; y la Pampa pone 3 en juego de los cuales 1 es del PRO, 1 de Democracia para Siempre y 1 de Unión por la Patria.
En el norte del país, Tucumán debe renovar 4 lugares que son 2 de Independencia -la bancada que responde a Osvaldo Jaldo-, 1 de la UCR y uno de Creo; Salta tiene que elegir 3 de los cuales son 1 de UP, 1 de Innovación, y 1 de la Libertad Avanza; y Jujuy 3 que hoy pertenecen 1 a UP, 1 a la UCR y 1 a la izquierda.
En la Patagonia, Neuquén tiene que elegir tres bancas de las cuales 1 tiene hoy el Movimiento Popular Neuquino, una UP y otra la UCR; y Rio Negro elige dos escaños que corresponden 1 a Innovación Federal y otro al Pro;
En tanto Santa Cruz renueva tres que detenta una Por Santa Cruz, 1 la UCR y otra UP; y Chubut debe votar dos bancas, una que hoy ocupa el PRO y otra UP.
En Tierra del Fuego se deben votar 2 lugares que hoy tienen una UP y otra que hoy tiene el monobloque aliado del Gobierno Somos Fueguinos.
Como muy pocas veces en 42 años de democracia, las elecciones de medio término recibirán este domingo una atención casi desmesurada por parte de los mercados, que parecen ver a estos comicios como un plebiscito vinculante sobre el rumbo económico.
El gobierno acaba de ratificar que seguirá con las bandas de flotación y la austeridad fiscal, pero tanto para organismos como el FMI, como para los fondos de inversión que tienen en sus carteras bonos argentinos, y agentes bursátiles, la pregunta es si la sociedad está dispuesta a avalar más años de ajuste, o cambiará de rumbo.
El principal recorte presupuestario se realizó en el primer año de gobierno, cuando al grito de “no hay plata”, se habilitaron fuertes subas de tarifas para tratar de reducir el gasto público.
Así se alcanzó rápidamente un superávit fiscal que sorprendió al mundo financiero, pero a costa de impactar sobre la línea de flotación del crecimiento.
Los más de 300 mil despidos en el sector privado y los 70 mil en el Estado, no fueron gratuitos en materia de impacto social y poítico.
Hasta ahora, el superavit fue solo eso, una forma racional de administrar, pero se empiezan a escuchar cada más voces entre sectores medios, pymes y comerciantes, advirtiendo sobre “la necesidad de poner un mango en el bolsillo de la gente”.
Mirando los últimos números del INDEC, de agosto, sectores como la energía y el campo arrojan datos positivos, pero el resto de las actividades deben esperar.
Desde la oposicion, en tanto, aseguran que la votación en la provincia de Buenos Aires (7 de septiembre), en la que el Gobierno perdió por 13 puntos, reflejaría parte de esa fatiga de sectores de la población que no perciben una mejora a pesar de estar haciendo enormes sacrificios.
Expertos advierten que la economía está estancada -caída de ventas- y, lo que es peor, no se ven signos de recuperación más allá del resultado de las elecciones.
En este escenario, el gobierno apuesta a las inversiones que llegarán a través del Régimen para Grandes Inversiones (RIGI), cuyas propuestas esperan una convalidación del modelo actual para terminar de formalizar las presentaciones, según señalan en el mercado.
Es en los sectores pasibles de RIGI -como energía y minería- donde más se ha concentrado un crecimiento.
Un informe de la consultora Equilibra advirtió que la “estabilidad o caída del ingreso real y empleo formal configuran un riesgo electoral para el Gobierno”.
Habrá que ver, también, qué impacto tienen el fuerte respaldo de los Estados Unidos, que podría ser se ampliado por bancos internacionales.
Una de las noticias de las últimas semanas ha sido el salvataje financiero que aportó Estados Unidos a través del formato del swap de monedas (intercambio) por U$S20.000 millones.
La intención del gobierno es que ese acuerdo, con algunas peculariedades, sea replicado por bancos privados.
Las elecciones de medio término que se celebrarán el domingo próximo serán el primer test de la gestión de Javier Milei, que viene de haber obtenido resultados dispares en distintas provincias y que pone en juego por primera vez su supremacía en las urnas, mientras los espacios opositores del peronismo y Provincias Unidas medirán su llegada a los distintos sectores sociales descontentos con las políticas del Gobierno.
A través de estos comicios, que se llevarán a cabo por primera vez con Boleta Única de Papel (BUP), los electores renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 escaños del Senado, la mitad de cada cuerpo legislativo, en unos comicios donde la oposición pondrá en juego más casilleros que La Libertad Avanza (LLA), que gobernó los dos primeros años de mandato con minoría en ambas cámaras.
LLA se juega buena parte de su proyecto político después de dos años de “motosierra” a través de reformas dispuestas durante el primero año de gobierno como el decreto 70/23 y la ley Bases, un proceso en que el experimento libertario obtuvo apoyos de distintos sectores de la oposición como la UCR, el PRO y gobernadores de distintas extracciones.
Para el segundo año, ya sin respaldo de la mayoría de los aliados, el oficialismo acumuló derrotas legislativas y Milei debió recurrir a vetos que también fueron rechazados por el Congreso, como los casos de las leyes de emergencia en Discapacidad, emergencia pediátrica y financiamiento universitario.
El Gobierno llegó a las elecciones de medio término con una sonada derrota por 14 puntos el 7 de septiembre ante el peronismo en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, lo que generó una zozobra e inestabilidad en los mercados que derivó en un pedido de auxilio al Tesoro de estados Unidos, que acudió en ayuda con un swap de 20 mil millones de dólares.
La apuesta de la oposición
El peronismo, por su parte, buscará ratificar la victoria bonaerense y extenderla a nivel nacional, en medio de un impasse en la interna por la conducción entre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el sector de La Cámpora que encabeza Máximo Kirchner y el referente del Frente Renovador y ex candidato presidencial Sergio Massa.
En la búsqueda de inaugurar un tercer espacio, en tanto, los gobernadores de Provincias Unidas, en su mayoría ex aliados de Milei, perseguirán el objetivo de abrirse paso para presentar una opción competitiva en las elecciones presidenciales de 2027.
Integran ese espacio los mandatarios provinciales Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Vidal (Santa Cruz), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes).
Provincias Unidas competirá con listas propias en 14 distritos del país con diferentes denominaciones, como el caso de Ciudadanos Unidos en la ciudad de Buenos Aires, donde se postulan Martín Lousteau a Diputados y Graciela Ocaña al Senado.
Las provincias de Tucumán, Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Rioja, Catamarca, Mendoza y Tierra del Fuego celebrarán elecciones legislativas para renovar cargos nacionales y también provinciales, al no haber desdoblado los comicios locales del calendario nacional.
En Santiago del Estero, en tanto, junto a las legislativas nacionales se llevarán a cabo las elecciones a gobernador por disposición de la Cámara Nacional Electoral (CNE).
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