En el marco de un plenario de la comisión de Agricultura y Ganadería y la comisión de Industria, el titular de la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación debatió, junto a referentes del sector, la creación de un Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador.
Las comisiones de Agricultura y Ganadería e Industria, presididas por los diputados Ricardo Buryaile (UCR) y Marcelo Casaretto (FdT), respectivamente, recibieron al Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, quien analizó, junto a especialistas, las propuestas de Creación de un Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial.
El Secretario Bahillo expuso los principales lineamientos del Régimen de fomento, afirmando que “la ley agroindustrial tiene un espíritu federal que promociona y brinda herramientas de desarrollo a las economías regionales”.
“Esta ley busca consolidar a la Argentina como un país productor de alimentos a través del aprovechamiento de las condiciones ambientales y humanas que tiene para hacerlo”, destacó Bahillo, al explicar que “a través del desarrollo agroindustrial buscamos que nuestros jóvenes se queden en el interior y tengan un futuro”.
Asimismo, indicó que “el objetivo es seguir transformando la producción primaria de proteína vegetal en proteína animal, como carne, huevo y leche”, para lo cual “debemos incentivar la aplicación de tecnologías para mantener el crecimiento del volumen”.
Al inicio del encuentro, Buryaile destacó la “vocación de aportar mejoras, en esta tercera reunión abocada al proyecto, para avanzar en aspectos técnicos que den al sector productivo y al gobierno una herramienta que no declame, sino que sirva”.
Por su parte, Casaretto ponderó que el proyecto de ley aspire a “captar inversiones en el sector agropecuario y en el sector industrial; generar valor agregado en la Argentina con el consecuente ingreso de dólares; en algún caso, sustituir importaciones, y, en otro caso, fomentar exportaciones”.
En otro orden, Raúl Carlos Dente, director Ejecutivo Federación Acopiadores de Granos de la República Argentina, definiendo al Régimen como “un proyecto de incentivo fiscal a la inversión”. Dente valoró que el proyecto redefina a la agroindustria “como un sector competitivo externo”, y bregó para que signifique un punto de partida hacia una “Ley agrícola argentina, donde se establezcan las reglas de juego, y se defina la política comercial del sector, sobre la base de una estrategia de desarrollo sostenible del país”.
Luego, pudo expresarse la secretaria de la Fundación Barbechando, Ángeles Naveyra, quien destacó que la implementación del Régimen brindaría “cuatro beneficios significativos; la amortización acelerada; la valuación de la hacienda; el beneficio de pagar cuando se tiene el producto para vender, a partir del saldo técnico de IVA, y, por último, el certificado de crédito fiscal”. Naveyra argumentó su adhesión al declarar “que si generamos financiamiento genuino, el productor agropecuario tiene muchísimo para dar, y porque la agroindustria es sin duda una locomotora que tira de un tren donde hay lugar para todos los argentinos”.
Cabe recordar que el proyecto de ley busca una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con más valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología, como semillas, fertilizantes, y genética. El objetivo de la iniciativa es alcanzar, en el 2030, exportaciones por US$ 100.000 millones y la generación de 700.000 nuevos puestos de trabajo.
Participaron del plenario, en adhesión a la creación del régimen: los asesores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan Manuel Fernández Arocena y Rodrigo Páez; el Subsecretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Luis Contigiani; el Presidente Cámara de Feedlot, Fernando Storni; el Director de Proyectos Especiales y Relaciones Institucionales de ACA-Asociación de Cooperativas Argentinas, Julián Echazarreta; el vicepresidente primero de la Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA), Sergio Raffaeli, y el Presidente de la Federación del Citrus Entre Ríos (FeCIER), Pablo Molo.
Los electores de la provincia de Buenos Aires deberán asistir a las urnas este domingo 7 de septiembre para las elecciones legislativas provinciales, en una jornada donde la sanción por ausencia vuelve a ser noticia por su monto irrisorio: arranca en solo $50.
Según consta en la Ley Electoral Provincial N° 5109, los ciudadanos de entre 18 y 70 años que no emitan su voto enfrentarán una multa de $50 a $500. Si bien el dinero se destina al fomento de la educación, el monto, que como relevó Noticias Argentinas no se actualiza, es calificado como “menos que un caramelo”.
El punto clave para quienes no asistan es la justificación: los electores tienen un plazo de 60 días (contados desde la elección) para acreditar el motivo de la ausencia ante la Junta Electoral. La fecha límite, por lo tanto, es el próximo 6 de noviembre. Solo se aceptan tres justificativos comprobables: estar a más de 500 km del lugar de votación, un problema de salud certificado o un motivo de “fuerza mayor”. Quienes no justifiquen ni paguen la multa quedarán registrados en el Registro de Infractores.
Elecciones en PBA: qué se vota y por qué no se usa la Boleta Única
En los comicios de este domingo, los bonaerenses elegirán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, junto con 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Además, se definirán concejales y consejeros escolares en los distritos.
El Ministerio de Gobierno bonaerense aclaró que, a diferencia de las elecciones nacionales de octubre, en estos comicios provinciales no se implementará la Boleta Única de Papel (BUP). La votación se realizará mediante el sistema tradicional de “boletas partidarias”, que según la cartera “conserva plena vigencia” y es valorado por el electorado. La veda electoral rige desde este viernes a las 8:00.
El escándalo por el fentanilo contaminado sumó un dato estremecedor. Según un informe del Cuerpo Médico Forense, el uso del lote 31.202 de ampollas de fentanilo —fabricado por el laboratorio HLB Pharma Group S.A.— incrementó en un 52% la probabilidad de muerte de los pacientes en los 30 días posteriores a su administración.
El documento, publicado po Infobae, fue incorporado a la causa judicial que investiga la responsabilidad del laboratorio de Ariel García Furfaro. Los especialistas analizaron 40 historias clínicas de pacientes fallecidos y detectaron que, en al menos 24 casos, hubo un “nexo concausal” entre la infección desarrollada y el uso del medicamento.
Bacterias detectadas
Los peritos identificaron dos bacterias —Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae— tanto en hemocultivos de los pacientes como en las ampollas del lote contaminado. Los análisis confirmaron su identidad fenotípica, molecular y genómica, lo que refuerza la relación directa entre la contaminación y el agravamiento de los cuadros clínicos.
Un factor agravante
Si bien el informe no concluye que las bacterias hayan sido la causa exclusiva de muerte, sí advierte que actuaron como un factor agravante en pacientes que ya atravesaban situaciones críticas de salud. “La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal”, indicaron los peritos.
La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal
La investigación judicial avanza sobre la cadena de producción y distribución del fentanilo, mientras la OMS exigió retirar del mercado seis lotes contaminados por representar un riesgo global para la salud. Hasta ahora, se registraron casi un centenar de muertes vinculadas al medicamento en hospitales argentinos.
El caso puso en evidencia fallas graves en los controles sanitarios y derivó en imputaciones contra más de veinte personas, entre ellas directivos del laboratorio.
Elisa Carrió avanzó con un pedido de juicio político contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, el magistrado que dictó la medida cautelar que impidió la difusión de audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada y el Congreso, en un caso que generó críticas porque puede configurar censura previa.
Carrió firmó el pedido contra Maraniello junto con la diputada nacional Marcela Campagnoli y su par porteño Hernán Reyas, según comunicó este último en sus redes sociales.
“Con @elisacarrio y @M_Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Maríanello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado”, escribió Reyes en X.
En la publicación, el candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica aseguró que “un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables”. Agregó que “las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”, cerró el legislador de la Ciudad.
Un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiable
Los denunciantes acusan al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por haber dispuesto la medida cautelar que para la oposición, juristas y colegios de abogados supone una flagrante violación de un derecho humano como es la libertad de expresión, en el marco del escándalo de presunta corrupción por cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
En el trámite abierto ante el Consejo de la Magistratura se solicita la apertura del procedimiento de acusación, suspensión en el cargo y requerimiento de destitución.
Para la Coalición Cívica, la prohibición de la difusión de chats, fotos, audios y videos de Karina Milei en cualquier medio o red social representa “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública ”.
Por otra parte, los tres dirigentes opositores señalan una posible relación de connivencia con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura y la justicia federal, lo que de confirmarse perpetraría una violación de la independencia judicial y de la división de poderes.
Por si fuera poco, Carrió, Campagnoli y Reyes denuncian que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), una institución que “resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación”.
Resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación
“A tal punto, que cuenta con importantes ‘auspiciantes’ incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios HLB Pharma” y “Ramallo“, indicaron en la denuncia.
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