El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) registró un aumento mensual del 2,2% en abril, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Lo mismo ocurrió de manera interanual, con una suba de 8,5% respecto a abril del año anterior.

En lo que respecta al acumulado del primer cuatrimestre del año (enero-abril), la industria registró un incremento del 6,7% en comparación al mismo período del año anterior.

De las 16 divisiones del IPI, 14 registraron variaciones positivas interanuales (i.a.):

• Alimentos y bebidas: 7,3%.
• Maquinaria y equipo: 19,6%.
• Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: 36,2%.
• Productos minerales no metálicos: 27,3%.
• Otros equipos, aparatos e instrumentos: 27,6%.
• Industrias metálicas básicas: 7,1%.
• Prendas de vestir, cuero y calzado: 9%.
• Madera, papel, edición e impresión: 5,1%.
• Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: 7,7%.
• Productos textiles: 16,6%.
• Productos de caucho y plástico: 6,4%.
• Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 3,6%.
• Otro equipo de transporte: 25,7%.
• Productos de tabaco: 25,8%.

Mientras que las únicas dos divisiones que presentaron disminuciones fueron Productos de metal (7% i.a.) y Sustancias y productos químicos (0,3% i.a.).

Por otra parte, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró en abril una suba de 25,9% con respecto a igual mes de 2024.

Según datos del ISAC, en el cuarto mes del año se observaron aumentos interanuales en el consumo interno de placas de yeso (82,6%), mosaicos graníticos y calcáreos (55,0%) y hormigón elaborado (50,3%).

Fuente: NA.

La definición judicial de las dos veces presidenta Cristina Kirchner abre un debate interno en La Libertad Avanza (LLA) que discute el impacto que tendrá el fallo en el que trabaja la Corte Suprema en el armado electoral libertario.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, convergen posturas diferenciadas ante la posibilidad de que el Máximo Tribunal confirme la sentencia a seis años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra la exvicepresidenta en el juicio por la Causa Vialidad.

Esta mañana, una importante voz con acceso al despacho presidencial anticipó que la potencial condena de la dirigente peronista obligaría a repensar el nombre que el espacio tiene en mente para competir por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires.

En su lugar, de confirmarse la pena que imposibilitaría la candidatura de Cristina Kirchner, podrían inclinarse por un perfil “menos interesante” para la competencia.

Si bien en el Poder Ejecutivo evitan expresarse públicamente al respecto por orden directa del presidente Javier Milei, por lo bajo, algunos rechazan como definición política la potencial condena de la máxima exponente de la oposición y vaticinan que el fallo tendrá efectos encontrados.

En boca del sociólogo francés, Émile Durkheim, una importante fuente de La Libertad Avaza postuló que “los hechos sociales no son monocausales”, y sostuvo que la eventual detención de Cristina Kirchner responde a múltiples factores y procesos sociales que afectarán al Gobierno Nacional de forma positiva y negativa a la vez.

Por un lado, cree la Corte Suprema “sacará de la cancha a la única que tiene votos”, al tiempo que lee que el votante kirchnerista no transferirá su voluntad a otro candidato del espacio, y por el otro, considera que se trata del mejor escenario para el peronismo que ordenará su interna detrás de la figura de la líder que denunciará su proscripción.

Sin embargo, no todos los alfiles violetas comparten la teoría. Desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la dueña de la lapicera, descartan que el fallo los obligue a modificar los planes.

“No cambia nada porque la elección será modelo contra modelo”, aseguró un funcionario ante la agencia Noticias Argentinas, y descartó que el candidato libertario a competir en la tercera sección electoral esté definido.

Con días de sobra hasta el 19 de julio, fecha límite para oficializar las candidaturas, en Balcarce 50hay quienes resaltan que no correrán detrás de los tiempos que marque Cristina Kirchner, y vaticinan que será de los últimos candidatos en anunciarse.

“No nos va a sacar a bailar Cristina Kirchner. Primero tenemos que cortejar, escuchar la música, y analizar los movimientos”, ironizaron.

Esta tarde, el armador bonaerense Sebastián Pareja sumará un nuevo capítulo a los contactos entre LLA y el PRO al reunirse con Cristian Ritondo como interlocutor del partido amarillo para acercar posturas que permitan cerrar un armado conjunto de cara a las elecciones locales del 7 de septiembre.

El perfil apuntando con Cristina Kirchner en carrera

Hasta el momento, los armadores libertarios diseñan la estrategia electoral con Cristina Kirchner como principal competidora y se inclinan por anticipar que el candidato será alguien del espacio, al que definen como “puro”, con poca experiencia política.

El “outsider” o “la doña rosa” a los que apuntan deberá además poder encarnar lo que representa La Libertad Avanza (LLA) y contrastar contra lo que sintetiza la exvicepresidenta del Frente de Todos.

“Hoy trabajamos con Cristina Kirchner en cancha. De confirmarse la sentencia, habrá que ver si repensamos o no la estrategia, pero hasta ahora no hay nada hablado”, señalaron desde el partido que lleva como titular a la menor de los Milei.

Al igual que lo ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo imagina una campaña de polarización directa con el kirchnerismo. “Necesitamos a alguien que sea la antítesis de lo que representa Cristina”, resumieron.

Fuente: NA.

El Gobierno nacional avanzó en la disolución del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) con la publicación de los mecanismos para tal fin y el pase de la administración de los préstamos vigente a un banco privado.

La medida se efectivizó con la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía publicada hoy en el Boletín Oficial, que detalla los pasos operativos tras el Decreto 1018/2024 del 12 de noviembre de 2024 que dispuso la disolución.

Según los considerandos del Decreto 1018/2024, la disolución se fundamenta en varios puntos en que el programa se había convertido en una “pesada carga” para las cuentas públicas. Por otra parte, se señaló que existían dificultades para fiscalizar y controlar su ejecución.

A su vez, se argumenta que la financiación de la construcción de viviendas es una actividad propia de los bancos comerciales, privados y públicos, no justificándose la intervención estatal directa en esta materia.

La norma recuerda que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realizó una auditoría que señaló varias observaciones, entre las que se destacan la demora en la entrega de viviendas y locales, generando mayores gastos de mantenimiento y vigilancia; el incumplimiento de convenios, como el de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), reclamos por falta de condiciones de habitabilidad en unidades entregadas, y la falta de actualización de manuales de procedimiento.

Por otro lado, la SIGEN determinó que la gestión “no ha sido transparente, ni ágil, ni eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común”

La disolución se enmarca en la Ley N° 27.742 que declaró la emergencia pública y autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar Fondos Fiduciarios Públicos con el fin de mejorar el funcionamiento del Estado, reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal y transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas.

Si bien el fondo se disuelve, la gestión de los créditos ya otorgados continuará a través de un contrato que el Ministerio de Economía celebrará con el Banco Hipotecario S.A.

Esta gestión se realizará bajo las mismas condiciones de retribución que las establecidas en el Contrato de Fideicomiso original de 2012.

La Resolución 764/2025 encomienda a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa la adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a este contrato.

Esta dirección instruirá al Banco Hipotecario a transferir las sumas líquidas de la cobranza a la Cuenta N° 2510/46 “Recaudación TGN”, previa deducción de su retribución y gastos.

Adicionalmente, se faculta a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial a instruir al Banco Hipotecario para que proceda a la venta de carteras de créditos cuyo rendimiento de cobranza sea inferior al cuarenta por ciento (40%).

El Ministerio de Economía estará a cargo de disponer y administrar los bienes muebles e inmuebles del fondo, incluyendo la regularización de dominio.

También celebrará un contrato con el Banco Hipotecario para estas tareas bajo las mismas condiciones de retribución establecidas en 2012.

El Ministerio de Economía, con previa intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación, podrá acordar la transferencia de inmuebles o unidades a provincias, municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, institutos de vivienda y otros organismos del Estado Nacional.

Si los inmuebles hubiesen sido aportados originalmente por provincias o municipios, podrá acordarse su restitución total o parcial.

Los inmuebles que eran de titularidad fiduciaria del Banco Hipotecario y que no estaban afectados a obras con contratos vigentes al momento de la entrada en vigencia del decreto, serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Esta transferencia se formalizará mediante convenios entre Banco Hipotecario S.A., la AABE y la Secretaría de Obras Públicas.

Las obligaciones dinerarias pendientes se cancelarán con los fondos de la cobranza de créditos o del producido de la venta de inmuebles, respetando el orden de prelación del Contrato de Fideicomiso de 2012.

El proceso de liquidación seguirá las disposiciones del Decreto 1018/2024, el Contrato de Fideicomiso original y, en lo no regulado, el Decreto N° 695/24 y la Resolución del Ministerio de Economía N° 796/24.

Las causas judiciales originadas en el marco del Pro.Cre.Ar disuelto serán atendidas por la unidad organizativa del servicio jurídico permanente que disponga la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía.