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Política Nacional

Caso Dow: Susbielles pidió más controles y transparencia

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A diez día de la la explosión en el Polo Petroquímico, el precandidato a Intendente de Bahía Blanca Federico Susbielles criticó la “la falta de controles y de transparencia” sobre las empresas y llamó al Municipio a implementar “políticas efectivas y con participación ciudadana” para impulsar el desarrollo sin descuidar el medio ambiente.

Mediante una carta publicada en sus redes sociales, Susbielles aseguró que “la falta de ejecutividad, transparencia y firmeza en los controles por parte del Municipio sobre las empresas radicadas en el Polo Petroquímico se reflejó en el descreimiento generalizado de nuestros vecinos y vecinas a raíz de lo sucedido el viernes por la noche”.

Según el precandidato, se trató de una suma de factores, ya que hubo “demora en la activación del PRET, “cono de silencio” que profundizó la sensación de incertidumbre y desprotección, falta de decisión política para ejercer las facultades conferidas por la ley provincial ante un hecho de este tipo, errática posición del titular del CTE y un estado municipal que gradualmente viene desmantelando los mecanismos de participación y control ciudadanos sobre los indicadores ambientales”.

En la carta Susbielles cuestiona el desmantelamiento de la plataforma “Qué Pasa Bahía Blanca”, y resalta que esa iniciativa posibilitaba el “monitoreo ambiental” y había sido desarrollada por empresas y ONG’s locales, la UNS, la UTN, el IADO y expertos en medioambiente. Según el precandidato “a través de esta página la comunidad podía acceder a las mediciones históricas y en tiempo real de la calidad del aire que respiramos, el nivel de ruidos de origen industrial, los puntos donde los establecimientos industriales arrojan efluentes líquidos a la ría e información general de las distintas industrias y empresas radicadas en nuestra ciudad”.

El precandidato del Frente Todos responsabilizó a las autoridades municipales por haber “apagado la luz” de los controles y la transparencia y llamó al Intendente Héctor Gay a impulsar “menos comentarios y más acción”.

“La hora lo exige, señor intendente” culminó.

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Uno por uno, cómo votaron los senadores al proyecto de reforma laboral

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Tras una jornada maratónica, el Gobierno consiguió la media sanción de su proyecto de reforma laboral en el Senado, con 42 votos a favor, 30 en contra y ninguna abstención. Esta es la primera gran victoria del año para el oficialismo en el ámbito legislativo.

La sesión se extendió por 13 largas horas y la votación terminó por realizarse durante la madrugada. A lo largo del debate, se evidenciaron dos posturas muy marchadas: los sectores alineados con La Libertad Avanza respaldaron los cambios propuestos, mientras que el kirchnerismo rechazó los cambios a la legislación vigente.

El avance de la iniciativa fue resultado de intensas gestiones entre representantes sindicales y gobernadores cercanos a Milei. Los gremios pudieron asegurarse los aportes a las obras sociales y la continuidad del aporte solidario.

En el palco, se encontraban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Eduardo “Lule” Menem, quienes siguieron desde el palco la votación en representación del presidente Javier Milei.

Al momento de la votación, no hubo sorpresas: el bloque del Partido Justicialista optó por el rechazo, junto a los dos senadores de Moveré por Santa Cruz. A continuación, el voto de cada senador:

Quiénes votaron a favor

  • Carmen Á. Rivero (La Libertad Avanza)
  • Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza)
  • Romina Almeida (La Libertad Avanza)
  • Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza)
  • Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza)
  • Vilma Bedia (La Libertad Avanza)
  • Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza)
  • Patricia Bullrich (La Libertad Avanza)
  • Pablo Cervi (La Libertad Avanza)
  • Agustín Coto (La Libertad Avanza)
  • Enzo Fullone (La Libertad Avanza)
  • Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza)
  • Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza)
  • Nadia Marquez (La Libertad Avanza)
  • Belén Monte De Oca (La Libertad Avanza)
  • Agustín Monteverde (La Libertad Avanza)
  • Bruno Olivera (La Libertad Avanza)
  • M. Emilia Orozco (La Libertad Avanza)
  • J. Carlos Pagotto (La Libertad Avanza)
  • Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza)
  • Maximiliano Abad (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Flavio Fama (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Eduardo Galaretto (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Mariana Juri (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Daniel Kroneberger (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Carolina Losada (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Silvana Schneider (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Rodolfo Suárez (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Gabriela Valenzuela (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Eduardo Vischi (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Andrea Cristina (PRO)
  • Martín Goerling (PRO)
  • Victoria Huala (PRO)
  • Luis Juez (PRO)
  • Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia Social)
  • Beatriz Ávila (Independencia)
  • Julieta Corroza (La Neuquinidad)
  • Carlos Espínola (Provincias Unidas)
  • Sonia R. Decut (Frente Renovador de la Concordia Social)
  • Flavia Royón (Primero los Salteños)
  • Edith Terenzi (Despierta Chubut)
  • Alejandra Vigo (Provincias Unidas)

Quiénes votaron en contra

  • Guillermo Andrada (Partido Justicialista)
  • Adán Bahl (Partido Justicialista)
  • Daniel Bensusán (Partido Justicialista)
  • Jorge Capitanich (Partido Justicialista)
  • Lucía Corpacci (Partido Justicialista)
  • Eduardo De Pedro (Partido Justicialista)
  • Juliana Di Tullio (Partido Justicialista)
  • Anabel F. Sagasti (Partido Justicialista)
  • Celeste G. Navarro (Partido Justicialista)
  • M. Teresa González (Partido Justicialista)
  • Alicia Kirchner (Partido Justicialista)
  • Marcelo Lewandowski (Partido Justicialista)
  • Carlos Linares (Partido Justicialista)
  • Cristina López (Partido Justicialista)
  • Florencia López (Partido Justicialista)
  • Juan Manzur (Partido Justicialista)
  • Ana Inés Marks (Partido Justicialista)
  • José Mayans (Partido Justicialista)
  • Sandra Mendoza (Partido Justicialista)
  • Carolina Moisés (Partido Justicialista)
  • Elia Esther Moreno (Partido Justicialista)
  • José Emilio Neder (Partido Justicialista)
  • Mariano Recalde (Partido Justicialista)
  • Fernando Rejal (Partido Justicialista)
  • Fernando Salino (Partido Justicialista)
  • Martín Soria (Partido Justicialista)
  • Sergio Uñac (Partido Justicialista)
  • Gerardo Zamora (Partido Justicialista)
  • José Carambia (Moveré por Santa Cruz)
  • Natalia Gadano (Moveré por Santa Cruz)

Tras lograr la media sanción en la Cámara alta, el proyecto deberá ser sometido a votación en Diputados para completar el proceso legislativo y convertirse en ley.

Luego de que la iniciativa obtuviera la media sanción, el presidente Milei compartió un mensaje victorioso en su cuenta oficial de X (Twitter). Primero calificó al logro de “histórico” y concluyó con su típica frase “¡Viva la libertad, carajo!”.

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Mariano Recalde cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno: “Le baja los derechos a los trabajadores”

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En la antesala de una sesión clave en el Senado, el senador de Fuerza Patria, Mariano Recalde, criticó en duros términos el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Según subrayó durante una entrevista en Infobae en vivo, la iniciativa “le baja los derechos a los trabajadores” y no genera condiciones para la creación de empleo. El debate legislativo, previsto para este miércoles, enfrenta a oficialismo y oposición en torno a más de doscientos artículos que buscan modificar de forma integral el régimen laboral argentino.

El senador opositor argumentó que el proyecto representa un retroceso en materia de derechos laborales. Insistió en que “no hay un solo artículo que mejore la vida de quienes trabajan”, y enumeró una serie de puntos que, a su entender, perjudican tanto a empleados como a pequeñas y medianas empresas: “Todo lo que está, se está achicando. No es la jornada de trabajo de ocho horas. Desde 1929 que se consiguieron las ocho horas de trabajo y esta ley la tira por la borda. Una conquista centenaria de los trabajadores”.

La reforma, que será discutida artículo por artículo, introduce cambios en licencias, indemnizaciones, contribuciones patronales y el régimen de pago de haberes, entre otras áreas. Recalde expuso que “no se amplía la licencia por paternidad, no se mejoran ni las licencias ni las vacaciones” y advirtió sobre la reducción de la licencia por enfermedad, así como la reducción en el pago durante ese período.

“Un trabajador se enferma y va a cobrar el cincuenta por ciento de su salario básico”, señaló, al tiempo que cuestionó la eliminación de la gratuidad y del límite de extracción en las cuentas sueldo.

El dirigente peronista también reprobó la orientación económica de la reforma, que a su juicio prioriza incentivos a la especulación financiera y la desregulación por sobre la industria nacional. Repasó que durante los gobiernos kirchneristas, según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y ARCA, “se inscribieron doscientas treinta y tres mil empresas”, incluso cuando regían dobles indemnizaciones y licencias extendidas: “Los derechos laborales no fueron un impedimento para que lleguen las inversiones, para que se abran empresas, para que las empresas abran sucursales”.

En el mismo sentido, el legislador recordó que experiencias previas de flexibilización laboral en la Argentina no generaron el efecto esperado. “Con De la Rúa dijeron que iban a crear empleo. Terminamos con el pico de desempleo más alto de la historia argentina. Con Menem, flexibilización laboral dos veces, en el 90, en el 94. Terminamos con 18% de desempleo”, subrayó. Citó incluso estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, según mencionó, muestran que “nunca se creó empleo bajando derechos”.

Recalde puso el foco también en el impacto de la reforma en el sistema de indemnizaciones y en la tercerización laboral. Afirmó que el nuevo esquema “favorece la interposición fraudulenta de personas insolventes para no cumplir con las obligaciones” y elimina normas antifraude que, en su visión, protegían a los trabajadores: “El que cumple con la ley no tiene juicios. El que las hace, las paga. Y con este gobierno, el que las hace, las paga es menos en materia laboral, porque eliminaron las sanciones por trabajo negro”.

En cuanto a la situación de las pequeñas y medianas empresas, Recalde diferenció entre quienes cumplen con la legislación y aquellos que evaden sus obligaciones. “Todas las empresas que despiden sin causa tienen que pagar una indemnización. Y si no es solvente, es un problema para el trabajador”, explicó, y señaló que la reforma “favorece la tercerización y la evasión”.

El debate parlamentario se da en un contexto de acuerdo entre oficialismo y sectores dialoguistas del Senado que, según informó Infobae, consensuaron modificaciones importantes al dictamen original. Entre los cambios, se destaca la eliminación de una baja en Ganancias para grandes empresas, la reducción menor de contribuciones patronales y ajustes en el fondo de indemnizaciones. Pese a estas correcciones, Recalde reiteró que “no hay una sola que le dé un beneficio al trabajador”.

Por último, el senador de Fuerza Patria rechazó la eliminación de sanciones para empleadores con trabajadores no registrados y cuestionó la amnistía implementada con la ley Bases, que, según relató, no tuvo impacto positivo en la generación de empleo.

Respaldándose en cifras oficiales, concluyó: “Hace un año y medio hicieron una amnistía, una moratoria, un perdón a todos los que tenían trabajo negro con la ley Bases, con la promesa de que con esa modificación, con la eliminación de las multas, que incrementaban las indemnizaciones, a partir de ahí los empresarios no iban a tener miedo de contratar y ahí se iba a generar empleo. El tema es que pasó en un año y medio, cerraron 21.900 empresas”.

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La CGT enfrenta una reforma laboral con cambios que no alcanzan y una movilización llena de riesgos

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La CGT reaccionó en silencio ante los cambios en la reforma laboral anunciados por Patricia Bullrich. No hubo elogios, obviamente, pero tampoco críticas a ese combo de modificaciones que deja a salvo (pero no tanto) las arcas sindicales a través del mantenimiento limitado de las cuotas solidarias y la eliminación de la rebaja a las contribuciones patronales para las obras sociales.

“Los cambios no nos conforman y seguimos negociando”, admitió un jefe cegetista a Infobae pocas horas antes de una suerte de “supermiércoles” en el que todo indica que se aprobaría la reforma laboral en el Senado y que la zona del Congreso será un termómetro del malestar sindical por el proyecto de Javier Milei.

¿Lo que anunció Bullrich fue fruto de acuerdos con la CGT o un gesto unilateral del Gobierno hacia el poder sindical? El hermetismo de los gremialistas es muy sugestivo. El oficialismo hizo concesiones ante algunos reclamos cegetistas, sobre todo al mantener intactos los fondos para las obras sociales y sostener las cuotas solidarias, aunque seguirán igual que ahora hasta 2028 (luego dejarán de ser obligatorias y no podrán cobrarse sin el consentimiento de los trabajadores) y el descuento no podrá superar el tope del 2% de los salarios.

Otro alivio para la CGT es la eliminación del artículo que quitaba la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de las cuotas de afiliación sindical. El nuevo texto, de todas formas, no contempla lo que prevé la ley actual: la recaudación también de “otros aportes”, que abarca a las cuotas solidarias.

Pese a sus reclamos, la CGT no logró quitar del proyecto ni suavizar la estricta reglamentación del derecho de huelga, la obligación de pedir autorización para realizar asambleas sindicales en los lugares de trabajo ni el tope de 10 horas mensuales pagas a los delegados para realizar actividades gremiales, entre otros puntos.

Los planteos de la CGT, además, tampoco se reflejaron en los anuncios de Bullrich sobre la ultraactividad de los convenios (se buscaba que no se cayeran al vencimiento, sino que existiera un período para renegociarlos) y la prelación de los convenios por empresa (aspiraba a que que esos acuerdos no rompieran el piso convencional establecido por los sindicatos con personería).

Toda la civilizada oposición que mostraron los líderes cegetistas ante el avance de la reforma laboral contrastó con la violencia verbal de algunos dirigentes ultraopositores como Rodolfo Aguiar, líder de ATE (“los gobernadores que avalen esta reforma estarán firmando su propia sentencia de muerte”) y Daniel Yofra, titular de Aceiteros (“vamos a prender fuego el país a través de una huelga por tiempo indeterminado”).

Las repudiables amenazas de ambos dirigentes le darán un contexto inquietante a la movilización de esta tarde ante el Congreso, convocada por la CGT para descomprimir el malestar interno, pero que mostrará en la calle un abanico de posturas radicalizadas que hacen temer una postal semejante a la que soportó Mauricio Macri en 2017 con el debate legislativo sobre la reforma previsional.

¿Funcionará a pleno el aparato sindical para llenar la calle de manifestantes? La anterior concentración contra la reforma laboral, que se hizo el 18 de diciembre en la Plaza de Mayo, mostró una convocatoria poco contundente. Ahora, el clima adverso contra el proyecto oficial es mucho mayor en las filas sindicales, aunque también creció en la CGT el temor a hechos de violencia y a los reclamos de un “paro general ya” de los sectores duros que incomodaría a los dialoguistas de la central obrera que hablan (y seguirán hablando) con el Gobierno.

La actitud de la CGT ante la administración Milei causa debates internos sugestivos. En la última reunión del Consejo Directivo, un líder dialoguista propuso una movilización contra la reforma laboral y descartó un paro general: “El último que hicimos, en mayo, no fue tan bueno”. Y despotricó contra algunos colegas que “hacen un acting de combativos, se graban proponiendo paros de 24 o 48 horas y después no hacen las huelgas”.

El dilema de la CGT es qué hacer para frenar o suavizar el proyecto oficial mientras la crisis profunda que atraviesa el sindicalismo no ponga en evidencia su pérdida de poder sin precedentes. Aun está abierta la herida en el orgullo sindical que dejaron algunos gobernadores que no les contestaron los llamados a los líderes cegetistas para hablar sobre la reforma laboral o cancelaron sus audiencias con ellos, como sucedió hace una semana y los obligó a cancelar una gira por el interior.

Algunos gestos del sindicalismo dejan al desnudo la impotencia por no haber podido sumar apoyos políticos suficientes a su rechazo a la reforma laboral del Gobierno. Por eso los dichos de Aguiar y Yofra o los paros que los sindicatos aeronáuticos harán este miércoles, de 15 a 18, que provocarán demoras en Aeroparque y Ezeiza, y los metrodelegados concretarán en los subtes de 21 a 23.30: ¿perjudicar a los pasajeros influirá en la votación de la reforma laboral en el Senado?

Es la herramienta que tienen los sindicatos para expresar su protesta y, a la vez, la mejor publicidad favorable que podrían hacerle a la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales que promueve el Gobierno.

Cambios en la reforma laboral que no alcanzan, una movilización callejera llena de riesgos y dirigentes que generan un clima violento o castigan a la gente común son algunas de las piezas de este rompecabezas del sindicalismo que parece imposible de armarse.

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