Con el cierre de la feria judicial, arrancó en Comodoro Py una nueva audiencia en el marco del juicio Vialidad contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios y el empresario Lázaro Báez. No es una más: se trata del inicio de los alegatos del fiscal Diego Luciani, quien apenas inició su exposición dijo que existió “una asociación ilícita piramidal con los jefes de Estado en la cúspide”.
Con un tono de fuerte vehemencia, el funcionario del Ministerio Público sostuvo que “vamos a hacer un análisis de las 51 licitaciones públicas” que estuvieron bajo la lupa de la causa. A su vez, agregó que a lo largo de las próximas audiencias argumentará su hipótesis de que “la corrupción se presentó con comportamiento habitual, no eran prácticas aisladas sino que fueron hechos gravísimos que perduraron en el tiempo”.
En esa línea, Luciani indicó que en el marco de la organización “hubo distribución de funciones, mínima dirección y cierta jerarquía”. También manifestó en los primeros minutos de su exposición que “lo que ocurrió en Santa Cruz con la obra pública debe ser entendido como un caso paradigmático de la corrupción (ya que) se violaron los principios más básicos de toda contratación publica”.
El juicio que entró en su etapa final tiene como principal acusada de asociación ilícita, administración fraudulenta y e incumplimiento de deberes de funcionario público a la vicepresidenta. Bajo investigación hubieron una serie de maniobras supuestamente ilegales que se habrían organizado para beneficiar al empresario Lázaro Báez.
El juicio está envuelto en una gran especulación política ya que desde el kirchnerismo están convencidos que su resolución se dará de cara a las próximas elecciones de 2023, con el objetivo de impactar en la figura de la vice y afectar un eventual desempeño electoral. “Capaz necesitemos más audiencias, no se asusten”, lanzó Luciani en la primera de nueve jornadas de exposición.
De entrada, el fiscal tomó la palabra y lanzó cuestionamientos en al menos dos ocasiones a la Unidad de Información Financiera (UIF), cuyos abogados vienen de pedir el sobreseimiento de la vicepresidenta.
Mientras tanto, el fiscal enumeró una serie de afirmaciones tales como que “se acreditó el direccionamiento y la cartelización de la obra pública”, al tiempo que acusó que “la competencia (entre empresas en licitaciones) fue una ficción”. Asimismo, dijo que hubo 17 licitaciones que no pasaron por el Congreso y que se contrataron obras en Santa Cruz con sobreprecios y se otorgaron a Austral Construcciones a pesar de que “no tenía capacidad de contratación”.
Y siguió con sus cuestionamientos a Báez: “Alguien que no era empresario ni tenía experiencia o conocimientos técnicos financieros como la ingeniería civil-vial logró conformar un conglomerado que sería beneficiario de 51 de 83 contrataciones de obra pública en Santa Cruz”.
El funcionario también dijo que “cualquier empresario de la construcción sabe que escapa a toda lógica que una persona pudiera hacerse acreedora del 78,4% de la obra pública vial en Santa Cruz, casualmente o causalmente en una provincia manejada por quien asumía en 2003 como presidente”, en relación a Néstor Kirchner.
Sobre las obras que el juicio tuvo bajo la lupa, casi una hora después de haber iniciado dijo que de un total de 51 hubo tres que fueron terminadas en tiempo y forma y que fueron remediaciones de canteras. “Solo 27 de esas 51 fueron culminadas, pero 24 tuvieron demoras severas, con retrasos injustificados. En algunos casos las demoras superaron los límites imaginables: más de 10 años en obras que debían durar dos o tres”, especificó.
En relación a las demoras, dijo que en total se contabilizaron 700 meses de prórroga entre todas las obras. “Hubo un perjuicio patrimonial extraordinario al Estado nacional”, afirmó.
“El relato era hacer rutas, la realidad era extraer fondos públicos”
En una segunda etapa de su primera exposición, Luciani desarrolló los antecedentes de ex funcionarios como Julio De Vido y José Lopez, ex ministro de Planificación y ex secretario se Obra Pública respectivamente. Se enfocó en el rol que tuvieron en lo que reconoce como una asociación ilícita.
A su vez, contó cómo fue la creación del Ministerio de Planificación Federal y sus objetivos, una cartera clave en el manejo de los proyectos. “Se designó como síndica a Alejandra Minicelli, es decir, se designó en un cargo de tanta relevancia para controlar los recursos del Estado a la pareja del ministro (NdR: De Vido). Esto, además de ser un mensaje nefasto, demuestra que no se podía contar con un control serio y real sino con un claro conflicto de intereses”, dijo.
El fiscal puso a la actual vicepresidenta como jefa de la supuesta asociación ilícita conformada hacia abajo por otros funcionarios como De Vido y López. Si bien sostuvo que “se creó un armazón de personas de absoluta confianza”, añadió que “no vamos a juzgar la relación de confianza ni los nombramientos, sino que hemos establecido que estos actos permitieron crear las condiciones necesarias para el plan sistemático de extracción de fondos”.
Asimismo, el fiscal Luciani sostuvo que desde al cúspide de la pirámide había poder necesario para influir en la designación de funcionarios necesarios en el ámbito provincial producto del paso de Néstor Kirchner como gobernador.
“El relato era hacer rutas, pero la realidad era extraer fondos públicos con una estructura de funcionarios que iban a brindar su aporte a la organización ilegal”, indicó.
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