Los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), junto a la CGT y las dos CTA, marcharán el jueves 18 de diciembre junto a Plaza de Mayo contra la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutuvo, y al rumbo general de la política económica y social del gobierno de Javier Milei.

Según estimaciones de los organizadores, la convocatoria podría reunir a alrededor de 150 mil personas.

La decisión de salir a la calle se tomó a pesar de que el Gobierno introdujo modificaciones en el texto original de la reforma laboral y excluyó la eliminación de la cuota solidaria sindical, una contribución clave para el financiamiento de los gremios. Ese punto había sido impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y fue retirado tras negociaciones del ala dialoguista del Gobierno, que mantuvo contactos con la CGT a través de Santiago Caputo y el ministo del Interior Diego Santilli.

Para las organizaciones convocantes, sin embargo, la versión final del proyecto mantiene cambios estructurales que afectan el sistema de derechos laborales vigente y justifican una respuesta en las calles. En ese marco, los referentes sindicales y sociales detallaron sus principales objeciones.

“La reforma laboral que propone el gobierno nacional está orientada a quitarle derechos a los trabajadores que hoy se mantienen dentro de una relación salarial formal plena de derechos”, sostuvo ante este medio Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

El dirigente del Movimiento Evita cuestionó con dureza el nuevo esquema de despidos incluido en el proyecto: “Proponen indemnizaciones por despido más bajas y en cuotas, excluyendo aguinaldo, bonos y adicionales. Encima proponen que se financien con el aporte de los jubilados. Te hacen trabajar más, cobrando menos por ese trabajo extra”, afirmó.

También rechazó el argumento oficial que vincula la quita de derechos con una supuesta reducción de la informalidad laboral. “Invocan a los trabajadores informales que están por fuera de una relación salarial formal argumentando que la quita de derechos a uno va a redundar en mayores derechos para los otros. Algo nunca visto”, señaló. Y agregó: “Esto no solamente sería injusto, sino que además es totalmente falso. Una pérdida de derechos para los trabajadores incluidos o formales repercutiría en una pérdida para el conjunto de los trabajadores, incluidos los de la economía popular. Si bajan al de arriba, pisan al de abajo”.

Gramajo citó antecedentes internacionales: “En el mundo, varios países probaron recortar la protección laboral prometiendo que así la economía iba a repuntar. No fue así y la Organización Internacional del Trabajo confirmó que quitarle protección al trabajador no genera más empleo, sino trabajadores más desprotegidos”.

En ese contexto, el dirigente planteó la necesidad de una agenda alternativa. “Por todo esto creemos necesaria la creación de un Estatuto Laboral para la Economía Popular, que sirva de puntapié inicial para una nueva institucionalidad y marcos jurídicos que reconozcan esta realidad laboral”, afirmó. Y detalló: “Como primer punto debe plantear la reactivación del l Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el Salario Social Complementario y la posibilidad de avanzar en convenios colectivos por rama de actividad”.

“Una reforma esclavista”

Desde una posición más confrontativa, el ex secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, calificó el proyecto como una “reforma esclavista”. “La esclavitud laboral que propone el gobierno nacional solo puede sancionarse si la avalan quienes traicionan a quienes los votaron como peronistas”, afirmó.

Castro sostuvo que la iniciativa no beneficia ni a los trabajadores formales ni a los informales. “Este proyecto de ley es anti-justicia social, quita los derechos que consagraron las familias trabajadoras y no tiene un solo punto en favor de los informales”, señaló. Y apuntó: “No solo no beneficia a los que trabajamos sin derechos, tampoco mejora los ingresos ni los derechos de los trabajadores formales”.

En ese marco, afirmó que las propuestas del movimiento popular solo podrían avanzar si el proyecto oficial es rechazado: “El estatuto de los trabajadores de la economía popular y el salario social complementario solo son posibles si la reforma esclavista de Milei cae. No queda otra. Por eso vamos a luchar con toda nuestra fe”. Y concluyó con una definición simbólica: “Ningún poder puede prevalecer contra Dios y el pueblo humilde trabajador”.

El rechazo político y social

La dirigente nacional de Libres del Sur, Silvia Saravia, confirmó la participación de su organización en la movilización y sostuvo que la protesta busca enviar un mensaje político claro. “Este jueves 18 nos movilizamos para dar en las calles un mensaje opositor contundente a Milei”, afirmó.

Saravia advirtió que la reforma laboral se inscribe en un modelo más amplio de ajuste. “Cada uno de los proyectos de ley presentados por el oficialismo reafirma que el gobierno va hacia un modelo de mayor desigualdad”, sostuvo. Y destacó: “Existe un consenso amplio en que la reforma laboral regresiva no va a servir para generar puestos de trabajo genuinos”.

También vinculó la movilización con el rechazo al Presupuesto aprobado en el Congreso. “Vamos a reafirmar el rechazo a un presupuesto que elimina las leyes de financiamiento universitario, las emergencias en pediatría y en discapacidad”, dijo. Y manifestó: “Milei cree que en octubre se le dio un cheque en blanco, pero la profundización del ajuste tarde o temprano va a volverse en repudio masivo”.

Desde el ámbito de los derechos humanos, la presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, María José Lubertino, cuestionó la aprobación del Presupuesto y el rumbo del Gobierno. “Repudiamos la lamentable aprobación en la Cámara de Diputados de un presupuesto regresivo que viola los tratados internacionales en materia de derechos humanos, salud y educación”, sostuvo.

Según Lubertino, los recortes vulneran el principio de no regresión en materia de derechos. “Atentan contra los derechos de las personas con discapacidad, el financiamiento del Hospital Garrahan y las universidades”, afirmó.

Las dos CTA confirmaron su participación en la jornada del próximo jueves, El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, informó que las tres centrales sindicales acordaron una estrategia común frente a la reforma laboral. “Acordamos rechazar de forma contundente el proyecto por considerarlo regresivo y contrario a los derechos de los trabajadores”, señaló.

Godoy agregó que se resolvió “poner en estado de movilización permanente a la clase trabajadora” y convocar a “una gran jornada nacional de protesta, con una movilización central en Plaza de Mayo y marchas simultáneas en las principales plazas del país”.

Los principales puntos contra la reforma laboral

Entre los ejes más cuestionados del proyecto se destacan el abaratamiento de los despidos, la flexibilización de la jornada laboral, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la prioridad de convenios por empresa, el salario ligado a la productividad, las restricciones al derecho de huelga y la falta de políticas reales para reducir la informalidad laboral.

La oposición y los movimientos sociales también sostienen que la reforma no incluye incentivos reales para formalizar empleo.

Con la CGT, las CTA y los movimientos sociales en estado de movilización permanente, el jueves 18 se perfila como una de las principales demostraciones de fuerza contra la agenda laboral del Gobierno, en un escenario de creciente tensión entre la Casa Rosada y el movimiento obrero organizado.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, volvió a referirse a las vacantes sin ocupar en el máximo tribunal y a la necesidad de que el Estado resuelva esta situación. A su vez, insistió en que se deberían tratar solo aquellos temas “en los que hay una cuestión estrictamente constitucional”.

Respecto a su postura sobre la conformación ideal, señaló que cinco jueces es el número adecuado, ya que en esa integración cada expediente es debatido por todos los miembros y favorece una deliberación sustancial sobre cada fallo. “Cinco es el número ideal, para mí, que es el número histórico de la Corte”, analizó; y en ese sentido explicó: “Cada tema tiene que dar toda la vuelta por los ministros. Nos llega un expediente, entonces, si usted hace una Corte de cinco, la mayoría es tres y todos intervienen. Es decir, que aunque los tres primeros, siendo cinco, estén de acuerdo, si el cuarto está en desacuerdo, vuelve el expediente, porque alguno de los primeros tres puede cambiar su criterio”.

Por otro lado, distinguió este modelo de los de siete o nueve integrantes, donde, a su criterio, el circuito para el análisis de los casos se vuelve excesivamente extenso y podría dificultar la construcción de consensos. “Si usted hace una Corte de siete, la mayoría es cuatro, la vuelta es más larga, es como un planeta que gira una órbita más extensa”, planteó y remarcó que el tribunal debería intervenir solo en aquellos temas “en los que hay una cuestión estrictamente constitucional”.

Para explicar el funcionamiento actual del organismo, Rosatti acudió a un ejemplo. “Estamos jugando un partido de fútbol de once jugadores con siete, para que se tome noción. Se nos complica irnos de vacaciones porque tenemos que hacer malabares”, detalló en diálogo con Carlos Pagni al aire de LN+. Según Rosatti, las actividades que llevan a cabo requieren una organización que, ante la cantidad de gente disponible, puedan sacar el trabajo.

“Todas las semanas tenemos acuerdo, inexorablemente. En el acuerdo discutimos las sentencias que queremos sacar en las semanas subsiguientes, quiere decir que es un debate anticipado sobre lo que vamos a hacer en las semanas o meses subsiguientes”, relató, y continuó: “Previamente, nos reunimos entre nosotros, con nuestros letrados, con los secretarios, y vamos tratando de ponernos de acuerdo”. “Ponerse de acuerdo, yo diría el noventa y ocho por ciento de las sentencias, es unanimidad, en este caso, tres firmas. Si no se llama a un conjuez”, añadió en referencia a la modalidad adoptada debido al número reducido de magistrados.

De igual forma, Rosatti señaló que la dotación de letrados en la Corte es considerablemente inferior a la de algunos estudios jurídicos privados de Buenos Aires. Mientras en ciertos despachos de la ciudad trabajan hasta trescientos abogados, en el máximo tribunal la cantidad es mucho menor. Sobre la posibilidad de implementar herramientas tecnológicas, el presidente del tribunal expresó: “Esta es la única forma de trabajar sin inteligencia artificial por ahora, porque este reparto, a lo mejor, algún día podría hacerse por inteligencia artificial, pero a veces delira y podemos tener ahí problemas”.

“Este año va a ser el récord histórico desde la fundación de la Corte Suprema de Justicia en 1863 de cantidad de sentencias. Nunca antes, como hoy”, dijo Rosatti quien indicó que se van a firmar “más de trece mil” sentencias, teniendo en cuenta que aún no terminó el año.

De esta manera, reiteró la importancia de que existan más plenarios o instancias de casación en todos los fueros, de modo de unificar criterios antes de llegar al máximo tribunal. “Nos hemos convertido casi en un tribunal de tercera instancia”, analizó. Aunque, por otro lado, destacó: “El trabajo de estos últimos años se ha organizado muy bien, pero hay que decir que estamos al límite, por supuesto”.

El presidente Javier Milei espera que el acuerdo comercial con los Estados Unidos esté listo para antes de fin de año y planea viajar a Washington D.C. para firmarlo personalmente, aunque las autoridades argentinas todavía están trabajando en el texto.

De acuerdo con lo que precisaron varias fuentes oficiales a Infobae, el Gobierno busca que el tratado sea rubricado en las próximas semanas para que pueda entrar en vigencia lo antes posible, pero para eso están ultimando detalles con la contraparte norteamericana.

A mediados de noviembre pasado, la Casa Blanca publicó un comunicado en el que confirmó que ya se había alcanzado un convenio marco con la gestión libertaria para avanzar hacia un programa de “comercio e inversión recíprocos”.

A partir de ese momento, comenzó una etapa para la administración de Milei en la que funcionarios de diferentes áreas empezaron a trabajar para adecuar la legislación local y así cumplir con las pautas que acordaron las partes.

El embajador argentino en los Estados Unidos, Alejandro “Alec” Oxenford, regresó a Buenos Aires y este lunes por la tarde mantuvo un encuentro en la Casa Rosada con el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El diplomático estuvo reunido un tiempo largo con el consultor político, a quien le comentó, entre otras cuestiones, cómo se encuentran las negociaciones para la redacción final del texto.

Aunque hay una expectativa fuerte de que la medida se concrete antes de que termine diciembre, en el Poder Ejecutivo se muestran cautos: “Está todo muy avanzado, pero no se van a dar fechas. Se anunciará oficialmente”, sostuvo a Infobae una de las personas involucradas en el proyecto.

Una vez que el tratado de libre comercio esté listo, Milei tiene pensado viajar al país del norte para firmarlo personalmente, probablemente en un acto que encabezará con su par estadounidense, Donald Trump.

De hecho, en el Poder Ejecutivo se había planteado días atrás la posibilidad de que esto ocurriera el 5 de diciembre, fecha en la que el libertario tenía agendado visitar Washington para asistir al sorteo del Mundial de fútbol.

Sin embargo, sucedieron dos episodios que imposibilitaron esto: en primer lugar, cuando se estaba acercando el evento, las propias autoridades nacionales ya reconocían que no iban a poder terminar con la tarea.

En el asunto está involucrado, principalmente, el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que lidera Federico Sturzenegger y que participó de los encuentros con los representantes norteamericanos previos al anuncio del convenio marco.

También están trabajando en varios aspectos el Ministerio de Economía, encabezado por Luis “Toto” Caputo, y la Cancillería, que quedó en manos de Pablo Quirno.

El embajador enviado por Trump a Buenos Aires, Peter Lamelas, recibió a finales del mes pasado al funcionario y, tras el encuentro, destacó que “las reformas que impulsa Milei tienen el potencial de dinamizar la economía argentina”.

“Hablamos sobre cómo la desregulación puede impulsar la innovación, atraer inversiones, generar empleo, y aumentar el comercio. EE.UU. apoya estos esfuerzos orientados a un entorno más competitivo y abierto”, destacó.

El acuerdo comercial, según se anticipó en el convenio macro, contempla el acceso mutuo a mercados para productos clave, particularmente en recursos naturales, acero, aluminio y carne de res.

Siguiendo con el comunicado que sacó en aquella oportunidad la Casa Blanca, uno de los ejes principales del tratado es la apertura recíproca de la economía mediante la reducción o eliminación de aranceles.

Entre otros puntos, la Argentina se comprometió a brindar acceso preferencial a exportaciones estadounidenses que incluyen medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y un conjunto de productos agropecuarios.

Recientemente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de la Argentina, firmaron un convenio de cooperación para facilitar determinados trámites.

Tal como anticipó este medio, las autoridades locales deben adaptar la legislación vigente para poder cumplir con estas medidas y, en algunos casos, se prevé que las modificaciones tendrán que pasar por el Congreso.

Por ejemplo, las autoridades nacionales tendrán que intensificar el control sobre productos apócrifos y pirateados, incluyendo el ámbito digital, y también modernizar el régimen de propiedad intelectual siguiendo estándares internacionales.

No obstante, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, los referentes del oficialismo no recibieron aún instrucciones de defender el acuerdo en el recinto y están concentrados en la aprobación de las reformas que se están tratando en sesiones extraordinarias.