El Gobierno le puso punto final a la política migratoria que fue establecida por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri.

En ese momento se impusieron controles más estrictos para evitar el ingreso de delincuentes extranjeros y se agilizaron los trámites de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales. El rol de los organismos internacionales en esta decisión y la explicación del Presidente.

La Ley de Migraciones establecía que un extranjero podía ser expulsado por cometer delitos graves con pena mayor a cinco años, en el caso de los residentes, y por cometer delitos con pena superior a tres años, en el caso de los no residentes.

En la publicación del Boletín Oficial se remarcó que “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por su regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa”.

El Gobierno argentino consideró necesario derogar el decreto del anterior gobierno, restableciendo la vigencia de las normas modificadas en 2017.

También se ordenó la creación de una Comisión Asesora de Política Migratoria la cual tendrá a su cargo proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871.

Esta decisión ya se venía estudiando desde el año pasado.

Al iniciar su mandato, Alberto Fernández sostuvo que esa norma lo que hizo fue autorizar expulsiones sin condena y agregó “Esto me parece muy peligroso porque se puede convertir en un acto de persecución contra alguna población”.

La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, y la secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social, Laura Alonso, firmaron un convenio para colaborar en la implementación de Potenciar Inclusión Joven, un programa que impulsa proyectos productivos, laborales y comunitarios en los que que participen jóvenes de entre 18 a 29 años en situación de vulnerabilidad.

Los proyectos deberán ser presentados por organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales e instituciones religiosas que tengan congruencia con los objetivos del programa y, en caso de ser aprobados, recibirán un incentivo económico de $ 8.500 al mes para cada participante del proyecto.

Los proyectos tendrán una financiación de hasta 12 meses de duración y, en ésta primera etapa, el objetivo del programa es alcanzar a 100 mil jóvenes de todo el país.

La firma del convenio tuvo tuvo lugar en el Galpón Joven de Tecnópolis, donde las funcionarias estuvieron acompañadas por más de 60 jóvenes de los partidos bonaerenses de San Isidro y de La Matanza.

“Los jóvenes son el motor para poner a la Argentina de pie. Necesitamos de su compromiso para dar lo mejor ya que nadie se salva solo, sino con un Estado presente que acompaña y genera las condiciones de igualdad de oportunidades para que todos los sueños puedan ser cumplidos”, expresó Raverta.

Potenciar Inclusión Joven es un programa que lanzó el Ministerio de Desarrollo Social, que será el responsable del otorgamiento, administración y gestión de las prestaciones, en tanto que la Anses realizará cruces informáticos utilizando la información en sus propias bases de datos y la puesta al pago.

“El programa financiará el desarrollo de estos proyectos y otorgará una beca de $8.500 para los jóvenes participantes, que se pagará a través de Anses. Es un gran paso que estamos dando en el enorme desafío de restituir derechos y construir el futuro que nos merecemos”, apuntó Alonso.

Entre los proyectos incluidos en el programa están los de tipo socio productivos, con posibilidad de desarrollarse a partir del trabajo de sus propios miembros en carácter asociativo; los proyectos de tipo socio comunitarios, iniciativas de desarrollo territorial con instancias socioeducativas y de formación o bien de recreación y de acceso a los bienes culturales; y proyectos de tipo socio laborales, incluidos espacios asociativos orientados a las capacitaciones de formación para el trabajo.

Los interesados en inscribirse deberán enviar un correo electrónico a [email protected]

Fuente: Télam

Cristina Fernandez de Kirchner, reclamará hoy su sobreisimiento en la causa dólar futuro. Esto será en una audiencia ante la Cámara Federal de Casación Penal la cual definirá si el expediente avanza a juicio oral.

La audiencia se realizará por Zoom a partir de las 10.30, y será encabezada por los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación, Daniel Petrone, Diego Barroetevaña y Ana María Figueroa,

Estos mismos jueces a fin del año pasado tuvieron que resolver sobre la validez de los arrepentidos en la causa de los cuadernos.