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Con apoyo de sectores de la oposición, el oficialismo logró aprobar en Diputados el Presupuesto 2023

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Tras más de 15 horas de debate, el oficialismo logró aprobar el texto del proyecto de Presupuesto 2023 en general. A la hora de la votación en particular, el Frente de Todos no consiguió los votos necesarios y optó por retirar el artículo 95 que extendía las facultades delegadas para imponer retenciones a las exportaciones. Por su parte, la oposición logró frenar el artículo que proponía cobrar Ganancias al Poder Judicial.

El proyecto obtuvo 180 votos afirmativos, 22 negativos y 49 abstenciones. La UCR, Evolución, el interbloque Federal y Provincias Unidas votaron a favor. El PRO y la izquierda se abstuvieron. La Coalición Cívica, liberales y libertarios rechazaron la iniciativa.

Según pudo saber Infobae, la aprobación en general del texto fue interpretado como un importante logro político para el ministro de Economía, Sergio Massa. En el Palacio de Hacienda destacaron que el plan de gastos y recursos “incluye un orden muy fuerte de las cuentas públicas”.

El Frente de Todos logró el quórum gracias a un puñado de diputados de Evolución y de la UCR. Emiliano Yacobitti y Danya Tavela, del bloque referenciado en Martín Lousteau a nivel nacional, fueron los primeros en entrar en el recinto. Poco después se sumaron varios radicales como Hugo Romero, Miguel Ángel Bazze, Jorge Rizzoti y Martín Arjol. Máximo Kirchner, por su parte, fue uno de los pocos oficialistas que no ocupó su banca al inicio de la jornada.

El PRO y la Coalición Cívica no bajaron hasta que el oficialismo consiguió el número para comenzar con el debate. Los “lilitos” habían adelantado hace días que no acompañarían el Presupuesto porque sus variables macroeconómicas son “poco realistas”, porque intentaba habilitar suba de impuestos (como a los productos electrónicos de Tierra del Fuego) y porque buscaba extender las facultades delegadas para establecer retenciones, entre otros puntos.

Por su parte, el PRO también informó, ni bien comenzó el debate, que se abstendría en la votación en general. “Estamos absolutamente en contra de algunos artículos y es por ello que en la votación en particular nos opondremos a delegar en el Poder Ejecutivo el aumento de las retenciones, la creación de zonas aduaneras especiales, y en general de la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo”, detallaron a través de un comunicado.

Y agregaron: “No vamos a permitir que el Presupuesto sea usado como una herramienta de disciplinamiento del Poder Judicial. Defendemos la legalidad y por eso nos oponemos a que este debate se de en la ley de presupuesto. Lo hacemos con la autoridad moral de haber sancionado, durante el gobierno del Presidente Macri, una ley para que los jueces comiencen a tributar ganancias”.

Los opositores que apoyaron el Presupuesto destacaron que las pautas macroeconómicas son más “realistas” (60% inflación y 2% de crecimiento económico) que las que presentó Martín Guzmán el años pasado y que el oficialismo aceptó varias modificaciones. Por otro lado, evaluaron que rechazar el proyecto por segundo año consecutivo le da total discrecionalidad al Gobierno para reconducir los gastos por decreto. Su objetivo fue limitar lo más posible la capacidad de reasignar partidas sin control en un año electoral.

A pesar de que durante los últimos días se repitieron las reuniones entre los miembros de la coalición opositora, no se llegó a un acuerdo para unificar criterios. Según pudo saber Infobae, uno de los que más presión ejerció para aprobar el Presupuesto fue el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales.

El radical Hugo Romero señaló que “ante la crisis y la decisión del Gobierno de no cambiar el rumbo como oposición es necesario que Argentina tenga un presupuesto para el 2023, para dar una señal de responsabilidad ante la gran incertidumbre que tenemos actualmente y para evitar la discrecionalidad en un año electoral”.

Entre las principales concesiones que hizo el Frente de Todos para evitar el bloqueo del proyecto se destacó la inclusión de una cláusula gatillo que estipula que si al 31 de agosto de 2023, la inflación acumulada supera en 10% la meta anual establecida o si los ingresos públicos superan en 10% lo presupuestado, el Ejecutivo deberá enviar “en un lapso de 30 días una ampliación del Presupuesto, no pudiendo hacerlo por decreto”.

Por otro lado, a pedido de diputados de varias provincias y por presión directa de los gobernadores del Norte Grande, el Ministerio de Economía aceptó aumentar la partida de subsidios de transportes de pasajeros del interior de $66 mil millones a $85 mil millones. Además, el articulado fue rectificado para aclarar que esa cifra será “un piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe”.

Varias provincias también plantearon reparos ante el artículo 90, que propone que Cammesa (mayorista de energía eléctrica) se cobre las deudas de las provincias a través de descuentos automáticos de los fondos coparticipables. El oficialismo aceptó incluir un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales. Sin embargo, mantuvo que las provincias son co-responsables y al término del plazo de seis meses el Gobierno podrá retener la suma adeudada, pero no de los fondos coparticipables.

Al promediar la jornada, en la bancada del Frente de Todos reconocían que no contaban con los votos suficientes para aprobar uno de los artículos que mayores resistencias generó: el cobro de Ganancias a todos los integrantes del Poder Judicial. Finalmente fue rechazado por 134 votos negativos a 116 a favor.

La izquierda adelantó que no acompañaría la iniciativa porque incluía, además de los jueces, a los trabajadores de los juzgados. “El trabajo no es ganancia”, repitieron. En la misma línea, la diputada oficialista Vanesa Siley, que también se desempeña como Secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (FE-Sitraju), adelantó que votará en contra.

“Como trabajadora y como hija de laburantes, peronista y creyente en la movilidad ascendente, creo que no hay que considerar nunca más que el salario es ganancia. No podemos fallarle a los nuestros, no podemos tocarle el bolsillo a los trabajadores”, dijo.

Sin embargo, en los pasillos del Congreso los diputados que defendían el artículo estaban dispuestos a ir al recinto a votar para “dejar en claro quién defiende los privilegios”. Confiaban en que la derrota legislativa podría luego transformarse en una victoria política y discursiva.

En cuanto a las retenciones, el oficialismo optó por retirar el artículo que extendía las facultades delegadas hasta el 31 de diciembre de 2023. “Vamos a retirar el artículo 95, no compartiendo las cosas que se han dicho, a partir de que nosotros entendemos que el Ejecutivo tiene las facultades para establecer los derechos de exportación”, dijo Carlos Heller. En el oficialismo confiaban en que las cosas “seguirán tal cual están ahora” aún sin la aprobación del artículo.

Por otro lado, el Frente de Todos logró consolidar una mayoría para agregar una nueva tasa a los viajes en avión, que se cobraría tanto en vuelos domésticos como internacionales. “Créase la Tasa de Seguridad de la Aviación, correspondiente al servicio público de seguridad de la aviación contra actos de interferencia ilícita que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, reza el artículo 121 del texto que tratan hoy los diputados.

La norma establecerá un monto fijo que determinará el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyo valor no podrá superar el equivalente a 0,25% del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial Principal del Escalafón General del Personal Policial de la PSA, es decir un máximo de $250, que se calculan sobre el salario de referencia que hoy en día se ubica en torno a los 100.000 pesos.

“Crear una tasa muestra una vez más lo errático de la política aeronáutica del Gobierno. Cerraron el aeropuerto de El Palomar, sacaron el Pre Viaje y ahora perjudican al turismo con esto. Es una política errática y va a terminar todo mal”, dijo Hernán Lombardi, del PRO.

(Infobae)

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Axel Kicillof recibió a autoridades chilenas y confirman la clausura de la cancha de Independiente

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Tras los trágicos incidentes en la cancha de Independiente, el gobernador Axel Kicillof se reunió con autoridades del Gobierno de Chile para brindar ayuda, al tiempo que la Provincia confirmó que el equipo de Avellaneda no podrá jugar por ahora en su estadio.

Kicillof recibió junto a su Gabinete en La Plata al ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, y el embajador de dicho país en Argentina, José Antonio Viera Gallo para hablar sobre los incidentes registrados en durante un partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile.

“Repasamos la situación de los ciudadanos chilenos que resultaron heridos y de quienes fueron detenidos producto de los incidentes ocurridos durante el partido”, señaló el mandatario. Y destacó que se conformó un grupo de seguimiento para agilizar el intercambio de información en torno a la evolución en el estado de salud de las personas que continúan internadas.

“Ambos gobiernos condenamos cualquier tipo de violencia en espectáculos deportivos y nos comprometemos a establecer mecanismos de cooperación en materia de justicia y seguridad”, agregó Kicillof, y recordó que la investigación sobre los hechos ocurridos seguirá su curso en sede judicial.

Independiente con estadio clausurado

En este contexto, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que Independiente no podrá jugar por ahora en su cancha (el domingo iba a recibir a Platense) porque hay un pedido de clausura que remitió el fiscal para preservar la escena y recabar pruebas.

“El fiscal pidió la clausura del estadio porque hay manchas hepáticas en las tribunas y faltan hacerse pericias“, explicó el ministro a Radio 10. De esta manera, aunque el partido se llevará a cabo, el funcionario ratificó que no será en Avellaneda.

Por otra parte, sostuvo que ya están identificados los integrantes de la barra de Independiente que invadieron la tribuna, y estimó que serán detenidos en las próximas horas. Y reiteró que la Policía “no ingresa” al estadio y tampoco se ocupa de la seguridad interna de los partidos que organiza la Conmebol.

“Nosotros el día anterior hicimos Racing-Peñarol [por la Libertadores] con la misma Policía, el mismo jefe, estaba la seguridad privada, el alambrado… La Conmebol no quiere la Policía dentro del estadio. Cualquiera que mira la televisión va a ver que no existe. Ni siquiera nos dejaron poner un grupo de Infantería en el bajo tribuna, que no se viera por las cámaras. La Corte Suprema de Justicia dictaminó un montón de sentencias por esto y deja claro que es un evento privado, organizado por un privado, la Conmebol y el club, y lo que hace la Policía es estar afuera, donde no hubo ningún incidente, y le salvó la vida a las dos personas que estaban en ese lugar (los dos chilenos violentados por la barra de Independiente). La Policía lo que hace es restaurar el orden, pero es un orden que se descalabra por la mala organización que hubo”, enfatizó. (DIB)

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Quiénes son los dueños de Suizo Argentina, la droguería en el centro del escándalo de los audios

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Una investigación de las periodistas de Chequeado, Rosario Marina y Delfina Cortireveló quiénes son los dueños de Suizo Argentina, la droguería mencionada por el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, como presunta intermediaria en el cobro de coimas al Gobierno. Se trata de una empresa familiar con más de 100 años de historia y un rol clave como contratista del Estado.

Según supo Noticias Argentinas, la empresa, fundada en 1923, es un negocio familiar actualmente presidido por Jonathan Kovalivker, tercera generación de la familia. Su padre, Eduardo Kovalivker, también figura entre las autoridades del grupo, que se expandió por todo el país y creó el negocio digital FarmaOnline.

Millonarios contratos con el Estado y una denuncia previa

La investigación detalla el rol clave de la droguería como contratista del Estado. Solo en 2025, la empresa se adjudicó una licitación con el Ministerio de Salud por más de $762 millones para medicamentos oncológicos, representando el 68% del total de la compra. También ganó contratos millonarios con el Hospital Posadas y fue el único oferente en una compra de $72 millones para un medicamento contra el cáncer.

No es la primera vez que la empresa se ve envuelta en una polémica. En 2024, una denuncia penal intentó vincularla con Martín Menem por una presunta contratación directa de $30 mil millones, aunque la causa fue cerrada por el fiscal Carlos Rívolo. Ahora, tras los audios de Spagnuolo, la droguería y Eduardo Kovalivker fueron incluidos en la nueva denuncia que investiga el juez Sebastián Casanello, por la cual ya se realizaron múltiples allanamientos.

El informe revela además que Jonathan Kovalivker tiene otros negocios en rubros como el automotriz y la energía, es corredor de autos clásicos y jugó al paddle con el expresidente Mauricio Macri, mientras que su padre, Eduardo, es también escritor de novelas eróticas.

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Grabois involucró a Espert en las presuntas coimas a libertarios: “¿Adivinen de quién es amigo de Spagnuolo?

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El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Juan Grabois involucró a su rival liberetario en las elecciones del 26 de octubre, José Luis Espert en el caso de presuntos pagos de coimas de parte de laboratorios a funcionarios del gobierno del presidente Javier Milei.

¿Adivinen quién es el gran amigo de Spagnuolo? Te doy una pista: el candidato de Milei en PBA. Te doy otra pista: lo financia el narco. Te doy la última pista: a Karina le gustan mucho sus valijas. Adivinaste: Espert”, escribió Grabois en sus redes sociales.

En esa línea, el dirigente social sostuvo: “Los malos siempre fueron ellos, solo que ahora se les cae la careta. Que se vayan todos”.

X de Juan Grabois

Spagnuolo fue localizado hoy en una vivienda del partido bonaerense de Pilar, donde la Policía de la Ciudad le secuestró su teléfono celular en el marco de la investigación del escándalo de los audios sobre supuestas coimas, aunque no quedó detenido.

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