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Con apoyo de sectores de la oposición, el oficialismo logró aprobar en Diputados el Presupuesto 2023

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Tras más de 15 horas de debate, el oficialismo logró aprobar el texto del proyecto de Presupuesto 2023 en general. A la hora de la votación en particular, el Frente de Todos no consiguió los votos necesarios y optó por retirar el artículo 95 que extendía las facultades delegadas para imponer retenciones a las exportaciones. Por su parte, la oposición logró frenar el artículo que proponía cobrar Ganancias al Poder Judicial.

El proyecto obtuvo 180 votos afirmativos, 22 negativos y 49 abstenciones. La UCR, Evolución, el interbloque Federal y Provincias Unidas votaron a favor. El PRO y la izquierda se abstuvieron. La Coalición Cívica, liberales y libertarios rechazaron la iniciativa.

Según pudo saber Infobae, la aprobación en general del texto fue interpretado como un importante logro político para el ministro de Economía, Sergio Massa. En el Palacio de Hacienda destacaron que el plan de gastos y recursos “incluye un orden muy fuerte de las cuentas públicas”.

El Frente de Todos logró el quórum gracias a un puñado de diputados de Evolución y de la UCR. Emiliano Yacobitti y Danya Tavela, del bloque referenciado en Martín Lousteau a nivel nacional, fueron los primeros en entrar en el recinto. Poco después se sumaron varios radicales como Hugo Romero, Miguel Ángel Bazze, Jorge Rizzoti y Martín Arjol. Máximo Kirchner, por su parte, fue uno de los pocos oficialistas que no ocupó su banca al inicio de la jornada.

El PRO y la Coalición Cívica no bajaron hasta que el oficialismo consiguió el número para comenzar con el debate. Los “lilitos” habían adelantado hace días que no acompañarían el Presupuesto porque sus variables macroeconómicas son “poco realistas”, porque intentaba habilitar suba de impuestos (como a los productos electrónicos de Tierra del Fuego) y porque buscaba extender las facultades delegadas para establecer retenciones, entre otros puntos.

Por su parte, el PRO también informó, ni bien comenzó el debate, que se abstendría en la votación en general. “Estamos absolutamente en contra de algunos artículos y es por ello que en la votación en particular nos opondremos a delegar en el Poder Ejecutivo el aumento de las retenciones, la creación de zonas aduaneras especiales, y en general de la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo”, detallaron a través de un comunicado.

Y agregaron: “No vamos a permitir que el Presupuesto sea usado como una herramienta de disciplinamiento del Poder Judicial. Defendemos la legalidad y por eso nos oponemos a que este debate se de en la ley de presupuesto. Lo hacemos con la autoridad moral de haber sancionado, durante el gobierno del Presidente Macri, una ley para que los jueces comiencen a tributar ganancias”.

Los opositores que apoyaron el Presupuesto destacaron que las pautas macroeconómicas son más “realistas” (60% inflación y 2% de crecimiento económico) que las que presentó Martín Guzmán el años pasado y que el oficialismo aceptó varias modificaciones. Por otro lado, evaluaron que rechazar el proyecto por segundo año consecutivo le da total discrecionalidad al Gobierno para reconducir los gastos por decreto. Su objetivo fue limitar lo más posible la capacidad de reasignar partidas sin control en un año electoral.

A pesar de que durante los últimos días se repitieron las reuniones entre los miembros de la coalición opositora, no se llegó a un acuerdo para unificar criterios. Según pudo saber Infobae, uno de los que más presión ejerció para aprobar el Presupuesto fue el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales.

El radical Hugo Romero señaló que “ante la crisis y la decisión del Gobierno de no cambiar el rumbo como oposición es necesario que Argentina tenga un presupuesto para el 2023, para dar una señal de responsabilidad ante la gran incertidumbre que tenemos actualmente y para evitar la discrecionalidad en un año electoral”.

Entre las principales concesiones que hizo el Frente de Todos para evitar el bloqueo del proyecto se destacó la inclusión de una cláusula gatillo que estipula que si al 31 de agosto de 2023, la inflación acumulada supera en 10% la meta anual establecida o si los ingresos públicos superan en 10% lo presupuestado, el Ejecutivo deberá enviar “en un lapso de 30 días una ampliación del Presupuesto, no pudiendo hacerlo por decreto”.

Por otro lado, a pedido de diputados de varias provincias y por presión directa de los gobernadores del Norte Grande, el Ministerio de Economía aceptó aumentar la partida de subsidios de transportes de pasajeros del interior de $66 mil millones a $85 mil millones. Además, el articulado fue rectificado para aclarar que esa cifra será “un piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe”.

Varias provincias también plantearon reparos ante el artículo 90, que propone que Cammesa (mayorista de energía eléctrica) se cobre las deudas de las provincias a través de descuentos automáticos de los fondos coparticipables. El oficialismo aceptó incluir un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales. Sin embargo, mantuvo que las provincias son co-responsables y al término del plazo de seis meses el Gobierno podrá retener la suma adeudada, pero no de los fondos coparticipables.

Al promediar la jornada, en la bancada del Frente de Todos reconocían que no contaban con los votos suficientes para aprobar uno de los artículos que mayores resistencias generó: el cobro de Ganancias a todos los integrantes del Poder Judicial. Finalmente fue rechazado por 134 votos negativos a 116 a favor.

La izquierda adelantó que no acompañaría la iniciativa porque incluía, además de los jueces, a los trabajadores de los juzgados. “El trabajo no es ganancia”, repitieron. En la misma línea, la diputada oficialista Vanesa Siley, que también se desempeña como Secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (FE-Sitraju), adelantó que votará en contra.

“Como trabajadora y como hija de laburantes, peronista y creyente en la movilidad ascendente, creo que no hay que considerar nunca más que el salario es ganancia. No podemos fallarle a los nuestros, no podemos tocarle el bolsillo a los trabajadores”, dijo.

Sin embargo, en los pasillos del Congreso los diputados que defendían el artículo estaban dispuestos a ir al recinto a votar para “dejar en claro quién defiende los privilegios”. Confiaban en que la derrota legislativa podría luego transformarse en una victoria política y discursiva.

En cuanto a las retenciones, el oficialismo optó por retirar el artículo que extendía las facultades delegadas hasta el 31 de diciembre de 2023. “Vamos a retirar el artículo 95, no compartiendo las cosas que se han dicho, a partir de que nosotros entendemos que el Ejecutivo tiene las facultades para establecer los derechos de exportación”, dijo Carlos Heller. En el oficialismo confiaban en que las cosas “seguirán tal cual están ahora” aún sin la aprobación del artículo.

Por otro lado, el Frente de Todos logró consolidar una mayoría para agregar una nueva tasa a los viajes en avión, que se cobraría tanto en vuelos domésticos como internacionales. “Créase la Tasa de Seguridad de la Aviación, correspondiente al servicio público de seguridad de la aviación contra actos de interferencia ilícita que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, reza el artículo 121 del texto que tratan hoy los diputados.

La norma establecerá un monto fijo que determinará el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyo valor no podrá superar el equivalente a 0,25% del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial Principal del Escalafón General del Personal Policial de la PSA, es decir un máximo de $250, que se calculan sobre el salario de referencia que hoy en día se ubica en torno a los 100.000 pesos.

“Crear una tasa muestra una vez más lo errático de la política aeronáutica del Gobierno. Cerraron el aeropuerto de El Palomar, sacaron el Pre Viaje y ahora perjudican al turismo con esto. Es una política errática y va a terminar todo mal”, dijo Hernán Lombardi, del PRO.

(Infobae)

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El massismo ratificó su postura de mantener la unidad en el PJ: “Hay que construir una alternativa a Milei”

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El massismo ratificó su postura de mantener la “unidad” en el peronismo e hizo un llamado a “construir una alternativa para ganarle” al presidente Javier Milei, en medio de la interna entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la ex presidenta Cristina Kirchner por el desdoblamiento electoral.

No es una ruptura. Me parece que ha tomado una decisión, que generó ida y vuelta, y muchas diferencias. Fue conflictiva. Creo que ya está resuelto“, expresó el director del Banco Provincia y dirigente del Frente Renovador Sebastián Galmarini, al hacer referencia al decreto de Kicillof para desdoblar los comicios.

Galmarini planteó que “no hubo consenso” político dentro del espacio para ir a una reforma en cuanto al desdoblamiento electoral o unificación de las elecciones, como tampoco para “suspender las PASO e imponer otro modelo de selección de candidatos”.

“Hay que poner la cabeza fría. Massa nos pide que sigamos trabajando para mantener la unidad. Tenemos que pensar que hay que construir una alternativa para ganarle a Milei y terminar con un gobierno que sigue ajustando y profundizando los problemas“, argumentó Galmarini en declaraciones radiales.

El dirigente sostuvo que, para eso, es necesario “un peronismo lo más unido posible para enfrentar esta aventura alocada a la que nos ha acostumbrado este gobierno”.

Y añadió que el espacio que lidera Massa va a “trabajar hasta el último día para tratar de construir un acuerdo e ir lo más sólidos y juntos posibles para enfrentar a Milei”.

El partido que lidera el ex candidato presidencial se había manifestado en favor del consenso en Unión por la Patria (UxP) el sábado durante un acto en San Fernando, cuando aún se especulaba con la posibilidad de un entendimiento entre las diferentes tribus del espacio opositor.

Pero no hubo acuerdo entre los diferentes actores políticos y Kicillof anunció ayer el desdoblamiento de las elecciones legislativas bonaerenses, por lo que los comicios en el distrito se realizarán el 7 de septiembre.

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Jubilados: opositores votan un emplazamiento para tratar la extensión la moratoria previsional

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La Cámara de Diputados aprobó un emplazamiento para que un plenario de comisiones emita dictamen el 6 de Mayo sobre la extensión de la moratoria por dos años, que finalizó el pasado 23 de Marzo y cuya extensión es rechazada por el oficialismo y sus aliados.

El plenario por 125 votos a favor77 en contra y 9 abstenciones emplazó a la comisión de Presupuesto y Hacienda para que se debata un conjunto de iniciativas para la clase pasiva, dado que su presidente José Luis Espert rechaza debatir estas propuestas contrarias al Poder Ejecutivo.

De esta manera, mañana sesionará desde las 12 el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social, para abrir el debate sobre los proyectos de moratoria y otro para establecer un sistema proporcional para acceder a la jubilación.

A propuesta del diputado de Unión por la PatriaRicardo Herrera, se aprobó una moción para emplazar al plenario de las comisiones para abrir mañana el plenario, y realizar dos reuniones informativas el 23 a las 14, y 29 abril a las 13 y emitir dictamen el 6 de Mayo a las 13.

El emplazamiento fue aprobado por diputados de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, la izquierda, diputados de Encuentro FederalDemocracia para Siempre, y la diputada radical Natalia Sarapura.

Sobre la extensión de la moratoria que venció el pasado 23 de marzo hay iniciativas propuestas por los diputados K, Leopoldo MoreauBrenda Bargas Matyl, y Andrea Freitas, de la legisladora de la izquierda Vanina Biasi para extender por dos años el Plan de Pago de la Deuda Previsional.

También hay una iniciativa de la legisladora de Unión por la Patria Gisela Marziotta para extender la moratoria por diez años, pero el único consenso si logran convencer a otros bloques es poder ampliarla a dos años.

Ese plan consistía que las mujeres que tienen 60 años y 65 los hombres, podrían inscribirse en ese plan para pagar su deuda en cuota hasta completar las 120 cuotas.

Ahora solo pueden acceder pero para ellos tanto hombres y mujeres tienen que tener 65 años a la Prestación Universal para el Adulto Mayor que equivale al 80 por ciento de la jubilación mínima.

También hay un proyecto de la diputada de Encuentro FederalAlejandra Torres y de InnovaciónAgustín Domingo, para establecer una jubilación proporcional de acuerdo a la cantidad de aportes, que podría tener el respaldo del radicalismo que siempre planteó esa posibilidad en lugar de la extensión de la moratoria.

De acuerdo a esa propuesta, el haber mensual de la prestación compensatoria (PC) y de la Prestación Anual por Permanencia (PAP) se determinará de acuerdo al 1,5 por ciento por cada año de servicio, o fracción mayor a seis meses hasta un máximo de 35 años.

Por otra parte, el plenario legislativo aprobó por 126 a 76 votos y 15 abstenciones el emplazamiento para poder avanzar en el dictamen de un proyecto que declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2027 en materia de discapacidad.

La iniciativa tiene dictamen de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, que preside Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (UxP), y de Discapacidad-que encabeza el diputado de UP Daniel Arroyo– pero falta la comisión de Presupuesto.

De acuerdo a la propuesta formulada por Arroyo la comisión de Presupuesto deberá reunirse el miércoles 23 de Abril a las 12 para emitir el respectivo dictamen.

El proyecto declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive.

Establece que la emergencia tiene por objeto efectivizar “el cumplimiento de la obligación del Estado Nacional” asumida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de jerarquía constitucional otorgada por la Ley 27.044.

También fija que la ley es “de orden público y rige en todo el territorio nacional”.

El proyecto establece que el Gobierno deberá tomar las medidas para la protección y promoción de derechos de las personas con discapacidad.

También dispone el financiamiento adecuado y sostenible de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social.

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Duro documento de la CGT en la previa del paro: “impera el sálvese quién pueda”

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En la previa del paro general convocado para este jueves 10 de abril, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) difundió un duro comunicado en el que detalló, uno por uno, los motivos de la medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei. En el texto, señalaron que Argentina “es un ejemplo burdo de un fanatismo individualista y de una idea de libertad vacía, donde impera el sálvese quien pueda“.

La medida de fuerza de este jueves será el tercer paro general que la CGT convoca en lo que va de la gestión de Javier Milei. En esta oportunidad, para rechazar la política económica del gobierno, el techo a los aumentos paritarios impuesto por las autoridades nacionales y en defensa de los derechos de los jubilados.

Qué dice el documento de la CGT

Estamos frente a un gobierno que muestra insensibilidad frente a los problemas de la gente. Ejecuta actos de represión salvaje e injustificada, viola permanentemente los acuerdos institucionales, desfinancia la educación y la salud, abandona la obra pública, manifiesta desprecio por las minorías, ajusta a los jubilados e impone límites a la negociación colectiva”, indicaron desde la central obrera conducida por Héctor Daer, Carlos Acuña y Octavio Argüello, en un comunicado oficial.

En el documento, los líderes de la CGT señalaron que Argentina supo ser ejemplo en América de integración y movilidad social ascendente, pero actualmente, el país es “ejemplo burdo de un fanatismo individualista y de una idea de libertad vacía, donde impera el sálvese quien pueda”.

En ese marco, la central obrera reclamó negociaciones paritarias libres, la homologación de todos los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), un aumento de emergencia para todas las jubilaciones y pensiones, la actualización del bono –congelado en $70.000 desde marzo 2024– y terminar con “la represión salvaje” de la protesta social.

Además, exigieron “un incremento del presupuesto en educación y salud, un programa de desarrollo de la industria nacional que fortalezca al sector PyME, poner fin a los despidos tanto en el sector público como en el privado y un plan nacional de empleo”.

Del mismo modo, rechazaron la privatización del Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y todas las empresas amenazadas por la gestión ultraderechista.

“Reclamamos una política exterior convergente con los intereses nacionales, la defensa irrestricta del territorio y la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Por último, repudiamos todo alineamiento automático con políticas y decisiones foráneas y los condicionamientos que impone el FMI a nuestro país”, cerraron el documento. (DIB)

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