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Con cuestionamientos, la oposición daría quórum para tratar el Presupuesto 2022

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Diputados de distintos bloques de la oposición cuestionaron el “diagnóstico” realizado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y calificaron como “irreales” y “ficticias” las previsiones del Presupuesto 2022, aunque adelantaron que están dispuestos a dar quórum para su tratamiento en el recinto pese al apuro del oficialismo.

Tras la exposición de Guzmán ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, el primero en tomar la palabra fue Luciano Laspina, vicepresidente de ese cuerpo y uno de los referentes del interbloque Juntos por el Cambio para los temas económicos, quien expresó “total discrepancia con el diagnóstico del ministro sobre la economía argentina”.

“Es difícil que podamos pensar en un escenario de crecimiento y estabilidad como plantea el Presupuesto cuando la inflación se está acelerando”, subrayó Laspina, al tiempo que señaló el incumplimiento de la pauta inflacionaria de este año, la “brecha cambiaria de más del 100%” y la “franca caída” de las reservas internacionales, entre otros puntos.

El diputado santafesino del PRO indicó que el Presupuesto 2022 contempla “un ajuste del gasto muy grande” en el orden del “1,5% del Producto Bruto Interno (PBI)” y, por otro lado, advirtió: “Si no se dan los supuestos de los que estamos prendidos, con estas pautas, la tasa de expansión monetaria es muy alta, de entre el 60 y el 80% del PBI. Bastante preocupante”.

Laspina señaló además que “los vencimientos con el FMI están, como mínimo, en una zona gris” en el Presupuesto 2022 y pidió “darle a esos vencimientos algún tratamiento” dentro del proyecto, al tiempo que envió un mensaje político al oficialismo, para tender un puente de cara al debate de los próximos días.

“Leo en los diarios que el Gobierno se apresta a prorrogar por decreto si la oposición impidiera el tratamiento del proyecto, cosa que no vamos a hacer. La oposición la oposición va a posibilitar el tratamiento de esta ley, como hemos hecho siempre, pero necesitamos de un diálogo”, subrayó el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, quien de esta manera adelantó la postura que evalúa la principal bancada opositora.

En efecto, dentro de Juntos por el Cambio son varios los diputados que consideran que es mejor dar quórum a la sesión en la que el Frente de Todos buscará aprobar el proyecto para no entregarle al Gobierno la posibilidad de prorrogar el presupuesto vigente, lo que permitiría al Gobierno mayor discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos.

Esa posibilidad se empezó a analizar luego de que el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, rechazara el pedido de casi todos los bloques opositores de contar con “una semana más” de debate, en lugar de llevar el proyecto a votación en el recinto el próximo jueves.

Además de Laspina y del jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, también realizó ese pedido el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez, titular del Interbloque Federal, quien luego reiteró sus quejas ante Guzmán al advertirle que el apuro del Gobierno por aprobar el Presupuesto “debilitaría” su posición en la negociación con el FMI.

“Usted va a ser la cabeza negociadora por la República Argentina y tiene que salir fortalecido del Congreso, no debilitado. Su correcta y respetuosa presentación no esconde el método a lo guapo del Gobierno nacional acá, después del silencio de los últimos tres meses”, remarcó Rodríguez y agregó: “Explíquele a los compañeros que nos den tiempo”.

Por su parte, José Luis Espert, de Avanza Libertad, debutó en la Cámara de Diputados con fuertes críticas al proyecto presentado por Guzmán, al afirmar que “el Presupuesto tiene supuestos absolutamente disparatados” y reiterar que el camino correcto sería “bajar el gasto público”.

Tras señalar que “el Estado tuvo déficit en los últimos 60 años”, Espert sostuvo que “debería ser una causa nacional que desaparezca primero el déficit fiscal” para luego bajar impuestos porque “la gente no da más”, y sostuvo que “la segunda causa nacional debería ser bajar el gasto público”.

Además, el economista liberal afirmó que con el proyecto de Presupuesto 2022 se está “engañando al pueblo porque hasta ahora, el ajuste es solo un gran tarifazo” y, por último, indicó que “si se eliminara de cuajo el atraso cambiario y el de las tarifas prepagas, solo por eso, habría seis puntos más de inflación”, con lo que cuestionó las previsiones del proyecto.

A su turno, el diputado Alejandro Cacace, del bloque Evolución Radical -creado a partir de la división de la bancada de la UCR- chicaneó al titular de la cartera económica al preguntarlo “por qué” deberían “creerle esta vez, siendo que no se cumplió ni de cerca la proyección que realizó el último año”.

El grueso de la oposición expresó críticas tanto a las proyecciones del Presupuesto 2022 como al tratamiento “exprés” que plantea el Frente de Todos, pero la posición final de cada bancada para la votación se definirá en los próximos días.

NA

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Elecciones bonaerenses: El Gobierno dice que está 4 puntos abajo del peronismo

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El Gobierno maneja una reciente encuesta que lo estaría dando cuatro puntos debajo del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires que se llevarán a cabo el próximo domingo y consideraron que sería “un triunfo” ser superados por ese margen en ese distrito no tan favorable para La Libertad Avanza.

“Tengo una encuesta que da cuatro puntos abajo del kirchnerismo. Para nosotros es un triunfo sacar entre cero y cinco puntos por debajo de ellos”, sostuvo uno de los más encumbrados miembros del Gobierno en declaraciones a un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada.

Consultado sobre ese posible escenario para la votación del domingo, agregó: “Se dieron un montón de factores, las elecciones desdobladas, esta campaña de desprestigio, etc. Así que para nosotros es óptimo estar cuatro puntos abajo de los K. Canto victoria”, insistió el dirigente libertario.

Sobre el escándalo de las escuchas a Karina Milei, negó de plano que las grabaciones hayan sido realizadas por integrantes del Ejecutivo: “No son funcionarios ni gente de adentro del Gobierno. Esto vino de afuera. Está comprobado que células rusas están en la Argentina para llevar adelante una campaña de desinformación. Esta descontado que haya sido una operación interna”, planteó en línea con lo dicho por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Es una campaña organizada para desinformar. Es externo para desestabilizar al gobierno”, insistió.

Y detalló: “Karina fue el viernes a hacer la denuncia. No es casual que los audios lo tengan periodistas identificados con el kirchnerismo. Después de las denuncias hay que esperar a la Justicia”.

De cara al acto de cierre de campaña de LLA el próximo miércoles en el municipio de Moreno, esta fuente adelantó que se reforzará “la seguridad del presidente Javier Milei y de Karina”, tras los incidentes en Lomas de Zamora y Corrientes.

Por último, sobre la visita que hará Milei a Los Ángeles y Las Vegas tras el cierre de campaña y antes de la votación del domingo, destacó el poder financiero de los empresarios con los que se reunirá el Presidente, rechazó las críticas por asistir a la obra de teatro de su ex pareja Fátima Florez  en la llamada “Ciudad del pecado” y cerró con un jocoso: “Ya que está ahí, que se juegue unas fichas en uno de los casinos”.

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El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei enfrenta nueve denuncias

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El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien hoy ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, carga sobre sus espaldas un extenso historial de denuncias en el Consejo de la Magistratura. Nueve expedientes fueron abiertos en su contra, de los cuales cinco corresponden a casos de presunto acoso sexual contra empleadas de su juzgado.

La notificación formal de los cargos se produjo la semana pasada. De acuerdo con el reglamento, el magistrado tiene veinte días hábiles para presentar su descargo por escrito ante la Comisión de Disciplina, presidida por el abogado César Grau. Allí se definirá si las denuncias ameritan sanciones administrativas o si deben ser giradas a la Comisión de Acusación, instancia que podría pedir su remoción.

Las acusaciones contra el juez Alejandro Maraniello

Las acusaciones contra Maraniello incluyen abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y uso indebido de recursos públicos. Una de las empleadas denunció que, a pocos días de haber ingresado al juzgado, fue citada por el magistrado fuera del horario laboral. Según su testimonio, allí sufrió tocamientos y besos no consentidos, y se vio luego forzada a mantener relaciones sexuales para terminar con la situación.

Otra trabajadora aseguró haber recibido mensajes a través de redes sociales, además de comentarios reiterados sobre su vestimenta y hostigamiento laboral tras rechazar avances personales. Relató que padeció acercamientos físicos no deseados y terminó en tratamiento médico por depresión y pensamientos suicidas. La denuncia fue elevada a la Unidad de Bienestar Laboral y también tomó intervención la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, a cargo de la fiscal Mariana Labozzetta.

Consigna policial

El gremio judicial Aefpjn alertó ya en septiembre de 2024 sobre el clima de violencia en el juzgado de Maraniello y reclamó la presencia de consigna policial para resguardar la integridad física y psíquica de los empleados. Desde entonces, el juzgado cuenta con presencia policial en horario laboral.

Algunos expedientes permanecen bajo reserva, remitidos por la Cámara Contencioso Administrativa y por la Oficina de Bienestar Judicial. Sin embargo, testimonios de empleados actuales y exempleados permiten reconstruir un patrón de conductas abusivas. Una de las denunciantes subrayó su situación de vulnerabilidad: hija de un camionero, ingresó como trabajadora interina para sostener sus estudios universitarios, siendo la primera de su familia en acceder a la educación superior.

El fallo que prohíbe difundir los audios de Karina Milei

La gravedad de las acusaciones coincide en el tiempo con el protagonismo que adquirió Maraniello al dictar la medida cautelar solicitada por el Gobierno para prohibir la difusión de los audios de Karina Milei grabados dentro de la Casa Rosada.

El fallo, con alcance a cualquier medio, plataforma o red social, fue celebrado por la Casa Rosada, que sostiene que la filtración respondió a una “operación de inteligencia no institucional” destinada a desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña electoral.

La denuncia oficial, presentada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, habla de una maniobra golpista y responsabiliza a sectores de la oposición. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini. Además, se pidió allanar las oficinas del canal de streaming Carnaval, desde donde se difundieron los materiales, y se apuntó contra allegados de la diputada Marcela Pagano.

En el oficialismo preocupa el impacto político de la filtración, tanto por la desmotivación en la militancia como por el riesgo de que la crisis se profundice si no logran un buen resultado en las próximas elecciones legislativas. La coincidencia entre la resolución judicial de Maraniello y la situación personal del magistrado agrega un condimento de alto voltaje institucional.

Mientras se desarrolla el proceso disciplinario, Maraniello sigue en funciones. La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura deberá resolver en las próximas semanas si las denuncias prosperan y si corresponde avanzar hacia un eventual pedido de remoción.

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La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei

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El Gobierno presentó una denuncia en la Justicia Federal por una presunta “operación de inteligencia ilegal”, a raíz de la difusión de audios grabados en Casa Rosada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Paralelamente, un juez en lo Civil y Comercial ordenó el “cese inmediato” de su divulgación.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó en su cuenta de X que el Ejecutivo “denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”. La presentación judicial fue impulsada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 12.

“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, aseguró Adorni. Más tarde, el funcionario celebró en la misma red social la decisión del juez Alejandro Patricio Maraniello, quien resolvió que “la Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.

El magistrado dictó una medida cautelar que prohíbe la publicación del material difundido el 29 de agosto, ordenando el cese de su circulación “a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”. En la resolución se especificó: “Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025… que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”.

Para garantizar el cumplimiento, se dispuso el envío de un oficio al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), con habilitación de días y horas inhábiles.

Los audios atribuidos a Karina Milei

La controversia comenzó el viernes, cuando se difundió un fragmento en el que se escuchaba a la hermana del Presidente pedir “unidad” en la interna libertaria. Desde Presidencia sostuvieron que la emisión en el canal de streaming “Carnaval” tuvo como fin “generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales”. Además, señalaron entre los responsables al periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial -“que hace pocas semanas declaró que había que espiar al presidente Javier Milei”- y el abogado Franco Bindi.

En la denuncia, recuerda la agencia Noticias Argentinas, el Gobierno remarcó “la gravedad de los hechos denunciados, consistentes en la captación, edición, manipulación, tergiversación y difusión clandestina de audios obtenidos mediante prácticas de espionaje ilegal”, y reclamó una “medida cautelar urgente” que impida su circulación “en resguardo de la legalidad, la vigencia del Estado de Derecho y la transparencia de los procesos democráticos”. (DIB) GML

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