Tal como lo había adelantado el interventor de la Administración General de Puertos (AGP), José Beni, el Gobierno dispuso ampliar el “forzoso” de 5 a 7 días corridos.
La AGP comunicó la modificación del período de libre almacenamiento a 7 días corridos “contados a partir del día siguiente al de cierre de ingreso a depósito declarado en el sistema informático de Aduana”.
La medida responde a uno de los planteos histórico de la carga.
De esta manera, para el caso de los embarques, “se estableció la obligación a efectuar la recepción dentro de los 7 días corridos contados hasta la fecha límite de entrega informada (cut off físico)”.
Tarifas
“La tarifa T1 será aplicable para las entregas hasta el séptimo día corrido inclusive contado a partir del día siguiente al del cierre de ingreso a depósito declarado en el sistema informático de Aduana, siendo aplicable la tarifa T2 para las entregas a partir del día siguiente al plazo establecido para la tarifa T1”, informó AGP.
En tanto, “la tarifa T7 incluirá el período de almacenaje sin cargo que contemple 7 días corridos contados hasta la fecha límite de entrega informada (cut off físico)”.
Respecto de los movimientos adicionales, la AGP indicó que se podrán facturar “en la medida que hayan sido efectivamente prestados, hasta un máximo de dos extramovimientos involucrados en la operatoria de entrega a la que deben ser sometidos los contenedores en las terminales”.
Ushuaia
Por otra parte, ingenieros de la AGP prestaron colaboración en la planificación de las obras de ampliación del muelle comercial del puerto de Ushuaia, elaborando pliegos de licitación y asistiendo en el seguimiento de la obra.
“El llamado a licitación se comunicó mediante una videoconferencia en donde participaron el ministro de Transporte, Mario Meoni; el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens;el Subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Leonardo Cabrera; el interventor de la AGP, José Beni; y el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella”, indicó la AGP.
La asistencia al puerto de Ushuaia se alinea con la política “federal” portuaria que la AGP pretende instalar, continuando así gestiones de asistencia, particularmente vinculadas a la industria de los cruceros.
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