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Construcción en Bahía: no se recupera y aumenta la preocupación

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La industria de la construcción es reconocida como “Madre de Industrias”, atendiendo que ninguna otra actividad tiene semejante efecto multiplicador. Cuando se coloca un ladrillo se está beneficiando a múltiples sectores y creando un ciclo de crecimiento económico que alcanza no sólo a quienes fabrican materiales, sino a rubros alimentos, hospedaje, alquileres y transporte, entre muchos otros.

Por eso resultan preocupantes los datos que surgen de las estadísticas que elabora la División Central Territorial de Datos del municipio.

De acuerdo a los expedientes presentados entre enero y mayo de este año, se otorgaron permisos para construir 32.515 metros cuadrados (m2), un 44% menos que los 58.123 autorizados en igual período de 2023.
Mayo volvió a dar un baño de realidad sobre lo complicado del sector, al registrar 6.496 m2, una baja del 40% en relación a los 10.857 m2 de abril, los cuales generaron expectativas favorables.

Por otra parte, la comparativa interanual, mayo 2024 sufrió una baja del 49% en relación a los 12.718 m2 presentados en igual mes de 2023.

Estos números refieren obras presentadas para su aprobación. La aclaración vale porque la estadística del municipio considera también las denominadas “obras sin permiso”, aquellas ya ejecutadas –que pueden ser recientes o de larga data— pero no declaradas en su momento.

Ese rubro siempre es importante, al punto que, en lo que va del año, el 43% de los expedientes presentados corresponde a ese tipo de obra, realizadas de manera ilegal, sin presentar planos ni disponer de la participación de un profesional.

Se trata de una práctica que existe desde siempre, como consecuencia de la falta de controles adecuados desde el municipio para detectar esta modalidad de trabajo.

Entre construcciones legales e ilegales los primeros cinco meses del año se declararon 56.842 m2, por debajo de los 87.118 m2 de idéntico período de 2023.

Las viviendas unifamiliares lideran el cuadro con 16.533 m2, el 50,85% del total. Los siguen las multifamiliares (8.206 m2; 25,24%); locales (4.325 m2, 13,30%) y ampliaciones con 2.626 m2, el 8,07%.

El metro cuadrado

Son tantas las variables que inciden en una construcción que es difícil ser precisos, pero el valor del m2 sigue siendo el indicador para establecer el precio de una propiedad.

Según la Asociación de Pymes Constructoras (Apymeco), el m2 se ubicó en mayo en $ 1.343.284, valor difícil de expresar en dólares, dada la variabilidad que esa moneda experimenta día a día. Este número no incluye IVA, tampoco el terreno, el costo jurídico ni el beneficio del desarrollador.

En el caso de Bahía Blanca, la revista Obras & Protagonistas, en un análisis mensual que realiza desde hace 30 años, determina ese valor en mayo para tres modelos diferentes.
Una vivienda familiar de 57 m2, es de 766.949 $/m2. Un dúplex de 165 m2 alcanza los $/m2 863.043 y un departamento en un edificio en altura de $/m2 806.062. No incluyen impuestos, ni el terreno, ni honorarios profesionales, ni beneficio empresarial.

Portales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), manejan un valor promedio del m2 de U$S 2.243, aunque existe una disparidad importante de acuerdo al barrio. El más caro es Puerto Madero, con U$S 5.891 el m2, mientras que Lugano, el otro extremo, alcanza los U$S/m2 976.

Permisos tramitados 

Siempre comparando los períodos entre enero y mayo de cada año en nuestra ciudad, estos son los números que demuestran la caída:

–2024: 32.515 m2
–2023: 58.123 m2
–2022: 79.387 m2
–2021: 77.810 m2
–2020: 21.258 m2 (pandemia)

Preocupante

Economistas de nuestra ciudad analizan esta disminución en la superficie a construir en lo que va del año, para una actividad que, como todas, está atada a la economía.

–La inflación. “Se siente el impacto de esa disminución en el nivel de empleo, no solo en la obra pública, paralizada por el gobierno nacional, sino también en la privada. El 44% de disminución interanual significa una caída en la demanda de empleo y se relaciona con los niveles de inflación registrados en el año, que han  generando un aumento de los costos en dólares que las propiedades no pueden trasladar a sus precio dólar. Los inversores y desarrolladores están postergando o suspendiendo proyectos hasta tanto haya una baja sostenida de la inflación y se recuperen los precios en dólares para las propiedades”, señaló Mauro Trellini, Licenciado en economía.

–Sin horizonte. “El panorama es más que preocupante. Es el séptimo mes consecutivo con caída de empleo. La recesión no empezó con este nuevo gobierno, es algo que ya se notaba en la construcción y se profundizó por las medidas relacionadas con la obra pública. En el sector privado por su parte el problema es la falta de horizonte: los inversores no ven demasiado claro hacia dónde va esto. Y eso aún sabiendo que la construcción tiene mucha seguridad jurídica, uno de los pocos activos que el estado no puede tomar o incautar. En la construcción los inversores ven que sube riesgo país, que aumenta el dólar, que la inflación se mantiene. El que maneja dinero entonces se retrae y espera condiciones más claras”, opinó Francisco Rinaldi, Licenciado en Economía.

–Sin inversión. Ell impacto monetario por la caída en la superficie a construir, según nuestros cálculos el año pasado se invirtieron casi u$s54 millones mientras que en este año (ene-may) fueron u$s24 millones. Esto representa una caída del 55%. No estamos en condiciones de aseverar que sea la industria que más mueve en Bahía y que la caída de la construcción sea la más representativa, pero estamos cerca de que así sea, no solo se dejaron de invertir esa cantidad de dinero sino que la mano de obra se resintió mucho y con eso el impacto indirecto que ocurre en el resto de la economía, me refiero a consumo por ejemplo. Habría que hacer también una estimación de impacto en la caída de la industrial local o del puerto respecto a la caída en tráfico portuario y movimiento de buques. Mg. Gonzalo Semilla, del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA)

Fuente: La Nueva.

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El Gobierno amplió el temario de las sesiones extraordinarias y sumó el tratamiento de la Ley Penal Juvenil

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El Poder Ejecutivo oficializó la inclusión del Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, a través del decreto 53/2026 publicado este martes.

De esta manera, el tratamiento de la Ley Penal Juvenil quedó habilitado para ser discutido por diputados y senadores a partir del 2 de febrero, cuando comenzará el período de sesiones de verano. El objetivo es avanzar en la discusión de una nueva normativa que reemplace la Ley de Minoridad vigente y establezca un sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

La decisión de incorporar este tema de gran interés a la agenda había sido anticipada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X, cuando la mesa política del Gobierno mantuvo un encuentro el lunes. “Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La ‘Ley Penal Juvenil’ también formará parte del temario de las sesiones extraordinariasFin”, afirmó Adorni.

Entre los presentes se encontraban la secretaria de Gobierno y hermana del presidente, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el jefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y a su lado la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Del otro lado de la mesa estaba Santiago Caputo, junto a Adorni y el secretario de Estrategia, Ignacio Devitt.

En la Casa Rosada, el debate sobre la ley en cuestión se concentra en dos aspectos centrales: los plazos para su tratamiento y la búsqueda de consensos con la oposición. El Gobierno, a través de distintas fuentes, manifestó la intención de avanzar en la discusión con el mayor respaldo político posible y, para ello, promueve la unificación de los diferentes proyectos presentados por distintos bloques parlamentarios. El antecedente de agosto de 2024, cuando el tema fue abordado en las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, marcó una hoja de ruta.

La normativa que obtuvo dictamen en Diputados en mayo de 2025 fue diseñada en el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, en coordinación con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, la Subsecretaría de Política Criminal y la Dirección de Técnica Legislativa de la cartera.

El principal punto de debate gira en torno a la edad de imputabilidad. Mientras que la administración libertaria prefiere fijarla en 13 años, el consenso alcanzado en las comisiones parlamentarias estableció el piso en los 14. El Gobierno admitió que, pese a la intención original, está dispuesto a mantener abierta la discusión en pos de alcanzar acuerdos con los aliados y los sectores de la oposición.

El cronograma legislativo también incide en la posibilidad de que la discusión sobre la Ley Penal Juvenil se prolongue más allá del período de sesiones extraordinarias, que se extenderá desde el 2 hasta el 27 de febrero. La reactivación del debate se vio impulsada por el caso de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue brutalmente asesinado en Santa Fe por otros menores, generando repercusión en la agenda pública y política.

Asimismo, la actividad en ambas cámaras iniciará formalmente con la intención de discutir y tratar la Reforma Laboral, uno de los temas de mayor interés de Javier Milei. Fuentes cercanas al Gobierno anticiparon a Infobae no se descarta sumar nuevos proyectos, además del reciente incorporado. Hasta entonces se incluyó la Ley de Glaciares, Acuerdo Mercosur – Unión Europea y la designación del legislador del PRO Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957.

“Repasamos la reforma laboral y definimos la estrategia parlamentaria para las sesiones extraordinarias. Además, es probable que se amplíe el temario de las mismas porque hay más”, sintetizó un funcionario a este medio tras la reunión.

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Bullrich comenzará las reuniones con los dialoguistas por la reforma laboral: los reclamos y las negociaciones

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El terreno de las sesiones ordinarias que comenzarán el lunes próximo empieza a acomodarse de a poco, ante un oficialismo apurado para aprobar la reforma laboral en el Senado. Por este motivo es que la oposición “dialoguista” aprovechará las próximas horas para peinar las observaciones al dictamen de mayoría ya firmado en diciembre pasado, de cara a la cumbre que fuerzas como la UCR, el PRO y silvestres provinciales mantendrán con la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, desde las 15 -en principio- de mañana.

“Hay una calma generalizada. La forma en la que se manejaron las cosas en las sesiones extraordinarias de fines del año pasado es la que deberá repetirse”, sentenció a Infobae un legislador de la Unión Cívica Radical (UCR). La bancada que comanda el correntino Eduardo Vischi mantendrá esta tarde una reunión virtual para filtrar sus inquietudes y llevar planteos concretos a la exministra de Seguridad.

Los radicales suman 10 votos clave, así como los tres del PRO, que lidera Martín Goerling (Misiones), quien también participará del convite de este miércoles, aunque el bloque marista se juntaría recién la semana próxima, cuando arranque la actividad oficial. Ambos espacios recibieron notas y pedidos de diversas entidades interesadas. Algunas, muy reconocidas, se hicieron visibles en las últimas horas. En un puñado de casos, de forma llamativa.

Sobre este punto, desde un importante despacho dialoguista confiaron a este medio: “Lo que se percibe tras revisar los cuestionamientos, a modo general, es que muchos terminaron siendo muy focalizados en sus propios bolsillos. Entonces, la reforma en sí pareciera no interesarles, salvo la parte específica para la que se ponen corporativos. No parece ser el mejor camino”.

Hay un ítem que sí preocupa. Y ya no sólo en una o dos bancadas. En el despacho que firmaron oficialismo y aliados, el artículo 212 señala: “Las disposiciones comprendidas en los Títulos II Fondo de Asistencia Laboral (FAL), Titulo XXIII Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), Título XXIV Modificaciones a leyes impositivas, Título XXV Reducción de la carga tributaria, entrarán en vigencia cuando así lo disponga el MINISTERIO DE ECONOMÍA a efectos de dar cumplimiento a las metas asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”. Un senador lo interpretó de esta manera ante Infobae: “Es como dejarle una facultad delegada, prácticamente”.

Bullrich cuenta con un interbloque de 21 soldados. Para el quorum y activar el recinto, se precisan 37. Bajo estos parámetros, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, el PRO y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Días atrás, una fuente mileísta aseguró a este medio que desde al menos una fuerza del interior “ya se comprometieron” a acompañar la iniciativa.

Las observaciones que la oposición “acuerdista” realiza sobre la reforma laboral se encuentran bastante masticadas. En primer lugar, la de mandatarios provinciales por la inevitable caída en la coparticipación. Una legisladora recordó horas atrás que “si bien es entendible, también es cierto que si continúa la actividad en alza y una normalización de empleados registrados compensará por ese lado, además de aclarar que quien más pierde plata con esto será el Estado nacional”. Y añadió: “Si piden alivios y el Gobierno los otorga, no pueden reaparecer quejas. Si no, es pensar algo para después no mover nada”.

Otras cuestiones se direccionan hacia la ultraactividad y la bomba atómica de varios estatutos. Tampoco debe olvidarse el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Sobre quién pierde y quién gana, desde un bloque deslizaron que “si de aportes se hablara, los mismos pasarían a ser optativos y ya nadie podría ponerse del lado de la desigualdad ante otro sector; es decir, lo más justo y ecuánime para todos”.

Para el miércoles se espera que Bullrich se junte con su tropa, una vez terminada la reunión con referentes dialoguistas. Antes de la misma lo haría con su antecesor y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy).

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Kicillof mandó a sus ministros a armar reuniones seccionales en paralelo a la negociación por el PJ bonaerense

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Como un protagonista tácito, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió este fin de semana el parte de lo que fue una de las primeras reuniones a nivel seccional que parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) llevó adelante en la Quinta sección electoral. El encuentro fue el resultado de un pedido del propio mandatario bonaerense. Fue cuando semanas atrás dio a los ministros e intendentes propios “tarea para el hogar”. Básicamente, que en medio de la negociación por la conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense y en miras a una expansión del MDF para el 2026, generen encuentros de carácter seccional.

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, fue el primero que se subió a esta directriz y el fin de semana organizó un encuentro en su distrito del que participaron los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario) y Gabriel Katopodis (Infraestructura), además de los intendentes Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Sebastián Walker (Pila), Caros Rocha (General Guido), Héctor Olivera (Tordillo) y Juan Manuel Álvarez (General Paz). También concejales y dirigentes de otros distritos de la región; incluso aquellos donde gobierna el peronismo.

En esa reunión se ratificó la línea que los principales integrantes del MDF despliegan discursivamente en el plano político y para la convivencia con otros sectores dentro del peronismo. Se traduce en que quien vaya a hacerse cargo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires sea alguien del propio espacio o bien que haya garantías certeras de que esa persona que vaya a suceder a Máximo Kirchner —si el diputado nacional decide no ir por otro mandato al frente de la herramienta partidaria— responderá a los intereses de las políticas del gobierno provincial.

Sin reelección en PBA, Kicillof buscará en este 2026 sostener la gestión y empezar a construir políticamente a nivel nacional de manera más constante y decidida. Pero para ello, primero debe llegar a algún marco de acuerdo con el kirchnerismo y, también, el Frente Renovador. La renovación de autoridades del PJ provincial aparece como la primera parada de ese largo viaje hacia la construcción de una alternativa política primero y una candidatura después en 2027.

Durante el encuentro en Castelli no solo se trazó el escenario ideal a los intereses del MDF para la sucesión de Kirchner, sino que también se hizo hincapié en la cuestión distrital. El peronismo también deberá renovar autoridades en los 135 municipios. En principio, hay un acuerdo no escrito de que, en los distritos donde gobierna el peronismo, el intendente, sea del espacio que sea, tiene el mando interno. Sin embargo, en caso de disputa a nivel provincial, el esquema local es incierto. Un ejemplo lo puso sobre la mesa el concejal del Partido de La Costa, Damián Comas, quien además es el secretario general del gremio de Camioneros de ese distrito. Hoy está dentro del MDF, mientras que la conducción política de La Costa corre por cuenta de Juan y Juan Pablo De Jesús, padre e hijo que responden al esquema de intendentes no camporistas pero aliados a Kirchner. “Nosotros somos parte del PJ del distrito, venimos negociando con Juan y Juan Pablo (De Jesús). Tenemos compañeros en la lista del consejo del partido y estamos negociando la renovación de los compañeros y compañeras. Desde el momento uno estamos militando el MDF en nuestro distrito, porque por ahí alguno decía que en La Costa estaba solamente la bandera de Juan y de Juan Pablo y no. Hay compañeros que también están militando y trabajando el nombre del gobernador de la provincia de Buenos Aires y no van a ser ajenos a la hora que tengamos que salir a militar para el 2027 su candidatura presidencial”. Sus palabras fueron acompañadas de aplausos.

La negociación por el PJ bonaerense empieza a acelerarse. Tras la publicación de los padrones en los 135 municipios y a la espera de que la Justicia Electoral dé el visto bueno en un distrito clave como La Matanza, donde la última oleada de afiliaciones supera el 5% del total del padrón en un 0,04% (46 afiliaciones); el escenario pareciera encarrilarse a un esquema de consenso.

No es unidad, es ponerse de acuerdo. Como adelantó Infobae, el kirchnerismo adelantó su posición inicial: ir a un marco de acuerdo una vez que queden validados los padrones. Por la demora de casi dos días en la exhibición de los mismos, el plazo para la observación de padrones se estiró hasta el jueves 29 de enero.

En las últimas horas, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, que forma parte del MDF, también trazó un marco de acuerdo con el kirchnerismo. “Estamos obligados a buscar una lista de consenso, porque la disputa pública que se está dando entre el gobernador Axel Kicillof y el sector conducido por Máximo Kirchner no nos deja en un buen lugar”, dijo en declaraciones a AM 530.

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Alberto Fernández, también consideró que cualquier intendente “que exprese capacidad de diálogo puede representar al peronismo de la provincia”. Entre los nombres de intendentes que resuenan están los de Federico Otermín (Lomas de Zamora), Julio Alak (La Plata), Mariel Fernández (Moreno), entre otros. Sin embargo, por el momento nadie reúne el consenso de todos los espacios. El 8 de febrero vence el plazo para presentar candidaturas. Antes de acelerar su proyección nacional, Kicillof busca que el PJ de la provincia que gobierna “esté ordenado”.

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