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Política Nacional

Coronavirus: el gobierno extendió el programa ATP hasta fin de año

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Debido a la compleja situación que atraviesan las empresas por la pandemia del coronavirus COVID-19, el Gobierno extendió este martes la vigencia del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) establecido por el Decreto 332/20 y sus modificatorios, hasta el 31 de diciembre de 2020.

Lo hizo a través del decreto 823/2020 publicado en el Boletín Oficial, que indicó que “si bien se observa una recuperación de la actividad económica, la misma evidencia heterogeneidad sectorial y territorial”.

En consecuencia sostuvo que “resulta pertinente extender la temporalidad de la asistencia comprendida en el ATP para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia e independientes, adecuándolo a las necesidades imperantes en la actualidad y a los cambios que se han producido y se van produciendo en la realidad económica”.

El ATP se puso en marcha en marzo tras la declaración de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia del coronavirus, y durante estos meses fue incorporando beneficios tanto para empleadores como a trabajadores.

Comprende la asignación compensatoria del salario; créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos; préstamos a tasa subsidiada convertible y reintegro de los mismos; y un sistema integral de prestaciones por desempleo.

El programa de asistencia prevé que aquellos empleadores con una variación nominal negativa en su facturación interanual accedan al salario complementario, equivalente al 50% del salario neto.

Por su parte, las firmas que presenten una variación nominal positiva en su facturación de entre 0% y 40% podrán solicitar un crédito a tasa subsidiada, cuya tasa de interés será en todos los casos del 15%.

Ese crédito a pagar en cuotas a 12 meses tiene, además, un incentivo para las empresas ya que podrán transformar parte o todo el préstamos en subsidios del Estado en función de la creación de puestos de trabajo, a partir de parámetros de empleo interanuales.

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Piden ampliar el saldo negativo para las SUBE en Bahía Blanca

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Desde el Concejo Deliberante se presentó un proyecto para solicitar a la Secretaría de Transporte de la Nación que actualice el saldo negativo de las Tarjetas SUBE a las tarifas de transporte público vigentes en nuestra ciudad

La iniciativa corrió por cuenta de edil radical en el bloque de Juntos, Pablo Daguerre. En ese sentido sostuvo que el actual “monto no tiene correlación con la realidad de cada distrito ya que en nuestra ciudad.”

Recordó, en este contexto que “en base a la última actualización de valor de la tarifa, la plana es de  690 pesos, de manera que el saldo negativo no alcanza a cubrir un viaje”, siendo que actual valor para girar en descubierto es de 480 pesos

Daguerre, también explicó que por resolución el saldo negativo equivalía a 4 veces el boleto mínimo del colectivo del AMBA, de modo que el monto se actualizaba automáticamente en cada aumento de tarifas.

 

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Más de una decena de despidos dejó la motosierra nacional en Bahía (hasta ahora)

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Desde la Asociación de Trabajadores del Estado aseguraron que ya superaron largamente la decena de trabajadores cesanteados que tenían contrato en dependencias nacionales.

ATE enumeró no le renovaron el contrato a 2 empleados de ANSES, 3 de la Agencia de Seguridad Vial, 2 de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y 9 de Vialidad Nacional.

Desde el gremio de los trabajadores estatales, además, sostuvieron que seguían atentos a la posible llegada de más telegramas de despido. En ese contexto confirmaron un paro para miércoles 3 de abril

Se recuerda que la administración de Javier Milei decidió en diciembre cambiar el esquema que venía de gobiernos anteriores. En consecuencia, en lugar de renovar contratos por un año, lo hizo por tres meses. Por eso ahora, fines de marzo, se observan estos recortes que podrían extenderse a lo largo de 2024.

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La ley Ómnibus Bis se discutirá en más comisiones y podría tener un trámite exprés en abril

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El llamado proyecto de ley Ómnibus, con el que el Gobierno volverá a la carga luego de la Semana Santa luego del fracaso del primer intento, será debatido en una mayor cantidad de comisiones y podría tener un trámite exprés durante abril.

De todos modos, la celeridad que se le imprima al debate estará subordinado al marco de acuerdos que el Gobierno pueda entablar con las provincias en una ventana de tiempo no demasiado grande.

Así lo entiende un diputado nacional de La Libertad Avanza con el que NA tuvo diálogo. “Es elemental lo que acuerden (el ministro de Interior, Guillermo) Francos y (el jefe de Gabinete, Nicolás) Posse con los gobernadores”, sinceró el legislador oficialista, temeroso de que esta ley ómnibus Bis corra la misma suerte que la primera edición si no se corrige el modus operandi.

Para este legislador oficialista, “si no hay acuerdo en el pacto fiscal con las provincias, no habrá Pacto de Mayo”.

“Lo que se tiene que entender desde el Poder Ejecutivo es que el recorte a las provincias fue necesario pero duro, y debe haber un alivio fiscal para las provincias”, opinó.

Los votos de los diputados que responden a gobernadores de la oposición será fundamental para saber cómo se inclinará la balanza.

La votación en general está garantizada sobre la base de los 144 votos que logró en la primera sesión de la ley ómnibus.

La experiencia enseña que el partido no termina allí, y sigue jugándose en la prórroga que es la votación en particular, donde el oficialismo deberá seguir metiendo goles y aguantando en su arco para evitar que le desguacen lo que consideran el corazón del proyecto, como ya sucedió en febrero pasado.

Durante el período de sesiones extraordinarias, el Gobierno ingresó en la Cámara de Diputados un mamotreto de 664 artículos que fue desmalezado a partir del diálogo con bloques dialoguistas pero el nivel de acuerdos fue insuficiente.

El resultado dejó al desnudo la falta de muñeca del Gobierno, que depositó su confianza ciega en “las fuerzas del cielo”, creyendo que “la política” (como llama por momentos el Gobierno a la oposición) iba a interpretar ese mandamiento sumisamente.

Tras la votación en general positiva, sectores de la oposición impugnaron incisos clave para el Gobierno y se preparaban para otro embate en el capítulo de privatizaciones. Leyendo la partida en el tablero, y haciendo un cálculo de costo-beneficio, el presidente Javier Milei ordenó desde el exterior retirar el proyecto Bases, que volvió a foja cero.

Con esa frustración y ese aprendizaje en la mochila, el Gobierno ajustará tuercas en la negociación política y por lo pronto ya quitó de la redacción artículos que generaban interferencia y enturbiaban la posibilidad de llegar a acuerdos.

Con el apoyo garantizado del PRO, que a esta altura puede decirse que es una fuerza oficialista más, Francos se reunió con los líderes de los bloques dialoguistas (UCR y Hacemos Coalición Federal) y también con gobernadores para comprometer su apoyo a la ley ómnibus. Ese tipo de encuentros se repetirán porque la idea es que esta vez no queden cabos sueltos.

Una de las certezas que dejaron esos primeros encuentros es que el debate pasará por más comisiones que las tres que trabajaron durante el verano en torno a la ley Bases, que fueron Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto.

Según el diputado de La Libertad Avanza consultado por Noticias Argentinas, también podrían intervenir Finanzas, Seguridad Interior, Legislación Penal, Narcotráfico y Adicciones y Relaciones Exteriores.

Además podría acoplarse la comisión de Previsión y Seguridad Social en caso de que la reforma de la fórmula de movilidad jubilatoria, que se adelantó a través del dictado de un DNU, tenga un reflejo legislativo y sea incluida dentro del combo de la ley Bases.

El otro tema de enorme sensibilidad tiene que ver con el impuesto a las Ganancias, que pasaría a denominarse impuesto “a los ingresos personales”.

La restauración de este tributo estaría incluida dentro del paquete fiscal, que volverá a entrar en escena en la ley ómnibus bis luego de que en la primera edición fuera extirpado por el Gobierno, para sorpresa de propios y ajenos.

Lo que queda claro para el legislador oficialista es que con una inflación acumulada del 60% el mínimo no imponible no podrá estar por debajo del millón y medio de pesos y podría ampliarse hasta un 1.800.000.

“No hay consenso acá (en el Congreso) para que se establezca en 1.300.000”, advirtió, poniendo en entredicho una versión que había dejado correr el Gobierno semanas atrás sobre la reposición de Ganancias.

Fuente: Noticias Argentinas.

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