La Lista Bordó del Consejo de la Magistratura expresó este miércoles su “creciente preocupación” por resoluciones adoptadas en las Comisiones de Disciplina y Acusación que, según afirmó, habilitaron la recepción de testimonios de cargo en expedientes sin haber dado previamente traslado de las denuncias a las juezas involucradas, situación que -advirtió- vulnera el derecho de defensa y el debido proceso.

Según averiguó la Agencia Noticias Argentinas el pronunciamiento se difundió pocas horas después de una votación ajustada en la Comisión de Disciplina, que resolvió -con el voto doble del presidente César Grau– rechazar el planteo de nulidad presentado por la jueza María Eugenia Capuchetti en el sumario disciplinario que impulsó en su contra el kirchnerismo.

La magistrada había denunciado que se había avanzado en la investigación, incluso con la convocatoria de testigos, sin haber sido notificada conforme al artículo 11 del reglamento, que obliga a informar al juez investigado para que pueda ejercer su defensa.

En ese expediente, los consejeros Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero y María Alejandra Provítola -los tres jueces-, junto con Eduardo Vischi y Hugo Galderisi, votaron a favor de Capuchetti.

Sin embargo, fueron derrotados por la postura de Luis Juez, Alberto Lugones, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde y el propio Grau, cuyo voto de desempate definió la resolución.

La Lista Bordó remarcó que tanto en el caso de Capuchetti como en el de la jueza Sandra Arroyo Salgado -investigada por su actuación en la causa de la agresión al diputado José Luis Espert- se verificó la recepción de declaraciones testimoniales en procesos donde aún no se les había dado vista de las denuncias, lo que, según la agrupación, “priva a las magistradas de ejercer su defensa y controlar la prueba”.

El sector advirtió además que en ambos expedientes se tomaron testimonios a personas imputadas en causas penales radicadas en los juzgados donde las juezas investigadas ejercen su función, lo que crea “escenarios propicios para que los acusados intenten mejorar su situación procesal mediante testimonios falaces brindados ante un órgano administrativo”.

La agrupación afirmó que seguirá de cerca el desarrollo de ambos procesos disciplinarios y que sus representantes, Barroetaveña y Díaz Cordero, continuarán reclamando que se respeten las garantías constitucionales y el debido proceso de las magistradas involucradas.

El peronismo vio frustrado hoy su objetivo de convocar para mañana a la última sesión del período ordinario, debido a que no tenía garantizado el quórum reglamentario para abrir el debate,  según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El objetivo del interbloque peronista era convocar para mañana para sancionar el proyecto que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia y la elección de los miembros de la Auditoría General.

Fuentes parlamentarias a NA señalaron que estuvieron cerca de alcanzar el quórum de 37 legisladores para abrir la sesión, pero hubo resistencia del resto de los bloques opositores que no quieren pelearse con el Gobierno Nacional, en medio de las negociaciones por el presupuesto.

Los bloques peronistas querían asegurarse de tener dos miembros en la Auditoría por el Senado, lo que ya no sucederá dado que ahora un lugar le corresponderá a la Libertad Avanza y otro al radicalismo o fuerzas provinciales.

Fuentes parlamentarias señalaron a Noticias Argentinas que tampoco había acuerdo en el peronismo sobre los nombres que querían proponer, ya que si bien había consenso para proponer la designación de Javier Fernández, existían diferencias sobre la postulación de Carlos Raúl Gutiérrez Ortiz, un asesor vinculado al presidente del interbloque, José Mayans.

El bloque peronista de Convicción Federal quería proponer al ex senador Ricardo Guerra, con lo cual no hay acuerdo dentro del PJ.

La UCR tampoco tiene acuerdo ya que si bien en un principio el candidato de la UCR era Luis Naidenoff, ahora un sector impulsado al chaqueño Victor Zimerman.

En cuanto a la regulación de los DNU, el peronismo quería dar sanción definitiva a esa ley que pone límites al uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia, lo cual era rechazado por el Gobierno Nacional.

Diputados nacionales de la UCR encabezados por el mendocino Lisandro Nieri presentaron hoy un proyecto de ley que busca establecer un marco legal para la regulación de la eutanasia en la República Argentina.

La iniciativa, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, busca garantizar el derecho de las personas con enfermedades graves o padecimientos crónicos y limitantes a solicitar ayuda médica para poner fin a su vida, bajo estrictos requisitos y controles.

El objetivo es asegurar que esta decisión se ejerza en condiciones de dignidad, respeto y acompañamiento.

El proyecto contempla garantías como la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento, el consentimiento informado, la intervención de comisiones médicas en cada jurisdicción y la cobertura integral por parte del sistema de salud público y privado.

También prevé sanciones para quienes obstaculicen injustificadamente el acceso a la práctica, otorgando seguridad jurídica a los profesionales de la salud.

El proyecto se apoya en principios ya reconocidos por la Ley de Derechos del Paciente (N° 26.529) y la Ley de Muerte Digna (N° 26.742), que consagran la autonomía de la voluntad y el rechazo a tratamientos que prolonguen artificialmente la vida.

Además, incorpora reformas al Código Penal que otorgan seguridad jurídica a los profesionales intervinientes, suprimiendo la responsabilidad penal a los médicos que actúen conforme a los procedimientos establecidos por la ley, al tiempo que se sanciona a quienes obstaculicen injustificadamente el acceso a la práctica.

El proyecto se inspira en experiencias internacionales como las de Uruguay, España y Canadá, que regulan la muerte médicamente asistida dentro de marcos éticos y legales rigurosos.

“La propuesta busca garantizar que cada persona pueda decidir sobre el final de su vida en condiciones de dignidad, sin prolongar sufrimientos innecesarios”, afirmó Nieri.

“Queremos dar certeza a los profesionales de la salud y a las familias, estableciendo procedimientos claros, transparentes y supervisados por comisiones médicas”, explicó el diputado radical.

“Regular la eutanasia no significa promover la muerte, sino humanizar el final de la vida y reconocer un reclamo social y profesional de larga data”, destacó el mendocino.

Acompañan el proyecto de Nieri los diputados nacionales de la UCR Pamela Verasay, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Fabio Quetglas y Martín Tetaz.