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Cristina Fernández confirmó que no será candidata: “No voy a ser mascota del poder”

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificó que no será “mascota del poder por ninguna candidatura” y reiteró que “la proscripción” no es a una persona, sino “del peronismo”.

“Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal”, señaló la Vicepresidenta en un comunicado que difundió en sus redes sociales donde afirmó: “Como vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, no se trata sólo de la proscripción de una persona, sino del peronismo”.

A los compañeros y compañeras.https://t.co/5208R77tsK

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 16, 2023
Cristina Kirchner expuso su decisión en coincidencia con el Congreso Nacional del PJ que tuvo lugar en el estadio de Ferro, donde los participantes arengaron su postulación y también en la previa al acto en la 9 de Julio del 25 de mayo en donde iban a pedir que confirmara sus candidatura.

La carta completa

“En este año 2023, se cumplen 40 años de Democracia ininterrumpida en nuestro país. Sin embargo, una parte importante de la ciudadanía no se siente representada ni contenidas sus aspiraciones, en una Democracia que se perdió en lo económico, degradó en lo social y ha comenzado a romperse en lo político e institucional. Con bronca y desilusión aparece lo que hace tiempo atrás denominé como la “insatisfacción democrática”.

La pérdida de la Democracia económica comienza a partir del año 2016 cuando el gobierno de Cambiemos, recién asumido, daba inicio a un brutal nuevo ciclo de endeudamiento externo que culminaría con el retorno del Fondo Monetario Internacional a través de un préstamo insólito, inédito y político, cuyo objetivo no sólo era ayudar a ganar las elecciones a ese “gobierno amigo”, sino también permitir la retirada en dólares de los fondos de inversión especulativos.

La historia que siguió es la misma de siempre con el Fondo en nuestro país: interviene, toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina. La casualidad no es una categoría política y, por eso, no es casual que ninguno de los dos Presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral. Sin embargo, en política sí hay causalidad y la determinante es la economía.

En este marco de brutal endeudamiento en dólares, el carácter bimonetario de la economía argentina, que se suma a la ya histórica restricción externa y a la compulsión por la formación de activos en dólares en el exterior, inevitablemente coloca en rojo la cuenta corriente de nuestro país que, ante la escasez de dólares, siempre termina con la inflación descontrolada, corridas cambiarias contra la moneda nacional, devaluación y más inflación. Así resulta imposible para cualquier gobierno administrar razonablemente la natural puja distributiva por el ingreso y convierte a la inflación en el más fenomenal instrumento de transferencia de recursos de toda la sociedad a los sectores más ricos y concentrados de la economía que se apoderan de esa renta extraordinaria en un marco de laxitud tributaria. A la luz de la historia de nuestro país y salvo períodos de gobierno muy precisos, nada nuevo bajo el sol.

Además, resulta insoslayable señalar las consecuencias catastróficas de la pandemia no sólo en lo sanitario y social sino también en lo económico, con la profundización de la concentración del ingreso y el crecimiento de la pobreza. De la pandemia no salimos mejores.

Para los que siguen repitiendo que lo monetario es la única causal de la inflación, y aún conserven algún espíritu crítico de investigación, los invito a ver los gráficos sobre evolución de la Base Monetaria a precios constantes y como porcentaje del PBI, que publica el Banco Central todos los meses.

Acabada la Democracia económica se degrada la Democracia social y el paradigma peronista de la movilidad social ascendente. Por primera vez en la Argentina observamos como convive un bajo índice de desocupación (6,3%) con un alto nivel pobreza (40%). De esta manera, encontramos trabajadores en relación de dependencia que son pobres y el surgimiento de una sociedad dual, donde una parte accede a todos los bienes y servicios y la otra, mayoritaria, ve notablemente reducidas sus posibilidades de progreso o, directamente, carece de ellas.

En estos 40 años de democracia ininterrumpidos también atravesamos dos crisis económicas y sociales de extrema gravedad: en 1989 con la hiperinflación y en el 2001 con la caída de la convertibilidad. Esta última, además, incluyó una crisis institucional en la que se sucedieron 5 Presidentes en una semana, que fue resuelta en el marco de la Constitución Nacional. Sin embargo, en ninguno de estos momentos se puso en duda el Pacto Democrático plebiscitado en octubre de 1983, por el cual ni la violencia política sobre el adversario ni la proscripción electoral serían elementos del accionar político.

Hoy, los fantasmas del pasado han vuelto a la realidad política argentina. Durante el año 2022 vimos como la violencia verbal y simbólica que, desde hace años venía siendo implantada en la sociedad por los medios de comunicación hegemónicos, se materializó en la calle a través del accionar de grupos violentos que agredían, insultaban y amenazaban de muerte con bolsones mortuorios, guillotinas, antorchas, piedras y escraches. El objetivo de estos grupos estaba absolutamente direccionado. No era contra todos los partidos políticos o todos los dirigentes, como en la crisis del 2001. Era contra el peronismo o el kirchnerismo, como más te guste.

La culminación de este accionar tuvo lugar aquel 1 de septiembre de 2022, frente a mi casa particular cuando, acompañada por Dios y la Virgen y rodeada de compañeros y compañeras, atentaron contra mi vida. Llamativamente, luego del magnicidio frustrado, esos grupos que organizada y semanalmente fustigaban, escrachaban y amenazaban, desaparecieron como por arte de magia. Esto confirma sin lugar a dudas, el carácter premeditado y carente de cualquier viso de espontaneidad de la violencia política de estos grupos. Eran fogoneados y financiados por la oposición y los medios de comunicación hegemónicos le garantizaban amplia cobertura mediática.

“La bala que no salió y el fallo que sí saldrá” fue el titular del diario Clarín, de Héctor Magnetto, principal usina de difusión del odio hacia mi persona y mi familia; en una suerte de lamento por el fracaso del asesinato, pero anticipando el fallo que pocos días después exponentes del Partido Judicial dictarían en mi contra y cuyo resultado condenatorio preanuncié públicamente tres años antes cuando se inició el juicio conocido como la obra pública de Vialidad Nacional. La condena e inhabilitación en dicha causa tiene una única traducción política y electoral: la proscripción.

Como vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, no se trata sólo de la proscripción de una persona, sino del peronismo. Aunque algunos, por mezquindad o mediocridad, lo negaron recurriendo a tecnicismos legales, la realidad una vez más lo confirmó.

La semana pasada, después de un fin de semana electoralmente adverso para Juntos por el Cambio y objetivamente favorable para el peronismo, la Corte suspendió las elecciones a gobernador de las provincias de Tucumán y San Juan, a tan sólo 72hs del comienzo de la veda electoral y con un claro objetivo político: perjudicar al peronismo y tapar sus propios delitos. El mismo día y a la misma hora en que dictaban este fallo, en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación se estaban denunciando tanto el escándalo de la obra social del Poder Judicial que involucra a uno de los miembros de esta Corte, como el del enriquecimiento ilícito de su Presidente. Todos y cada uno de estos hechos los mencioné el 18 de julio del 2022 en el documento “De la corte ejemplar a la corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia”.

Es que cuando hablé de proscripción en diciembre de 2022, no era en ejercicio de artes adivinatorias, sino con la comprensión de la etapa histórica que estamos atravesando. Así como tres personas lo hicieron con las provincias de Tucumán y San Juan, no tengan dudas de que lo harán contra mi persona con el fin de evitar que el Peronismo pueda participar del proceso democrático, o bien debilitarlo, conduciéndonos a un callejón sin salida.

Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al Peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón.

No se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada. Los conozco, sé como piensan, como actúan y como van a actuar. Los he visto a lo largo de la historia y experimenté su juego en carne propia y de mi familia, con una persecución atada con precisión quirúrgica al calendario electoral.

Desde el 2016 el Partido Judicial funciona como una Task Force de Juntos por el Cambio y los grupos económicos concentrados para producir la eliminación de sus adversarios políticos. Nos provocan desde esta fachada de justicia y democracia mutilada y pretenden que caigamos en el terreno que ellos quieren: la violencia y la intolerancia. Nos tratan como enemigos y utilizan frases como «eliminarnos» o «terminar con el Kirchnerismo». Nosotros no somos eso y creemos firmemente que en la Democracia hay adversarios, no enemigos.

Debemos ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar: que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial. Porque, frente a una derecha cuya única propuesta es arrebatar derechos, el peronismo sigue siendo el espacio político que garantiza la defensa de los intereses del pueblo y de la Nación.

Ante esta situación resulta imprescindible -más que nunca- la construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y las argentinas, y convencerlos de que un país mejor no sólo es posible sino que, además, es deseable. Un programa de gobierno que es necesario no sólo para el peronismo, sino para sistema democrático en su conjunto.

Y en cuanto a los que exigen la desaparición del peronismo o del kirchnerismo -cual caricatura de la “solución final” para la Argentina-, a 40 años de Democracia les recomiendo presten atención a la historia y a la larga lista de “exterminadores vernáculos” que nunca pudieron convencer a los argentinos que comer bien y cuatro veces al día es una cuestión ideológica; que tener un lugar digno para vivir y ver crecer a sus hijos, estudiar y progresar es de populistas; o que trabajo y salarios dignos es una creencia antigua. A ellos les digo: no pudieron ni podrán acabar con la memoria ni los sueños de millones de argentinos y argentinas a vivir en una nación libre, cuyo pueblo progresa en orden y es feliz. Los abrazo a todos y a todas desde el corazón, como siempre.”

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Panperonismo sin Cristina: diputados del PJ de distintas vertientes avanzan con una agenda legislativa propia

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Un sector del peronismo que convive con el kirchnerismo en el Congreso, pero busca despegarse de su conducción, empezó a tender puentes con otras vertientes del PJ y aliados circunstanciales. Lo hace a través de una agenda legislativa común, con proyectos concretos, y con la intención de disputar la centralidad opositora frente al Gobierno sin quedar atrapado en la interna partidaria.

El ensayo quedó plasmado en un proyecto de ley para aliviar el endeudamiento de familias con tarjetas de crédito y préstamos no bancarios. La iniciativa reúne a diputados que integran el bloque Unión por la Patria (UP), pero se identifican con una agenda federal y productiva, junto a referentes de otros espacios peronistas y del centro político.

El puntapié inicial lo dio el entrerriano Guillermo Michel, cercano a Sergio Massa y extitular de la Aduana. En su desembarco en Diputados, el legislador empezó a marcar perfil propio con proyectos vinculados a industria y empleo. El último sumó un condimento político: incorporó como coautores a dirigentes del PJ de distintas vertientes, incluidos legisladores ligados a Axel Kicillof, pero también a figuras heterodoxas como Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, y Natalia De la Sota, referente del peronismo cordobés y opositora al gobernador Martín Llaryora.

El proyecto crea el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas, con el objetivo de asistir a unas 15 millones de personas que cayeron en morosidad por créditos con tarjetas o por fuera del sistema bancario. Fue presentado por Michel junto a Marinela Marclay (Entre Ríos) y cuenta con las firmas de Emir Félix (Mendoza), Juan Pablo Luque (Chubut), Ernesto “Pipi” Alí (San Luis), Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires) y Carlos Cisneros (Tucumán), todos ellos críticos del liderazgo kirchnerista y de la primacía de una agenda centrada en el AMBA. A ese núcleo se suman Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal, y De la Sota, que integra el monobloque Defendamos Córdoba.

La convergencia despertó especulaciones sobre la eventual conformación de un espacio legislativo común sin el kirchnerismo. Por ahora, los protagonistas lo niegan. Reconocen la buena sintonía y los puentes trazados, pero descartan una reconfiguración inmediata. “El diálogo se da para encontrar soluciones a problemas reales y no para quedar enfrascados en la interna del peronismo del AMBA, que sigue hablando de dirigentes y no de la gente”, planteó uno de los impulsores, en una crítica indirecta a la falta de propuestas del PJ.

Otro de los firmantes coincidió en el diagnóstico, aunque puso un límite: “Puentes hay muchos y desde hace tiempo. Pero son acercamientos puntuales, por proyectos específicos, no un armado político”.

La diferencia con intentos previos es que, esta vez, el kirchnerismo quedó completamente al margen. En el tramo decisivo para pensar una alternativa al presidente Javier Milei de cara a 2027, varios dirigentes del PJ provincial empezaron a marcar una línea propia, más federal y menos atada a la lógica de la interna.

Los detalles del proyecto

La iniciativa propone que la ANSES otorgue créditos directos de hasta $1.500.000 a jubilados, trabajadores en relación de dependencia con ingresos menores a seis salarios mínimos y monotributistas, para cancelar deudas acumuladas en tarjetas de crédito y plataformas de préstamos no bancarias.

Los autores sostienen que la medida responde a una crisis de morosidad creciente, impulsada por tasas de interés elevadas que dificultan el acceso a bienes básicos. Según el informe anexo, la cartera de crédito fintech pasó de $724.000 millones (a valores de julio de 2025) a $2,58 billones en un año. Las tasas, detallan, alcanzan el 130% de TNA en proveedores no financieros y el 92% en tarjetas de crédito, en un contexto de inflación cercana al 30%.

El texto define a esos proveedores como fintechs, cooperativas, mutuales y cadenas comerciales que operan fuera del sistema bancario, con condiciones financieras “sensiblemente más desfavorables” para los deudores. Al sustituir esas obligaciones por préstamos con tasas de mercado, el objetivo es estabilizar la economía de los hogares sin comprometer el equilibrio fiscal del Estado. El esquema prevé transferencias directas de la ANSES a los acreedores y cuotas de devolución ajustadas a los ingresos reales de los beneficiarios.

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En la semana previa a las sesiones extraordinarias, Bullrich inicia el “cara a cara” en el Senado por la reforma laboral

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A una semana de que se inicie un nuevo período de sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei, la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich (Capital Federal), comenzará en las próximas horas el “cara a cara” con sus pares dialoguistas de la Cámara alta para hacer un paneo general de objeciones y potenciales votos relacionados con la reforma laboral, con una agenda oficial que incluye otros temas que suman dudas, como la modificación de la Ley de Glaciares.

El receso estival se sintió en el Senado, con guardias mínimas y pocos legisladores presentes. En los últimos días sí aparecieron, entre otros, el ex jefe libertario y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche (Jujuy), la referente cristinista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y la zigzagueante aliada/enemiga de Casa Rosada Natalia Gadano (Santa Cruz). Las autoridades también aprovecharon para descansar. No obstante, el jueves pasado, según pudo saber Infobae, algunas de ellas mantuvieron un encuentro al mediodía. No se supo mucho del convite, salvo un enojo -nivel preescolar- de un rango inferior por información publicada en este medio.

Las observaciones que la oposición “acuerdista” realiza sobre la reforma laboral se encuentran bastante masticadas. Con la medalla de oro, las relacionadas con plata. Los votos están ahí y los esconden los gobernadores. Ellos bien lo saben y ahora tienen ese reclamo un poco más justificado, tras el mega ajuste que impuso el Gobierno libertario luego de años de festival y con los bolsillos del “payaso” reventados de deuda. Después, viene lo específico sobre el mundo del trabajo, ya sea la ultraactividad, la bomba atómica en varios estatutos, etcétera. No se debe olvidar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Durante la semana que finalizó ayer, la asesora de Bullrich y abogada Josefina Tajes recopiló cada detalle de las quejas que aterrizaron en el Senado. La presidenta del bloque libertario se tomaría 48 horas para el “ida y vuelta” con la Casa Rosada y, a partir del miércoles, analizar la opción de una reunión con dialoguistas para “peinar” un escenario más concreto.

La ex ministra de Seguridad maneja un interbloque de 21 soldados. Para el quorum y activar el recinto, se precisan 37. Bajo estos parámetros, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, que suma 10; el PRO, que quedó con tres, y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Días atrás, una fuente mileísta aseguró a Infobae que desde al menos una fuerza del interior “ya se comprometieron” a acompañar la iniciativa.

Al proyecto laboral, que ya está dictaminado en la Cámara alta y tendrá cambios que deberán anunciarse en el recinto, hay que agregarle la otra norma con despacho firmado y que buceó en diciembre pasado, sin muchas repercusiones: la modificación de la ley de glaciares. Durante el corriente mes, ya no solo el kirchnerismo reiteró sus objeciones, sino que, además, desde filas libertarias mencionaron con sigilo un par de preocupaciones -por eventuales inconvenientes en la justicia- que contiene el articulado.

Quienes más entienden la temática apuntan a tres factores. El primero es que deberá revisarse el “Acuerdo de Escazú” para conocer bien cómo se interpreta, de manera concreta, la participación popular. Se habla de llamados desde la Casa Rosada al Congreso con advertencias sobre esto. Sacrificarse para sancionar una ley y que a los pocos días sea bloqueada no sería la mejor señal para quien duda sobre invertir en la Argentina o un país de África. Y la espera se hace tediosa.

Otro factor sería el monumental poder que dejarían a gobernadores para delimitar zonas. “O sea que uno puede decir que toda la provincia es periglacial. Otro, nada. Y si en dos años llega otro mandatario de distinto tono político y da vuelta esa decisión, ¿quién habla con el dueño del emprendimiento?“, sentenciaron con preocupación desde un importante despacho. En tanto, el tercer ítem refiere a una desventaja considerable a la hora de cobrar regalías. El porcentaje parece ”bajísimo” a muchos legisladores.

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Comienza la última semana de negociaciones por la reforma laboral: la reunión en Casa Rosada y el conflicto por Ganancias

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El Gobierno tiene tan solo siete días más para continuar negociando informalmente con la oposición antes del inicio de las sesiones extraordinarias, en las que buscará aprobar la demorada reforma laboral, que ya consiguió varios apoyos, pero también algunas críticas.

La iniciativa, que surgió de un trabajo elaborado por el Consejo de Mayo, se presentó originalmente el año pasado para ser tratada durante diciembre, pero la presión de la CGT y la estrategia política de La Libertad Avanza postergaron el debate.

La central obrera había anunciado un paro con movilización para el día en el que se iba a discutir la medida, pero la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, decidió suspender su votación.

La ex ministra de Seguridad optó por concentrarse en la sanción del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia fiscal, pero antes de hacerlo, consiguió que el proyecto tuviera dictamen para ahorrar pasos en febrero.

Ahora, la referente libertaria busca tener el respaldo suficiente en la Cámara alta como para aprobar la reforma laboral durante una sesión a la que convocaría para la segunda semana de ese mes.

Para esto, durante el receso legislativo armó una comisión técnica, encabezada por la abogada Josefina Tajes, que en los últimos días recibió a representantes de diferentes sectores para escuchar cuestionamientos o sugerencias.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes parlamentarias, en total Bullrich tuvo alrededor de dos mil pedidos de audiencia por parte de dirigentes tanto políticos como sociales.

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó sus recorridas por el país para reunirse con gobernadores y así logró el respaldo público de varios de ellos, aunque también las críticas de otros.

Por caso, los mandatarios de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, se mostraron juntos en la previa de la primera noche del Festival de Cosquín y expresaron algunas quejas para con la Casa Rosada.

“Nosotros creemos en el trabajo, creemos en la producción y eso es lo que vamos a defender. Si desde el Gobierno nacional se mirara más a este interior que se esfuerza todos los días, a la Argentina le iría mejor”, sostuvo el primero de ellos.

Puntualmente, muchas provincias manifestaron su preocupación por el artículo de la reforma laboral que establece una baja del impuesto a las Ganancias para sociedades, lo que afectaría sus ingresos.

Para los tramos 2 y 3 de este gravamen -que es coparticipable-, se pretende pasar de una alícuota del 30% a 27% y 35% al 31,5%, respectivamente, por lo que los gobernadores piden rever la medida o algún tipo de compensación.

Además, algunos sectores aparecen reticentes a otros cambios que plantea la norma, como plazos más veloces de devolución de IVA y otros beneficios tributarios para incentivar la formalización del empleo.

Bajo este escenario, este lunes volverá a reunirse en la Casa Rosada la mesa política del Gobierno, para hacer un análisis de situación y terminar de definir la estrategia legislativa que se va a implementar en estas sesiones extraordinarias.

Además de Santilli y Bullrich, este grupo lo integran la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El encuentro sería por la mañana, ya que a la tarde varios de ellos deben trasladarse a Mar del Plata para participar de una recorrida que hará Javier Milei por el centro de la ciudad balnearia, para agradecer por el apoyo en las últimas elecciones, pero también en tono de campaña, mirando ya al 2027.

El lunes de la semana que viene ya inicia formalmente en el Congreso el periodo de actividad convocado por el jefe de Estado, por lo que diputados y senadores comenzarán con las negociaciones más intensas.

Por parte del gremialismo, el miércoles pasado, por ejemplo, se reunieron los secretarios de ATE, Rodolfo Aguiar, y de la UOM, Abel Furlán, y coincidieron en “no esperar hasta el día que se trate la iniciativa en el Congreso para realizar una medida de fuerza”.

“Estamos frente a un proyecto que directamente tiene por finalidad eliminar los sindicatos y construir un nuevo ordenamiento jurídico en el que no existan los derechos individuales y colectivos”, opinó el sindicalista estatal.

La CGT ya expresó su rechazo a algunos puntos de la medida, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se utilizará para el pago de indemnizaciones por despido; la no obligatoriedad de que las empresas sean agentes de retención de los aportes y los cambios en los convenios colectivos de trabajo.

“Hasta ahora estamos escuchando a todos y las cosas que sean razonables y que vayan hacia el objetivo de que realmente haya un mercado laboral que crezca, las vamos a tomar. Somos abiertos y flexibles. Lo que no queremos es que todo quede igual. Eso seguro que no”, remarcó la abogada Tajes, durante una entrevista con Infobae.

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