La ex presidenta Cristina Kirchner declara en el juicio por el intento de magnicidio que sufrió en 2022, que tiene como acusados a los integrantes de “La banda de los copitos”.
El juicio comenzó el 26 de junio pasado en los tribunales federales de Comodoro Py y tiene como acusados a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.
Con distintos roles, los tres están procesados por el intento de magnicidio ocurrido el 1° de septiembre de 2022, cuando Cristina Kirchner era vicepresidenta de Alberto Fernández.
La ex vicepresidenta partió hoy a las 9 desde su domicilio hacia Comodoro Py, donde presta declaración ante el tribunal desde pasadas las 9.30.
Dirigentes y representantes sociales se encuentran presentes en señal de respaldo a la ex presidenta quien, una vez que finalice su declaración se dirigirá al Instituto Patria, a metros del Congreso, para saludar a organizaciones y diversos sectores que se autoconvocaron para recibirla, según indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes del entorno de la ex mandataria.
“Diferentes voces vienen sosteniendo que este juicio juzga lo que se ve en las cámaras de TV, dejando afuera la investigación de los autores intelectuales, vínculos políticos y financiamiento del atentado”, advirtieron desde el Instituto Patria.
La defensa de la ex mandataria también reprochó que “nunca se profundizó la investigación sobre las supuestas organizaciones políticas que rodeaban a los atacantes”.
“Se trata de organizaciones ultraviolentas que nacieron meses antes del atentado, recibieron financiamiento político y desaparecieron al día siguiente del atentado”, advirtieron desde el entorno de la ex mandataria.
En el juicio se intentan esclarecer los hechos ocurridos en la puerta de la casa de Cristina Kirchner y, para ello, el Tribunal Oral Federal N° 6 convocó a casi 300 testigos.
Ese extenso listado incluye a figuras políticas, personal de seguridad, personas del entorno de los acusados y expertos en diversas áreas.
La lista también incluye a expertos forenses, analistas de inteligencia y testigos presenciales que pueden aportar detalles cruciales sobre los eventos y las motivaciones detrás del ataque.
Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo enfrentan cargos graves que incluyen tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego.
Sabag Montiel, quien intentó disparar a quemarropa contra Kirchner, es considerado el autor material del ataque, mientras Uliarte y Carrizo están acusados de ser cómplices activos en la planificación y ejecución del atentado.
La “Banda de los Copitos” utilizaba su negocio de venta de copos de azúcar como una pantalla mientras vigilaban la vivienda de la ex vicepresidenta, integrándose en las concentraciones de respaldo.
Debido a la cantidad de testigos y la complejidad del caso, se espera que el juicio se extienda entre seis meses y un año.
Las audiencias se llevan a cabo los días miércoles en los tribunales de Retiro, bajo la supervisión de los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA cuestionó el último informe de pobreza del Indec, advirtiendo que, si bien la mejora es real, la magnitud de la caída está “sobrerrepresentada”. El organismo oficial había informado una drástica reducción de la pobreza del 52,9% al 31,6% en el último año, una noticia que ahora es puesta en tela de juicio por la prestigiosa institución académica.
En un comunicado, la UCA reconoció que la baja de la inflación y la estabilización macroeconómica generaron un “alivio social” verificable. Sin embargo, señaló que existen dos factores técnicos clave que exageran la magnitud de la mejora en las estadísticas oficiales.
Las dos razones del “sesgo” estadístico
Según el análisis del ODSA, la cifra del Indec está inflada por dos motivos principales que afectan la comparabilidad y la precisión de la medición:
Mejor captación de ingresos: La encuesta del Indec (EPH) mejoró su capacidad para registrar los ingresos de los hogares. Si bien es un avance metodológico, rompe la comparabilidad con las series históricas, haciendo que los ingresos actuales parezcan más altos en comparación con mediciones anteriores.
Canastas de consumo desactualizadas: La medición de la línea de pobreza todavía utiliza canastas básicas construidas con patrones de consumo de 2004-2005. Según supo Noticias Argentinas, este punto es crítico, ya que no refleja el impacto real de la fuerte suba de tarifas y precios regulados de 2024 en el presupuesto de los hogares.
El pedido de la UCA al Indec
Ante este escenario, el observatorio de la UCA instó al Indec a “acelerar la actualización de las canastas de referencia” y a “transparentar” el efecto de los cambios en la captación de ingresos sobre las series históricas.
El objetivo, concluye el comunicado, es contar con indicadores más consistentes que reflejen los logros, pero que también muestren “la persistencia de problemas estructurales de inclusión económica, laboral y social en la Argentina”.
El legislador Maximiliano Abad acompañó en el Senado un proyecto de comunicación que reclama al Poder Ejecutivo el envío urgente de los pliegos para cubrir las 337 vacantes judiciales que hoy afectan al servicio de justicia.
“Estas vacantes generan consecuencias muy negativas para el servicio de justicia, por eso es fundamental avanzar en su regularización. Tenemos que dejar de lado los cálculos políticos y resolver de una vez esta situación crítica”, señaló Abad.
En su intervención, advirtió también sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal.
“Se trata de una herramienta que, si se aplica correctamente, representará un gran avance. Pero hoy el Gobierno no va en esa dirección porque no fortalece a las fiscalías ni destina los fondos necesarios para producir los cambios que el nuevo sistema requiere”, explicó.
Según un informe presentado por la consejera y jueza Alejandra Provítola, actualmente el 33,6% de los cargos de la Justicia Nacional y Federal no están cubiertos. Hay 337 vacantes sobre un total de 1.002 cargos.
Ese informe complementario fue elevado a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, en el que advirtió la gravedad de la situación respecto a las vacantes en la Justicia.
De acuerdo con los datos relevados al 26 de agosto de 2025, “la Justicia Nacional y Federal cuenta con un total de 1.002 cargos, de los cuales 596 corresponden al fuero federal (59,49%) y 406 al fuero nacional (40,51%). Estos cargos se distribuyen en 470 juzgados, 56 salas de segunda instancia y 81 tribunales orales. Del total, 337 cargos se encuentran vacantes -entre aquellos pendientes de cobertura por el Poder Ejecutivo y los que se hallan en trámite ante el Consejo de la Magistratura de la Nación-, lo que equivale al 33.6% del total”.
El documento remarca que de esas 337 vacantes, 176 corresponden a la Justicia Nacional, 112 a la Federal del Interior y 49 a la Federal de CABA, lo que evidencia -según la consejera- una situación especialmente delicada en la Justicia Nacional. Allí, “la concentración de vacantes evidencia una situación crítica, especialmente en juzgados de primera instancia, tribunales orales y cámaras nacionales”.
Si bien el año pasado la Comisión de Selección, encabezada por la consejera Fernanda Vázquez, logró la aprobación de muchas ternas que el Gobierno nacional no envió aún al Senado para efectuar las designaciones, Provítola recordó que en 2023 se había planteado “la necesidad de avanzar rápidamente con los concursos vinculados con la Justicia Nacional”. “A la fecha alcanzan los 23 concursos ante este Consejo, que implica 136 vacantes que representa el 43,38% de las vacantes cuyo trámite nos ocupa”, precisó.
El informe detalla -además- el número de concursos y cargos en juego en distintas jurisdicciones del país. Por ejemplo, en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta se contabilizan cinco concursos para seis vacantes; en la de Resistencia, cuatro para cinco vacantes; en la de Rosario, siete para 18; y en la de Córdoba, seis para ocho vacantes.
La consejera sostuvo que esta situación “pone de manifiesto la imperiosa necesidad de agilizar la sustanciación de los concursos, ya que la falta de cobertura de cargos vacantes no solo compromete el normal desenvolvimiento de los tribunales y la adecuada distribución de tareas entre los magistrados y funcionarios, sino que, además, impacta directamente en la ciudadanía, al prolongar la resolución de conflictos y menoscabar el acceso a la justicia”.
Finalmente, pidió que el Consejo avance de manera urgente: “Entendemos la necesidad de pronunciarnos en torno al pronto avance y resolución de los procesos de Selección de Magistrados en trámite ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para la cobertura de vacantes de los Fueros Nacionales y Federales del país”.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchnerno deberá pagar al Estado un resarcimiento millonario por la causa Vialidad, debido a que la Dirección de Vialidad Nacional no impulsó en el plazo de seis meses el expediente iniciado en 2008. Así lo decidió la Cámara Civil y Comercial Federal.
El fallo de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, compuesta por Juan Perozziello Vizier, Eduardo Daniel Gottardi y Florencia Nallar (votó en disidencia), confirmó la decisión de agosto que había dictado el juez de primera instancia Marcelo Bruno Dos Santos. El beneficio, que también alcanza a los demás condenados en la causa Vialidad, evita que abonen al Estado un resarcimiento de 22.300 millones de pesos.
Ante el pedido formulado por la defensa de la expresidenta, el magistrado analizó si en la causa ocurrió una inactividad procesal útil de seis meses que habilite la declaración de caducidad de la instancia, que implica la caída del proceso judicial, pero no decide sobre la cuestión ni produce la extinción del derecho a realizar un nuevo reclamo.
Frente a esto, el Gobierno nacional apeló esa decisión y argumentó que esa sentencia es arbitraria porque soslayó actos procesales anteriores a la notificación de la suspensión del proceso que son relevantes. Sin embargo, los camaristas, por mayoría, le dieron la razón al juez de primera instancia. (DIB)
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