En una semana que volverá a ser corta como la anterior, esta vez por los feriados del 2 y 3 de abril, el Gobierno intentará mostrar que está compenetrado en la gestión para cambiar de página y tratar de dejar atrás la polémica que envuelve desde hace días a Manuel Adorni.

Luego de haber dado una primera conferencia en la que buscó despejar las dudas sobre su patrimonio y viajes al exterior, aunque sin dar demasiadas explicaciones bajo el argumento de que no quería entorpecer las investigaciones judiciales, el jefe de Gabinete planea retomar los encuentros periódicos con la prensa en Casa Rosada.

La próxima convocatoria está prevista para el miércoles, aunque el funcionario tiene en mente utilizar ese espacio para enumerar cuestiones de la administración y no para seguir hablando de las causas en las que se lo involucra, que su entorno quiere instalar como “algo terminado”.

De todas formas, en el corto plazo su intención es concentrarse en las reformas que va a impulsar el Poder Ejecutivo en esta primera etapa de las sesiones ordinarias a nivel legislativo, y es por eso que este lunes reunirá una vez más a la mesa política.

Con la interna en pausa para resistir los cuestionamientos, Adorni se verá nuevamente con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

“Probablemente establezcamos la agenda con el Congreso de cara a abril y, después, también van a ir apareciendo, seguramente, temas que vayan a poner sobre la mesa cada integrante”, explicó a Infobae uno de los miembros de ese grupo.

Al respeto, precisó que, si bien los proyectos ya fueron anunciados, “la idea es ver en detalle cómo estamos y cómo avanzamos con cada asunto, sobre todo con lo dinámicas que están las cosas”.

Originalmente, la lista de iniciativas que iba a enviar el oficialismo estaba integrada por un paquete de medidas sobre propiedad privada, el nuevo Código Penal y las modificaciones de las leyes de glaciares, de discapacidad y de financiamiento universitario.

Sin embargo, a partir de gestiones de último momento, al temario se agregó el proyecto de “Hojarascas”, que terminó de armar el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Asimismo, tras la llegada de Juan Bautista Mahiques en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, se decidió suspender la discusión sobre el Código Penal para revisarlo en profundidad y hacer otra redacción.

Según trascendió, uno de los cambios que se analizan tiene que ver con una supuesta reducción de las penas para los funcionarios condenados por delitos de corrupción, que previamente se planteaba endurecer.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia aseguraron a este medio que esas versiones “son mentira” y que “nadie habló de ese tema aún”, porque el texto recién va a comenzar a ser estudiado en los próximos meses.

En lo inmediato, esta cartera está terminando de preparar los proyectos que ya anunció y que fueron pedidos por el presidente Javier Milei, para reemplazar el debate por el Código Penal, como son la creación de nuevos delitos.

Por su parte, el flamante secretario de Justicia -virtual viceministro-, Santiago Viola, tiene en su poder una acordada presentada por la Corte Suprema para modificar el sistema que utiliza el Consejo de la Magistratura a la hora de entrevistar a los candidatos a jueces.

La propuesta del máximo tribunal, a la que accedió Infobae, establece un nuevo “Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados” con el objetivo de “corregir déficits estructurales” y mejorar la “eficacia, transparencia y agilidad del sistema”.

En los fundamentos se argumenta que esta reforma pretende que el acceso de los aspirantes a ese cargo se base en “criterios objetivos de mérito e idoneidad” y en un procedimiento “abierto al control ciudadano e institucional”, y no tanto en cuestiones políticas o coyunturales.

Para ello, el texto establece que la duración total del proceso de selección “no podrá exceder de noventa días hábiles judiciales”, contados a partir de la prueba de oposición, con una prórroga excepcional de treinta días adicionales.

Uno de los ejes centrales de la normativa es la implementación de la “Prueba de Oposición Escrita (POE)”, la cual consta de dos instancias diseñadas bajo “estrictas condiciones de transparencia, anonimato y control”.

En cuanto a la valoración de los candidatos, el reglamento establece un sistema de calificación de antecedentes con un “máximo de cien puntos”, donde se pondera la formación académica, los antecedentes profesionales y los académicos, incluyendo publicaciones y docencia.

De acuerdo con un cuadro comparativo que, aunque no es oficial, circula en los pasillos de los tribunales, el nuevo sistema invierte la lógica operativa actual al establecer que “la regla son los concursos anticipados” en lugar de los especiales.

Según el documento, esta modificación busca que el proceso “no corra detrás de las vacantes, sino que anticipe el hecho”, con el objetivo primordial de “evitar los largos tiempos de vacancia en los tribunales”.

El objetivo declarado de esta nueva modalidad es alcanzar una “mayor amplitud y objetividad” en la ponderación de las aptitudes jurídicas y prácticas de los concursantes, asegurando que el proceso de evaluación sea más integral.

Finalmente, se destaca la limitación de la “discrecionalidad política” en la etapa de la entrevista personal: a diferencia del régimen actual, donde la Comisión de Selección posee facultades discrecionales que “muchas veces modifican los resultados derivados de antecedentes y exámenes”, el nuevo reglamento “limita la capacidad de convocatoria de la Comisión”.

Ahora, es el plenario del Consejo de la Magistratura el que tiene en su poder la acordada y debe decidir si la analiza, y eventualmente la somete a votación, o si prefiere no tratarla. Los miembros de la Corte Suprema le entregaron un borrador de la propuesta a Viola, que es el representante del Poder Ejecutivo ante ese cuerpo, durante el encuentro de la semana pasada, del que también participó Mahiques.

El secretario de Justicia considera que la iniciativa tiene muchos puntos interesantes y positivos, aunque hay varios expedientes abiertos para modificar el reglamento interno del Consejo que todavía no prosperaron.

Hasta el momento, el funcionario no se sentó a estudiar en profundidad el texto y también espera una opinión del resto de los integrantes del organismo, compuesto por referentes del Congreso y del mundo judicial y académico, tanto del oficialismo como de la oposición.

Su titular es Horacio Rosatti, por ser el presidente de la Corte Suprema, mientras que por el Poder Judicial participan Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero.

Por el Poder Legislativo están los senadores Eduardo Vischi, Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara y Anabel Fernández Sagasti, y los diputados Álvaro González, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y Gonzalo Roca.

Por los abogados con matrícula federal, Jimena de la Torre, Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques, y por el ámbito académico y científico, Guillermo Tamarit y Hugo Galderisi.

Si bien provienen de diferentes sectores, Viola cree que la composición actual del cuerpo permite un buen diálogo y llegar a concensos, aunque todavía no se empezó a discutir esta acordada.

En medio de las advertencias al Gobierno sobre los niveles de desempleo, la titular del Senado, Victoria Villarruel, activó un sistema de pasantías para estudiantes mayores de 18 años con pagos por encima de lo que sería hoy un haber previsional mínimo. La Vicepresidenta, cada vez más alejada de la administración central a la que aún pertenece -al menos, en los papeles-, además extendió dos retiros para empleados: el reciente de plata en mano y el clásico previo a la jubilación, que bajo la excusa de liberación de cupos se esconde, muchas veces, la frenética ubicación de propios para copar espacios de poder y blindar cierto control en la Cámara alta, que es lo único a lo que puede aspirar en la actualidad la funcionaria en cuestión y su ínfima mesa política, que la “ayuda” casi en nada.

Para avanzar con este asunto, Villarruel se apoyó en una ley y reglamentaciones de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. ¿Qué se exige? En primer lugar, ser “alumno regular de la institución secundaria técnica, terciaria o universitaria seleccionada” por el Senado, así como la mayoría de edad (18) y contar con antecedentes académicos como “promedio mínimo de 7 durante los 12 meses anteriores a la pasantía”; haber aprobado “el equivalente a 10 materias en su carrera terciaria o universitaria”, o “cursar el último año del secundario técnico”; y un certificado médico por autoridades sanitarias oficiales que permitan realizar las eventuales tareas.

“Los pasantes percibirán una asignación estímulo mensual para viajes, gastos y erogaciones derivadas del ejercicio. El monto al que ascenderá dicho estímulo, por todo concepto, será el equivalente a 200 módulos”. El valor de cada uno se encuentra hoy en $2.554. Por ende, $510.800. La cantidad de horas que se demanda es de 20 por semana, y la relación –no laboral, pero sí correrá la antigüedad, por caso- se “extenderá durante un mínimo de dos meses y un máximo de 11”. Se permite una renovación, “por única vez”, de medio año.

Por otra parte, la “Dirección General de Recursos Humanos designará” a “tutores, de acuerdo a las áreas que se encuentren implicadas en el proyecto integral de pasantía”. En ese sentido, el decreto presidencial firmado por Villarruel impone que cada uno de éstos “podrá tener asignado hasta cinco pasantes” y que la “labor será retribuida con el equivalente a 10 horas cátedra, por todo concepto”.

Días atrás, este medio contó que la mencionada dirección, que comanda Alejandra Figini -responde sin chistar a la vice-, fomentó un curso sobre “herramientas de coaching” ontológico “para el entorno laboral”. La tarea fue realizada por una planta permanente que trabaja hace largos años en despachos de extracción radical. Entre los “objetivos específicos” se hallaba el de “adquirir conocimiento sobre las tres dimensiones del ser humano”: cuerpo, lenguaje y emociones.

Retiros por doquier

Según consta en la web de la Cámara alta -pese a olvidos selectivos de decretos, continúa muy arriba de Diputados a la hora de comparar la transparencia en información-, Villarruel aprovechó el 19 de marzo último para sostener dos medidas.

Una de ellas reanuda “a partir del 9 de marzo y hasta el 29 de mayo de 2026, inclusive, el plazo para la presentación de la solicitud de adhesión al Régimen de Retiro Anticipado Previo a la Jubilación”. Este tema ya fue comentado en el pasado y permite limpiar decenas de cupos por todos lados. Varias gestiones lo han llevado a cabo. No es nuevo.

Sí fue llamativa la prórroga, hasta el 30 de abril, del que implica plata en mano -sólo para planta permanente-, debido a quesignificaría un gasto adicional para un presupuesto en el Senado sobre el que advirtió la propia Villarruel, en diciembre, último a este medio y un centenario matutino impreso. Las cosas parecen haber cambiado y hasta se actualizaron los viáticos de legisladores y autoridades que viajen al exterior, ya sea en euros o dólares, según la zona. Curioso.

El canciller Pablo Quirno destacó la posición adoptada por Argentina frente al conflicto bélico que Estados Unidos e Israel mantienen con el régimen de Irán y desestimo las advertencias sobre posibles atentados contra nuestro país por esa decisión política. “Argentina apoya lo que está haciendo Estados Unidos e Israel. Irán es un régimen terrorista de hace 47 años que ha atacado argentinos en dos oportunidades”, remarcó, en diálogo con el periodista Luis Majul por LN+.

Luego añadió: “Argentina no va a ser neutral ante el terrorismo internacional. Es una posición muy clara de esta gobierno y del presidente Milei”.

“Es incierto especular con cómo terminan estos conflictos, lo importante es impedir que Irán exporte terrorismo al mundo, porque generan incertidumbre global”, agregó Quirno.

A modo de ejemplo, sostuvo: “La semana pasada tiraron un misil a la isla Diego García que implica que Irán podría tener la capacidad de tirar misiles que lleguen a Europa. Uno no puede permanecer indiferente a eso porque hace 47 años que están haciendo lo mismo”.

Quirno destacó que el país “tuvo dos atentados sin estar en un alineamiento de acá o de allá” y remarcó que “no hay ningún tipo de correlación de esa naturaleza”. Subrayó que “Argentina está alineada en un lugar donde está defendiendo los valores occidentales, está defendiendo el derecho a la libertad, está defendiendo el derecho a la vida y está defendiendo el derecho a la propiedad privada”.

“Obviamente que condenamos los ataques de Irán totalmente fuera de lugar y contexto a los otros países del Golfo: Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Baréin, Qatar”, manifestó y ante la pregunta respecto de la posibilidad de enviar tropas argentinas, manifestó: “Nuestro sistema de defensa ha sido justamente también diezmado durante estas últimas décadas, pero lo que sí tenemos es una enorme voluntad de apoyar”. Consultado sobre los modos concretos de ese respaldo, explicó: “¿Cómo se manifiesta ese apoyo? Será cuestión de las conversaciones que tenemos con nuestros aliados”.

Finalmente, alertó: “Si uno termina siendo indiferente a eso, las consecuencias serán las que tengamos que tener”.

En la entrevista que tuvo lugar este domingo, el ministro de Relaciones Exteriores también se refirió al fallo favorable que obtuvo la Argentina en el conflicto por la expropiación de YPF. Allí Quirno destacó la gestión del litigio realizada por el gobierno de Milei. “EEUU tiene un sistema de justicia independiente. Lo que sí logramos es poder alertar con la credibilidad que teníamos decir ‘señores esto es lo que está pasando’. Un proceso que tiene repercusiones internacionales”.

“Ahí logramos interesar al departamento de Estado, y a partir de ahí en el departamento de Justicia. Que se interesen en el caso. Y ese interés es porque afectaba también intereses de Estados Unidos. La relación se construye a través de credibilidad, no de favores”, añadió el canciller Quirno.

Quirno fue enfático al rechazar cualquier reconocimiento a la gestión anterior por la estatización de YPF: “No hay que agradecerle absolutamente nada a (Axel) Kicillof. O sea, Kicillof fue el responsable de una expropiación que significa violar un derecho de propiedad por una aventura kirchnerista que comenzó antes de la expropiación del 2012”.

El canciller advirtió que “nadie invierte en un lugar donde de la noche a la mañana le sacan una empresa. La violación del derecho privado es tremenda. Y entonces eso es lo que ahuyenta la inversión”. Acerca del camino judicial que tomó el reclamo ante la Justicia estadounidense, Quirno remarcó: “Este equipo de gobierno lo que ha hecho es seguir una estrategia probada, audaz, profesional, responsable, que surge de la convicción del presidente”.

Respecto a las condiciones que permitieron la obtención del fallo, Quirno señaló: “A partir de una credibilidad que Argentina ha reganado en el mercado internacional […] Argentina tenía una crisis de credibilidad, no solo interna, sino externa también. En el juzgado donde se resolvían los casos, teníamos toda nuestra reputación negativa. Y entonces eso hacía que era una batalla cuesta arriba muy importante”. “Argentina —remarcó— está siendo apoyada por Estados Unidos porque Argentina ha hecho los deberes y está haciendo los deberes, esos deberes que le permiten al Tesoro de los Estados Unidos apoyarnos cuando estamos en dificultades, con la sola condición de que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, que es un proceso de orden macroeconómico y apertura comercial internacional y atracción de inversiones”.