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Cristina Kirchner pidió declarar en la causa de los afiches

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Cristina Kirchner, en su rol de querellante en la causa de los afiches, apeló el fallo del juez Manuel De Campos que archivó la investigación.

“Ha decidido archivar la causa con un argumento absolutamente arbitrario y exiguo, cambiando radicalmente la tipificación de los delitos para justificar el absurdo y no cumplir con sus deberes de funcionario público que es ni más ni menos que investigar un delito que a todas luces es de acción pública”, argumenta el escrito presentado por el abogado Gregorio Dalbón.

El 28 de marzo de 2022 la Ciudad de Buenos Aires amaneció inundada de afiches con la imagen de Cristina Kirchner y las frases “Culpable 35.000 muertes. Asesina. Elegiste negocios con Putin en lugar de salvar vidas”, en alusión a las muertes por la pandemia de Covid-19.

El ex presidente Alberto Fernández repudió los hechos por los que intervinieron tres jueces de tres fueros distintos. Se realizaron allanamientos y, si bien se logró determinar cuánto se pagó por los carteles y dónde los imprimieron, nunca se llegó a conocer a los autores intelectuales.

Durante meses, la investigación estuvo frenada por una disputa de competencia que llegó hasta la Corte Suprema y motivó la intervención del Procurador General Eduardo Casal. El Máximo Tribunal terminó opinando que la causa tenía que tramitar en el fuero criminal y correccional, en línea con el pedido de la querella y de la Fiscalía.

Pero este lunes, el juez De Campos cerró la causa argumentando que ya se habían descartando todas las figuras penales y que no se podía encuadrar como una calumnia o injuria porque la propia afectada, la ex vicepresidenta, no la impulsó como tal.

Ahora, la defensa de la ex vicepresidenta pidió que la decisión de archivar la causa sea revisada por la Cámara del Crimen y que se tomen las medidas de prueba pendientes. También apeló el fiscal Leonel Gómez Barbella.

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Luis Caputo tendrá que revelar los detalles del acuerdo con el FMI

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El Juzgado Federal de Dolores condenó al Ministerio de Economía del gobierno de Javier Milei, que conduce Luis Caputo, a entregar en un plazo de cinco días el expediente completo del DNU 179/2025, mediante el cual el Gobierno nacional contrajo un crédito de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.

La decisión judicial surge a partir de una acción de amparo presentada por Francisco Verbic, en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el CELS, que denunciaron la violación de la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275).

El gobierno nacional intentó ocultar información

Según el fallo, la cartera económica intentó “eludir la entrega” de la documentación mediante maniobras administrativas. Primero tramitó el pedido bajo la normativa vigente, incluso solicitando una prórroga, pero luego desconoció la aplicación de la ley y derivó el caso a un procedimiento más restrictivo y burocrático.

El juez fue categórico: el Estado debe acatar la norma sancionada en democracia y con amplio consenso, por sobre reglamentaciones dictadas en gobiernos de facto.

“La información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina”, recordó el magistrado, citando a la Corte Suprema de Justicia, que sostiene que el derecho al acceso a la información es un derecho humano fundamental y que toda persona puede solicitarla sin acreditar un interés especial.

La información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina

El fallo también subrayó que el DNU en cuestión no explicita las condiciones ni las razones del empréstito con el FMI, lo que refuerza la necesidad de transparencia: “El derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación”, sostuvo la sentencia.

La obligación del ministerio

De esta manera, el Ministerio de Economía queda obligado a entregar la totalidad del expediente, con anexos y documentos incluidos, en un plazo máximo de cinco días hábiles.

La resolución se convierte en un antecedente clave en materia de control democrático y acceso a información estatal, especialmente en decisiones de alto impacto económico como un endeudamiento externo de magnitud histórica.

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La oposición quiere a Karina Milei en el banquillo de los acusados del Congreso: buscarán su interpelación

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La oposición en la Cámara de Diputados iniciará este martes una ofensiva coordinada para lograr la interpelación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por su mención en los audios que desataron el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según supo Noticias Argentinas, la estrategia opositora se activará en las comisiones de Salud y Discapacidad, ambas presididas por Unión por la Patria, donde se tratarán los distintos pedidos de citación. Sin embargo, el camino de los proyectos está bloqueado, ya que la comisión cabecera es la de Asuntos Constitucionales, controlada por el libertario Nicolás Mayoraz.

Ante este panorama, la oposición planea recurrir a una herramienta que ya le dio resultados: buscar una votación en el pleno de la Cámara para “emplazar a la comisión” y forzarla a tratar los expedientes, tal como ocurrió en abril con el caso de la criptomoneda $LIBRA.

Este martes, la Comisión de Salud, conducida por Pablo Yedlin, analizará los proyectos de los diputados Sabrina Selva (UP) y Christian Castillo (FIT) que reclaman la presencia de la hermana del Presidente. Más tarde, la Comisión de Discapacidad, a cargo de Daniel Arroyo, hará lo propio con una iniciativa del socialista Esteban Paulón.

Pese al impulso, el antecedente del caso $LIBRA es agridulce para la oposición. Si bien lograron forzar el tratamiento, en aquella oportunidad la falta de consenso dejó afuera a Karina Milei de la citación y al recinto solo terminó asistiendo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, demostrando la dificultad que enfrentarán para sentar a la funcionaria en el Congreso.

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Elecciones bonaerenses: qué arriesga cada fuerza en la Legislatura en una votación clave para el peronismo

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A una semana de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el escenario político se prepara para una contienda que redefinirá el equilibrio de poder en el distrito más grande del país. El próximo domingo 7 de septiembre se renueva la mitad de la Legislatura, y el peronismo, bajo el sello de Unión por la Patria, es la fuerza que más escaños pone en juego.

Según supo Noticias Argentinas, en base a un análisis del sitio de verificación Chequeado, los bonaerenses elegirán 46 diputados y 23 senadores provinciales en las ocho secciones electorales. La elección se presenta como una prueba de fuego para la oposición y una oportunidad de crecimiento para el oficialismo nacional.

En la Cámara de Diputados, que cuenta con 92 miembros, Unión por la Patria arriesga 19 de sus 37 bancas, siendo el bloque con la parada más difícil. Le siguen el PRO, que pone en juego 8 de sus 13 escaños, y La Libertad Avanza, que arriesga 5 de sus 12 diputados actuales.

En el Senado provincial, de 46 bancas totales, el panorama es similar. Unión por la Patria también es el que más arriesga, con 10 de sus 21 senadores finalizando mandato. En una situación crítica se encuentra la UCR junto a Cambio Federal, que debe revalidar casi todo su bloque (5 de 6 bancas). En contraste, La Libertad Avanza se encuentra en una posición cómoda al arriesgar solo 1 de sus 4 escaños.

De esta manera, los resultados del próximo domingo no solo medirán la fuerza territorial de cada espacio, sino que también configurarán la capacidad de negociación y gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires para los próximos dos años.

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