Tras disolver la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, y trasladar las tareas bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, el Gobierno designó a la nueva titular de la Subsecretaria de Medios Públicos.

María Gabriela Fernández estará al frente del organismo, según estableció el decreto 7/2026, publicado la madrugada de este jueves en el Boletín Oficial, firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La designación fijó como fecha de inicio de sus funciones el 1° de enero.

A mediados del año pasado, habían nombrado Bárbara Pintelos como subsecretaria, pero luego, con los cambios en el Gabinete, se oficializó la creación de la dependencia, bajo la órbita de la Jefatura.

Este proceso se da en un momento en el que se frenaron las contrataciones en el sector público. A su vez, en nombre del año pasado, el Poder Ejecutivo informó que se encontraba trabajando en un programa de retiro voluntario para los trabajadores de medios públicos con el objetivo de reducir la planta de trabajadores antes de fin de año. Por el momento no se conocieron más detalles al respecto.

En aquel entonces, fuentes oficiales confirmaron a Infobae que la medida buscará disminuir el número de empleados registrados, actualmente 2.400, entre la Televisión Pública y Radio Nacional. La propuesta contemplaría el cálculo previo de la aceptación y la posterior negociación de las indemnizaciones.

El plan será implementado por el organismo a cargo de Javier Lanari y la conducción del proceso estará a cargo de Carlos Curci González, interventor de la Televisión Pública y Radio Nacional, junto a Fernando Subirats, director de la emisora.

El Gobierno espera avanzar con una modernización de las empresas, junto con una reducción significativa del personal. “Tenemos en mente la meta de impulsar un plan conjunto para modernizar las empresas. La radio número uno en la Argentina tiene 300 empleados y Radio Nacional tiene 1100, cuatro veces más. Es un despropósito”, expresó un funcionario.

El objetivo es recortar la dotación en la Televisión Pública, que cuenta con 1.300 empleados, y en Radio Nacional, que tiene 1.100 trabajadores. Según explican desde el Ejecutivo, el crecimiento de la planta se produjo principalmente durante los primeros años del kirchnerismo.

Algunos funcionarios sostienen que la tarea enfrenta demoras por la falta de definición en la estructura jerárquica y advierten que aún faltan nombramientos desde gerentes hasta coordinadores. Además, evalúan la posibilidad de fusionar Radio y Televisión Argentina con Contenidos Artísticos e Informativos, lo que implicaría migrar señales como Paka Paka, DeporTV, Encuentro, Animar y El Asombroso Mundo de Zamba y Nina.

Desde el área involucrada anticiparon que los ofrecimientos de indemnización serán “razonables”, en función del rango y la antigüedad de cada empleado.

A su vez, el Ejecutivo deberá prorrogar la intervención vigente, que vence en febrero de este año, según la decisión administrativa 5/2025. “Vamos a renovar la intervención porque es central que sigamos manteniendo el control para normalizar las empresas”, indicaron fuentes oficiales.

Con los cambios dentro dela catera ministerial, el Gobierno había disuelto la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, bajo el decreto 793/2025, tan solo unos días antes de mencionar el proceso de retiros.

Las funciones y responsabilidades de dicha área quedaron bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. El decreto oficializó el traspaso de todas las atribuciones, personal, bienes y compromisos asumidos, aunque en la última hora se conoció el nombramiento de Fernández.

El Gobierno argumentó que la medida apuntaba a optimizar y dotar de mayor eficiencia la administración nacional, centralizando la elaboración de la política de comunicación, la coordinación de los medios públicos y la difusión de actividades estatales en el ámbito nacional e internacional.

Tras algunas semanas de demora, la firma Autovía Construcciones y Servicios S.A del  grupo Cartellone se hizo cargo de la concesión de la denominada ruta “Del Mercosur”con especial impacto en la localidad bonaerense de Zárate.

Uno de los requerimientos exigidos en el pliego para el primer año era la obligación de la empresa de hacer arreglos y mantenimiento de la calzada, previo a la implementación de los peajes, ante el deterioro del asfalto que se agravó con la inacción de Vialidad Nacional.

La exigencia había generado desinterés en las habituales empresas ligadas al rubro al punto que el gobierno de Javier Milei tuvo que habilitar una línea de créditos  a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para seducir a los interesados, un desembolso que aún no terminó de materializarse en su totalidad.

En ese marco, la empresa sacó este miércoles algunas máquinas para reparación de la rotonda de ingreso a Zárate y el Puente Zárate, junto a un puñado de trabajadores.

La postal fue celebrada por el intendente pro- libertario Marcelo Matzkin quien destacó el  inicio “de las reparaciones que son urgentes dado el grave deterioro de la ruta 12 y afirmó que con la pivatización“empezamos a dejar a de atrás el mal estado de las rutas”.

Al mismo tiempo pidió por los avances en la “concesión y reparación de la ruta 9” que muestra un fuerte deterioro.

El corrimiento de los peajes por ahora en “stand by”

La quita de las cabinas de peaje iniciada por la empresa y algunas gestiones del municipio de Zárate habían ilusionado con la posibilidad de concretar un corrimiento de los lugares de peaje que dividen a la localidad por estar dentro y no en el límite del territorio y requieren de engorrosos trámites de los vecinos para gestionar permisos que los eximan del pago.

Pese a las expectativas, la empresa tendría decidido colocar el sistema de Telepase en el mismo lugar donde se encontraban las cabinas.

“Uno pide todo y es la empresa después del contrato que tienen. Por el momento utilizan las mismas instalaciones” sostuvo Matzkin días atrás en conferencia de prensa, con cierta resignación.

En base a los movimientos de la empresa, todo hace suponer que el Partido de Zárate seguirá dividido.

Es que las  cabinas de peaje sobre Ruta 12 dividían al partido en dos, zona continental y zona insular. Para acceder a los recreos de la isla o para ir y venir, se debe pedir un pase extraordinario siendo residente zarateño, explica el sitio local La Voz de Zárate.

La propuesta municipal era llevar las cabinas de peaje hacia el Paraná Guazú, el límite físico entre la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos pero la demolición de las garitas fue sólo para instalar un nuevo sistema electrónico de peaje.

De mantenerse la situación, los vecinos tendrán que volver a gestionar un pase extraordinario y adecuarse a este sistema electrónico si no quieren tener multas.

La avanzada del gobierno Javier Milei sobre el régimen laboral volvió a reordenar al sindicalismo y a los gobernadores opositores en un mismo frente de resistencia. A pocas semanas de que el Congreso empiece a debatir formalmente la reforma impulsada por el Presidente, el gobernador Axel Kicillof recibió en La Plata a las conducciones nacionales de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, en una señal política que excede la coyuntura parlamentaria y apunta a consolidar una estrategia común frente a lo que definen como un cambio estructural “regresivo” para el mundo del trabajo. Antes se habían reunido con la CGT.

El encuentro, del que participaron los secretarios generales Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, se dio en un contexto que ilustran como “de creciente conflictividad social, con salarios deteriorados, niveles récord de precarización y un salario mínimo” que, según advierten las centrales obreras, se ubica “entre los más bajos de América Latina”. En la mesa también estuvieron la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Trabajo Walter Correa y dirigentes sindicales de peso como el Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA); Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital; y Pablo Maciel, dirigente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Airesgremio (CICOP).

La lectura compartida fue contundente: la reforma laboral que promueve la Casa Rosada no es un ajuste técnico, sino “una ofensiva política que busca debilitar la organización colectiva, alterar la negociación paritaria y transferir riesgos del Estado y de las empresas hacia los trabajadores”.

Para Kicillof, se trata además de una amenaza directa al entramado productivo bonaerense, especialmente a las pymes industriales que concentran la mayor parte del empleo privado en la provincia.

La reunión se inscribe en una secuencia de movimientos coordinados. Antes de recibir a las CTA, el gobernador ya había encabezado encuentros con otros mandatarios provinciales críticos de la reforma, como Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja), y más tarde hizo lo propio con empresarios pymes, a quienes instó a asumir un rol activo en defensa de la producción y el trabajo. También mantuvo una foto política con la conducción renovada de la CGT, que comparte el diagnóstico y el rechazo al proyecto oficial.

En ese marco, las centrales sindicales coincidieron en la necesidad de articular una doble estrategia: intervención institucional en el Congreso, buscando sumar a gobernadores y legisladores provinciales, y movilización en las calles. No es un dato menor: el antecedente inmediato fue la marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, convocada por la CGT, las dos CTA y movimientos sociales contra la reforma laboral y el rumbo económico del Gobierno, una demostración de fuerza que el sindicalismo pretende sostener en el tiempo.

Las críticas al contenido de la reforma se repiten y se profundizan. Yasky advirtió sobre uno de los puntos más sensibles del proyecto: la posibilidad de recrear un esquema similar al de las AFJP, utilizando fondos vinculados a la seguridad social para financiar despidos, en un contexto de cierres de pymes y caída del empleo industrial. Desde la CTA Autónoma, Oscar de Isasi planteó que el desafío no se limita a frenar una ley, sino a construir una intervención coordinada frente a un modelo que, según definió, combina ajuste, saqueo y transferencia de recursos.

El rechazo no es exclusivo de las conducciones nacionales. En Mar del Plata, la CGT regional, las dos CTA y abogados laboralistas fijaron una posición unificada contra lo que calificaron como una “contrarreforma”, alineada con el DNU 70/2023 y la Ley de Bases. Allí, advirtieron que el proyecto no generará empleo, abarata los despidos, flexibiliza la jornada mediante figuras como el “banco de horas” y avanza sobre derechos constitucionales como la huelga y la negociación colectiva por actividad.

El documento difundido en General Pueyrredón puso el acento en el contexto macroeconómico: con un mercado interno contraído y crédito restringido, sostienen, ningún empleador tomará trabajadores aunque se degraden las condiciones laborales. Además, alertaron sobre una negociación colectiva “a la baja”, el fin de la ultraactividad de los convenios y una ampliación de las actividades esenciales que, en los hechos, vaciaría de contenido el derecho a protestar.

Más allá del rechazo puntual a la reforma laboral, en La Plata también se discutió el escenario político de mediano plazo. Las CTA plantearon la necesidad de ampliar la unidad del campo popular y convocar a los millones de argentinos que no participaron en las últimas elecciones, con vistas a construir una alternativa creíble frente al creciente descontento social. La coincidencia fue clara: la resistencia a las políticas del presidente libertario Javier Milei no puede limitarse a la defensa de derechos adquiridos, sino que debe traducirse en una propuesta política capaz de disputar el rumbo del país.

Con el debate legislativo previsto para febrero y un clima social en tensión, el mensaje que emergió de la Gobernación bonaerense fue inequívoco. Kicillof se muestra decidido a ocupar un rol central en el armado opositor al proyecto laboral del Gobierno, en sintonía con las centrales sindicales y los sectores productivos. Del otro lado, el sindicalismo vuelve a apostar a una combinación conocida: unidad, presión parlamentaria y calle. El 18 de diciembre fue una postal; lo que viene, advierten, será una secuencia.