A través de un proyecto de Ley, el senador de Juntos Andrés De Leo busca crear el Club de Emprendedores en cada una de las instituciones educativas de nivel medio y superior, sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, de la Provincia, para garantizar la formación de los alumnos como sujetos activos capaces para generar proyectos productivos, así como emprendimientos individuales y comunitarios que habiliten su autonomía económica y su participación como ciudadanos en el desarrollo provincial.
El Club de Emprendedores es un órgano de participación, organización y articulación de los estudiantes de un mismo establecimiento educativo, donde la institución brinda el apoyo para que los jóvenes puedan crear y poner en práctica sus proyectos a través de los facilitadores.
La finalidad de los mismos es, entre otras cuestiones, fomentar la participación de los adolescentes en actividades vinculadas al emprendedorismo tecnológico, social y cultural con la finalidad de que puedan mejorar el entorno en que se desenvuelven y sean activos promotores de empleo y desarrollo productivo; reconocer a los jóvenes como sujetos de derecho y a sus prácticas autonómicas como parte constitutiva de las experiencias pedagógicas de la escolaridad, con el fin de fortalecer la identidad, ciudadanía y la preparación para su futuro; fomentar el dialogo entre los estudiantes como forma para desarrollar sus intereses, completar su formación y resolución de conflictos; y promover la participación de los alumnos en la dinámica, constitución y sostenimiento del emprendedorismo tecnológico, social y cultural.
Al respecto el autor de la iniciativa señaló que “la gestión del Club de Emprendedores es una gestión de los vínculos, es una gestión centrada en la escucha y la promoción del diálogo, proactiva en la búsqueda de problemas y soluciones con la sabiduría para gestionar, también, su protagonismo como agente de desarrollo productivo”, y agregó: “el emprendedorismo brindado en las escuelas es el enfoque educativo que posibilita el crecimiento del potencial emprendedor de los estudiantes y contribuye al crecimiento integral, principalmente de las dimensiones intelectual, societaria y moral de la persona y no se limita al crecimiento socioeconómico y laboral”.
“Favorece –continuó De Leo-, el crecimiento de la inteligencia a través del desarrollo de la creatividad y de la innovación, anclado en el carácter irrepetible del ser humano y de su libertad; y el crecimiento social, que promueve la relacionalidad más allá de la reciprocidad, busca el bien común y no solo el bienestar económico, y favorece el desarrollo de virtudes sociales como la solidaridad y la cooperación; y para finalizar, el crecimiento moral, que supone el desarrollo de la libertad con responsabilidad e implica el crecimiento de la autonomía y el liderazgo”.
“Esta propuesta de educación para el emprendedorismo se inscribe en una línea de trabajo que subraya la finalidad intrínseca de la educación, pone en primer lugar las necesidades personales del educando y posibilita que la educación emprendedora manifieste la relación explícita entre educación, persona y sociedad”, finalizó el legislador bahiense en los fundamentos de su propuesta.
La Cámara de Diputados realizará este miércoles y jueves dos audiencias públicas sobre la reforma de la Ley de Glaciares, en medio de la polémica por las criticas opositoras y de organizaciones ambientalistas, por la limitación que realizó el oficialismo sobre la cantidad de oradores que podrán exponer en esas dos jornadas.
Con más de 100 mil inscriptos hasta el viernes, La Libertad Avanza diseñó un esquema mixto de participación presencial, virtual, donde pondrán exponer entre 200 y 300 oradores, y el resto lo tendrá que hacer a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video.
Al cierre de esta nota, esas audiencias se realizarán ya que la justicia rechazó una de las cautelares presentada por particulares para suspender esa reuniones públicas, pero queda otra presentada por organizaciones ambientalistas, sin resolución hasta el mediodía de este lunes.
De todos modos, no será el único conflicto que existe ya que el oficialismo, además de restringir la cantidad de oradores, estableció que podrán concurrir solo los 66 diputados de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, y dos asesores por bloque, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.
Audiencias
El bloque de diputados de La Libertad Avanza estableció un mecanismo de participación por el cual solo podrán exponer unos 200 de los 100 mil inscriptos en forma presencial o virtual, por lo que la mayoría deberá hacerlo por escrito o través de un vídeo.
Pese a los pedidos de la oposición de ampliar la cantidad de días de las reuniones públicas que se efectuarán el 25 y 26 de marzo, el oficialismo mantuvo las fechas que se definieron en el plenario de la comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.
De esta manera, la exposiciones presenciales se restringirán a casi dos centenares mientras que otros 200 lo hará por Zoom en la segunda audiencia pública. El resto deberá conformarse con enviar su postura por escrito o a través de un vídeo que no podrá superar los cinco minutos.
Esta restricción era rechazada por los sectores opositores del peronismo, la izquierda y Provincias Unidas.
En una resolución firmada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, se estableció que solo podrán exponer de manera presencial en la primera jornada, o por Zoom en la segunda, los primeros inscriptos de cada uno de los 24 distritos.
“Se invitará a participar en las audiencias de forma presencial el día miércoles 25 de marzo y virtual el día jueves 26 de marzo, a quienes se encuentren dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción (provincia)”, se señala en la resolución publicada en la web de la Cámara de Diputados.
Y se aclaró: “Se garantizará la participación de representantes de las veinticuatro (24) jurisdicciones del país, asegurando una adecuada participación federal. Todas las presentaciones ya sean las presentadas de forma presencial, virtual, video o por escrito recibidas serán incorporadas al expediente legislativo como antecedentes para su consideración en el marco del tratamiento del proyecto”.
Un grupo de particulares presentó una demanda que cayo en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, quien rechazó esa medida solicitada para suspender las audiencias publicas que fue presentada por el abogado Jonatan Baldiviezo, junto a la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y la ingeniera María Eva Koutsovitis.
Regueira sostuvo: “No alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que se requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario, máxime cuando la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades constituidas obliga a los procesos precautorios a una severa apreciación de las circunstancias del caso y de los requisitos ordinariamente exigibles para toda medida cautelar”.
Esa decisión fue festejada por Mayoraza través de una publicación en la red social X. “¡¡LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS POR LA LEY DE GLACIARES SON ILEGÍTIMAS!!”. Eso es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONGs y CHARLATANES DE FERIA que intentaron BOICOTEAR este proceso trascendental de participación ciudadana”, indicó.
Ambientalistas
También pidieron una medida cautelar organizaciones ambientalistas para suspender las audiencias a fin de garantizar que puedan exponer los casi 100 mil inscriptos, que recayó en el Juzgado Contencioso N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, quien aún no se expidió sobre ese pedido.
Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climáticas, y Greenpeace, pidieron que se ordene “al Congreso garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones” sobre la reforma de la ley de Glaciares aprobada por el Senado.__IP__
“A tales efectos, se solicita la readecuación del cronograma de audiencias previsto para el 25 y 26 de marzo, mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales, así como la adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir la participación oral y efectiva de las personas inscriptas”, planteó la organización.
También pide que “el Congreso se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral -como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a YouTube- por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública”.
La inflación de marzo apunta otra vez a cerrar cercana al 3%, de acuerdo a los informes preliminares de consultoras privadas.
Incluso no se descarta que pueda estar por encima del 2,9% que se produjo en enero y febrero.
“Nuestro relevamiento de precios arroja una suba del 0.8% en la tercer semana de marzo, para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados. Esta semana destacan Lácteos (+1.4%) y Verdulería (-0.5%). Las últimas 4 semanas acumulan 3.5%”, señaló la consultora Econviews.
Cabe aclarar que en el promedio de las últimas cuatro semanas, para esta consultora, alcanza un alza de 1% en la última de febrero.
Por su parte, para EcoGo que dirige Marina Dal Poggetto “con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 3,0% mensual”.
La firma sostuvo que “si bien el rubro alimentos registró una desaceleración respecto a la semana previa, su variación mensual ha dejado de ser el foco de presión este mes. El impulso del índice general se explica fundamentalmente por la estacionalidad de Educación (12%) e Indumentaria (5%), sumado al arrastre de los ajustes en tarifas y combustibles”.
En tanto, para LCG en la tercera semana de marzo hubo una desaceleración de los precios de los alimentos de 0,2%, que rompió con dos semanas previas de subas de 1%.
Así la dinámica mensual se ubicó en 3,1%, mientras que la acumulada es de 2,4%.__IP__
En las últimas horas el presidente, Javier Milei, modificó su discurso y dijo que espera eliminar la inflación durante su mandato.
En medio de la conciliación obligatoria que dictó la Provincia en el conflicto por el cierre de FATE, trabajadores de la fábrica volverán a movilizarse esta semana a la Legislatura bonaerense para buscar que se avance con una ley de “ocupación temporal” de la planta que cerró hace un mes.
El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), que el jueves pasado llegó hasta La Plata, buscará reunirse nuevamente con legisladores para ver la posibilidad cierta de que el cuerpo trate la ley de ocupación temporánea del establecimiento, a fin de impedir su desguace de la única empresa con capacidad para producir neumáticos de carga.
La ley en cuestión declara como “utilidad pública” la fábrica, por la que los trabajadores pretenden preservar la producción de neumáticos para camiones y colectivos, evitando el cierre de la única empresa del país que produce cubiertas estratégicas.
“Traemos un proyecto de ley que es parte de las soluciones que estamos colocando sobre la mesa para salir de una situación muy grave que es perder en el país la producción de neumáticos tanto para lo que es camión como colectivo y a la vez generar un caos social sacando a miles de familias a la calle”, dijo en diálogo con Agencia DIB el titular de Sutna, Alejandro Crespo.
La semana pasada los delegados se reunieron con diputados de los bloques de Unión por la Patria, UCR, el FIT y la Coalición Cívica. No fueron de la partida los representantes de La Libertad Avanza. Los diputados prometieron analizar el proyecto y recibirlos nuevamente en el miércoles 25. Asimismo, la idea del gremio es juntarse con el bloque de senadores de Unión por la Patria.
El inicio del conflicto de FATE
El conflicto estalló el 18 de febrero de 2026, cuando FATE anunció el cierre definitivo de su única planta, argumentando caída de ventas, apertura de importaciones y otros factores económicos. El gremio denunció desde el primer día un lockout patronal, ya que los operarios se presentaron a trabajar pero encontraron las puertas cerradas con candados y cadenas.
En las semanas siguientes se acumularon tensiones como el no pago de salarios durante períodos de conciliación (lo que llevó al Gobierno nacional a iniciar sumarios y aplicar multas a la empresa); permanencia de trabajadores en la planta desde fines de febrero; incidentes en marchas frente a la Secretaría de Trabajo, fracasos sucesivos en audiencias (incluidas prórrogas nacionales hasta mediados de marzo) y la revocación judicial de una orden de desalojo, que legitimó temporalmente la protesta.
Más allá del reclamo por los 920 despidos, se estima que más de la mitad de ellos ya cerraron alguna clase de acuerdo de desvinculación de la que hasta mediados de febrero pasado era la única fabricante nacional de neumáticos.
