La semana pasada, cuando el PRO anunció una reestructuración interna, el diputado Fernando De Andreis, mano derecha del ex presidente Mauricio Macri y nuevo secretario general del partido, describió la realidad de una fuerza que en un pasado no tan lejano gobernó al mismo tiempo la Nación, la provincia de Buenos Aires y CABA. “La voz del PRO, muchas veces apegada a fórmulas que fueron eficaces, suena como la voz de alguien desactualizado”, planteó.

Esa radiografía representa el inicio de un año con varios desafíos por delante. Quizá, el más importante, será cómo sobrevivir a la expansión libertaria, que amenaza con llevarse puesto todo por delante. Pero también cómo responder a un diagnóstico que, por ejemplo, realizó un dirigente histórico como Federico Pinedo.

“Yo creo que el PRO necesita lo que necesita cualquier proyecto político, que son objetivos claros, porque eso es lo que fija la estrategia. Y un liderazgo que convoque y represente al pueblo para lograr eso. Yo creo que no están claras ninguna de las dos cosas. Yo no tengo claro cuáles son los objetivos claros y el liderazgo para llevarlos a la práctica. Hay mucho solapamiento de objetivos del PRO con los objetivos del presidente Milei, y por eso hay mucha gente del PRO que trabaja para que le vaya bien al gobierno”, aseguró el exsenador, hoy designado sherpa del Gobierno ante el G20, en una entrevista con Infobae.

En ese contexto, la estructura del PRO se cierra sobre sí misma en el nuevo rol de De Andreis. Es un esquema “amarillo puro”. “El rol será el de articular entre la conducción nacional y cada una de las provincias, ordenar y ver qué necesita cada distrito, y contener bastante a los dirigentes que ya están y tratar de que el partido crezca en base a nuevas caras, nuevos líderes”, señaló un importante dirigente amarillo ante la consulta de este medio. Una tarea similar tendrá el exsenador entrerriano Alfredo De Angeli.

Hay un temor real a más fugas, al proceso de diáspora que comenzó el año pasado hacia LLA o hacia Provincias Unidas. Por eso la relación con el gobierno libertario, y con sus principales armadores y terminales políticas, nunca transita la ruta de la tranquilidad y la confianza. El Congreso nacional y la provincia de Buenos Aires, y sus interlocutores Cristian Ritondo y Sebastián Pareja, son buenos ejemplos que dan cuenta de esta relación espinosa.

Tanto en el PRO como en LLA reconocen que la situación es “distante, fría”. “Son un partido que está en retracción, priorizan no irse al descenso antes que una construcción política a largo plazo porque saben que La Libertad Avanza va a tratar de buscar gente propia antes que hacer algo con ellos de cara a lo que viene. ¿Qué tienen para negociar en la provincia de Buenos Aires más allá de un par de intendencias? Porque ahora la Libertad Avanza tiene muchísimos más concejales que el PRO en la provincia de Buenos Aires”, remarcó un importante operador libertario bonaerense.

Del lado del PRO, y consultados por este medio, aseguran que “el 90% de los que se querían ir ya se fueron y el que sigue es porque realmente quiere”. Esa tensión se traslada al Congreso y todavía sigue el malestar en el bloque amarillo en Diputados, y en Ritondo, por la definición de las autoridades en la Auditoría General de la Nación (AGN). “Fue directamente una acción contra el reglamento y la Constitución. Y políticamente, una enorme decepción. Del kirchnerismo no esperamos nada, pero del oficialismo sí esperábamos algo distinto”, recordó un dirigente macrista que conoce al detalle el trabajo parlamentario.

En la cámara baja, la discusión por el DNU que modificó la estructura de la SIDE será un escenario de prueba. El Gobierno envió la semana pasada el texto al Congreso. “A priori, estamos más a favor que en contra. Todavía no hay una postura final porque no hubo oficialización de los protocolos. Si esos protocolos siguen nuestros criterios, acompañamos”, señalaron desde el PRO a Infobae. LLA, sin embargo, se esperanza con blindar el DNU en el Senado y cree contar con los votos necesarios.

En la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, hay una relativa calma. Jorge Macri y Pilar Ramírez, una de las referentes libertarias en el distrito, acercaron posiciones en el último tiempo, algo que se debería trasladar a la dinámica legislativa, donde el jefe de Gobierno porteño hizo una serie de movimientos internos para quedarse con lugares clave, como la Dirección de Prensa. Pero la política es dinámica, y la intención del mandatario de buscar su reelección podría volver a tensionar la relación por el proyecto 2027. En el PRO no descartan competir en unas PASO.

¿Y Mauricio Macri?

Mauricio Macri transita un momento incómodo. Por lo bajo, varios dirigentes de peso cuestionan su conducción “ambigua”, sobre todo con relación a LLA en el 2025. Otros, como Pinedo, hicieron el planteo público de “falta de liderazgo” y de “objetivos”.

El expresidente, mientras tanto, sigue con atención las noticias judiciales sobre las autoridades de la AFA y prepara su reaparición pública en Argentina luego de dar una clase en la Bologna Business School, en Italia, de algunas reuniones virtuales con la mesa chica del partido y de la confirmación de su separación de Juliana Awada.

Según supo Infobae, Macri confirmó su presencia en la edición 2026 del Foro PescAR, el encuentro nacional de la industria pesquera que se llevará a cabo el próximo 5 de marzo en Puerto Madryn, organizado por la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP).

Sin embargo, no son pocos los dirigentes que esperan la reunión oficial del consejo del PRO para conocer la hoja de ruta de este 2026. Aún no está definida la fecha, pero podría realizarse entre febrero o marzo.

En una postura que incomodará al Gobierno, Hugo Moyano pateó el tablero en materia salarial: reclamó a los empresarios una revisión “urgente y más frecuente” de los sueldos de la actividad (sin acuerdos con vigencia más extensa, como hoy) y un tratamiento más adecuado de las sumas no remunerativas para evitar el continuo deterioro del salario real y el consecuente perjuicio de la vida de los trabajadores y el funcionamiento del gremio.

En una nota dirigida a las cámaras empresariales del sector, el líder del Sindicato de Camioneros planteó una demanda “urgente de revisión técnica, económica y paritaria de los mecanismos salariales” vigentes debido a “los efectos regresivos comprobables que generan sobre los ingresos reales de los trabajadores”.

Moyano cuestiona el esquema actual de revisión y aumentos salariales al destacar que consolida “una licuación salarial estructural, producto de la brecha temporal existente entre la dinámica inflacionaria y la actualización efectiva de los salarios”.

La firme postura del líder de Camioneros adquiere más relevancia porque en los primeros días de febrero comenzarán las negociaciones con los empresarios para acordar la paritaria 2026. Y, en los hechos, desafiará la pauta salarial fijada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que ahora busca acuerdos anuales y por debajo de la inflación prevista, y podría trabar la homologación por parte del secretario de Trabajo, Julio Cordero.

En la nota a las cámaras, el sindicalista afirmó que, aunque existe una cláusula de revisión salarial que introduce una corrección posterior, “resulta insuficiente y técnicamente distorsiva, dado que se aplica con un desfasaje aproximado de 4 meses, período durante el cual se materializa una pérdida real sostenida del poder adquisitivo”.

El esquema actual de aumentos, según Moyano, “genera un beneficio económico directo para el sector empresario, a partir del ahorro en contribuciones patronales derivado del atraso salarial, el pago de sumas no remunerativas y el acatamiento a la pauta salarial fijada por el Gobierno, pero sin duda impacta negativamente en los ingresos de los trabajadores y en el funcionamiento de la organización sindical”.

Para el titular de Camioneros, esta situación “afecta el financiamiento, la estructura administrativa y la capacidad operativa” del sindicato que dirige.

Por otra parte, destacó que la asignación extraordinaria no remunerativa de $840.000 en cuatro cuotas, que se acordó en la última paritaria, constituye “un incremento salarial no remunerativo, transitorio y no consolidable”, que sólo incrementa los ingresos “entre un 5% y 10% según rama de actividad y categoría“.

Incluso este incremento, sostuvo, “se pierde de manera exponencial al culminar el pago (en abril), generando una caída inmediata del salario real que no es recompuesta por el nuevo acuerdo salarial, en tanto este último se limita a corregir parcialmente el salario previamente pisado por la pauta oficial y la inflación de meses anteriores, sin incorporar la pérdida producida por la finalización del bono”.

En la nota, además, el líder de Camioneros consideró que los índices de inflación oficiales “no reflejan las necesidades de los trabajadores, toda vez que para su medición se suman objetos suntuarios que lejos están de la verdadera canasta de los trabajadores, compuesta en su mayor parte por alimentos, servicios y transporte que han sufrido incrementos que están muy por arriba del promedio mensual de inflación”.

Por esto, agregó, “resulta evidente que el esquema vigente no garantiza la preservación del salario real, ni cumple con el objetivo de recomposición integral frente a la inflación, consolidando un modelo de actualización tardía que naturaliza la pérdida salarial, que estimamos en un 6 o 7 por ciento, y debilita el equilibrio propio de la negociación colectiva”.

Por eso Moyano advirtió que “será muy difícil llevar adelante una vez más un acuerdo por el plazo de 6 meses”, recomendando en cambio “acotar los plazos de revisión lo máximo previsto a fin de evitar la preservación (SIC) del salario real”.

Para finalizar, el titular del Sindicato de Camioneros juzgó “imprescindible prever los análisis expuestos para la próxima discusión salarial de marzo y enfocar la revisión de los mecanismos de actualización salarial y del tratamiento del bono extraordinario a fin de restablecer criterios de equidad, previsibilidad y sostenibilidad, evitando que continúe profundizándose el deterioro de los ingresos del sector”.

La última paritaria firmada por el jefe de Camioneros hace cinco meses estuvo nuevamente en sintonía con la pauta del Gobierno: consistió en un aumento del 3,3% en tres tramos, que rige durante seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026.

En concreto, contempló un incremento de 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, aunque con el compromiso de revisar las cifras pactadas en diciembre.

Además, se acordó el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos por mes de diciembre a febrero de 2026.

En diciembre pasado, Moyano y las cámaras empresariales acordaron una suma fija de 35 mil pesos, que será cobrada con los sueldos de enero de 2026.

Mantener un mínimo equilibrio entre la Casa Rosada y Victoria Villarruel es el lema con el que La Libertad Avanza apunta a encarar, el martes 24 de febrero, la sesión preparatoria para definir a las autoridades del Senado, con otros cargos que sí estarán en juego, en medio de un nuevo período extraordinario -desde el 2 del mes próximo- que servirá al oficialismo para sondear el movimiento de dialoguistas.

El encuentro en el recinto está fijado por el reglamento, más allá de una convocatoria no consumada, algo que no reviste urgencia alguna. En el primer artículo se señala: “El 24 de febrero de cada año o el día inmediato hábil anterior, en caso que sea feriado, se reúne el Senado en sesiones preparatorias a fin de designar autoridades y fijar los días y horas de sesiones ordinarias, los que pueden ser alterados por decisión de la Cámara”.

“Acto continuo, la Cámara hará sucesivamente y por mayoría absoluta la elección de un presidente provisional para que la presida, en los casos determinados en el artículo 58 de la Constitución, un vicepresidente, un vicepresidente 1º y un vicepresidente 2º”, reza el segundo.

En tanto, el tercero deja en claro que “en caso de no resultar mayoría, se votará por los candidatos que hayan obtenido mayor número de sufragios; y en caso de empate, decidirá el presidente”.

Según confiaron fuentes del Gobierno y del Senado a Infobae, no existe ninguna intención de terminar de quebrar el orden en la “Casa”. Es decir, no sumar una nueva batalla a la guerra que mantiene el Ejecutivo con la Vicepresidenta, que sostiene estrategias política y comunicacional devaluadas y sin resultados a la vista, más que destellos ínfimos en redes sociales.

La tranquilidad vendría para lo que es el corazón de la Cámara alta. Primero, por la eventual confirmación del respetado por todos los bloques Alejandro Fitzgerald como secretario administrativo, la caja del Senado.

Esta butaca se convirtió en un problema mayúsculo para Villarruel, tras la partida de la eficiente María Laura Izzo. Fue un crimen querer hacer bien las cosas. A partir de ahí, todo siguió en caída para aún libertaria, con una ensalada de desvío de funciones para suplir ese vacío. Largos meses después y, en medio de la feroz puja opositora contra Milei, logró ubicar a su “amigo” Emilio Viramonte Olmos. Duró unos días y se convirtió en un papelón mayúsculo. Con Fitzgerald, las olas se calmaron. También evitaron la llegada de un personaje fantasmal que deseaba jugar al poder.

El otro lugar clave, para suerte del Gobierno, funcionó casi como un reloj suizo. Por ese motivo es que Agustín Giustinian mantendría la secretaría parlamentaria, el alma legislativa de la Cámara alta. El ida y vuelta con las bancadas, amortiguar la presión opositora, definir estrategias y avisar con exactitud a la Casa Rosada los votos que hay -o no- para leyes son algunas de las acciones principales de un área sensible que está conformada por personas sin caras conocidas, pero más que trascendentales para una convivencia viable.

Javier y Karina Milei, junto a la jefa libertaria del Senado, Patricia Bullrich, tendrán que resolver una silla todavía más importante: la presidencia provisional. Es el segundo escalón en cuanto a sucesión del jefe de Estado. El primero es Villarruel.

En este sitial se encuentra el libertario puntano Bartolomé Abdala, que ni se inmutó ante el penoso “serrucho” que algunos compañeros recién aterrizados aplicaron contra él. Se direccionan hacia el sur del país. ¿Qué tiene para mostrar, pese a aciertos y errores? Fue uno de los pocos -con el exjefe de la bancada, el jujeño Ezequiel Atauche- que puso la cara en los peores momentos del año pasado, cuando las trompadas entraban por doquier.

Abdala surfeó épocas en las que, para diferenciarse de la Casa Rosada, Villarruel se retiraba del recinto para delegar las sesiones delicadas a él y Giustinian. Esto ocurrió hace casi nada, pero la ambición y el olvido corren más rápido que los sucesos concretos de los últimos meses.

La vicepresidencia del Senado le corresponde al peronismo. Sobre esto no existe objeción alguna, ya que es lo que le corresponde. Las dudas que quedan se enfocan en las vicepresidencias primera y segunda, hoy en manos del radicalismo y el peronismo disidente, respectivamente.

Otros cargos a ocupar son las prosecretarías parlamentaria y administrativa, y la prosecretaría de coordinación operativa. La última es de Manuel Ignacio Chavarría, quien fue designado autoridad de la Central Hidroeléctrica Yacyretá.

Este medio contó, el fin de semana pasado, que su nueva vida laboral no genera ningún tipo de inconveniente, en lo formal. Lo que sí consternó en el Congreso es que el funcionario, en vez de renunciar, solicitó una licencia “ad honorem”. ¿Qué significaría esto? Continuar con contratos y personal a cargo en el Senado. Y chofer. Un disparate.