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Del blanqueo a la Coparticipación: los cinco proyectos económicos que apura el Gobierno para 2023

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El 2022 llega a su fin y en el Gobierno empiezan a delinear sus objetivos de gestión para 2023. Por eso, el Ejecutivo impulsará una serie de iniciativas para tratar en el Congreso. Se trata de cinco proyectos que servirán para cumplir con sus metas económicas y que prevén, entre otras cosas, mejorar las inversiones y resolver cuestiones urgentes, como la disputa de la Coparticipación.

En primer lugar, tras el fallo de la Corte que desató el conflicto entre Ciudad y Nación por el pago de los fondos de la Coparticipación a la administración porteña, el Gobierno debe definir de dónde conseguirá los $200.000 que necesita para hacer frente al pago a CABA.

Ante la imposibilidad de resolver en el corto plazo el conflicto entre Ciudad y Nación tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó devolverle a CABA los recursos coparticipables que habían sido recortados en 2020, el Gobierno prepara un proyecto para enviar al Congreso que sirva para obtener los recursos necesarios para cumplir con la sentencia y pagarle al gobierno porteño.

Días atrás, el jefe de Estado anunció en Twitter que pagará con bonos “el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”.

Entre las alternativas que evalúa el Palacio de Hacienda se encuentran elevar la alícuota del impuesto al juego online y extender el impuesto que cobran los bancos por los intereses de las Leliq. Sin embargo, aún resta definir los detalles de la medida, que el Gobierno prepara para enviar al Congreso, según pudo saber TN.

Blanqueo de capitales
Por otro lado, el Gobierno argentino enviará un proyecto de ley que refiere al blanqueo de capitales para que sea tratado por el Congreso en la última semana del 2022 y funcione de manera plena desde el 1° de enero hasta septiembre del 2023.

Este proyecto -al que accedió este sitio- tiene previstos algunos puntos principales:

Quienes opten por blanquear sus activos hasta el 31 de marzo pagarán un impuesto del 2,5%. La misma cifra aplicará a quienes tengan cuentas en el exterior, pero decidan traer los fondos al país. Mientras tanto, si se opta por mantener el dinero afuera, el porcentaje será del 5%.
Para quienes lo hagan entre el 1 de abril y el 30 de junio, la alícuota subirá al 5% en caso de quienes traigan sus activos a la Argentina y será del 10% si deciden dejarlos en el exterior.
En caso de blanquear entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, los impuestos a pagar serán, en el primer caso, 7,5% y si no los repatría 15%. A su vez, aquellos que declaren sus activos en el exterior a partir del 1° de octubre tendrán sanciones económicas y penales.
Leé también: Economía 2023: cuáles son los sectores que impulsarán la actividad el próximo año

Ley de GNL y Ley de Hidrógeno
Además, también se prevé enviar dos proyectos de ley ligados al desarrollo del sector energético: uno para el gas natural licuado (GNL) y otro para el hidrógeno. Con estas iniciativas, se busca dar previsibilidad a la industria por 30 años y atraer inversiones.

Con un horizonte de US$27.000 millones anuales producto de la exportación de GNL, según datos de Fundar, el objetivo es estimular la inversión en GNL para producir y vender al exterior, teniendo en cuenta que por la guerra en Ucrania la demanda mundial de gas se encuentra en aumento.

Para el caso del hidrógeno, el proyecto intenta dar un marco regulatorio y de promoción para que el país participe en todos los eslabones de la cadena productiva: desde la extracción del recurso natural hasta la producción de bienes de capital como generadores y electrolizadores.

En concreto, la iniciativa apunta a la construcción de una Estrategia Nacional de Hidrógeno bajo en emisiones 2030, que permita presentar una hoja de ruta que contemple la articulación público-privada y el diálogo estratégico de industrias asociadas junto al sector científico-tecnológico.

Ley de Agroindustria
Hace más de un año, el Presidente presentó un proyecto que tiene por objetivo incrementar la producción agropecuaria, las exportaciones y conservar el capital natural del suelo en el marco de las buenas prácticas y las medidas de adaptación al cambio climático.

La Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial busca dar beneficios impositivos para impulsar inversiones, cambios en el esquema para la valuación del pago de impuestos a las Ganancias en ganadería y la promoción del uso de insumos para la producción sustentable con fertilizantes e insumos. Además de garantizar la devolución del IVA para quienes inviertan en el sector.

Plan de pagos de ANSES
Otro de los objetivos del Gobierno es aprobar en el Congreso un plan de pagos de ANSES para que las personas en edad de jubilarse puedan hacerlo, aunque no cuenten con los años necesarios.

Desde la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), explicaron que “todos los años de aportes efectivizados se tendrán en cuenta para el haber inicial. De esta manera, no será igual la situación de quien deba regularizar 20 años, que la de quienes deban regularizar 10 o 5 años de aportes”.

(TN)

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Diputados debatirán la próxima semana un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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Peronismo Bonaerense se reunió en Avellaneda para evaluar estrategias electorales

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Peronismo Bonaerense llevó a cabo una importante reunión en el Sindicato de Empleados de Comercio de Avellaneda/Lanús, con intención de poner en común ideas para llevar a cabo estrategias electorales. El encuentro reunió a destacados referentes de la Tercera Sección Electoral, liderados por Baldomero “Cacho” Álvarez, quienes contaron con el respaldo del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Durante la reunión, se discutieron distintas alternativas electorales en un ambiente de unidad y apoyo incondicional hacia la gestión del gobernador Kicillof. tal como se indicó en un comunicado, los presentes expresaron su respaldo a las políticas implementadas por la Provincia, poniendo de manifiesto un claro posicionamiento en contra de la conducción de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista provincial, evidenciando un cuestionamiento hacia su liderazgo.

Estuvieron presentes en el encuentro Pedro Machado, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús-Avellaneda; Gualberto “Pájaro” Ríos, Concejal de Florencio Varela; “Vasco” Garat, de San Vicente; Miguel Saavedra, de Cañuelas; Roberto Gómez, Secretario de Prensa de la CGT Necochea; Adrián Verdini, Concejal MC de La Matanza; Germán Bonnemezon, Concejal MC de Almirante Brown y Director Provincial de Asuntos Políticos; Alberto Pérez, “Cacho” Cuartando, entre otros, quienes representaron a las ocho secciones electorales bonaerenses.

“Este encuentro refuerza la unidad del Peronismo Bonaerense y su compromiso con el crecimiento y fortalecimiento del movimiento en la provincia, a la vez que señala un claro camino hacia las próximas elecciones”, indicaron. (DIB) ACR

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Tras la presión del Gobierno, Caputo celebró que Molinos retrotraiga la suba de precios

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El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que una alimenticia líder retrotrajo sus precios. Lo hizo pocas horas después de que los supermercados empezaran a recibir nuevas listas de precios coaumentos entre el 9% y 12% de parte de los grandes proveedores, lo que llevó al Gobierno a dejar de lado el libre mercado y presionar para que esas subas no llegaran a las góndolas.

“Buena reacción”, escribió Caputo en la red social X. Y agregó: “Y, sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes”.

Unas horas antes, el funcionario había apuntado a la misma compañía y a Unilever sobre que le habían acercado a las grandes cadenas de supermercados una lista con nuevos precios que registraban subas de 9 a 12% en sus productos.

Entonces, en otro tuit Caputo festejaba que los supermercados rechazaran esos ajustes. “Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9% a 12%”, escribió en X. Ahora el ministro celebró el éxito de la presión sobre la alimenticia.

Tmbién, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, aseguró que no existe motivo, ni cambiario ni tributario, que justifique el aumento en las listas de precios que algunos pretenden imponer a los consumidores. “Esas listan serán rechazadas por cadenas nacionales, regionales y almacenes. En el gobierno de Javier Milei no hay lugar para oportunistas”, dijo.

Estos cambios en las listas de precios se dieron en el marco de los cambios que incluyeron una flotación del dólar entre bandas de $1.000 y $1.400. Esos límites se deslizarán 1%. El lunes, primer día también sin cepo para los ahorristas, el dólar oficial saltó 12% y cerró en $1.230. El martes se mantuvo en torno a ese valor, para luego caer el miércoles a $1.160.

Los argumentos de las compañías fueron dos. Primero, muchos alimentos y productos de consumo masivo incluyen componentes importados, por lo que sus precios están atados al dólar. Segundo, los alimentos exportables tienden a encarecerse en el mercado local cuando mejora su precio internacional a causa de un tipo de cambio más alto. (DIB)

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